Candidaturas independientes 2018

Las candidaturas independientes han sido un tema recurrente en mi columna de Excélsior, “Voto razonado”, e incluso desde tiempo atrás. Aquí un breve recuento de algunas de ellas, desde 2010 hasta marzo 2018, en orden cronológico.

Apoyos fake (17 marzo 2018)

En este espacio he discutido las ventajas y desventajas de la figura de candidaturas independientes, una reciente novedad de nuestro sistema electoral. Dije, por ejemplo, que si los umbrales de apoyos requeridos eran excesivos, sería relativamente más fácil que consiguieran el registro las y los aspirantes a candidaturas locales o diputaciones, antes que al Senado o la Presidencia.

Otra implicación de tener barreras excesivas para llegar a la boleta electoral era que tendrían mayores posibilidades de lograrlo quienes contaran con un historial partidista, o bien, acceso a una estructura cuasi partidista. Sea como fuere, también señalé que no era sencillo cuestionar los motivos de quienes intentaran ejercer sus derechos políticos sin someter  a un doble rasero a los aspirantes partidistas y no partidistas.

Hoy que está por concluir la etapa de recabar apoyos para candidaturas independientes federales, varias de estas implicaciones se han materializado. A la fecha, contaremos con 39 candidaturas independientes a la Cámara y siete al Senado. Para la Presidencia, el INE anunció, este viernes 16 de marzo, que de manera preliminar sólo una aspirante cumplió con el requisito de recabar 866,593 apoyos válidos: Margarita Zavala. Tentativamente, tanto Jaime Rodríguez como Armando Ríos Piter, quienes hasta hace unos días parecían haber recabado más apoyos que Zavala, no lograron superar la meta requerida por la ley.

De acuerdo con los registros preliminares del INE, los tres principales aspirantes habrían recabado más de millón y medio de apoyos. Sin embargo, de los poco más de dos millones de apoyos recabados por Jaime Rodríguez, 59 por ciento resultó inválido. De los más de un millón 765 mil apoyos recabados por Ríos Piter, 86 por ciento fue inválido. Y del millón 578 mil  774 apoyos recabados por Zavala, 45 por ciento resultó inválido. ¿Con qué credibilidad puede buscar la Presidencia un aspirante que entregó más de un millón de apoyos espurios, como RodríguezRíos? ¿Es aceptable lograr la meta con más de 700 mil apoyos inválidos, como Zavala?

Entre las inconsistencias principales, destacan la simulación de una credencial para votar mediante el uso de una plantilla o formato —apoyos estilo Photoshop—, o bien, usar fotocopias de credenciales para votar —u otro tipo de documentos—, cuando los lineamientos requerían explícitamente una fotografía de la credencial.

Tras descontar estas irregularidades, a Jaime Rodríguez le faltaron 31,082 apoyos para superar la meta, mientras que a Ríos Piter le faltaron más de 600 mil apoyos. El caso de Margarita Zavala también es endeble, puesto que bastaría invalidar 3,576 de sus apoyos para que no cumpliera con el requisito de ley.

Los aspirantes tienen cinco días para resolver dudas y hacer aclaraciones antes de que el Consejo General del INE resuelva si llegan a la boleta electoral. La última palabra, si acaso alguien duda que el asunto será impugnado, la tendrá el Tribunal Electoral. ¿Debe haber una tolerancia o margen de error en el número de apoyos recabados? El Bronco quizás argumentará que sí. ¿Se puede presumir dolo al presentar miles de apoyos irregulares? Ríos Piter quizás argumente que no. Ricardo Anaya podría tener un interés especial en revisar a fondo los apoyos de Margarita Zavala.

In claris non fit interpretatio es un principio jurídico que sugiere que cuando la ley es clara y explícita sobre un requisito u obligación, no cabe lugar a la interpretación por parte de un juez. Este principio suele obviarse, por ejemplo, para interpretar la intencionalidad de votos válidos o inválidos. ¿Ocurrirá lo mismo para los apoyos?

Addendum. (26 marzo 2018). El TEPJF ha declarado como inválidos los apoyos registrados con fotocopias de las credenciales para votar.

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Partidos, coaliciones y candidaturas

En una semana comienzan oficialmente las campañas electorales rumbo al 1o de julio de 2018. En los últimos meses he escrito varias columnas en Excélsior en torno al sistema de partidos, la selección de candidaturas presidenciales, las coaliciones electorales, las fracturas partidistas y el transfuguismo. Mis argumentos centrales son tres: los partidos políticos no son democráticos, el sistema de partidos es frágil y, probablemente, para finales de año tendremos un nuevo sistema de partidos. Aquí las ligas respectivas, en orden cronológico:

¿Sin partidos? (24 marzo 2018)

Estamos a cien días de las elecciones más complicadas, en términos del número de cargos a ser votados, de nuestra historia reciente. Sobra decir que muchos votantes llegan a esta elección con cierto desánimo, tanto por el desgaste de los malos gobiernos recientes como por la mala calidad de la oferta de candidaturas y plataformas que presentarán los partidos políticos. ¿Acaso valdría la pena tener elecciones o gobiernos sin partidos?

