Desde que el presidente envió al congreso su iniciativa de reforma electoral el pasado 28 de abril de 2022, he dedicado varias de mis columnas en Excélsior a comentar diferentes aspectos de la iniciativa. De entrada, considero es más importante evaluar lo que se propone sustantivamente, en vez de descalificar a priori el quién o el cuándo se propone tal o cual reforma.
Aquí encontrarán una compilación de las columnas más recientes. Hasta el 17 de noviembre son diez.
Designaciones o elecciones (31 marzo 2022)
(…) en algunos países se vota por jueces y el tema ha sido estudiado teórica y empíricamente en las ciencias sociales. Al elegir jueces, ¿se busca identificar habilidades técnicas o habilidades políticas? Un perfil técnico requiere una evaluación curricular cuidadosa, entrevistas especializadas y quizás comparecencias. Un perfil más político puede conseguirse mediante una votación abierta. Cuando los jueces son designados por el Legislativo, es más probable que representen las preferencias de la coalición que los designa. De ahí la importancia de la renovación escalonada y de que cuenten con el consenso o la aprobación de una mayoría legislativa lo más amplia posible.
Por otro lado, cuando los jueces son designados mediante el voto popular, el mecanismo de selección puede favorecer a aspirantes con atributos distintos a las capacidades que se esperan de ciertos cargos: algunos precandidatos a jueces pueden ser más conocidos que otros, algunos tendrán más recursos para gastar en sus campañas, etcétera. Y, sea cual fuere la forma de designación original, su desempeño en el cargo puede estar influenciado por los incentivos que existan para reelegirse o bien evitar ser removido.
(…) Sin duda, designar a representantes y servidores públicos mediante el voto popular tiene virtudes: la legitimidad del voto directo no es trivial ni debe menospreciarse. De hecho, valdría la pena preguntarnos por qué son tan pocos los servidores públicos que se eligen mediante el voto popular y por qué son tantos los que se designan directa o indirectamente por los gobernantes. ¿Por qué no votamos por el fiscal General de la República o por los miembros del gabinete? ¿Por qué no aplicamos una revocación de mandato en el Conacyt? ¿Por qué no votamos si se mantienen o no los subsidios a las gasolinas? El pueblo pone y el pueblo quita, sólo algunas veces.
Reforma electoral, ¿ahorita? (5 mayo 2022)
El pasado 28 de abril, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. La iniciativa toca diferentes aristas del sistema político-electoral del país, unas de mayor o menor relevancia o trascendencia, pero destacan cuatro: una renovación total de los institutos y tribunales electorales locales y federales, una transformación del sistema electoral del Poder Legislativo, congresos y cabildos, una reducción en el financiamiento público a partidos y el acceso a medios, y una redefinición de la propaganda gubernamental.
El aspecto más preocupante de la iniciativa es el “borrón y cuenta nueva” del INE y TEPJF —órganos constitucionalmente autónomos— y la desaparición de los institutos y tribunales electorales locales. La propuesta de renovar cada seis años a todos los consejeros y magistrados es una idea grave y regresiva: la renovación escalonada de los cuerpos colegiados es clave para preservar la autonomía e independencia relativa de estos organismos. Sea cual fuere el método de designación, imagine un escenario en el que cada elección presidencial es organizada y calificada por autoridades con menos de dos años de experiencia en sus respectivos cargos.
La propuesta de elegir árbitros electorales mediante voto directo sobre listas de candidaturas propuestas por los tres Poderes (veinte cada uno) también es mala idea porque estas “listas” también tendrían un sesgo partidista y, además, quienes debieran demostrar imparcialidad e independencia de los partidos tendrían que hacer campaña. ¿Cuántas personas participarían en este tipo de elección?
La iniciativa presidencial también propone reformar el sistema electoral del Congreso. Si bien en otros momentos se habló de eliminar las diputaciones plurinominales, la iniciativa en realidad propone una Cámara con 300 diputaciones elegidas mediante “listas plurinominales estatales”.
