Desde que el presidente envió al congreso su iniciativa de reforma electoral el pasado 28 de abril de 2022, he dedicado varias de mis columnas en Excélsior a comentar diferentes aspectos de la iniciativa. De entrada, considero es más importante evaluar lo que se propone sustantivamente, en vez de descalificar a priori el quién o el cuándo se propone tal o cual reforma.

Aquí encontrarán una compilación de las columnas más recientes. Hasta el 17 de noviembre son diez.

Designaciones o elecciones (31 marzo 2022)

(…) en algunos países se vota por jueces y el tema ha sido estudiado teórica y empíricamente en las ciencias sociales. Al elegir jueces, ¿se busca identificar habilidades técnicas o habilidades políticas? Un perfil técnico requiere una evaluación curricular cuidadosa, entrevistas especializadas y quizás comparecencias. Un perfil más político puede conseguirse mediante una votación abierta. Cuando los jueces son designados por el Legislativo, es más probable que representen las preferencias de la coalición que los designa. De ahí la importancia de la renovación escalonada y de que cuenten con el consenso o la aprobación de una mayoría legislativa lo más amplia posible.

Por otro lado, cuando los jueces son designados mediante el voto popular, el mecanismo de selección puede favorecer a aspirantes con atributos distintos a las capacidades que se esperan de ciertos cargos: algunos precandidatos a jueces pueden ser más conocidos que otros, algunos tendrán más recursos para gastar en sus campañas, etcétera. Y, sea cual fuere la forma de designación original, su desempeño en el cargo puede estar influenciado por los incentivos que existan para reelegirse o bien evitar ser removido.

(…) Sin duda, designar a representantes y servidores públicos mediante el voto popular tiene virtudes: la legitimidad del voto directo no es trivial ni debe menospreciarse. De hecho, valdría la pena preguntarnos por qué son tan pocos los servidores públicos que se eligen mediante el voto popular y por qué son tantos los que se designan directa o indirectamente por los gobernantes. ¿Por qué no votamos por el fiscal General de la República o por los miembros del gabinete? ¿Por qué no aplicamos una revocación de mandato en el Conacyt? ¿Por qué no votamos si se mantienen o no los subsidios a las gasolinas? El pueblo pone y el pueblo quita, sólo algunas veces.

Reforma electoral, ¿ahorita? (5 mayo 2022)

El pasado 28 de abril, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. La iniciativa toca diferentes aristas del sistema político-electoral del país, unas de mayor o menor relevancia o trascendencia, pero destacan cuatro: una renovación total de los institutos y tribunales electorales locales y federales, una transformación del sistema electoral del Poder Legislativo, congresos y cabildos, una reducción en el financiamiento público a partidos y el acceso a medios, y una redefinición de la propaganda gubernamental.

El aspecto más preocupante de la iniciativa es el “borrón y cuenta nueva” del INE y TEPJF —órganos constitucionalmente autónomos— y la desaparición de los institutos y tribunales electorales locales. La propuesta de renovar cada seis años a todos los consejeros y magistrados es una idea grave y regresiva: la renovación escalonada de los cuerpos colegiados es clave para preservar la autonomía e independencia relativa de estos organismos. Sea cual fuere el método de designación, imagine un escenario en el que cada elección presidencial es organizada y calificada por autoridades con menos de dos años de experiencia en sus respectivos cargos. Continue reading →

En tres columnas anteriores he discutido algunos problemas de la figura de revocación de mandato presidencial, introducida en la Constitución apenas en diciembre de 2019, y cuya ley secundaria apenas está siendo discutida en las cámaras estos días.

La revocación de mandato es, en general, una mala idea. En particular, introducirla y activarla cuando un mandato sexenal ya está en marcha es peor idea aún. La razón principal de mi crítica es que cambiar las reglas del sistema político-electoral en medio de un sexenio en marcha puede ser una forma de beneficiar o perjudicar injustamente al Presidente en turno, y esto puede resultar antidemocrático.

En esta cuarta entrada me ocupo de la aritmética de una inminente revocación de mandato en México.

La aritmética de la revocación de mandato (20 de agosto de 2021)

En columnas anteriores he discutido algunos problemas de la figura de revocación de mandato presidencial, introducida en la Constitución apenas en diciembre de 2019, y cuya ley secundaria apenas está siendo discutida en las cámaras: ¿es sensato remover a un presidente con base en una ley promulgada apenas unos meses antes? Hoy me ocupo de otros problemas.

