La aritmética de la revocación de mandato

En tres columnas anteriores he discutido algunos problemas de la figura de revocación de mandato presidencial, introducida en la Constitución apenas en diciembre de 2019, y cuya ley secundaria apenas está siendo discutida en las cámaras estos días.

La revocación de mandato es, en general, una mala idea. En particular, introducirla y activarla cuando un mandato sexenal ya está en marcha es peor idea aún. La razón principal de mi crítica es que cambiar las reglas del sistema político-electoral en medio de un sexenio en marcha puede ser una forma de beneficiar o perjudicar injustamente al Presidente en turno, y esto puede resultar antidemocrático.

En esta cuarta entrada me ocupo de la aritmética de una inminente revocación de mandato en México.

La aritmética de la revocación de mandato (20 de agosto de 2021)

En columnas anteriores he discutido algunos problemas de la figura de revocación de mandato presidencial, introducida en la Constitución apenas en diciembre de 2019, y cuya ley secundaria apenas está siendo discutida en las cámaras: ¿es sensato remover a un presidente con base en una ley promulgada apenas unos meses antes? Hoy me ocupo de otros problemas.

Como sabemos, la única vía para activar la revocación de mandato presidencial es mediante la solicitud de por lo menos un tres por ciento de la lista nominal de electores: poco más de 2.68 millones ciudadanos que, además, deben provenir de al menos 17 entidades y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de cada una de ellas. Es decir que activar un proceso revocatorio implica un importante esfuerzo de acción colectiva. A diferencia de otras figuras de democracia directa, como la consulta popular, la iniciativa ciudadana, incluso las candidaturas independientes, tiene cierto sentido que una revocación de mandato requiera umbrales mayores para ser activado. La revocación es una solución límite o de última instancia en un régimen presidencial, caracterizado por un periodo fijo de gobierno.

La aritmética de los votos y las opiniones de una revocación de mandato también puede ser bastante incómoda. Considere un escenario hipotético en el que los últimos tres presidentes constitucionales de México hubieran sido elegidos con la figura de revocación de mandato. En 2006, Felipe Calderón fue elegido presidente por poco más de 15 millones de votos con una lista nominal de 71.3 millones de electores: 21% de la lista nominal le dio la presidencia. Cuatro años más tarde, un 20%  de la lista nominal (es decir, la mitad más uno del umbral de 40% de participación requerido por la constitución) podrían haberlo removido. En 2012, Peña Nieto fue elegido con 19.158 millones de votos de una lista nominal de 79.4 millones de electores: 24.1 por ciento de la lista. Cuatro años más tarde, otro 20% de la lista nominal pudo haberlo removido.

En 2018, López Obrador fue elegido con 30.113 millones de votos de una lista nominal de 89.3 millones de electores: 33.7% del electorado. Pues bien, el año próximo, un 20% de la lista nominal podría removerlo. Estos tres ejemplos hipotéticos ilustran como sería posible que una quinta parte del electorado remueva a presidentes que fueron elegidos por una proporción mayor del electorado.

Ahora bien, supongamos que la revocación de mandato prospera al contar con la mayoría absoluta de al menos un cuarenta por ciento del electorado del país. Otro problema no menor es que, si la revocación prospera en un sexenio cualquiera, esto implicaría contar con cuatro presidentes en un periodo de poco más de dos años: el mandatario saliente, el provisional (es decir, quien ocupe la Secretaría de Gobernación), el presidente sustituto —designado por una mayoría absoluta del Congreso de la Unión para concluir el sexenio—, y el nuevo presidente constitucional elegido en las urnas. Frente a este escenario, surgen varias preguntas: ¿Qué tan malo debe ser un gobernante para que se justifique tal nivel de inestabilidad política en tan poco tiempo? ¿Cuánta legitimidad puede tener un presidente sustituto designado por el Congreso? En el contexto nacional actual, ¿de qué sirve remover a un presidente cuando su partido cuenta con la mayoría de ambas Cámaras?

Por último, supongamos que la revocación no prospera y el presidente en turno (el que tenemos ahora o cualquier otro del futuro) es ratificado en el poder. Sin duda él y su partido resultarían fortalecidos con miras a las elecciones presidenciales que ocurrirán dos años más tarde. Si un presidente tiene más entusiasmo por activar un proceso revocatorio que la oposición partidista o de la sociedad civil, ¿estamos frente a un mecanismo de control democrático o una estrategia de propaganda?

