Desde febrero 2024, he dedicado varias columnas en Excélsior a comentar la reforma judicial. Un aspecto fundamental y particularmente problemático de la reforma fue someter a voto popular directo la elección de ministros, magistrados y jueces. Esta es una compilación de mis comentarios y análisis de los resultados de la elección judicial del 1o de junio de 2025.

El día después (29 mayo 2025)

El día después de la elección judicial del próximo 1 de junio tendremos un nuevo contendiente para la jornada con más baja participación ciudadana en las últimas décadas. No sólo eso, también tendremos un Poder Judicial menos independiente, más plegado al Ejecutivo y con escasa legitimidad democrática.

(…) Es justo así como se debilitan o desmantelan las democracias en tiempos recientes: debilitando la arena electoral, la credibilidad de los árbitros —no olvidemos que el Tribunal Electoral es parte del Poder Judicial—, y facilitando la discrecionalidad del Ejecutivo.

¿Todo un éxito? (5 junio 2025)

El pasado domingo 1 de junio se realizó la primera elección judicial del país. Para algunos, entre ellos muchos voceros oficialistas, basta decir que se trató de un ejercicio novedoso o inédito para calificarla como una elección histórica. ¿Pero qué significa afirmar eso?

Con base en los cómputos distritales del INE con corte a las 8pm del 4 de junio, mismo que ya considera más de 99.8% de las actas, la participación electoral fue de 12.96 por ciento. Es decir que 12.8 millones de electores acudieron a una de las elecciones más complejas de nuestra historia. La misma noche del domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum no vaciló en calificar la jornada como “todo un éxito”. ¿En realidad lo fue?

Vale la pena recordar que, en países en proceso de democratización, las primeras elecciones más o menos libres suelen tener una participación copiosa. Baste recordar la primera elección organizada por el incipiente IFE en 1994 —cuando por primera vez se contó con credencial para votar con fotografía y un padrón actualizado—, que tuvo una participación de 77 por ciento. Un máximo histórico, ése sí. De entonces a la fecha la participación en elecciones ordinarias en México ha fluctuado entre 45 y 63 por ciento. Rangos similares a los de muchas democracias.

De 2018 a la fecha, los “inéditos e históricos” ejercicios de consulta, revocación o elección judicial han tenido una participación de 7.1, 17.7 y ahora 12.9 por ciento. ¿Puede decirse que estos ejercicios fortalecieron la democracia en México?

La jornada del domingo fue sin duda compleja. Por primera vez se utilizó un sistema de listas abiertas. Por ejemplo, tan sólo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada elector podía votar por hasta nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, de una lista de 64 candidaturas registradas. De tal suerte que tan sólo para la Corte se emitieron más de 116 millones de votos. Sin embargo, 10.8% de estos votos fueron nulos y otro 12.1% fueron dejados en blanco. Se trata de niveles históricos de voto nulo, por cierto.

Si analizamos los datos del INE a nivel casilla, podemos encontrar patrones interesantes. Las entidades con mayor participación electoral fueron Coahuila, Veracruz, Durango y San Luis Potosí. Las entidades con menor participación fueron Guanajuato, Jalisco y las dos Baja Californias.

Las elecciones con listas abiertas suelen producir votaciones sumamente fragmentadas. Las tres candidaturas más votadas para la Suprema Corte —Hugo Aguilar, Lenia Batres y Yasmín Esquivel— recibieron 5.2, 4.9 y 4.5% de la votación total. En contraste, el voto nulo fue de 10.8 por ciento.

Si analizamos los porcentajes de voto en cada entidad, destaca que Hugo Aguilar fue el puntero en la gran mayoría de los casos. Las excepciones más notables fueron Nuevo León, donde ganó Batres por amplio margen, así como San Luis Potosí, Coahuila y Quintana Roo, donde la ganadora fue Esquivel. Si atendemos el número total de votos, las entidades donde Aguilar tuvo mayor ventaja sobre Batres fueron Veracruz y Coahuila. Por otro lado, Nuevo León y Ciudad de México fueron las entidades donde Batres tuvo mayor ventaja.