Como sabemos, la única vía para activar la revocación de mandato presidencial es mediante la solicitud de por lo menos un tres por ciento de la lista nominal de electores: poco más de 2.68 millones ciudadanos que, además, deben provenir de al menos 17 entidades y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de cada una de ellas. Es decir que activar un proceso revocatorio implica un importante esfuerzo de acción colectiva. A diferencia de otras figuras de democracia directa, como la consulta popular, la iniciativa ciudadana, incluso las candidaturas independientes, tiene cierto sentido que una revocación de mandato requiera umbrales mayores para ser activado. La revocación es una solución límite o de última instancia en un régimen presidencial, caracterizado por un periodo fijo de gobierno.

La aritmética de los votos y las opiniones de una revocación de mandato también puede ser bastante incómoda. Considere un escenario hipotético en el que los últimos tres presidentes constitucionales de México hubieran sido elegidos con la figura de revocación de mandato. En 2006, Felipe Calderón fue elegido presidente por poco más de 15 millones de votos con una lista nominal de 71.3 millones de electores: 21% de la lista nominal le dio la presidencia. Cuatro años más tarde, un 20%  de la lista nominal (es decir, la mitad más uno del umbral de 40% de participación requerido por la constitución) podrían haberlo removido. En 2012, Peña Nieto fue elegido con 19.158 millones de votos de una lista nominal de 79.4 millones de electores: 24.1 por ciento de la lista. Cuatro años más tarde, otro 20% de la lista nominal pudo haberlo removido.

En 2018, López Obrador fue elegido con 30.113 millones de votos de una lista nominal de 89.3 millones de electores: 33.7% del electorado. Pues bien, el año próximo, un 20% de la lista nominal podría removerlo. Estos tres ejemplos hipotéticos ilustran como sería posible que una quinta parte del electorado remueva a presidentes que fueron elegidos por una proporción mayor del electorado.

Ahora bien, supongamos que la revocación de mandato prospera al contar con la mayoría absoluta de al menos un cuarenta por ciento del electorado del país. Otro problema no menor es que, si la revocación prospera en un sexenio cualquiera, esto implicaría contar con cuatro presidentes en un periodo de poco más de dos años: el mandatario saliente, el provisional (es decir, quien ocupe la Secretaría de Gobernación), el presidente sustituto —designado por una mayoría absoluta del Congreso de la Unión para concluir el sexenio—, y el nuevo presidente constitucional elegido en las urnas. Frente a este escenario, surgen varias preguntas: ¿Qué tan malo debe ser un gobernante para que se justifique tal nivel de inestabilidad política en tan poco tiempo? ¿Cuánta legitimidad puede tener un presidente sustituto designado por el Congreso? En el contexto nacional actual, ¿de qué sirve remover a un presidente cuando su partido cuenta con la mayoría de ambas Cámaras?

Por último, supongamos que la revocación no prospera y el presidente en turno (el que tenemos ahora o cualquier otro del futuro) es ratificado en el poder. Sin duda él y su partido resultarían fortalecidos con miras a las elecciones presidenciales que ocurrirán dos años más tarde. Si un presidente tiene más entusiasmo por activar un proceso revocatorio que la oposición partidista o de la sociedad civil, ¿estamos frente a un mecanismo de control democrático o una estrategia de propaganda?

Actualización 17oct19: ya son tres.

Este post resume trabajo en proceso en coautoría con Javier Marquez.

La relación entre votos y curules obtenidas en la Cámara de Diputados en México no es lineal. Las curules de mayoría relativa tienen sesgo de sobrerrepresentación, mientras que las curules de representación proporcional se reajustan cuando algún partido activa el límite establecido (ie, que la diferencia entre el porcentaje de votos y el de curules por partido no puede exceder a 8%). Esta gráfica de oraculus y Javier Márquez lo ilustra con claridad (fuente: https://oraculus.mx/diputados2021).

A pesar de tener representación proporcional, el sistema electoral mexicano induce sobrerrepresentación o desproporcionalidad en el Congreso. Existe la idea errónea de que, al contar con 200 curules plurinominales, el “sistema es proporcional pero las coaliciones lo estropean”. Esto no es correcto.

Las 200 curules asignadas por las listas de representación proporcional (RP) atenúan el sesgo mayoritario de las 300 curules uninominales o de mayoría relativa (MR), pero no lo eliminan. Y los límites a la sobrerrepresentación existentes –ie, que la diferencia entre el porcentaje de votos y el de curules por partido no puede exceder a 8%, y que ningún partido pueda tener más de 300 curules– son remedios imperfectos y contingentes.