Actualización 17oct19: ya son tres.

Coaliciones electorales y sobrerrepresentación

Este post resume trabajo en proceso en coautoría con Javier Marquez.

La relación entre votos y curules obtenidas en la Cámara de Diputados en México no es lineal. Las curules de mayoría relativa tienen sesgo de sobrerrepresentación, mientras que las curules de representación proporcional se reajustan cuando algún partido activa el límite establecido (ie, que la diferencia entre el porcentaje de votos y el de curules por partido no puede exceder a 8%). Esta gráfica de oraculus y Javier Márquez lo ilustra con claridad (fuente: https://oraculus.mx/diputados2021).

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A pesar de tener representación proporcional, el sistema electoral mexicano induce sobrerrepresentación o desproporcionalidad en el Congreso. Existe la idea errónea de que, al contar con 200 curules plurinominales, el “sistema es proporcional pero las coaliciones lo estropean”. Esto no es correcto.

Las 200 curules asignadas por las listas de representación proporcional (RP) atenúan el sesgo mayoritario de las 300 curules uninominales o de mayoría relativa (MR), pero no lo eliminan. Y los límites a la sobrerrepresentación existentes –ie, que la diferencia entre el porcentaje de votos y el de curules por partido no puede exceder a 8%, y que ningún partido pueda tener más de 300 curules– son remedios imperfectos y contingentes.

En conjunto, el sistema electoral mixto mexicano (300 MR + 200 RP + límite 8%) mantiene un sesgo mayoritario, es decir, la sobrerrepresentación de unos partidos a costa de otros. Aunado a esto, algunos partidos políicos han usado las coaliciones electorales para burlar el tope de 8% y exacerbar la sobrerrepresentación. Así lo hizo el PRI-PVEM en la elección para diputaciones federales de 2015. Y así lo hizo la coalición Morena-PT-PES en las elecciones de 2018.

La siguiente gráfica compara el porcentaje de votos obtenido por los partidos en 2018, agrupados en 3 bloques, con 3 diferentes repartos de la Cámara:

  • Distribución del voto total para diputaciones en 2018 (barras color verde): Morena+PT+PES 43.6%, PAN+PRD+MC 27.6%, PRI+PVEM+NA 23.8%.
  • A. Una Cámara hipotética si no hubiera habido coaliciones (barras azul marino)
  • B. La asignación inicial de curules para la Cámara de Diputados (23-ago-2018)
  • C. Distribución de curules MR: una Cámara “sin plurinominales” (barras color gris).

La brecha entre los votos y la Cámara hipotética (A) denota el sesgo mayoritario del sistema si no hubiera habido coaliciones. La brecha entre la Cámara hipotética (A) y la asignación inicial de la Cámara (B) denota el sesgo adicional inducido por las coaliciones. La brecha entre los votos y la distribución de curules MR (C) denota la sobrerrepresentación si no hubiera plurinominales.

Por otro lado, suele pensarse que las coaliciones sirven para ganar votos en distritos reñidos y, con ello, maximizar triunfos de mayoría relativa entre los partidos coaligados. Pero no siempre es así: las coaliciones buscan aumentar el tamaño de la bancada conjunta de los partidos aliados, tanto en MR como en RP, burlando el tope de sobrerrepresentación de 8%.

La coalición de Morena-PT-PES en 2018 ilustra esta estrategia. Si no hubiera habido coalición pero los votos observados en 2018 se mantuvieran sin cambio, los resultados hubieran sido:

Votos Morena + PT + PES: 37.3 + 3.9 + 2.4% = 43.6%
Morena: 227 MR + 19 RP = 246 curules
PT: 0 MR + 14 RP
PES: 0 MR + 0 RP
Total: 227 MR + 14 RP = 260 curules (52%)

Sin embargo, con la coalición, el reparto fue el siguiente:

Morena 106 MR + 85 RP = 191 curules
PT 58 MR + 3 RP = 61
PES 56 MR + 0 RP = 56
Total: 220 MR + 88 RP =
308 (61.6%)

En el escenario hipotético “Sin coalición”, entre Morena + PT + PES hubieran ganado en 227 distritos MR, gracias al voto de Morena, pero sólo tendrían 33 diputaciones RP. Sin embargo, con la coalición, entre los 3 partidos ganaron en 220 distritos… pero pasaron de 33 a 88 plurinominales. La “coalición” implicó perder 7 distritos MR pero permitió ganar 55 plurinominales, para una ganancia neta de 48 diputaciones para la coalición.