Comencemos con un poco de teoría. Los partidos políticos son instituciones útiles para facilitar la acción colectiva: Organizar a ciudadanos con intereses o preocupaciones similares, o bien, facilitar la interacción entre votantes y candidatos. En ausencia de partidos, para muchas personas sería más difícil decidir su voto.

Por otro lado, los partidos también sirven para facilitar la toma de decisiones colectivas por parte de los representantes políticos. Por ejemplo, la negociación al interior de un Congreso, o bien, las relaciones entre éste y el Ejecutivo. En ausencia de partidos, el proceso legislativo podría ser más complicado.

Suele decirse que sin partidos no hay democracia. Puede ser. Sin embargo, esto no equivale a decir que los partidos existentes merezcan subsidios generosos o la protección de un sinnúmero de barreras legales que impidan la entrada de nuevos partidos o candidaturas independientes.

¿Cómo sería un mundo sin partidos? Hagamos un breve experimento mental. Imagine por un momento que en las próximas elecciones estuviera prohibido usar logotipos y etiquetas partidistas. Muchos celebrarían que millones de electores concurrieran a las urnas para votar por una serie de presuntos héroes apartidistas. Sin embargo, sin ayuda del atajo partidista, para muchas personas sería difícil decidir su voto. Y para los candidatos mismos sería difícil hacer campaña sin señales o lemas partidistas.

Ahora imagine un Congreso elegido al azar y sin etiquetas partidistas. Todo sería muy complicado al principio, pero tras ciertas negociaciones y votaciones, las y los legisladores irían decantándose en dos grupos más o menos bien definidos: Uno a favor del gobierno en turno y otro grupo opositor. He ahí los primeros dos partidos políticos. Y para organizarse mejor, es probable que cada grupo eligiera un líder… de partido.

De modo que los partidos son un instrumento útil tanto para políticos ambiciosos como para votantes desinformados. Y en el momento en que cierto partido deja de ser útil para tal o cual grupo político, éste podría intentar transformarlo o de plano abandonarlo. Al repetirse este proceso varias veces, un resultado natural sería un “sistema de partidos” de diversa índole: Los partidos emergen y evolucionan a lo largo del proceso político electoral.

Sea cual fuere el resultado electoral de julio, es muy probable que para el primero de diciembre próximo tengamos un nuevo sistema de partidos. Por un lado, están las extrañas coaliciones de las candidaturas presidenciales, amarradas todas con alfileres, por así decirlo. Por otro lado, el transfuguismo de unos partidos hacia otros va en ascenso. Por último, ante el desgaste de los partidos tradicionales —quienes más han abusado de sus electores—, es muy probable que este 2018 tengamos la votación partidista más fragmentada de nuestra historia.

Una vez que se conozcan los resultados electorales, habrá nuevos ajustes. Los políticos no tragan lumbre: Habrá quien decida apoyar al nuevo gobierno —independientemente de si lo hizo durante las campañas— y quien no. ¿Será mejor o peor este nuevo sistema de partidos? Depende, en parte, de cómo votemos.

Addendum. (26 marzo 2018)

Alguien, algún día, tendrá que escribir sobre las tendencias suicidas al interior de PAN y PRD, los supuestos partidos políticos detrás de la transición democrática. ¿O será un fenómeno natural en todo sistema de partidos? Van tres ejemplos.

1. ¿Qué hicieron con el PAN tanto Fox como Calderón? Hoy, los dos expresidentes panistas trabajan para otras causas. En el caso del PRD, ninguno de sus excandidatos presidenciales o más altos funcionarios siguen allí: desde Muñoz Ledo y Cárdenas hasta AMLO y Ebrard.

2. Mientras tanto, en MORENA, los más férreos (¿legítimos?) simpatizantes de su líder se extrañan ante la llegada de más y más expanistas y expriístas al movimiento. AMLO presume más a los primeros que los segundos, por cierto. Quizás por estrategia.

3. Mientras tanto, en el PRI, su candidato presidencial presume su “no militancia” y se perfilan a volver a perder la presidencia y quedar en tercer lugar. Muchos priístas militantes quizás migrarán a Morena.

Medios, corrupción y captura gubernamental

En varias ocasiones he dedicado mi columna de Excélsior, Voto razonado, a comentar diversos aspectos de la relación entre libertad de prensa, medios masivos de comunicación, combate a la corrupción y la posibilidad de que el gobierno intente capturar o sesgar a los medios. He aquí algunas de ellas, en orden cronológico.

Publicidad gubernamental (6 enero 2018)

El 25 de diciembre de 2017, el New York Times publicó en primera plana un reportaje sobre la influencia de la publicidad gubernamental en la cobertura mediática en México. El reportaje suscitó una interesante discusión y hoy quiero ocuparme de algunas aristas de este importante tema.