En conjunto, el sistema electoral mixto mexicano (300 MR + 200 RP + límite 8%) mantiene un sesgo mayoritario, es decir, la sobrerrepresentación de unos partidos a costa de otros. Aunado a esto, algunos partidos políicos han usado las coaliciones electorales para burlar el tope de 8% y exacerbar la sobrerrepresentación. Así lo hizo el PRI-PVEM en la elección para diputaciones federales de 2015. Y así lo hizo la coalición Morena-PT-PES en las elecciones de 2018.

La siguiente gráfica compara el porcentaje de votos obtenido por los partidos en 2018, agrupados en 3 bloques, con 3 diferentes repartos de la Cámara:

• Distribución del voto total para diputaciones en 2018 (barras color verde): Morena+PT+PES 43.6%, PAN+PRD+MC 27.6%, PRI+PVEM+NA 23.8%.
• A. Una Cámara hipotética si no hubiera habido coaliciones (barras azul marino)
• B. La asignación inicial de curules para la Cámara de Diputados (23-ago-2018)
• C. Distribución de curules MR: una Cámara “sin plurinominales” (barras color gris).

La brecha entre los votos y la Cámara hipotética (A) denota el sesgo mayoritario del sistema si no hubiera habido coaliciones. La brecha entre la Cámara hipotética (A) y la asignación inicial de la Cámara (B) denota el sesgo adicional inducido por las coaliciones. La brecha entre los votos y la distribución de curules MR (C) denota la sobrerrepresentación si no hubiera plurinominales.

Por otro lado, suele pensarse que las coaliciones sirven para ganar votos en distritos reñidos y, con ello, maximizar triunfos de mayoría relativa entre los partidos coaligados. Pero no siempre es así: las coaliciones buscan aumentar el tamaño de la bancada conjunta de los partidos aliados, tanto en MR como en RP, burlando el tope de sobrerrepresentación de 8%.

La coalición de Morena-PT-PES en 2018 ilustra esta estrategia. Si no hubiera habido coalición pero los votos observados en 2018 se mantuvieran sin cambio, los resultados hubieran sido:

Votos Morena + PT + PES: 37.3 + 3.9 + 2.4% = 43.6%
Morena: 227 MR + 19 RP = 246 curules
PT: 0 MR + 14 RP
PES: 0 MR + 0 RP
Total: 227 MR + 14 RP = 260 curules (52%)

Sin embargo, con la coalición, el reparto fue el siguiente:

Morena 106 MR + 85 RP = 191 curules
PT 58 MR + 3 RP = 61
PES 56 MR + 0 RP = 56
Total: 220 MR + 88 RP = 308 (61.6%)

En el escenario hipotético “Sin coalición”, entre Morena + PT + PES hubieran ganado en 227 distritos MR, gracias al voto de Morena, pero sólo tendrían 33 diputaciones RP. Sin embargo, con la coalición, entre los 3 partidos ganaron en 220 distritos… pero pasaron de 33 a 88 plurinominales. La “coalición” implicó perder 7 distritos MR pero permitió ganar 55 plurinominales, para una ganancia neta de 48 diputaciones para la coalición.

Es así como las coaliciones han sido utilizadas para transferir triunfos de mayoría relativa del partido mayoritario a los partidos aliados de menor tamaño, para así conseguir un mayor número de diputados plurinominales y una bancada que, en conjunto, supera en más de 8% los votos obtenidos: con 45.7% de la votación nacional emitida, consiguió 61.6% de la Cámara inicial, una diferencia de 15.9%.

La revocación de mandato es una mala idea, en general. Introducirla a lo largo de un mandato que ya está en marcha, es peor aún. El común denominador de algunos países que han impulsado la revocación de mandato en América Latina en años recientes es claro: reformar la constitución para, eventualmente, beneficiarse a sí mismos.

En abril de 2018, durante las campañas, como en marzo de 2019, dediqué mi columna de Excélsior a analizar la figura de “revocación de mandato” que el presidente López Obrador ha propuesto introducir en nuestro sistema electoral buscando que entre en vigor durante su misma administración. Dado que en estas fechas se volverá a discutir el tema en el Senado, aquí encontrarán ambas columnas.

Actualización 17oct19: ya son tres. Continue reading →

En mi columna semanal para Excélsior (11-abr-2019) discuto la iniciativa de Ricardo Monreal para ampliar la SCJN.

¿Palomas mensajeras a la Corte?