Es así como las coaliciones han sido utilizadas para transferir triunfos de mayoría relativa del partido mayoritario a los partidos aliados de menor tamaño, para así conseguir un mayor número de diputados plurinominales y una bancada que, en conjunto, supera en más de 8% los votos obtenidos: con 45.7% de la votación nacional emitida, consiguió 61.6% de la Cámara inicial, una diferencia de 15.9%.

Coronavirus y pandemia Covid-19

En las dos últimas semanas dediqué mi columna de Excélsior para comentar algunos aspectos de la pandemia COVID-19. Aquí encontrarán ambas columnas con algunas gráficas y figuras de apoyo.

La tragedia de la COVID-19 (19 de Marzo de 2020)

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud declaró a la COVID-19 como una pandemia. A decir de la misma OMS, se trata de la primera pandemia causada por un coronavirus. Sin embargo, a pesar de los alarmantes niveles de contagio, su severidad y la inacción de muchos países, la OMS considera que se trata de una pandemia que puede ser controlada.

Al inicio de esta epidemia, una respuesta comúnmente escuchada en muchos países era que la influenza estacional causaba muchas muertes año con año, de modo que los primeros casos observados en un país u otro no eran señal de alarma. Hoy sabemos que ese diagnóstico es terriblemente falso.

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Fuente: https://www.vox.com/science-and-health/2020/3/18/21184992/coronavirus-covid-19-flu-comparison-chart

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No a la revocación de mandato

La revocación de mandato es una mala idea, en general. Introducirla a lo largo de un mandato que ya está en marcha, es peor aún. El común denominador de algunos países que han impulsado la revocación de mandato en América Latina en años recientes es claro: reformar la constitución para, eventualmente, beneficiarse a sí mismos.

En abril de 2018, durante las campañas, como en marzo de 2019, dediqué mi columna de Excélsior a analizar la figura de “revocación de mandato” que el presidente López Obrador ha propuesto introducir en nuestro sistema electoral buscando que entre en vigor durante su misma administración. Dado que en estas fechas se volverá a discutir el tema en el Senado, aquí encontrarán ambas columnas.

Actualización 17oct19: ya son tres. Continue reading

Marco macroeconómico para 2020

Para mi columna de Excélsior de esta semana revisé los marcos macroeconómicos de los últimos tres años tal y como fueron anunciados en los CGPE de cada año. Aquí encontrarán la columna y los datos básicos.

Marco macroeconómico para 2020. (12 de Septiembre de 2019)

El 8 de septiembre pasado, el secretario de Hacienda entregó al Congreso el así llamado “paquete económico” para el año 2020, el cual incluye criterios generales de política económica, una iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). La Ley de Ingresos involucra a ambas Cámaras, mientras que el presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Este proceso presupuestal debe concluir a más tardar el 15 de noviembre entrante.

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Pobreza 2008 vs 2018

Pobreza, diez años después. (8 de Agosto de 2019)

El pasado 5 de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicó sus estimaciones más recientes sobre la población en condición de pobreza en México.

Las estimaciones se realizan a partir de los datos recopilados por el Inegi en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, levantada cada dos años, y tienen la ventaja de permitir comparar la evolución de la pobreza en el periodo 2008 a 2018 tanto a nivel nacional como para cada una de las entidades del país.

A primera vista, los resultados son desalentadores. Entre 2008 y 2018, la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza pasó de 49 a 48.8 por ciento. En números absolutos, pasamos de 54.7 a 61.1 millones de personas con ingresos menores a la línea de pobreza. En cuanto a la población con ingresos menores a la línea de pobreza extrema, su porcentaje no tuvo cambio alguno en estos diez años: 16.8 por ciento.

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¿Desaceleración económica o recesión?