En otro momento (18-marzo-2017) he discutido cómo los medios libres e independientes pueden ayudar a vigilar el desempeño gubernamental de diversas formas, y su importante papel para combatir la corrupción de los gobiernos.

Dado que el gobierno dispone de tiempos oficiales en radio y televisión, el gasto en publicidad gubernamental difícilmente puede considerarse de interés público. Una industria mediática libre e independiente no debería requerir subsidios para sobrevivir. Al recibir pagos o subsidios, los medios se vuelven menos independientes. En caso de haber interés público en cierto gasto publicitario, entonces son necesarias reglas claras y transparentes para su ejercicio. Veamos por qué.

Andrea Prat, profesor de la Universidad de Columbia, ha estudiado la economía política de los medios de comunicación masiva. Al exhibir corruptelas ante una sociedad poco informada, los medios libres e independientes pueden ser una verdadera amenaza para los políticos en el poder. De serles posible, los gobiernos de cualquier signo buscarán formas de silenciar o sesgar a los medios en su favor.

Según Prat, desde un punto de vista analítico y simplificado, los medios tradicionales pueden ganar dinero de dos formas básicas: mediante ingresos relacionados con sus audiencias —ventas, suscripciones, anuncios comerciales, etcétera— y mediante pagos gubernamentales. Los primeros dependen principalmente de la calidad de la información publicada. Los segundos, sin embargo, dependerán principalmente de la información no publicada: el famoso “no pago para que me peguen”.

El gobierno puede presionar a los medios de varias formas: desde persecuciones judiciales o amenazas, sobornos directos a los dueños, o bien, de manera sutil o indirecta mediante la compra de publicidad gubernamental. Otra forma indirecta sería dar acceso privilegiado a ciertas fuentes noticiosas a los medios más amigables. A este fenómeno se le conoce como “captura gubernamental”.

¿Cómo puede paliarse la captura gubernamental de los medios? En primer lugar, dice Prat, el pluralismo mediático hace más difícil la captura gubernamental: es mucho más difícil presionar a muchos medios que a unos cuantos. En segundo lugar, una “sana distancia” entre medios y gobierno hace más difícil la captura porque eleva el costo político de intentar sesgar a los medios.

Por último, mientras más rentable sea la industria mediática por sí misma —es decir, a mayores ingresos privados—, más costosa o difícil será la captura gubernamental. Un elevado gasto público en propaganda tiene el efecto contrario: facilita la captura o el sesgo de los medios.

La captura gubernamental de los medios es difícil de medir directamente. Pero sus consecuencias no tanto: puede esperarse que haya más alternancia cuanto más verídica sea la información provista por los medios, mientras existan más medios, y mientras éstos sean más rentables.

Como sabemos, cambios tecnológicos recientes —internet, redes sociales, etcétera— han afectado la rentabilidad de los medios tradicionales. Pero si el gobierno puede gastar en publicidad sin mayores controles o restricciones, es posible que el mismo cambio tecnológico que facilita la difusión de más y mejor información, también facilite la captura gubernamental de una industria mediática en declive.

 

Número efectivo de candidaturas

En las últimas semanas he comentado varios aspectos de las elecciones locales de este año en México–en mi columna “Voto razonado” de Excélsior. Aquí la tercera de ellas.

Candidaturas efectivas (27 mayo 2017)

Al inicio de muchas contiendas electorales se habla de “elecciones de tres”, o bien de encuestas que muestran “un empate a tercios”. Con miras a la futura elección presidencial, por ejemplo, hay quien habla de la terrible posibilidad de tener un presidente electo con menos de un tercio de votos. Y conforme se acerca el final de las campañas, la historia casi siempre evoluciona del siguiente modo: “Pues parecía que era una elección de tres, pero, la verdad, es que ya es de dos”.

Si bien es posible que una elección por un cargo de mayoría relativa acabe siendo disputada “a tercios”, lo cierto es que este resultado no es muy frecuente. ¿Por qué es tan predecible la historia de elecciones que se disputan entre dos punteros y, en su caso, un puñado de candidaturas testimoniales?

Las reglas electorales producen dos tipos de efectos en los resultados: los llamados efectos sicológicos y, por otro lado, efectos mecánicos o aritméticos. El politólogo francés Maurice Duverger estudió la tendencia de los sistemas de mayoría relativa a producir sistemas bipartidistas o cercanos al bipartidismo. Por un lado, la regla de mayoría produce sobrerrepresentación de ciertos partidos a costa de la subrepresentación de otros-éste podría considerarse el efecto mecánico. Por otro lado, bajo la regla de mayoría, también puede esperarse que el electorado vote de manera estratégica e ignore a las candidaturas o partidos con pocas posibilidades reales de ganar, aunque estas sean sus opciones favoritas. El llevado y traído voto útil puede considerarse un efecto sicológico. Y entre la sobrerrepresentación de unos y el voto útil de otros, no es difícil pronosticar “contiendas de dos”.