Se ha discutido mucho sobre la distribución de “acordeones” que incluyeron, precisamente, los nombres de las nueve candidaturas ganadoras. Si consideramos la suma de votos de las personas listadas en el acordeón más difundido, se encuentra que éstas consiguieron 32.7% de los votos totales. En entidades como Guerrero, Tabasco, Campeche, Puebla, Yucatán y Chiapas, las candidaturas del acordeón alcanzaron más de 40% del voto total. La correlación lineal entre los votos de las tres candidatas punteras a nivel casilla está entre 0.68 y 0.83. La correlación entre los votos de los tres candidatos punteros está entre 0.66 y 0.79.

La reforma judicial debilita la separación de Poderes y fue diseñada para capturar y someter al Poder Judicial. Una elección con sólo 13% de participación y resultados previsibles debilita la confianza en la arena electoral y, además, en las autoridades que la organizaron. Quizá por eso la presumen como todo un éxito.

Votaciones extraordinarias (12 junio 2025)

El pasado lunes 9 de junio concluyeron los cómputos distritales judiciales del INE sobre la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación. La semana pasada escribí aquí mismo que una elección con sólo 13% de participación —y cuyos resultados eran previsibles con antelación— debilita gravemente la confianza en las contiendas electorales y, además, lastima la confianza en las autoridades que la organizaron por mandato de la reforma judicial.

La elección judicial estuvo diseñada desde un principio para inducir una baja participación, de modo que el resultado fuera sumamente controlable por el gobierno. Esto se advirtió con la debida antelación y los resultados que hoy conocemos así lo convalidan. Veamos por qué.

En primer lugar, la reforma judicial, aprobada sin el consenso de la oposición, estableció que el gobierno postularía a dos tercios de las candidaturas, seleccionadas mediante comités técnicos evaluadores integrados por simpatizantes oficialistas. Además, se prohibió a los partidos políticos participar —lo cual no parece una mala idea, hasta que se considera que el gobierno cuenta con un nutrido grupo de servidores públicos que promovieron el voto de manera descarada—. Incluso la mejor de las candidaturas a cualquier cargo estuvo impedida de hacer grandes gastos de campaña y tuvo mínimo acceso a medios de comunicación. Por último, el presupuesto del INE tuvo el mayor recorte en su historia.

Si bien la tasa de participación electoral a nivel nacional fue de 13%, los cómputos distritales del INE indican que hubo 5% de casillas con una participación mayor a 31 por ciento. En el 1% de casillas más atípico, la participación fue mayor a 59 por ciento. Según los cómputos distritales, en 1,224 casillas hubo una participación mayor a 50% de la lista nominal y en 811 casillas hubo una participación mayor a 60 por ciento. Chiapas y Guerrero son las entidades con más casillas de este tipo. En 106 casillas se reportó una participación de 100% de la lista nominal y en 11 casillas una participación superior a 100 por ciento. En la mayoría de las entidades, las tasas inusuales de participación electoral tienen una correlación positiva con los porcentajes de votos obtenidos por las nueve candidaturas punteras para la Suprema Corte.

Al tratarse de una elección con listas abiertas, los porcentajes de votación de cada candidatura a la Corte o cualquier otro cargo judicial pueden ser engañosos. Por ejemplo, al haber nueve asientos a elegir para la Corte, el voto máximo posible para cada candidatura es de 100/9=11.1 por ciento. En 422 casillas del país, alguno de las cuatro candidaturas más votadas — Aguilar, Batres, Esquivel y Figueroa— recibió más de 11% de votos. Es decir, que tuvimos casillas donde todos los electores votaron por estos mismos candidatos, una coincidencia extraordinaria, por así decirlo. En 1,286 casillas, tanto Hugo Aguilar como Lenia Batres recibieron más de 10% de votos cada uno.

¿Qué tan fragmentado fue el voto para la Suprema Corte? Hay quienes dicen que la elección judicial consistió en una especie de contienda de acordeones libres para informar el voto de electores con diferentes intereses —y que la oposición debió impulsar su propio acordeón—. En conjunto, las nueve candidaturas más votadas consiguieron, en promedio, 32.7% de los votos de cada casilla.

Una manera alternativa de evaluar los votos de cada candidatura a la Corte es considerar su proporción de votos respecto del total de personas que votaron (12.96 millones de electores). Desde este enfoque, el próximo ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, recibió el apoyo de 47.7% de los electores que votaron el 1 de junio. Por su parte, Lenia Batres, recibió el apoyo de 44.7% de los electores; Yasmín Esquivel, 40.9% y Loretta Ortiz 38.6 por ciento.