Las consecuencias de la desaceleración económica (1 de Agosto de 2019)

Esta semana el Inegi dio a conocer su estimación oportuna del Producto Interno Bruto en México para el segundo trimestre de 2019. La variación del PIB respecto al primer trimestre del año fue de 0.1% usando datos desestacionalizados. Si bien los cambios de corto plazo importan menos que las tendencias de largo plazo, este dato es relevante porque, durante el primer trimestre del año, esta misma variación había sido negativa (-0.2%) —y una definición simple de una recesión económica implicaba, justamente, dos trimestres consecutivos con decrecimiento económico. Y aunque este último dato trimestral puede ser revisado y existen otros criterios más precisos para diagnosticar una recesión, por el momento, la amenaza de entrar en ella puede pasar a un segundo término. Aunque sea de panzazo.

Lo que es ineludible es que estamos en un franco periodo de desaceleración económica. En su serie original, la tasa de crecimiento anual —que compara el segundo trimestre de 2019 con el mismo trimestre del año anterior— fue de -0.7%, mientras que en la serie desestacionalizada esta tasa fue de sólo 0.4%. Destaca que las actividades secundarias —tales como construcción, energía, minería e industrias manufactureras, etcétera— han mostrado tasas anualizadas negativas en dos trimestres consecutivos, -2.1 y -1.6, respectivamente. La tendencia de un tiempo a la fecha es preocupante, pues, como bien señaló Jonathan Heath, “el crecimiento promedio anual de los últimos cinco trimestres es 0.04%”.

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Elecciones presidenciales 1994-2018: ¿ciclo electoral?

Hace algunos años elaboré una gráfica triangular (triplot) con los resultados de elecciones presidenciales entre 1994 y 2012. Esta es una gráfica actualizada para incluir los resultados de 1994 a 2018.

Si suponemos que en 2018 Morena ocupó el espacio o eje que antes correspondía al PRD –lo cual puede ser un supuesto debatible–, la interpretación del gráfico es similar a la de mi post previo.

He aquí la explicación del post previo:

Como sabemos, el margen de victoria entre dos punteros no cuentan toda la historia de una elección multipartidista. Si consideramos solamente la suma de votos obtenidos por los tres principales candidatos del PRI, PAN y PRD (Morena en 2018), y calculamos los porcentajes respectivos, podemos utilizar una gráfica triangular (triplot) para ilustrar en dos dimensiones el resultado de una elección de tres candidatos.

Cada punto en el triángulo ilustra la proporción de votos obtenida por el candidato(a) del PAN, PRI y PRD/Morena en  las 5 elecciones presidenciales más recientes (1994 – 2018). Los porcentajes de votos de la gráfica difieren de los resultados oficiales porque han sido normalizadas para que sumen 100%, es decir, ignoran los porcentajes de otros candidatos, nulos o no registrados.

El eje horizontal mide el porcentaje de votos del PRI, la diagonal izquierda el del PRD/Morena y la derecha el de PAN. De este modo los puntos cercanos a la “Y” en el centro del triángulo indican elecciones reñidas, mientras que cualquier punto cercano a los vértices del triángulo denotan elecciones cargadas hacia uno de los candidatos. La “Y” separa 3 posibles regiones ganadoras: PRD/Morena hacia arriba, PRI hacia la izquierda y PAN hacia la derecha.

Como se aprecia, 1994 fue una elección dominada por el PRI, luego tuvimos dos elecciones donde las preferencias se acercaron más al PAN, en 2006 casi cruzamos a la zona del PRD, y en 2012 tuvimos un “retorno hacia el PRI”. Los movimientos laterales entre una elección y otra se les conoce en la literatura como swing. El patrón de las 5 elecciones presidenciales parece dibujar una especie de ciclo electoral propio de elecciones bajo regla de mayoría.

¿Palomas mensajeras a la Corte?

En mi columna semanal para Excélsior (11-abr-2019) discuto la iniciativa de Ricardo Monreal para ampliar la SCJN.

¿Palomas mensajeras a la Corte?

El pasado miércoles 3 de abril, el presidente informó a través de sus redes sociales que se había reunido con el senador Ricardo Monreal a desayunar chilaquiles. Un día después, conversó con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y reiteró que existía “un ambiente excepcional caracterizado por la amistad, cooperación y respeto a la división y equilibrio de poderes”.

Ese mismo día, el senador Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma constitucional para ampliar la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 16 ministros.