El pasado miércoles 3 de abril, el presidente informó a través de sus redes sociales que se había reunido con el senador Ricardo Monreal a desayunar chilaquiles. Un día después, conversó con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y reiteró que existía “un ambiente excepcional caracterizado por la amistad, cooperación y respeto a la división y equilibrio de poderes”.

Con el senador Ricardo Monreal. El puntal: chilaquiles, frijol, jugo de toronja y queques.

Antes se acostumbraba comer bien desde temprano para aguantar todo el día; luego se adoptó el desayuno ligero. Los nutriólogos sostienen que el alimento más importante es el de la mañana. pic.twitter.com/3MR5Hcpk0T

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 3, 2019

Conversé con el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existe un ambiente excepcional caracterizado por la amistad, cooperación y respeto a la división y equilibrio de poderes. pic.twitter.com/4KbPyMccI4

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 4, 2019

Ese mismo día, el senador Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma constitucional para ampliar la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 16 ministros.

Continue reading →

Las candidaturas independientes han sido un tema recurrente en mi columna de Excélsior, “Voto razonado”, e incluso desde tiempo atrás. Aquí un breve recuento de algunas de ellas, desde 2010 hasta marzo 2018, en orden cronológico.

• Juanito quiere ser candidato  (22 enero 2010). El argumento a favor de las candidaturas independientes.
• Los independientes (3 mayo 2014). ¿Cómo regular las candidaturas independientes?
• Miedo a los independientes (10 octubre 2015). Un balance de la figura en las elecciones de 2015.
• Uno por ciento (14 octubre 2017). Candidaturas independientes en el arranque del proceso 2018.
• Marichuy (4 noviembre 2017). No todos los aspirantes son iguales.

Apoyos fake (17 marzo 2018)

En este espacio he discutido las ventajas y desventajas de la figura de candidaturas independientes, una reciente novedad de nuestro sistema electoral. Dije, por ejemplo, que si los umbrales de apoyos requeridos eran excesivos, sería relativamente más fácil que consiguieran el registro las y los aspirantes a candidaturas locales o diputaciones, antes que al Senado o la Presidencia.

Otra implicación de tener barreras excesivas para llegar a la boleta electoral era que tendrían mayores posibilidades de lograrlo quienes contaran con un historial partidista, o bien, acceso a una estructura cuasi partidista. Sea como fuere, también señalé que no era sencillo cuestionar los motivos de quienes intentaran ejercer sus derechos políticos sin someter  a un doble rasero a los aspirantes partidistas y no partidistas.

Hoy que está por concluir la etapa de recabar apoyos para candidaturas independientes federales, varias de estas implicaciones se han materializado. A la fecha, contaremos con 39 candidaturas independientes a la Cámara y siete al Senado. Para la Presidencia, el INE anunció, este viernes 16 de marzo, que de manera preliminar sólo una aspirante cumplió con el requisito de recabar 866,593 apoyos válidos: Margarita Zavala. Tentativamente, tanto Jaime Rodríguez como Armando Ríos Piter, quienes hasta hace unos días parecían haber recabado más apoyos que Zavala, no lograron superar la meta requerida por la ley.

De acuerdo con los registros preliminares del INE, los tres principales aspirantes habrían recabado más de millón y medio de apoyos. Sin embargo, de los poco más de dos millones de apoyos recabados por Jaime Rodríguez, 59 por ciento resultó inválido. De los más de un millón 765 mil apoyos recabados por Ríos Piter, 86 por ciento fue inválido. Y del millón 578 mil  774 apoyos recabados por Zavala, 45 por ciento resultó inválido. ¿Con qué credibilidad puede buscar la Presidencia un aspirante que entregó más de un millón de apoyos espurios, como Rodríguezo Ríos? ¿Es aceptable lograr la meta con más de 700 mil apoyos inválidos, como Zavala?

Entre las inconsistencias principales, destacan la simulación de una credencial para votar mediante el uso de una plantilla o formato —apoyos estilo Photoshop—, o bien, usar fotocopias de credenciales para votar —u otro tipo de documentos—, cuando los lineamientos requerían explícitamente una fotografía de la credencial.

Tras descontar estas irregularidades, a Jaime Rodríguez le faltaron 31,082 apoyos para superar la meta, mientras que a Ríos Piter le faltaron más de 600 mil apoyos. El caso de Margarita Zavala también es endeble, puesto que bastaría invalidar 3,576 de sus apoyos para que no cumpliera con el requisito de ley.

