¿Quién vigila al jefe de Gobierno?

El Universal de hoy, 3 de junio de 2010, publica los resultados de su más reciente encuesta de evaluación del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard.  Esta es mi opinión al respecto publicada en el mismo diario (y aquí encontrarán mis columnas previas):

¿Quién vigila al jefe de Gobierno?

Hace tan sólo un año el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, gozaba de niveles de aprobación de 64%, cifra más de diez puntos superior a la aprobación del presidente Calderón en aquellas fechas. Según la encuesta levantada por EL UNIVERSAL entre 21 y 24 de mayo pasados, hoy la aprobación del jefe de Gobierno se encuentra en 50% y es mucho más cercana a la del primer mandatario. El diferencial de aprobación frente a la reprobación de Marcelo Ebrard pasó de 33 puntos porcentuales en junio 2009 a tan sólo 6 puntos en días recientes.

Entre los aspectos mejor evaluados de la gestión de Marcelo Ebrard se encuentra que más de 60% de los encuestados aprueban los programas sociales de la ciudad, como son la atención personas de la tercera edad, madres solteras y apoyos a estudiantes, mientras que muchos otros valoran las obras públicas. Por otro lado, entre los aspectos más negativos de la evaluación, se observa que más de 70% de los capitalinos desaprueban el manejo de las marchas y plantones, el problema del narcomenudeo y la delincuencia. De acuerdo con la misma encuesta, 55% de sus habitantes opinan que el principal problema de la ciudad de México es la inseguridad. De hecho, más de 80% consideran que el jefe de Gobierno no ha logrado combatir la corrupción de la policía y del gobierno de la ciudad.

A la luz de todo lo anterior, 35% de los habitantes del Distrito Federal opinan que el jefe de Gobierno está haciendo un mejor trabajo que el presidente Calderón. ¿A qué puede deberse este diferencial? La brecha entre las percepciones de diferentes niveles de gobierno no es una particularidad de la capital: la evidencia de diversas encuestas indica que las tasas de aprobación del presidente son en general más bajas, y más volátiles, que las de los gobernadores de las entidades federativas.

Una primera y sencilla respuesta sería afirmar que la población en general tiene mayor admiración y respeto por los mandatarios estatales que por el ejecutivo federal. Una respuesta más elaborada es que este fenómeno quizá se debe a que la opinión pública desconoce cuáles son las responsabilidades y obligaciones de un gobernador o jefe de Gobierno y que, incluso conociéndolas, la población en general simplemente no cuente con la información necesaria para emitir un juicio informado.

En una democracia joven como la nuestra, con una larga tradición de centralismo, la población atribuye más responsabilidades y facultades al Ejecutivo federal de las que le corresponden de acuerdo a la ley y otras tantas más que asume en la práctica. Por ello es común que a los presidentes se le premie o castigue dependiendo del rumbo del país, mientras que a un mandatario local se le pueda perdonar algún escándalo mediático o incluso una franca mala gestión.

En la medida en que los líderes de oposición quieren ocupar la silla presidencial (o estar más cerca de ella), éstos dedican tiempo, recursos y esfuerzo en monitorear la gestión del presidente —y sin duda esto es muy saludable en una democracia—. Algo similar ocurre con los cargos estatales, sin embargo, la energía con que legisladores, otros gobernadores y los mismos medios de comunicación vigilan al Jefe de Gobierno no son comparables con el nivel de escrutinio que enfrenta un presidente. Para ilustrar estos efectos asimétricos basta comparar el efecto negativo para el Presidente del aumento del IVA (un punto porcentual) con los que pudo haber tenido el jefe de Gobierno con el aumento en las tarifas del metro, agua y predial en la Ciudad de México —todas ellas de una magnitud mayor.

En la opinión de muchos capitalinos, el jefe de Gobierno también parece haber cosechado buenos frutos por “intentar nuevas cosas”, que van desde mejoras urbanas, actividades recreativas y culturales hasta iniciativas de ley políticamente arriesgadas como el matrimonio gay. Sin embargo, siempre resulta difícil evaluar o contrastar la gestión de un mandatario local con la de otro con recursos similares. Entonces, ¿cómo inducir mayores incentivos para que un jefe de Gobierno se esfuerce más durante su gestión e inducir al mismo tiempo una mayor vigilancia por parte de otros actores políticamente ambiciosos? La respuesta es sencilla y existe en muchas otras democracias: reelección.

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