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Consulta sesgada

En octubre de 2018 se realizó una consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En torno a la consulta se han discutido varios aspectos, desde la deseabilidad general de someter a consulta proyectos de obra pública, la idoneidad de esta consulta en particular, el carácter legal o extralegal de la misma, así como los detalles de su implementación. En esta nota me concentraré en analizar solo un aspecto: el posible sesgo inducido por la cobertura geográfica de los municipios participantes y no participantes en la consulta.

En la consulta participaron 538 municipios del país. A decir de sus organizadores, el criterio de selección consistió en elegir a los municipios más grandes del país y las 300 cabeceras distritales. Aunque el país tiene 2463 municipios, la mayoría de la población reside en las ciudades más grandes. Una posible ventaja de ese criterio es que permitiría consultar a la gran mayoría de la población con un número relativamente reducido de casillas. Por otro lado, es fácil verificar si este fue el criterio realmente utilizado.

Consideremos el grupo de “los 538 municipios más grandes” del país (grupo A). Dada la heterogeneidad estatal y municipal, cada entidad aporta un distinto número de municipios al grupo de “los 538 municipios más grandes”. Por otro lado, considere el grupo de “los 538 municipios participantes en la consulta” (grupo B).

La siguiente tabla ilustra cuántos de los municipios de cada entidad pertenecen al grupo A, cuántos al B, y la diferencia entre ambos (sub o  sobrerrepresentación). Las últimas dos columnas de la tabla indican el número de casillas a instalarse por entidad y el promedio de casillas por municipio implícito.

Como se aprecia, los municipios de entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y San Luis Potosí están subrepresentadas en la consulta, mientras que Chiapas, Oaxaca y Veracruz están sobrerrepresentadas con 95 municipios participantes que no están entre los más grandes del país. Esto quiere decir que, de entrada, la población de ciertas entidades del sureste están sobrerrepresentadas.

¿A qué puede deberse este sesgo de cobertura? Una posibilidad es que los organizadores hayan privilegiado entidades o municipios donde Morena ganó en las respectivas elecciones locales de este año–esto es, donde puede decirse que Morena tiene más votantes leales. Las dos tablas siguientes analizan la distribución de municipios participantes en la consulta contra el partido político que resultó ganador en cada entidad (panel izquierdo) o  municipio (panel derecho).

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Como se indica, 538 o 21.9% de los municipios del país participaron en la consulta. Sin embargo, más de la mitad de los municipios en entidades donde Morena ganó la gubernatura o el ayuntamiento, participaron en la consulta. En contraste, solo 13.6% de los municipios donde ganó el PRI –o 20.9% de los panistas– participaron en la consulta. La relación entre el partido gobernante y participar o no en la consulta es estadísticamente significativa al 1%.

Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis de que la consulta tiene un sesgo de cobertura que favorece a los municipios de entidades del sureste y/o a los municipios donde Morena obtuvo el triunfo en elecciones locales más recientes.

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Candidaturas independientes 2018

Las candidaturas independientes han sido un tema recurrente en mi columna de Excélsior, “Voto razonado”, e incluso desde tiempo atrás. Aquí un breve recuento de algunas de ellas, desde 2010 hasta marzo 2018, en orden cronológico.

Apoyos fake (17 marzo 2018)

En este espacio he discutido las ventajas y desventajas de la figura de candidaturas independientes, una reciente novedad de nuestro sistema electoral. Dije, por ejemplo, que si los umbrales de apoyos requeridos eran excesivos, sería relativamente más fácil que consiguieran el registro las y los aspirantes a candidaturas locales o diputaciones, antes que al Senado o la Presidencia.

Otra implicación de tener barreras excesivas para llegar a la boleta electoral era que tendrían mayores posibilidades de lograrlo quienes contaran con un historial partidista, o bien, acceso a una estructura cuasi partidista. Sea como fuere, también señalé que no era sencillo cuestionar los motivos de quienes intentaran ejercer sus derechos políticos sin someter  a un doble rasero a los aspirantes partidistas y no partidistas.

