Financiamiento a partidos / ¡Ya bájenle!

La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) ha presentado una propuesta para disminuir el financiamiento público los a partidos políticos en México (“Menos dinero a partidos: ¡Ya bájenle!“).  La propuesta consiste en “atar” el financiamiento público a partidos al número de votos válidos de cada elección, en vez de mantenerlo vinculado con el padrón electoral nacional–el cual crece año con año, independientemente del abstencionismo o la insatisfacción provocada por los partidos. Este fin de semana Andrés Lajous me pidió una breve opinión al respecto, misma que pueden encontrar en YouTube (es mi primera entrevista “para youtube”, so bear with my unedited hesitation):

En 2007, poco antes de la reforma electoral, escribí una breve nota sobre el financiamiento público a partidos. Y este es un documento, en coautoría con Jacaranda Pérez, sobre el financiamiento a partidos en perspectiva comparada. Creo que algunas conclusiones de uno y otro siguen vigentes ahora:

“Durante la llamada transición política mexicana observamos, por un lado, un avance gradual hacia elecciones cada vez más competitivas y transparentes, y por el otro, la evolución de un sistema de partidos cada vez más plural y consolidado.  El financiamiento público a los partidos políticos es un aspecto fundamental para entender este proceso, pues permitió el surgimiento de una oposición real al PRI, así como la creación de un sistema plural de partidos. 

El financiamiento público a los partidos tiene tres objetivos centrales.  En primer lugar, garantizar que tanto partidos como candidatos cuenten con los recursos necesarios para funcionar y realizar sus campañas bajo cierta igualdad de condiciones.  Este objetivo parece estar satisfecho, como lo evidencian tanto el número de partidos con representación en el Congreso como la cuantía de recursos a su alcance.  Dos elementos adicionales son el componente de equidad en la fórmula de asignación de recursos y los recursos públicos disponibles aún para los partidos que posteriormente no logran tener éxito electoral por sí mismos. 

El segundo objetivo es complementar y fomentar la recaudación de ingresos de otras fuentes en condiciones de transparencia, y bajo ciertas restricciones, que impidan la influencia desmedida de grupos con poder económico.  Este objetivo ofrece resultados mixtos.  Si bien es claro que los partidos no dependen del dinero privado para subsistir, todo parece indicar que los partidos padecen el mal contrario: una excesiva dependencia del dinero público.  La estructura de ingresos de los partidos indica que ninguno de ellos tiene grandes incentivos para diversificar sus fuentes de ingreso.  La escasa recaudación de los partidos de parte de su militancia y grupos simpatizantes es síntoma claro del bajo nivel de vinculación entre los partidos y la sociedad que suponen representar.

El tercer objetivo del financiamiento público es fomentar la participación ciudadana.  Esto ocurre al hacer posible una mayor difusión de información sobre los partidos, sus plataformas y la calidad de sus candidatos—o bien al fomentar una mayor participación directa de los ciudadanos dentro de la organización y funcionamiento de los partidos.  Este objetivo también ofrece resultados mixtos.  Por un lado resulta claro que los partidos cuentan con recursos suficientes para hacer campañas informativas.  Sin embargo, la evidencia disponible sobre niveles de abstencionismo, rendimientos del gasto, así como contenidos de campaña más persuasivos que informativos, indican que los campañas políticas no logran el suficiente impacto a la hora de estimular el voto o informar al electorado.  Por último, la participación ciudadana—sea como militantes o candidatos— en la vida interna de los partidos es más bien restringida dado que el control de los recursos financieros está centralizado en la dirigencia de cada partido.”

Dos notas previas sobre este tema:

Sistema electoral en México: incentivos perversos (oct 2005)
¿Competencia desigual o subsidio excesivo? (dic 2005)

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