El texto de la iniciativa propone que cada entidad tenga una “lista de candidaturas” y que las diputaciones se elijan por representación proporcional: tres diputaciones en Aguascalientes, trece en Chiapas, cuarenta en Edomex, etcétera. Al eliminar el sesgo de sobrerrepresentación de las diputaciones de mayoría relativa, este sistema produciría, en efecto, una Cámara más proporcional que las que hemos tenido en las últimas décadas en México. En 2010, Javier Márquez y yo analizamos una propuesta similar del PRD en el libro Debatiendo la reforma política (2010).
La iniciativa sugiere que la elección por listas estatales obligaría a las y los candidatos a hacer campañas territoriales, contrario a lo que ocurre con las actuales plurinominales. Esto puede ser relativamente cierto, pero se omite mencionar que esta reforma desaparece la representación territorial que, para bien o para mal, inducen las diputaciones de mayoría relativa.
En la medida que la iniciativa propone reducir de manera arbitraria tanto el tamaño de los congresos locales como de los cabildos, además de eliminar los organismos públicos locales electorales, puede argumentarse que atenta contra el federalismo.
Por último, la iniciativa propone redefinir qué es propaganda gubernamental y reducir el financiamiento a partidos políticos: ambas medidas favorecen al gobierno en turno porque éste podría realizar más propaganda en el ejercicio del gasto y, por otro lado, el financiamiento a partidos puede serle más útil a los partidos de oposición que a los partidos en el gobierno.
Si un presidente con mayorías en ambas Cámaras y un creciente número de gubernaturas propone destituir y renovar sexenalmente a todos los árbitros electorales del país a cambio de permitir congresos relativamente más proporcionales: ¿se fortalece o se pone en riesgo la calidad de nuestra democracia? ¿Quién integraría las listas de candidaturas legislativas? ¿Quién las de candidaturas a árbitros electorales?
Árbitros bajo amenaza (19 mayo 2022)
¿Con cuánta autonomía pueden trabajar el INE y/o los organismos públicos locales electorales (OPLE) de las seis entidades con procesos electorales en marcha este mismo año cuando la iniciativa de reforma electoral del presidente propone su extinción inmediata?
La multicuruleosis (11 agosto 2022)
¿Hay demasiadas sillas o curules en nuestro sistema político?
Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa presidencial de reforma electoral es la propuesta de reducir el tamaño de las dos Cámaras del Congreso, los Congresos locales y el de los ayuntamientos del país. Se propone reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 curules y la Cámara de Senadores de 128 a 96 —tres por entidad—. En cuanto a los Congresos locales, se propone que tengan un mínimo de 15 asientos y un máximo de 45, en proporción a la población de cada entidad. Por último, se propone un mínimo de una regiduría y un máximo de nueve en los ayuntamientos del país. De aprobarse esta reforma, pasaríamos de un total de 1,113 diputaciones locales a sólo 654 —una reducción de más del 40 por ciento—.
Como se aprecia, una especie de “austeridad de asientos” permea a lo largo de la iniciativa de reforma electoral. Como si contar con demasiadas curules, demasiados escaños, demasiadas diputaciones locales y demasiadas regidurías fuera un problema grave de nuestra democracia y sistema político: llamémosle multicuruleosis.
Parlamento, ¿abierto? (18 agosto 2022)
(…) Queda la impresión de que todos estos foros en realidad constituyen un telón de fondo para un diálogo de sordos: ¿cómo puede haber un parlamento abierto cuando los legisladores de la coalición gobernante no están dispuestos a escuchar y, sobre todo, debatir, con los de oposición? ¿Cuándo y dónde se discutirán los efectos de un Congreso con amplias mayorías en la calidad del proceso legislativo y la democracia misma?
Las reglas del dinero a partidos (20 oct 2022)
¿Se destinan demasiados recursos del erario para subsidiar a partidos políticos?