Los aspirantes tienen cinco días para resolver dudas y hacer aclaraciones antes de que el Consejo General del INE resuelva si llegan a la boleta electoral. La última palabra, si acaso alguien duda que el asunto será impugnado, la tendrá el Tribunal Electoral. ¿Debe haber una tolerancia o margen de error en el número de apoyos recabados? El Bronco quizás argumentará que sí. ¿Se puede presumir dolo al presentar miles de apoyos irregulares? Ríos Piter quizás argumente que no. Ricardo Anaya podría tener un interés especial en revisar a fondo los apoyos de Margarita Zavala.

In claris non fit interpretatio es un principio jurídico que sugiere que cuando la ley es clara y explícita sobre un requisito u obligación, no cabe lugar a la interpretación por parte de un juez. Este principio suele obviarse, por ejemplo, para interpretar la intencionalidad de votos válidos o inválidos. ¿Ocurrirá lo mismo para los apoyos?

Addendum. (26 marzo 2018). El TEPJF ha declarado como inválidos los apoyos registrados con fotocopias de las credenciales para votar.

En una semana comienzan oficialmente las campañas electorales rumbo al 1o de julio de 2018. En los últimos meses he escrito varias columnas en Excélsior en torno al sistema de partidos, la selección de candidaturas presidenciales, las coaliciones electorales, las fracturas partidistas y el transfuguismo. Mis argumentos centrales son tres: los partidos políticos no son democráticos, el sistema de partidos es frágil y, probablemente, para finales de año tendremos un nuevo sistema de partidos. Aquí las ligas respectivas, en orden cronológico:

• Supervivencia partidista (12 agosto 2017). Sobre la Asamblea del PRI.
• El dedazo iluminado (26 agosto 2017). ¿Son defendibles las desginaciones por dedazo?
• Fracturas partidistas (7 octubre 2017). Sobre la salida de Margarita Zavala del PAN.
• ¿Sin candidatos? (25 noviembre 2017). Sobre la baja calidad de los candidatos presidenciales partidistas.
• El dilema del Frente (2 diciembre 2017). Sobre la coalición PAN-PRD-MC.
• Transfuguismo (27 enero 2018). A algunos partidos les sobran cuadros, a otros les faltan.
• Las otras coaliciones (3 febrero 2018). ¿A quién apoyarán los gobernadores?

¿Sin partidos? (24 marzo 2018)

Estamos a cien días de las elecciones más complicadas, en términos del número de cargos a ser votados, de nuestra historia reciente. Sobra decir que muchos votantes llegan a esta elección con cierto desánimo, tanto por el desgaste de los malos gobiernos recientes como por la mala calidad de la oferta de candidaturas y plataformas que presentarán los partidos políticos. ¿Acaso valdría la pena tener elecciones o gobiernos sin partidos?

Comencemos con un poco de teoría. Los partidos políticos son instituciones útiles para facilitar la acción colectiva: Organizar a ciudadanos con intereses o preocupaciones similares, o bien, facilitar la interacción entre votantes y candidatos. En ausencia de partidos, para muchas personas sería más difícil decidir su voto.

Por otro lado, los partidos también sirven para facilitar la toma de decisiones colectivas por parte de los representantes políticos. Por ejemplo, la negociación al interior de un Congreso, o bien, las relaciones entre éste y el Ejecutivo. En ausencia de partidos, el proceso legislativo podría ser más complicado.

Suele decirse que sin partidos no hay democracia. Puede ser. Sin embargo, esto no equivale a decir que los partidos existentes merezcan subsidios generosos o la protección de un sinnúmero de barreras legales que impidan la entrada de nuevos partidos o candidaturas independientes.

¿Cómo sería un mundo sin partidos? Hagamos un breve experimento mental. Imagine por un momento que en las próximas elecciones estuviera prohibido usar logotipos y etiquetas partidistas. Muchos celebrarían que millones de electores concurrieran a las urnas para votar por una serie de presuntos héroes apartidistas. Sin embargo, sin ayuda del atajo partidista, para muchas personas sería difícil decidir su voto. Y para los candidatos mismos sería difícil hacer campaña sin señales o lemas partidistas.

Ahora imagine un Congreso elegido al azar y sin etiquetas partidistas. Todo sería muy complicado al principio, pero tras ciertas negociaciones y votaciones, las y los legisladores irían decantándose en dos grupos más o menos bien definidos: Uno a favor del gobierno en turno y otro grupo opositor. He ahí los primeros dos partidos políticos. Y para organizarse mejor, es probable que cada grupo eligiera un líder… de partido.