Hoy que está por concluir la etapa de recabar apoyos para candidaturas independientes federales, varias de estas implicaciones se han materializado. A la fecha, contaremos con 39 candidaturas independientes a la Cámara y siete al Senado. Para la Presidencia, el INE anunció, este viernes 16 de marzo, que de manera preliminar sólo una aspirante cumplió con el requisito de recabar 866,593 apoyos válidos: Margarita Zavala. Tentativamente, tanto Jaime Rodríguez como Armando Ríos Piter, quienes hasta hace unos días parecían haber recabado más apoyos que Zavala, no lograron superar la meta requerida por la ley.

De acuerdo con los registros preliminares del INE, los tres principales aspirantes habrían recabado más de millón y medio de apoyos. Sin embargo, de los poco más de dos millones de apoyos recabados por Jaime Rodríguez, 59 por ciento resultó inválido. De los más de un millón 765 mil apoyos recabados por Ríos Piter, 86 por ciento fue inválido. Y del millón 578 mil  774 apoyos recabados por Zavala, 45 por ciento resultó inválido. ¿Con qué credibilidad puede buscar la Presidencia un aspirante que entregó más de un millón de apoyos espurios, como RodríguezRíos? ¿Es aceptable lograr la meta con más de 700 mil apoyos inválidos, como Zavala?

Entre las inconsistencias principales, destacan la simulación de una credencial para votar mediante el uso de una plantilla o formato —apoyos estilo Photoshop—, o bien, usar fotocopias de credenciales para votar —u otro tipo de documentos—, cuando los lineamientos requerían explícitamente una fotografía de la credencial.

Tras descontar estas irregularidades, a Jaime Rodríguez le faltaron 31,082 apoyos para superar la meta, mientras que a Ríos Piter le faltaron más de 600 mil apoyos. El caso de Margarita Zavala también es endeble, puesto que bastaría invalidar 3,576 de sus apoyos para que no cumpliera con el requisito de ley.

Los aspirantes tienen cinco días para resolver dudas y hacer aclaraciones antes de que el Consejo General del INE resuelva si llegan a la boleta electoral. La última palabra, si acaso alguien duda que el asunto será impugnado, la tendrá el Tribunal Electoral. ¿Debe haber una tolerancia o margen de error en el número de apoyos recabados? El Bronco quizás argumentará que sí. ¿Se puede presumir dolo al presentar miles de apoyos irregulares? Ríos Piter quizás argumente que no. Ricardo Anaya podría tener un interés especial en revisar a fondo los apoyos de Margarita Zavala.

In claris non fit interpretatio es un principio jurídico que sugiere que cuando la ley es clara y explícita sobre un requisito u obligación, no cabe lugar a la interpretación por parte de un juez. Este principio suele obviarse, por ejemplo, para interpretar la intencionalidad de votos válidos o inválidos. ¿Ocurrirá lo mismo para los apoyos?

Addendum. (26 marzo 2018). El TEPJF ha declarado como inválidos los apoyos registrados con fotocopias de las credenciales para votar.

Partidos, coaliciones y candidaturas

En una semana comienzan oficialmente las campañas electorales rumbo al 1o de julio de 2018. En los últimos meses he escrito varias columnas en Excélsior en torno al sistema de partidos, la selección de candidaturas presidenciales, las coaliciones electorales, las fracturas partidistas y el transfuguismo. Mis argumentos centrales son tres: los partidos políticos no son democráticos, el sistema de partidos es frágil y, probablemente, para finales de año tendremos un nuevo sistema de partidos. Aquí las ligas respectivas, en orden cronológico:

¿Sin partidos? (24 marzo 2018)

Estamos a cien días de las elecciones más complicadas, en términos del número de cargos a ser votados, de nuestra historia reciente. Sobra decir que muchos votantes llegan a esta elección con cierto desánimo, tanto por el desgaste de los malos gobiernos recientes como por la mala calidad de la oferta de candidaturas y plataformas que presentarán los partidos políticos. ¿Acaso valdría la pena tener elecciones o gobiernos sin partidos?

Comencemos con un poco de teoría. Los partidos políticos son instituciones útiles para facilitar la acción colectiva: Organizar a ciudadanos con intereses o preocupaciones similares, o bien, facilitar la interacción entre votantes y candidatos. En ausencia de partidos, para muchas personas sería más difícil decidir su voto.