Uno de los aspectos más importantes de la propuesta oficial de reforma política, y acaso menos discutido, trata sobre reducir a rajatabla el financiamiento público a partidos políticos. En concreto, se propone la desaparición del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos y que estas prerrogativas sólo se destinen a los gastos de campaña.
Para aterrizar la propuesta, consideremos el financiamiento público para partidos políticos nacionales asignado por mandato constitucional en 2021. En total, en 2021 se destinaron 7 mil 317 millones de pesos como financiamiento público para los partidos políticos nacionales. De este monto, 5 mil 250 millones de pesos eran para actividades ordinarias y sólo mil 575 mdp eran para gastos de campaña. Esto quiere decir que la propuesta del Presidente de la República podría traducirse en reducir el financiamiento público a partidos en más de 70% en un año con elecciones legislativas.
Reforma electoral y federalismo (27 oct 2022)
(…) puede argumentarse que incluso si no se aprueba ninguna reforma electoral, la renovación escalonada de cuatro consejeros del INE y dos magistrados del TEPJF, misma que debería ocurrir en 2023 con el marco legal vigente, ya se halla seriamente comprometida desde ahora. Hay que decirlo con toda claridad: la calidad de nuestra joven democracia y la confiabilidad de las elecciones están en riesgo cuando el gobierno en turno manifiesta que ningún consejero ni magistrado electoral le parece confiable ni digno de mantenerse en su cargo.
Hay otro aspecto igualmente preocupante en la propuesta gubernamental de desaparecer a todos los organismos públicos locales electorales y a los tribunales locales, así como en la de acotar el tamaño de los congresos locales y los cabildos de los ayuntamientos. Como bien recordó el exmagistrado electoral Flavio Galván en un evento reciente de la Escuela Judicial Electoral, si tomamos en serio lo que dice a la letra el artículo 40 Constitucional —“es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal”—, concentrar todas las tareas electorales en un solo instituto nacional es “antifederalista y propio de un sistema centralista”.
En el mismo sentido, Alejandra Tello, politóloga especialista en justicia electoral, afirma que “con esta iniciativa también se están reduciendo los espacios deliberativos de las entidades federativas”. ¿Bajo qué tipo de argumento legal o normativo puede sostenerse que ninguna institución o tribunal estatal, así como ningún representante de partidos locales, pueden tener voz ni voto en la organización de las elecciones de sus representantes y gobernantes estatales y municipales? ¿Acaso solamente funcionarios federales pueden organizar elecciones? ¿Acaso solamente los jueces federales pueden resolver controversias electorales? Hay que defender la autonomía de los árbitros electorales, sí, pero también el federalismo.
Autonomía y renovación escalonada (3 nov 2022)
Como han comentado diversos expertos y analistas, el aspecto más preocupante de la iniciativa de reforma política presentada por el Presidente de la República es el “borrón y cuenta nueva” de todos los árbitros electorales del país, así como la desaparición de los institutos y tribunales electorales locales. Como he sostenido en este mismo espacio, la renovación escalonada de estos cuerpos colegiados y el respeto al periodo de las designaciones ocurridas en años recientes, son un aspecto fundamental de la autonomía de los órganos electorales. Si se vulnera la autonomía de los árbitros electorales, se lastima nuestra democracia.
Por desgracia, esta preocupación no es infundada ni novedosa. Desde el Consejo General del Instituto Federal Electoral que tuvimos entre 1997 y 2003, presidido por José Woldenberg, ningún consejo del instituto ha tenido una renovación libre de interrupciones. Baste recordar que el consejo general del IFE designado en 2003 fue reemplazado mediante la reforma de 2007.
(…) Si las negociaciones por la reforma político-electoral fracasan y las convocatorias para renovar la integración de los árbitros electorales se posponen, es posible que el próximo proceso electoral federal inicie con sólo siete de once consejeros electorales y cinco de siete magistraturas. Ojalá que esto no ocurra.