De modo que los partidos son un instrumento útil tanto para políticos ambiciosos como para votantes desinformados. Y en el momento en que cierto partido deja de ser útil para tal o cual grupo político, éste podría intentar transformarlo o de plano abandonarlo. Al repetirse este proceso varias veces, un resultado natural sería un “sistema de partidos” de diversa índole: Los partidos emergen y evolucionan a lo largo del proceso político electoral.

Sea cual fuere el resultado electoral de julio, es muy probable que para el primero de diciembre próximo tengamos un nuevo sistema de partidos. Por un lado, están las extrañas coaliciones de las candidaturas presidenciales, amarradas todas con alfileres, por así decirlo. Por otro lado, el transfuguismo de unos partidos hacia otros va en ascenso. Por último, ante el desgaste de los partidos tradicionales —quienes más han abusado de sus electores—, es muy probable que este 2018 tengamos la votación partidista más fragmentada de nuestra historia.

Una vez que se conozcan los resultados electorales, habrá nuevos ajustes. Los políticos no tragan lumbre: Habrá quien decida apoyar al nuevo gobierno —independientemente de si lo hizo durante las campañas— y quien no. ¿Será mejor o peor este nuevo sistema de partidos? Depende, en parte, de cómo votemos.

Addendum. (26 marzo 2018)

Alguien, algún día, tendrá que escribir sobre las tendencias suicidas al interior de PAN y PRD, los supuestos partidos políticos detrás de la transición democrática. ¿O será un fenómeno natural en todo sistema de partidos? Van tres ejemplos.

1. ¿Qué hicieron con el PAN tanto Fox como Calderón? Hoy, los dos expresidentes panistas trabajan para otras causas. En el caso del PRD, ninguno de sus excandidatos presidenciales o más altos funcionarios siguen allí: desde Muñoz Ledo y Cárdenas hasta AMLO y Ebrard.

2. Mientras tanto, en MORENA, los más férreos (¿legítimos?) simpatizantes de su líder se extrañan ante la llegada de más y más expanistas y expriístas al movimiento. AMLO presume más a los primeros que los segundos, por cierto. Quizás por estrategia.

3. Mientras tanto, en el PRI, su candidato presidencial presume su “no militancia” y se perfilan a volver a perder la presidencia y quedar en tercer lugar. Muchos priístas militantes quizás migrarán a Morena.

En las últimas semanas he comentado varios aspectos de las elecciones locales de este año en México–en mi columna “Voto razonado” de Excélsior. Aquí la tercera de ellas.

Candidaturas efectivas (27 mayo 2017)

Al inicio de muchas contiendas electorales se habla de “elecciones de tres”, o bien de encuestas que muestran “un empate a tercios”. Con miras a la futura elección presidencial, por ejemplo, hay quien habla de la terrible posibilidad de tener un presidente electo con menos de un tercio de votos. Y conforme se acerca el final de las campañas, la historia casi siempre evoluciona del siguiente modo: “Pues parecía que era una elección de tres, pero, la verdad, es que ya es de dos”.

Si bien es posible que una elección por un cargo de mayoría relativa acabe siendo disputada “a tercios”, lo cierto es que este resultado no es muy frecuente. ¿Por qué es tan predecible la historia de elecciones que se disputan entre dos punteros y, en su caso, un puñado de candidaturas testimoniales?

Las reglas electorales producen dos tipos de efectos en los resultados: los llamados efectos sicológicos y, por otro lado, efectos mecánicos o aritméticos. El politólogo francés Maurice Duverger estudió la tendencia de los sistemas de mayoría relativa a producir sistemas bipartidistas o cercanos al bipartidismo. Por un lado, la regla de mayoría produce sobrerrepresentación de ciertos partidos a costa de la subrepresentación de otros-éste podría considerarse el efecto mecánico. Por otro lado, bajo la regla de mayoría, también puede esperarse que el electorado vote de manera estratégica e ignore a las candidaturas o partidos con pocas posibilidades reales de ganar, aunque estas sean sus opciones favoritas. El llevado y traído voto útil puede considerarse un efecto sicológico. Y entre la sobrerrepresentación de unos y el voto útil de otros, no es difícil pronosticar “contiendas de dos”.

Desde este punto de vista, la típica historia de una campaña que comienza fragmentada y acaba decantándose entre dos no es más que el proceso en el cual el electorado descubre o averigua quiénes son las dos candidaturas por las cuales vale la pena “salir a votar para no desperdiciar su voto”. Esto no obsta, por supuesto, para que muchas personas insistan en votar por candidaturas sin posibilidades reales de ganar —pero esa es harina de otro costal—.