Podría decirse que las tres ministras eran las candidatas más conocidas. A pesar de ello, Hugo Aguilar pudo superarlas. Celia Maya y Bernardo Bátiz, menos conocidos, pero que compitieron para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, tuvieron más votos que algunos candidatos presidenciales del pasado. Son resultados extraordinarios para campañas tan austeras, sin duda.

¿Una elección válida? (19 junio 2025)

El pasado domingo 15 de junio, el Consejo General del INE decidió la validez de la elección para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera inédita y extraordinaria, calificativos repetidos de sobra en esta elección, hubo una votación dividida en el pleno del Consejo: seis votos a favor y cinco en contra. Vale la pena recordar que, en agosto de 2024, cuatro de once consejeros del INE votaron por intentar acotar la sobrerrepresentación legislativa de Morena. Ambas votaciones divididas en cuestiones tan fundamentales son testimonio de los tiempos que corren en México.

Si bien el Consejo General del INE acordó eliminar 818 actas de los cómputos finales, mismas que representan poco menos de uno por ciento de las casillas instaladas, por tener irregularidades graves y evidentes, tales como una participación electoral cercana a cien por ciento o bien, patrones de votación sumamente atípicos, esto no tuvo un efecto determinante en el resultado.

Para seis consejeras(os), con esto bastaba para limpiar de dudas la elección judicial. Sin embargo, para cinco consejeras(os), los indicios de irregularidades eran tan graves y numerosos que se pronunciaron por no declarar como válida la elección para la Corte —cosa distinta a declararla inválida o anularla, por cierto—, de modo que éstas pudieran subsanarse y, en su caso, que el Tribunal Electoral resolviera el fondo del asunto.

¿Basta con eliminar 818 actas irregulares? Difícilmente. De hecho, si se eliminaran del cómputo final todas las casillas de entidades como Chiapas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, cuatro entidades con patrones de votación atípicos o relativamente distintos al resto del país, el resultado final no cambiaría en lo sustantivo. Es decir que, si se descartaran todas las casillas de cada una de estas entidades o de las cuatro en su conjunto, no cambiarían ni la integración de la Suprema Corte ni el orden de las nueve candidaturas ganadoras que conocemos ahora.

Uno de los aspectos más preocupantes de la elección del 1 de junio pasado es, justamente, la extraordinaria uniformidad de sus resultados, a pesar de tratarse de una elección con listas abiertas de considerable complejidad. Hubo 64 candidaturas registradas para la SCJN y 38 para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Se pidió votar por 9 personas para la Corte y 5 para el TDJ. Había cientos de miles de combinaciones de voto posibles y distintas. Sin embargo, como sabemos, en casi todas las entidades del país resultaron ganadoras las mismas nueve candidaturas para la Corte que fueron mencionadas en el acordeón más popular.

Esta uniformidad va más allá de la Suprema Corte: en la mayoría de las entidades ganaron las mismas cinco candidaturas para el Tribunal de Disciplina. De manera aún más sorprendente, la correlación de Pearson entre los porcentajes de voto a nivel casilla obtenidos por Hugo Aguilar y Celia Maya, candidata al Tribunal de Disciplina, fue 0.73, mientras que la correlación entre los votos de Lenia Batres y Bernardo Bátiz fue de 0.85. Tras recibir su constancia de mayoría, el magistrado Bátiz declaró que “el voto fue libre y secreto” y que “los acordeones sólo fueron un apoyo”.

Al declararse la validez de la pasada elección presidencial, poco supimos sobre quién pagó por los anuncios espectaculares de la campaña anticipada de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Este año, ¿lograremos saber quién pagó y distribuyó masivamente los acordeones que se tradujeron en un éxito electoral inédito y extraordinario para los nuevos jueces electos?

En 2024, la pluralidad del voto no se tradujo en una representación legislativa acorde con los límites a la sobrerrepresentación que establece la Constitución. Este año se nos invitó a elegir ministros, magistrados y jueces por voto directo, pero lo sesgado de las boletas electorales no incentivó una mayor participación. Por desgracia, ambos fenómenos están relacionados y debilitan la credibilidad de las elecciones organizadas por el INE y, con ello, la calidad de la democracia misma.

