La estrategia de AMLO comete varios errores de cálculo: Uno, atacar a un presidente medio bonachón e ineficaz pero al fin y al cabo popular, al tiempo que mantienen secuestrada la capital, es sumamente impopular. Dos, el contradictorio argumento original de que la elección fue “fraudulenta y/o inequitativa”, según convenga, tampoco tiene un consenso mayoritario entre la población. Tres, que los casi 15 millones de mexicanos que votaron por él el 2 de julio están dispuestos a seguirlo en su arriesgada aventura por “purificar la república”: la población en general quizá acepta líderes carísmáticos pero no parece querer más héroes revolucionarios en sus libros de texto gratuito.

Durante su campaña, mediante un reclamo legítimo de atender la pobreza / desigualdad / corrupción, AMLO consiguió gran fuerza y representatividad—y casi gana la elección. Con su nueva estrategia, reclamando un fraude improbable, sitiando la ciudad y llamando a derruir las instituciones (arrebata la mesa, lincha al árbitro y de plano rompe con las reglas del juego), AMLO consigue menos fuerza, menos representatividad y menor apoyo… en resumen, menos legitimidad.

Una simple prueba del ácido: Si toda la elección se anulara y de inmediato tuviéramos nuevas elecciones, AMLO perdería contundentemente y el PRD volvería a su acostumbrado tercer lugar en las cámaras.

En el largo plazo, la estrategia de AMLO quizá le permita sobrevivir como líder de su partido (o de un nuevo partido convencionista) y llegar al 2012. Pero los riesgos y costos iniciales son enormes. Un AMLO alternativo bien podría haber dado una mejor pelea legal hasta que el TEPJF fallará y, de inmediato, cambiar su discurso por un moderado reconocimiento de su derrota y una creíble promesa de “continuar luchando desde cualquier trinchera por el proyecto alternativo de nación”–no hacía falta quemar las naves ni hacer que su bancada se inmolara.