Una forma de medir este fenómeno es utilizando una fórmula matemática llamada el número efectivo de partidos o candidatos (NEP o NEC). Este se calcula como el inverso de la suma de las proporciones de votos obtenidos por cada candidatura, elevadas al cuadrado. Este procedimiento otorga un mayor peso relativo a las candidaturas que obtienen más votos que las candidaturas menores. Por ejemplo, una elección con tres candidatas que obtengan 45, 40 y 15% de votos, respectivamente, tendría un número efectivo de candidaturas de 2.6. Y una contienda 60/40, tendría un índice de 1.92.

Si tomamos en cuenta las elecciones para gubernaturas en México realizadas entre 2003 y 2013, el número efectivo de candidaturas promedio fue de 2.49. Según este criterio, menos de 15 por ciento de ellas acabaron siendo elecciones “de tercios” o fragmentadas de algún modo similar. En los casos en los que ha habido coalición PAN-PRD, por ejemplo, el número efectivo de candidaturas promedio ha sido de 2.26.

Este mismo indicador puede utilizarse para medir el número efectivo de partidos en otro tipo de contiendas. Por ejemplo, si analizamos los porcentajes de votos obtenidos por cada partido para elecciones legislativas a nivel estatal, el número efectivo de partidos es de tres. La elección presidencial del año 2000 tuvo un NEP de 2.5, mientras que la de 2006 tuvo tres. Para tener una contienda electoral reñida, basta tener al menos dos candidaturas efectivas.

En las últimas semanas he comentado varios aspectos de las elecciones locales de este año en México en mi columna “Voto razonado” de Excélsior. Aquí la segunda de ellas.

Clientelismo y participación (20 mayo 2017)

La semana pasada, en este mismo espacio, comentaba la aparente paradoja de que en algún país o entidad pueda haber un claro “deseo de cambio” en el partido en el gobierno y que éste no necesariamente venga acompañado de alternancia en el poder. Una primera respuesta es una falla de coordinación: si la oposición no logra construir una alianza opositora, un partido político indeseable para una mayoría absoluta del electorado puede acabar manteniendo el poder por mayoría relativa —beneficiándose de la fragmentación del voto opositor—. Una segunda respuesta tenía que ver con la calidad de las candidaturas: para ganar una elección reñida hacen falta candidatas (os) de calidad— o por lo menos contar con mejores candidaturas que las del partido en el gobierno—.

Una tercera posibilidad es que la alternancia no llega porque los partidos en el gobierno recurren a su “maquinaria” de movilización, compra o intimidación de votos: el así llamado clientelismo. Como sabemos, las elecciones locales inducen una menor participación electoral que las presidenciales. En principio, una elección en una demarcación pequeña —como un municipio o distrito local— y con baja participación electoral puede resultar más susceptible al clientelismo: es más fácil comprar unos cuantos cientos o miles de votos —y que éstos afecten de manera determinante el resultado—, que millones de ellos.

Hay quien dice que, a pesar de todos los esfuerzos legales e institucionales para contar con elecciones libres y justas, el clientelismo ha venido en aumento con la transición democrática de nuestro país. Puede ser. En la medida que haya más elecciones reñidas, los partidos políticos de cualquier signo tendrán mayores incentivos para intentar comprar votos. La lógica es similar: una elección reñida puede decidirse con pocos votos. El otro lado de la moneda es que las elecciones reñidas también pueden inducir mayor participación electoral.

Si todo lo anterior es cierto, hay dos claves para derrotar el clientelismo: buscar una mayor participación electoral y tener más elecciones locales concurrentes con las federales. En el mismo sentido, hay quienes incluso sugieren que hacer obligatorio el voto es un buen antídoto contra el clientelismo, por ejemplo. La consecuencia de estas medidas sería reducir el peso relativo de las maquinarias electorales y el clientelismo.

¿Existe un sesgo partidista en la participación o abstencionismo electorales? Por mucho tiempo se creyó que sí, pero lo cierto es que esto depende del año y el tipo de elección que se analice. Si consideramos las elecciones federales de 2012, el abstencionismo no estuvo asociado con una mayor proporción de votos para el PRI (y en 2015 ésta relación fue negativa).

Por otro lado, si analizamos los resultados de elecciones locales entre 2003 y 2015, resulta que en las elecciones municipales y para congresos locales el abstencionismo sí ha beneficiado al PRI. Por último, si sólo consideramos las elecciones para gubernaturas en el mismo periodo, nuevamente no parece haber una relación sistemática entre abstencionismo y votos para el PRI.

