Desde que el presidente López Obrador presentó su iniciativa de reforma judicial en febrero de 2024, como parte del “plan C”, he dedicado varias columnas en Excélsior a comentar diferentes aspectos de esta grave reforma constitucional. Aquí encontrarán una compilación de las columnas más recientes.

A la fecha son diez y falta un mes para la elección judicial.

Reformas regresivas (8 feb 2024)

El pasado lunes 5 de febrero, el Presidente de la República presentó 18 iniciativas de reforma constitucional y dos más de reformas legales. Como la lista de materias que se sugiere reformar es amplia, y no todas tendrían el mismo impacto en nuestro diseño constitucional, en esta columna me concentraré en las tres iniciativas que me parecen más preocupantes por su impacto en la calidad de nuestra democracia.

La iniciativa de reforma al Poder Judicial propone un “borrón y cuenta nueva” para renovar por completo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo General del INE. La propuesta de remover a todos los ministros, magistrados y consejeros electorales es de la mayor gravedad y es democráticamente regresiva: basta recordar que la renovación escalonada de estos cuerpos colegiados es clave para preservar la autonomía e independencia del Poder Judicial y los árbitros electorales.

La propuesta de elegir jueces y árbitros electorales mediante el voto directo a partir de candidaturas propuestas por los tres Poderes también es mala idea porque obligaría a hacer campaña electoral a quienes, justamente, deberían demostrar imparcialidad e independencia del gobierno y los partidos políticos. El efecto combinado de inducir una mayor sobrerrepresentación legislativa y renovar al Poder Judicial por completo es que el Poder Judicial sería presa fácil del partido mayoritario en turno.

¿Cuál amenaza? (22 feb 2024)

En este espacio he señalado que varias de las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el Presidente son regresivas para nuestra democracia. En concreto, me refiero a la reforma al Poder Judicial que propone un “borrón y cuenta nueva” para renovar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el INE, lo cual iría a contrapelo de la renovación escalonada hoy vigente. Además, la propuesta de elegir jueces y árbitros electorales mediante el voto directo obligaría a hacer campaña a quienes, por definición, deberían demostrar cierta capacidad de imparcialidad, autonomía e independencia del gobierno y los partidos políticos.

La evidencia comparada señala que las regresiones democráticas observadas en años recientes en países como Bolivia, Venezuela, Hungría o Turquía tuvieron reformas constitucionales similares a las que hoy propone el Presidente para agrandar al Poder Ejecutivo frente a otros Poderes.

La regresión en ciernes (13 jun 2024)

La evidencia sobre las regresiones o quiebres democráticos recientes en el mundo señalan que éstos han seguido una de dos rutas típicas: en primer lugar, un avasallamiento del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, lo cual le permite conseguir una interpretación de las leyes a modo. La segunda ruta es mediante mayorías legislativas tan amplias que le permiten al Ejecutivo reformar la Constitución a modo, sin requerir negociar o buscar algún consenso con los partidos de oposición o la sociedad civil organizada.

El resultado electoral del pasado 2 de junio ha hecho posibles ambas rutas regresivas en México: Sheinbaum podrá someter a la Corte y, además, reescribir la Constitución conforme más le convenga a ella o al líder de su partido.

Algunos ejemplos de este tipo de regresiones son: Alberto Fujimori en Perú, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador, Viktor Orbán en Hungría y Tayyip Erdogan en Turquía. ¿Éste es el club de países al que buscamos sumarnos en busca de prosperidad compartida?

Avasallar al Poder Judicial (12 sep 2024)

A diferencia de la reforma judicial de 1994 o la reforma política de 1996 o de 2014, la nueva legislatura comienza mostrando una nula disposición a dialogar y negociar hasta lograr una reforma que mejore la impartición de justicia del país con el más amplio consenso. El mandato fue imponerse y aprobar la reforma deseada por el Presidente saliente al costo que fuera.

Desde que se presentó la iniciativa presidencial de reforma constitucional, el pasado 5 de febrero, ni el mandatario ni sus legisladores y voceros fueron capaces de explicar o motivar con mínima claridad por qué era necesario destituir y remover de tajo a todos los ministros, magistrados y jueces del país; por qué debía abandonarse la renovación escalonada de la Suprema Corte, así como décadas de carrera judicial, ni de explicar por qué la designación de jueces y ministros mediante el voto directo sería un método preferible al existente o al de otras alternativas posibles.

A juzgar por sus consecuencias mediatas e inmediatas, la reforma judicial aprobada esta semana desmantelará un Poder Judicial lleno de problemas —¿cómo negarlos?—, pero no para mejorarlo o fortalecerlo, sino para controlarlo y avasallarlo. La reforma aprobada reducirá a su mínima expresión la separación de poderes y los contrapesos a un gobierno con abultadas mayorías legislativas: el Presidente saliente, la Presidenta entrante y su partido tendrán un aparato de justicia a modo.

¿Contradicciones legítimas? (19 sep 2024)

Consideremos el argumento de que designar ministros mediante voto popular directo le dará mayor legitimidad democrática a la nueva Corte. Según esto, la elección directa es un mecanismo más legítimo o democrático que la elección indirecta utilizada en los últimos 30 años. ¿Será cierto? Vayamos por partes. ¿Quiénes propondrán la lista de candidaturas que aparecerán en las boletas electorales? La Presidenta, ambas Cámaras del Poder Legislativo y un Poder Judicial languideciente. ¿Acaso los tres Poderes de la unión tienen suficiente legitimidad democrática para sugerir candidaturas a la Corte, pero no la suficiente para designarlos?

El Poder más débil (24 oct 2024)

En un mundo paralelo, si hubiera canales de negociación entre el Ejecutivo y el Judicial, no sería imposible una salida negociada más digna. La Corte podría invalidar una reforma llena de problemas, a cambio de ayudar a impulsar una nueva reforma que en verdad fortalezca la justicia. Otra posibilidad sería que la Suprema Corte acepte sin ambages su remoción total, pero que defienda al máximo la supervivencia del resto de los jueces y magistrados del país, a modo de no dejar desprotegidos a los usuarios más frecuentes del aparato judicial, los justiciables. Quizá ya es demasiado tarde para enmendar el camino. Quizá no.

Elección judicial sin presupuesto (19 dic 2024)

Campañas judiciales (3 abr 2025)

Elección judicial y listas abiertas (17 abr 2025)

El difícil voto informado (8 mayo 2025)