Desde este punto de vista, la típica historia de una campaña que comienza fragmentada y acaba decantándose entre dos no es más que el proceso en el cual el electorado descubre o averigua quiénes son las dos candidaturas por las cuales vale la pena “salir a votar para no desperdiciar su voto”. Esto no obsta, por supuesto, para que muchas personas insistan en votar por candidaturas sin posibilidades reales de ganar —pero esa es harina de otro costal—.

Una forma de medir este fenómeno es utilizando una fórmula matemática llamada el número efectivo de partidos o candidatos (NEP o NEC). Este se calcula como el inverso de la suma de las proporciones de votos obtenidos por cada candidatura, elevadas al cuadrado. Este procedimiento otorga un mayor peso relativo a las candidaturas que obtienen más votos que las candidaturas menores. Por ejemplo, una elección con tres candidatas que obtengan 45, 40 y 15% de votos, respectivamente, tendría un número efectivo de candidaturas de 2.6. Y una contienda 60/40, tendría un índice de 1.92.

Si tomamos en cuenta las elecciones para gubernaturas en México realizadas entre 2003 y 2013, el número efectivo de candidaturas promedio fue de 2.49. Según este criterio, menos de 15 por ciento de ellas acabaron siendo elecciones “de tercios” o fragmentadas de algún modo similar. En los casos en los que ha habido coalición PAN-PRD, por ejemplo, el número efectivo de candidaturas promedio ha sido de 2.26.

Este mismo indicador puede utilizarse para medir el número efectivo de partidos en otro tipo de contiendas. Por ejemplo, si analizamos los porcentajes de votos obtenidos por cada partido para elecciones legislativas a nivel estatal, el número efectivo de partidos es de tres. La elección presidencial del año 2000 tuvo un NEP de 2.5, mientras que la de 2006 tuvo tres. Para tener una contienda electoral reñida, basta tener al menos dos candidaturas efectivas.

Clientelismo y participación electoral

En las últimas semanas he comentado varios aspectos de las elecciones locales de este año en México en mi columna “Voto razonado” de Excélsior. Aquí la segunda de ellas.

Clientelismo y participación (20 mayo 2017)

La semana pasada, en este mismo espacio, comentaba la aparente paradoja de que en algún país o entidad pueda haber un claro “deseo de cambio” en el partido en el gobierno y que éste no necesariamente venga acompañado de alternancia en el poder. Una primera respuesta es una falla de coordinación: si la oposición no logra construir una alianza opositora, un partido político indeseable para una mayoría absoluta del electorado puede acabar manteniendo el poder por mayoría relativa —beneficiándose de la fragmentación del voto opositor—. Una segunda respuesta tenía que ver con la calidad de las candidaturas: para ganar una elección reñida hacen falta candidatas (os) de calidad— o por lo menos contar con mejores candidaturas que las del partido en el gobierno—.

Una tercera posibilidad es que la alternancia no llega porque los partidos en el gobierno recurren a su “maquinaria” de movilización, compra o intimidación de votos: el así llamado clientelismo. Como sabemos, las elecciones locales inducen una menor participación electoral que las presidenciales. En principio, una elección en una demarcación pequeña —como un municipio o distrito local— y con baja participación electoral puede resultar más susceptible al clientelismo: es más fácil comprar unos cuantos cientos o miles de votos —y que éstos afecten de manera determinante el resultado—, que millones de ellos.

Hay quien dice que, a pesar de todos los esfuerzos legales e institucionales para contar con elecciones libres y justas, el clientelismo ha venido en aumento con la transición democrática de nuestro país. Puede ser. En la medida que haya más elecciones reñidas, los partidos políticos de cualquier signo tendrán mayores incentivos para intentar comprar votos. La lógica es similar: una elección reñida puede decidirse con pocos votos. El otro lado de la moneda es que las elecciones reñidas también pueden inducir mayor participación electoral.

Si todo lo anterior es cierto, hay dos claves para derrotar el clientelismo: buscar una mayor participación electoral y tener más elecciones locales concurrentes con las federales. En el mismo sentido, hay quienes incluso sugieren que hacer obligatorio el voto es un buen antídoto contra el clientelismo, por ejemplo. La consecuencia de estas medidas sería reducir el peso relativo de las maquinarias electorales y el clientelismo.

¿Existe un sesgo partidista en la participación o abstencionismo electorales? Por mucho tiempo se creyó que sí, pero lo cierto es que esto depende del año y el tipo de elección que se analice. Si consideramos las elecciones federales de 2012, el abstencionismo no estuvo asociado con una mayor proporción de votos para el PRI (y en 2015 ésta relación fue negativa).

Por otro lado, si analizamos los resultados de elecciones locales entre 2003 y 2015, resulta que en las elecciones municipales y para congresos locales el abstencionismo sí ha beneficiado al PRI. Por último, si sólo consideramos las elecciones para gubernaturas en el mismo periodo, nuevamente no parece haber una relación sistemática entre abstencionismo y votos para el PRI.