Por otro lado, los partidos también sirven para facilitar la toma de decisiones colectivas por parte de los representantes políticos. Por ejemplo, la negociación al interior de un Congreso, o bien, las relaciones entre éste y el Ejecutivo. En ausencia de partidos, el proceso legislativo podría ser más complicado.

Suele decirse que sin partidos no hay democracia. Puede ser. Sin embargo, esto no equivale a decir que los partidos existentes merezcan subsidios generosos o la protección de un sinnúmero de barreras legales que impidan la entrada de nuevos partidos o candidaturas independientes.

¿Cómo sería un mundo sin partidos? Hagamos un breve experimento mental. Imagine por un momento que en las próximas elecciones estuviera prohibido usar logotipos y etiquetas partidistas. Muchos celebrarían que millones de electores concurrieran a las urnas para votar por una serie de presuntos héroes apartidistas. Sin embargo, sin ayuda del atajo partidista, para muchas personas sería difícil decidir su voto. Y para los candidatos mismos sería difícil hacer campaña sin señales o lemas partidistas.

Ahora imagine un Congreso elegido al azar y sin etiquetas partidistas. Todo sería muy complicado al principio, pero tras ciertas negociaciones y votaciones, las y los legisladores irían decantándose en dos grupos más o menos bien definidos: Uno a favor del gobierno en turno y otro grupo opositor. He ahí los primeros dos partidos políticos. Y para organizarse mejor, es probable que cada grupo eligiera un líder… de partido.

De modo que los partidos son un instrumento útil tanto para políticos ambiciosos como para votantes desinformados. Y en el momento en que cierto partido deja de ser útil para tal o cual grupo político, éste podría intentar transformarlo o de plano abandonarlo. Al repetirse este proceso varias veces, un resultado natural sería un “sistema de partidos” de diversa índole: Los partidos emergen y evolucionan a lo largo del proceso político electoral.

Sea cual fuere el resultado electoral de julio, es muy probable que para el primero de diciembre próximo tengamos un nuevo sistema de partidos. Por un lado, están las extrañas coaliciones de las candidaturas presidenciales, amarradas todas con alfileres, por así decirlo. Por otro lado, el transfuguismo de unos partidos hacia otros va en ascenso. Por último, ante el desgaste de los partidos tradicionales —quienes más han abusado de sus electores—, es muy probable que este 2018 tengamos la votación partidista más fragmentada de nuestra historia.

Una vez que se conozcan los resultados electorales, habrá nuevos ajustes. Los políticos no tragan lumbre: Habrá quien decida apoyar al nuevo gobierno —independientemente de si lo hizo durante las campañas— y quien no. ¿Será mejor o peor este nuevo sistema de partidos? Depende, en parte, de cómo votemos.

Addendum. (26 marzo 2018)

Alguien, algún día, tendrá que escribir sobre las tendencias suicidas al interior de PAN y PRD, los supuestos partidos políticos detrás de la transición democrática. ¿O será un fenómeno natural en todo sistema de partidos? Van tres ejemplos.

1. ¿Qué hicieron con el PAN tanto Fox como Calderón? Hoy, los dos expresidentes panistas trabajan para otras causas. En el caso del PRD, ninguno de sus excandidatos presidenciales o más altos funcionarios siguen allí: desde Muñoz Ledo y Cárdenas hasta AMLO y Ebrard.

2. Mientras tanto, en MORENA, los más férreos (¿legítimos?) simpatizantes de su líder se extrañan ante la llegada de más y más expanistas y expriístas al movimiento. AMLO presume más a los primeros que los segundos, por cierto. Quizás por estrategia.

3. Mientras tanto, en el PRI, su candidato presidencial presume su “no militancia” y se perfilan a volver a perder la presidencia y quedar en tercer lugar. Muchos priístas militantes quizás migrarán a Morena.

Medios, corrupción y captura gubernamental

En varias ocasiones he dedicado mi columna de Excélsior, Voto razonado, a comentar diversos aspectos de la relación entre libertad de prensa, medios masivos de comunicación, combate a la corrupción y la posibilidad de que el gobierno intente capturar o sesgar a los medios. He aquí algunas de ellas, en orden cronológico.

Publicidad gubernamental (6 enero 2018)

El 25 de diciembre de 2017, el New York Times publicó en primera plana un reportaje sobre la influencia de la publicidad gubernamental en la cobertura mediática en México. El reportaje suscitó una interesante discusión y hoy quiero ocuparme de algunas aristas de este importante tema.