¿Cómo interpretar esta evidencia aparentemente  contradictoria? Por un lado, hay que recordar que, al igual que en el gobierno federal, la mayoría de los estados y municipios ya han tenido alternancia partidista. Si una mayor participación electoral —el supuesto antídoto del clientelismo— no siempre perjudica al PRI, pueden inferirse dos cosas: o bien, el clientelismo ya no es una práctica exclusiva del otrora partido hegemónico, o bien el antídoto en realidad no funciona como se esperaba.

En las últimas semanas he comentado varios aspectos de las elecciones locales de este año en México en mi columna de Excélsior, “Voto razonado”. Aquí la primera de ellas.

Incertidumbre local (13 mayo 2017)

Estamos en la recta final de las campañas electorales en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Tan sólo hace seis años, Eruviel Ávila y Rubén Moreira obtuvieron más del 60% de los votos de sus respectivas entidades. Eran otros tiempos en ese lejano 2011, sin duda. A diferencia del pasado, en que las elecciones en lugares como Coahuila o el Estado de México eran relativamente predecibles por ser sendos bastiones priistas, este año ambas gubernaturas lucen sumamente reñidas.

El 2 de mayo pasado, en una mesa redonda sobre elecciones locales organizada por el CIDE, Lorena Becerra —politóloga y experta en opinión pública—, señaló que según las encuestas levantadas  por el diario Reforma a finales de abril, 78% del electorado en el Estado de México y 71% en Coahuila considera que debe cambiar el partido en el gobierno. A partir de ese par de datos, uno podría inferir que las probabilidades de triunfo del PRI en aquellas entidades son relativamente bajas. ¿Será? Por otro lado, las intenciones de voto reveladas en esas mismas encuestas, y otras más, sugieren otra cosa: se trata de elecciones reñidas y de pronóstico reservado entre el PRI y el PAN en un caso, y entre el PRI y Morena, en el otro.

Por desgracia, a diferencia de las elecciones presidenciales, en el caso de las elecciones locales contamos con relativamente menos encuestas públicas. Para el Estado de México, la entidad más grande en juego este año, cuatro periódicos nacionales publicaron encuestas durante abril pasado: El Economista, El Financiero, El Universal y Reforma.

A partir de los resultados de estas cuatro encuestas, Javier Márquez —experto en estadística y opinión pública— ha realizado un meta-análisis obteniendo los siguientes resultados: hacia finales de abril, Alfredo Del Mazo tendría entre 20 y 23% de las preferencias, Delfina Gómez entre 17 y 23%, y Josefina Vázquez Mota entre 14 y 17 por ciento. Estos intervalos son relativamente bajos porque no incluyen una tasa de no respuesta elevada aún de entre 23 y 32% del electorado.

Meta análisis de Javier Márquez

¿Quién ganará? No lo sabemos y eso, de entrada, ya es una buena señal de la importancia del voto a nivel local. ¿Fallarán las encuestas? Tampoco lo sabemos aún. Hace apenas un año, la elección de gobernador en Veracruz lucía “empatada a tercios” y, al final de cuentas, el margen entre el primer y segundo lugar fue de 4.5 puntos porcentuales, y de ocho puntos entre primer y tercer lugar.

¿Cómo puede haber un claro hartazgo y deseo de cambio en una entidad y que, al mismo tiempo, no tengamos claro si habrá alternancia o no? Hay tres respuestas, al menos. En un sistema multipartidista, para ganar una gubernatura hace falta construir coaliciones. De ser posible, es natural y deseable que haya una coalición opositora. En su defecto, cuando los partidos no son capaces de hacer esto, hace falta una coalición de votantes (para eso sirve el llamado voto útil).

En ausencia de coaliciones, la fragmentación del voto puede acabar favoreciendo al partido en el poder. Por ello, un segundo elemento tiene que ver con la calidad de las campañas. Incluso en ausencia de coaliciones, una campaña profesional puede ayudar al electorado a decantarse por la mejor candidatura opositora.

El tercer elemento tiene que ver con la calidad de las candidatas (os). Más allá de las estructuras, el presupuesto y la estrategia de cada partido o campaña, todos ellos factores importantes, para ganar una elección hacen falta buenos candidatos (as). Las campañas son esa ocasión única en que el electorado indeciso puede dilucidar quién merece su voto. Pero lo necesario no siempre es suficiente.