¿Cómo interpretar esta evidencia aparentemente  contradictoria? Por un lado, hay que recordar que, al igual que en el gobierno federal, la mayoría de los estados y municipios ya han tenido alternancia partidista. Si una mayor participación electoral —el supuesto antídoto del clientelismo— no siempre perjudica al PRI, pueden inferirse dos cosas: o bien, el clientelismo ya no es una práctica exclusiva del otrora partido hegemónico, o bien el antídoto en realidad no funciona como se esperaba.

Incertidumbre en elecciones locales

En las últimas semanas he comentado varios aspectos de las elecciones locales de este año en México en mi columna de Excélsior, “Voto razonado”. Aquí la primera de ellas.

Incertidumbre local (13 mayo 2017)

Estamos en la recta final de las campañas electorales en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Tan sólo hace seis años, Eruviel Ávila y Rubén Moreira obtuvieron más del 60% de los votos de sus respectivas entidades. Eran otros tiempos en ese lejano 2011, sin duda. A diferencia del pasado, en que las elecciones en lugares como Coahuila o el Estado de México eran relativamente predecibles por ser sendos bastiones priistas, este año ambas gubernaturas lucen sumamente reñidas.

El 2 de mayo pasado, en una mesa redonda sobre elecciones locales organizada por el CIDE, Lorena Becerra —politóloga y experta en opinión pública—, señaló que según las encuestas levantadas  por el diario Reforma a finales de abril, 78% del electorado en el Estado de México y 71% en Coahuila considera que debe cambiar el partido en el gobierno. A partir de ese par de datos, uno podría inferir que las probabilidades de triunfo del PRI en aquellas entidades son relativamente bajas. ¿Será? Por otro lado, las intenciones de voto reveladas en esas mismas encuestas, y otras más, sugieren otra cosa: se trata de elecciones reñidas y de pronóstico reservado entre el PRI y el PAN en un caso, y entre el PRI y Morena, en el otro.

Por desgracia, a diferencia de las elecciones presidenciales, en el caso de las elecciones locales contamos con relativamente menos encuestas públicas. Para el Estado de México, la entidad más grande en juego este año, cuatro periódicos nacionales publicaron encuestas durante abril pasado: El Economista, El Financiero, El Universal y Reforma.

A partir de los resultados de estas cuatro encuestas, Javier Márquez —experto en estadística y opinión pública— ha realizado un meta-análisis obteniendo los siguientes resultados: hacia finales de abril, Alfredo Del Mazo tendría entre 20 y 23% de las preferencias, Delfina Gómez entre 17 y 23%, y Josefina Vázquez Mota entre 14 y 17 por ciento. Estos intervalos son relativamente bajos porque no incluyen una tasa de no respuesta elevada aún de entre 23 y 32% del electorado.

Meta análisis de Javier Márquez

¿Quién ganará? No lo sabemos y eso, de entrada, ya es una buena señal de la importancia del voto a nivel local. ¿Fallarán las encuestas? Tampoco lo sabemos aún. Hace apenas un año, la elección de gobernador en Veracruz lucía “empatada a tercios” y, al final de cuentas, el margen entre el primer y segundo lugar fue de 4.5 puntos porcentuales, y de ocho puntos entre primer y tercer lugar.

¿Cómo puede haber un claro hartazgo y deseo de cambio en una entidad y que, al mismo tiempo, no tengamos claro si habrá alternancia o no? Hay tres respuestas, al menos. En un sistema multipartidista, para ganar una gubernatura hace falta construir coaliciones. De ser posible, es natural y deseable que haya una coalición opositora. En su defecto, cuando los partidos no son capaces de hacer esto, hace falta una coalición de votantes (para eso sirve el llamado voto útil).

En ausencia de coaliciones, la fragmentación del voto puede acabar favoreciendo al partido en el poder. Por ello, un segundo elemento tiene que ver con la calidad de las campañas. Incluso en ausencia de coaliciones, una campaña profesional puede ayudar al electorado a decantarse por la mejor candidatura opositora.

El tercer elemento tiene que ver con la calidad de las candidatas (os). Más allá de las estructuras, el presupuesto y la estrategia de cada partido o campaña, todos ellos factores importantes, para ganar una elección hacen falta buenos candidatos (as). Las campañas son esa ocasión única en que el electorado indeciso puede dilucidar quién merece su voto. Pero lo necesario no siempre es suficiente.

Gasolina y desilusión fiscal

Este año comienza, una vez más, con los precios de la gasolina en las primeras planas. Entre enero 2015 y enero 2017 he escrito columnas sobre los precios de la gasolina desde diferentes ángulos. En el centro del debate hay una importante transición, de una política fiscal basada en la “renta petrolera”, a uno en el que los impuestos a las gasolinas son una renovada fuente de recaudación. Aquí un recuento de ellas, en orden cronológico.