En otro momento (18-marzo-2017) he discutido cómo los medios libres e independientes pueden ayudar a vigilar el desempeño gubernamental de diversas formas, y su importante papel para combatir la corrupción de los gobiernos.

Dado que el gobierno dispone de tiempos oficiales en radio y televisión, el gasto en publicidad gubernamental difícilmente puede considerarse de interés público. Una industria mediática libre e independiente no debería requerir subsidios para sobrevivir. Al recibir pagos o subsidios, los medios se vuelven menos independientes. En caso de haber interés público en cierto gasto publicitario, entonces son necesarias reglas claras y transparentes para su ejercicio. Veamos por qué.

Andrea Prat, profesor de la Universidad de Columbia, ha estudiado la economía política de los medios de comunicación masiva. Al exhibir corruptelas ante una sociedad poco informada, los medios libres e independientes pueden ser una verdadera amenaza para los políticos en el poder. De serles posible, los gobiernos de cualquier signo buscarán formas de silenciar o sesgar a los medios en su favor.

Según Prat, desde un punto de vista analítico y simplificado, los medios tradicionales pueden ganar dinero de dos formas básicas: mediante ingresos relacionados con sus audiencias —ventas, suscripciones, anuncios comerciales, etcétera— y mediante pagos gubernamentales. Los primeros dependen principalmente de la calidad de la información publicada. Los segundos, sin embargo, dependerán principalmente de la información no publicada: el famoso “no pago para que me peguen”.

El gobierno puede presionar a los medios de varias formas: desde persecuciones judiciales o amenazas, sobornos directos a los dueños, o bien, de manera sutil o indirecta mediante la compra de publicidad gubernamental. Otra forma indirecta sería dar acceso privilegiado a ciertas fuentes noticiosas a los medios más amigables. A este fenómeno se le conoce como “captura gubernamental”.

¿Cómo puede paliarse la captura gubernamental de los medios? En primer lugar, dice Prat, el pluralismo mediático hace más difícil la captura gubernamental: es mucho más difícil presionar a muchos medios que a unos cuantos. En segundo lugar, una “sana distancia” entre medios y gobierno hace más difícil la captura porque eleva el costo político de intentar sesgar a los medios.

Por último, mientras más rentable sea la industria mediática por sí misma —es decir, a mayores ingresos privados—, más costosa o difícil será la captura gubernamental. Un elevado gasto público en propaganda tiene el efecto contrario: facilita la captura o el sesgo de los medios.

La captura gubernamental de los medios es difícil de medir directamente. Pero sus consecuencias no tanto: puede esperarse que haya más alternancia cuanto más verídica sea la información provista por los medios, mientras existan más medios, y mientras éstos sean más rentables.

Como sabemos, cambios tecnológicos recientes —internet, redes sociales, etcétera— han afectado la rentabilidad de los medios tradicionales. Pero si el gobierno puede gastar en publicidad sin mayores controles o restricciones, es posible que el mismo cambio tecnológico que facilita la difusión de más y mejor información, también facilite la captura gubernamental de una industria mediática en declive.

 

Convocatoria para Consejos Distritales INE – CDMX 2018

El 1o de noviembre pasado, se abrió la convocatoria para participar en el proceso de designación de consejeros y consejeras distritales del INE en todo el país para los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021. Se trata de integrar los 300 consejos distritales que organizarán las elecciones federales de 2018 y 2021. La fecha límite para participar en la CIUDAD DE MÉXICO es el MIÉRCOLES 15 de noviembre de 2017.

¿Qué son los Consejos Distritales del IFE?

Durante cada proceso electoral, las juntas distritrales del INE alojan a 300 Consejos Distritales. Son los responsables, por así decirlo, de la organización de las elecciones en cada distrito, y supervisan las actividades del propio INE.

¿Por qué es importante participar?

Dado el desgaste de nuestras instituciones electorales, es muy importante que la ciudadanía ocupe los espacios que la ley misma abre para su participación. Si la sociedad no ocupa al INE desde abajo, ya sabemos quiénes sí lo intentarán: los partidos políticos o los mismos de siempre (insiders). Continue reading