Yo defiendo al INE (10 nov 2022)
(…) la iniciativa presidencial debe evaluarse en sus propios términos, sin descalificarla a priori por su origen ni temporalidad. ¿Se está proponiendo una reforma realmente democratizadora? Por desgracia, no. Veamos por qué.
Comencemos con su diagnóstico inicial. Desde el punto de vista de la iniciativa presidencial, la transición democrática no ha ocurrido en México, no había democracia en el país hasta el triunfo de Morena en 2018, las autoridades electorales no son imparciales, están sesgadas en contra del partido en el gobierno y siguen capturadas por cúpulas partidistas dedicadas a organizar elecciones fraudulentas.
Desde ese punto de vista, desde luego que tendría mucho sentido hacer un “borrón y cuenta nueva” con todas las autoridades electorales y partir de cero. El problema de este diagnóstico es que es notoriamente falso: Morena no sólo consiguió el triunfo en la elección presidencial de 2018 —tras sendas reformas electorales que atendieron agravios pasados—, sino también amplias mayorías legislativas y ha acumulado ya más de veinte gubernaturas. ¿Cómo pudo ocurrir esto con un árbitro sesgado y fraudulento?
Ahora bien, dejando de lado aquel diagnóstico inicial falso, otro problema importante se encuentra en el remedio que se ofrece. Entre otras cosas, se propone la designación de autoridades electorales mediante el voto popular como remedio idóneo a lo que las y los gobernadores morenistas han llamado “arreglos cupulares o bajo la mesa de intereses particulares y complicidades que distorsionan la limpieza, la equidad, la justicia y la transparencia” de nuestra democracia.
Sin duda, la designación mediante cuotas partidistas es problemática. Sin embargo, este remedio es inadecuado por varias razones. Morena, el partido en el gobierno, cuenta con las mayorías legislativas necesarias para realizar una renovación escalonada, tanto en el INE como en el TEPJF. Si el gobierno no está conforme con las designaciones realizadas en el pasado —de las cuales ya ha sido partícipe desde 2018 al designar consejeros electorales y ministros en la Corte—, tiene en sus manos realizar mejores procesos de designación transparentes y justos.
En una democracia constitucional es fundamental que la integración de los cuerpos colegiados de las autoridades electorales, como el INE y el TEPJF, deban ser imparciales, suficientemente plurales, y que cuenten con el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas. Pues bien, resulta que la elección mediante voto directo no garantiza conseguir esta imparcialidad ni este consenso. Es por eso que, en la inmensa mayoría de las democracias del mundo, los jueces y árbitros se designan de manera indirecta. Si las Legislaturas del pasado han fallado en esta tarea, Morena tiene en sus manos hacerlo mejor ahora.
Diversas organizaciones y colectivos han convocado a una manifestación en diferentes ciudades del país para manifestarse en defensa del INE el domingo 13. El Presidente ha descalificado ya a la convocatoria y a quienes asistan. El INE no le pertenece a ningún partido, organización, consejero ni líder político en particular: es una institución del Estado mexicano, construida y fortalecida por todos los mexicanos, elección tras elección. Y, si está en riesgo, como yo creo que lo está con la reforma propuesta, todos quienes la valoramos deberíamos defenderla.
La marcha (17 nov 2022)
Las manifestaciones del pasado 13 de noviembre merecen la atención, porque muy pocas veces en el pasado se había movilizado tanta gente, ya no en torno a una persona o agravio particular, sino en torno a una institución. Basta comparar las elecciones de 1988 con las de 2018 —sus reglas, procedimientos y resultados—, para dar cuenta de la valiosa contribución del INE a la democracia en México. Hoy sabemos que muchas personas están dispuestas a manifestarse en defensa de este bien público si lo sienten amenazado.
(…) Aún están por verse todas las consecuencias de la movilización del domingo pasado. Sin embargo, ésta ofrece señales importantes: una sociedad civil organizada y con suficiente capacidad de convocatoria siempre será preocupante para cualquier partido en el poder, pero valiosa para la democracia.
Javier Aparicio dot net 