Gasolina injusta (3 enero 2015).

Veneros del diablo (10 enero 2015)

¿Gasolina barata? (2 enero 2016)

Desde hace varias semanas el gobierno federal ha anunciado con bombo y platillo que, a partir del inicio de este 2016, la gasolina bajará de precio—lo cual es un hecho inédito en muchos años. Si bien es cierto que es de aplaudirse que el gobierno anuncie que dejará que los precios de la gasolina fluctúen en cierta sintonía con los precios internacionales, vale la pena poner esta nueva política en perspectiva.

Vayamos por partes. Si el anuncio es tan buena noticia, entonces ¿a quién protegía el control de precios de las gasolinas del pasado? Durante muchos años, gobiernos de diferentes colores adujeron que una de las ventajas de “que el pretróleo fuera nuestro” y de que contáramos con un monopolio público para la venta de gasolinas era que esto permitía proteger a la población de la indeseable volatilidad de los precios de mercado (no olvidemos que, en la retórica de muchas políticas públicas, el gobierno es bueno y el mercado es malo, claro está).

Lo cierto es que, durante los últimos veinticinco años, la norma fue que Pemex (el monopolio estatal que administró por décadas ese petróleo que “era nuestro”) nos vendiera gasolinas a precios mayores que los del mercado internacional. Al hacerlo, el gobierno federal cobraba un impuesto implícito a los consumidores de combustibles. Y cuando los precios internacionales del petróleo fueron muy altos, como sucedió entre 2007 y 2012, ocurrió justo lo contrario: Pemex nos vendió gasolinas a precios inferiores a los del mercado internacional. Al hacerlo, el gobierno federal otorgó un subsidio implícito (y de miles de millones de pesos) a los consumidores de gasolinas. Continue reading

Brexit o los dilemas del referéndum

En mi columna de Excélsior de esta semana (25 junio 2016) discuto el Brexit, el referéndum del Reino Unido para consultar si deben o no abandonar la Unión Europea.

En otras ocasiones he escrito sobre democracia directa, consulta popular, la ley de consulta popular en México, así como los recientes referéndums en Escocia 2014 o Grecia 2015 (aquí y aquí).

El dilema Brexit

El 23 de junio de 2016, más de 33 millones de ciudadanos del Reino Unido acudieron a las urnas para responder una pregunta simple y grave a la vez: “¿Debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe abandonar la Unión Europea?”. 17 millones 410 mil 742 personas, 51.9% del total, opinaron que debe abandonarla. Las consecuencias del Brexit, como se denominó a este inusual referéndum, se hicieron sentir enseguida en todo el mundo —y lo seguirán haciendo en el mediano y largo plazo—.

En columnas pasadas he discutido las ventajas y desventajas de los mecanismos de democracia directa. En esta entrega quiero concentrarme en dos cuestiones particulares: uno, el dispositivo para tomar una decisión colectiva de esta relevancia, y dos, cómo procesar sus consecuencias. Continue reading

Hoy no circula

Hace un par de semanas, a propósito de la contingencia ambiental, escribí en Excélsior sobre la “Tragedia de los Comunes“. Ahora que se han anunciado nuevas medidas para reforzar el programa Hoy No Circula, abordo nuevamente el tema: “Hoy Tampoco Circula

Lucas Davis, economista y profesor de la Universidad de California en Berkeley, realizó un detallado estudio de la primera versión del programa Hoy No Circula implementada en 1989 y su impacto en la calidad del aire de la ciudad. Usando datos de las estaciones de monitoreo —por día y hora— antes y después de la implementación del programa, Davis encontró que el HNC no mejoró la calidad del aire entre semana y, de hecho, ésta empeoró los fines de semana. ¿Cómo pudo ocurrir esto?

El estudio arroja varias claves: el uso del transporte público no aumentó como era de esperarse. Lo que sí aumentó significativamente fue el consumo de gasolina, el uso de taxis, así como el número de autos nuevos y usados.  Es decir que muchos hogares adquirieron un auto adicional con el agravante de que, si era usado, éste podía ser más contaminante que el auto que no circulaba.

Ahora bien, el que el HNC no haya funcionado en aquel entonces no implica que hoy esté condenado al fracaso: quizá hoy sí nos bajemos del coche para subirnos al metrobús, quizá hoy comprar un 2o coche no sea tan contaminante, quizá hoy habrá más car-pooling, etc. Al mismo tiempo, la evidencia de aquellos años sugiere que no podemos suponer a ciegas que el HNC funcionará esta vez. Vaya, si el HNC “funcionara” durante estos tres meses, tampoco implicaría que seguiría haciéndolo al volverlo permanente. El fondo del asunto es que necesitamos un diagnóstico adecuado del problema y evaluar seriamente las alternativas disponibles y su factibilidad. Por ejemplo: si resulta indispensable reducir el número de vehículos en circulación, racionar su uso es solo una opción; cobrar más por usar autos o circular en ciertas zonas y horarios es otra, por ejemplo.