El elefante en la sala (3 julio 2025)

A últimas fechas se han esgrimido diversos argumentos para defender la validez de la elección judicial del 1 de junio pasado. La semana pasada, el consejero Uuc-kib Espadas minimizó las anomalías denunciadas por cinco de sus compañeros y, para exigir seriedad en la discusión, mostró un globo de un elefante rosa en el pleno del Consejo General. ¿Hubo o no un elefante en la sala de la elección judicial? Veamos.

Un primer argumento empleado por el consejero Espadas es que, si fueron los simpatizantes del gobierno quienes primordialmente acudieron a las urnas, no hay sorpresa en que éstos se inclinaran por apoyar a las y los candidatos preferidos por este gobierno para la Corte y los numerosos tribunales que fueron votados.

El error de este argumento consiste en comparar las tradicionales elecciones partidistas con una elección judicial basada en listas abiertas. En efecto, no tiene nada de peculiar que el voto para presidencia y cargos legislativos tenga una alta correlación: es justo lo que uno esperaría en una contienda con afinidades partidistas, campañas masivas en medios y logotipos fácilmente reconocibles en las boletas electorales.

¿Pero cómo explicar una elevada asociación estadística entre las candidaturas ganadoras para la Corte y las del Tribunal de Disciplina Judicial, entre otras tantas, cuando las boletas no tuvieron logotipos, las candidaturas eran numerosas y poco conocidas? De hecho, la mayoría de las candidaturas fueron preseleccionadas por comités oficialistas. ¿Cómo identificar las favoritas del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no tuvieron apoyo las candidaturas del Poder Legislativo?

De hecho, si llevamos el argumento de la afinidad partidista a su extremo, lo más natural hubiera sido que alguna de las tres ministras en funciones —propuestas para la Corte por el líder indiscutible de Morena durante su mandato— hubiese ganado la presidencia de la Corte. De hecho, el diseño de la boleta favorecía el triunfo de alguna candidata mujer al pedir votar por cinco de 33 opciones, mientras que sólo se pedía votar por cuatro de 31 alternativas entre hombres. En vez de ello, el puntero para la Corte fue un candidato mucho menos conocido que las tres ministras y que tuvo escasas formas legales de hacer campaña para darse a conocer.

Otro punto utilizado por el consejero Espadas consiste en afirmar que el voto judicial fue relativamente fragmentado. Intento resumir el razonamiento como sigue. El 1 de junio se emitieron 116.6 millones de votos para la Suprema Corte, de los cuales 90 millones fueron votos válidos y el resto, 26.6 millones, fueron nulos o no utilizados. Como los nueve candidatos ganadores acumularon, en conjunto, 41.1 millones de votos, se argumenta que, como estos sólo representan alrededor de 35% del total de votos emitidos, esto es señal de una elección competida y un saludable voto fragmentado.

El error de esto consiste en comparar esta concentración del voto con una elección partidista común y corriente. En efecto, si el partido gobernante sólo consiguiera 35% de votos para el Congreso, difícilmente podríamos hablar de una victoria apabullante, dadas las reglas de integración de cualquiera de las cámaras. Sin embargo, una elección con lista abierta produce votos mucho más fragmentados que una elección de mayoría relativa. Es por ello que las y los ministros ganadores consiguieron entre 3 y 6% de los votos totales.

Como sabemos, los candidatos identificados en el acordeón que consiguió más votos a nivel nacional ganaron en la gran mayoría de los distritos y entidades del país. De hecho, si con los votos recibidos para la Suprema Corte se hubieran elegido nueve ganadores en cada entidad, es decir, un total de 288 asientos, los candidatos beneficiados por el “acordeón oficial” hubieran ganado 238 asientos: un 83% del total. Por otro lado, cincuenta de las 64 candidaturas para la corte no alcanzaron ni siquiera dos millones de votos.

En resumen, es tan absurdo esperar un voto completamente aleatorio como querer que los acordeones difundidos se tradujeran en una supermayoría de votos. El resultado del 1 de junio fue un triunfo contundente de los candidatos señalados en los acordeones.