Aquí encontrarán el artículo. Y estas son algunas de las gráficas de su análisis:

Fuente: Davis, Lucas W. The Effect of Driving Restrictions on Air Quality in Mexico CityJournal of Political Economy, 2008, 116(1), 38-81. Continue reading

Un modelo fallido de comunicación política

Esta semana escribí dos comentarios sobre el modelo de comunicación política vigente en México desde 2008.  Primero, en mi columna para Excélsior, “Voto razonado” y, un par de días después, en la Tribuna de Milenio junto con Jorge Buendía, Jorge Javier Romero y Esteban Illades. Aquí encontrarán ambos.

Modelo fallido (Excélsior, 12 marzo 2016)

El pasado fin de semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó suspender la difusión de un spot en el que Andrés Manuel López Obrador, líder del partido político Morena, criticaba la compra del avión presidencial y sentenciaba: “En 2018, lo vamos a vender”. En un primer momento, la comisión de quejas y denuncias del INE había descartado suspender la transmisión de estespot, pero el Tribunal opinó lo contrario. Continue reading

¿Basta un referéndum para Grecia?

¿Bastaba un referéndum para que Grecia saliera de su crisis? En estos días ha habido un gran debate en redes sociales y blogs sobre Grecia, su deuda y “el referéndum”. Van unas notas al vuelo y desde un punto de vista no experto, conste.

1. Por un lado, leo a politólogos –y a otras voces que simpatizan con la democracia directa– argumentando que la “banca perversa” merece perder y “los griegos” ganar, y que es una gran cosa es que el pueblo griego decida si paga o no paga las deudas incurridas por su gobierno.

2. Por otro lado, leo a economistas famosos como Krugman argumentar que “la democracia vale más que un arreglo monetario”, a Piketty acusar a Alemania de carecer de autoridad moral para cobrar puesto que “nunca pagó sus deudas” con Europa tras la segunda guerra. Por su parte, Stiglitz se desgarra vestiduras al decir que los acreedores “ni necesitan” el dinero que exigen a Grecia. Y muchos otros más repitiendo que no sería la primera ni la única vez que hay que perdonar deudas a un país (digo, un gobierno) en aprietos.

3. Por desgracia, me temo que a muchas de esas voces les sobra romanticismo y les falta realismo. (Por fortuna, tampoco son escasos los economistas y politólogos –griegos y no– que lamentan todo esto y urgen al gobierno a negociar responsablemente: es decir, hay más debate sustancial que la aparente postura buena onda de apoyar al deudor contra el acreedor abusivo). Continue reading

Elecciones España 2015: ¿fin del bipartidismo?

Cada elección cuenta una historia. Y detrás de las elecciones municipales de España del 24 de mayo pasado hay una interesante historia de un bipartidismo que se diluye. En España están indignados desde la crisis de 2008-09. En un primer momento, en 2011, esto pareció beneficiar al derechista partido popular (PP) a costa del PSOE. “¡La democracia española no sirve: la economía va mal y la derecha se consolia!”, se apresuraron a decir algunas voces.

spain_municipal2007-2015

De aquel tiempo a la fecha se han acumulado escándalos en ambos partidos. Ayer hubo elecciones municipales y ahora cayeron ambos partidos: PP y PSOE. El PP cayó 10.5 puntos porcentuales respecto a 2011, el PSOE 2.7; y los votos nulos y blancos solo cayeron un punto.  Traducido en votos, el PP perdió 2.4 millones de votos respecto a 2011, el PSOE 670 mil, y los votos nulos y blancos cayeron en 255 mil. En 2011, el voto nulo o blanco fue de 4.2% y ahora fue de 3.2%. Hasta 2011, PP y PSOE fácilmente sumaban más de dos tercios del voto nacional. Ayer ambos partidos apenas sumaron 52% de las preferencias nacionales.

Así se ve (y se siente) un voto de castigo. Así se ve, también, un sistema electoral donde no es tan difícil que nuevas fuerzas políticas lleguen a la boleta: lo difícil era que ganaran frente a dos partidos dominantes.

¿Será este el fin del bipartidismo español? En diciembre habrá elecciones parlamentarias y es muy probable que la fragmentación política aumente aún más. Ni España ni México son las primeras democracias en hartarse de los “partidos tradicionales”, pero derrotarlos lleva tiempo. Continue reading

Un cuento de anulistas

¿Cuáles son los efectos mecánicos (o aritméticos) del abstencionismo y el voto nulo? Para ilustrarlos, escribí un pequeño “cuento de anulistas” en mi columna para Excélsior, “Voto razonado” (11 abril 2015).

Un cuento de anulistas

En un país imaginario estaban a punto de tener elecciones para renovar una de sus dos cámaras legislativas. Era un país chiquito, con sólo cinco votantes registrados. Como la sociedad no confiaba mucho en sí misma, mandaban traer a sus políticos de Marte.

En las pasadas elecciones sólo habían votado tres de los cinco votantes. El primero votó por un partido colorado (dicen que otrora hegemónico), el segundo por un partido azul (más bien entre azul y buenas noches) y, el tercero, por uno amarillo. Siempre habían votado así, y este año lo harían igual: eran votantes duros.

Como el Congreso sólo tenía tres asientos, éste se dividió en partes iguales: un diputado colorado, otro azul y otro amarillo. Las decisiones no eran sencillas. Unos decían que todo era mejor cuando la Cámara era de un solo color. Otros decían que había que tenerles paciencia a los políticos: después de todo, eran de Marte, sólo estaban tres años y se iban.

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¿Y si se van todos?

El 23 de marzo pasado, me invitaron a participar en la Tribuna de Milenio con el tema: ¿Por qué estamos tan indignados?  Aquí mi colaboración, donde hago un llamado al voto de castigo.

¿Y si se van todos?

Me confieso optimista de largo plazo. Considero que, en general, los mexicanos estamos mejor que hace 30 o 100 años y tengo la expectativa, irracional si se quiere, de que estaremos mejor dentro de 100 años más. Pero en horizontes de más corto plazo, digamos 5 o 10 años, me cuesta más trabajo ser optimista.

A decir de muchos, las cosas van muy mal en el país y existe una creciente sensación de indignación. ¿Estaban mejor las cosas antes? Los más jóvenes no tienen forma de saberlo y los más viejos quizá no lo recordemos ya. Es posible que las cosas estén igual de mal que antes pero que hoy, gracias a los avances tecnológicos y a un clima de mayor libertad de prensa (uno que es optimista), nos enteremos más fácilmente de lo mal que están las cosas.

Permítanme postular que, en todo momento y lugar, podemos contar conque al menos 30 por ciento de la población estará inconforme, insatisfecha o de plano indignada. Cuando la economía va bien, lo cierto es que no a todos les va tan bien; y cuando la economía va mal, es natural que la indignación aumente. Cuando gana o gobierna la derecha, los simpatizantes de la izquierda estarán inconformes, y viceversa. Continue reading

¿De la PGR a la corte?

El 10 de marzo de 2015, Eduardo Medina Mora fue designado ministro de la SCJN con 83 votos de 119 senadores presentes: 69.7%. Es decir, obtuvo apenas 4 votos más de los dos tercios necesarios dado el quorum: 119×2/3=79. Entre los senadores ausentes hubo 5 perredistas: Mario Delgado, Rabindranath Salazar, Armando Ríos Píter, Manuel Camacho Solís (quien tuvo ausencia justificada) y Luz Ma. Beristáin. Por su parte, Layda Sansores anuló su boleta rompiéndola públicamente.  De haber asistido todos, las bancadas de PRI+NA+PVEM+PAN suman 100 senadores: hubo voto dividido en la coalición pro-Medina pero como la votación fue anónima, nunca sabremos el nombre de los “no alineados”.

  • Petición de Alejandro Madrazo Lajous, Catalina Pérez Correa González y Jorge Javier Romero Vadillo para que el Senado “no haga ministro de la Suprema Corte a Eduardo Medina Mora“: http://ow.ly/KafoM
  • Respuesta de Eduardo Medina Mora a la peticiónhttp://ow.ly/Kaf0l
  • Réplica de Alejandro Madrazo, Catalina Pérez Correa y Jorge Javier Romerohttp://ow.ly/Kafbk

Estos son los votos con los que llegaron el resto de los ministros hoy en funciones:

Luis María Aguilar Morales 91 votos
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 90
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 103
José Ramón Cossío Díaz 84
Jorge Mario Pardo Rebolledo 97
Olga Sánchez Cordero 89
Fernando Franco González Salas 94
Juan Silva Meza 89
Mario Alberto Pérez Dayán 104
Margarita Beatriz Luna Ramos 83.

Esta es mi opinión al respecto, publicada en Excélsior (7 marzo 2015):

¿De la PGR a la corte?

El 17 de febrero pasado, el presidente Peña Nieto envío una terna de candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cubrir la vacante de Sergio Armando Valls Hernández, quien falleció en diciembre pasado. A decir de muchos, se trata de una terna con un claro favorito.

¿Cómo funciona el “juego” de las nominaciones a la Suprema Corte? En un régimen de separación de poderes —como el que nuestra Constitución pretende  que tengamos en México— hay tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.  Los dos primeros son elegidos mediante el voto popular. No es el caso del Poder Judicial. ¿Quién y cómo se decide quién debe llegar a la Corte? Por principio de cuentas, consideremos que no se trata de un cargo cualquiera. A la Suprema Corte le toca resolver, entre otras muchas cosas, tanto los conflictos entre el poder Ejecutivo y el Legislativo como entre los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Por otro lado, también corresponde a la Corte vigilar que las leyes y la actuación de nuestros gobernantes no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para decirlo en breve: la Corte es el árbitro de última instancia en una democracia constitucional.

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