Las democracias tienden a favorecer arreglos económicamente ineficientes en aras de sostener coaliciones políticas de distinta índole. Los ejemplos abundan: tarifas, aranceles, controles de precios y regulaciones de todo tipo son económicamente ineficientes pero útiles para proteger a ciertos grupos de interés y/o votantes pivotales. Democracias jóvenes como la nuestra son aún más proclives a proteger un statu quo a todas luces ineficiente: nuestras paraestatales y sindicatos públicos son poderosos por sí mismos, pero al mismo tiempo cuentan con el apoyo de votantes proclives a “creer” en ellos (el petróleo es “nuestro”, la privatización es “mala”). No se trata de sugerir soluciones autoritarias, sino de comprender mejor el tipo de políticas públicas que resultan de toda democracia: unas lo hacen mejor que otras y hay que entender por qué.

La medianoche del domingo 11 de octubre se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Aunque no requería aprobación del Congreso, este decreto llevaba años en la congeladora y se había postergado por razones políticas más que económicas–de hecho, postergarlo resultaba cada año más costoso.  En la medida en que enfrenta un fuerte grupo de interés como el SME, ésta es una decisión “valiente” de Felipe Calderón: ojalá no se eche para atrás ni se hagan demasiadas concesiones al SME para poder extinguir la empresa–de hacerlo, perdería los muy escasos márgenes de maniobra que tiene para lidiar con otros poderes fácticos.

Los líderes partidistas y otros sindicatos se posicionarán en torno a esta medida.  No deja de sorprender que unos u otros defiendan causas tan indefendibles como la de los sindicatos públicos en México. ¿Por qué? Las evidencia indica que tanto nuestras paraestatales (PEMEX, CFE, LFC, etc) son escandalosamente ineficientes, y sus respectivos sindicatos son escandalosamente onerosos.  Claramente, que los contribuyentes subsidien tales niveles de ineficiencia, en vez de atender otras necesidades más urgentes (fill in the blank here with your favorite social program) es socialmente indeseable y, dadas nuestras carencias, una injusticia social.

A menudo se dice que “eficiencia” y “justicia” no van en el mismo sentido pero, en términos de finanzas públicas, sostener un aparato tan ineficiente con el erario público es de suyo injusto.  Me explico: hoy se nos dice que los subsidios a LFC (41.9 mmdp en 2009) son casi equivalentes al costo del Programa Oportunidades. Es decir que año con año el gobierno había “decidido” (junto con nuestro muy plural Congreso) subsidiar a LFC en vez de incrementar sustancialmente el combate a la pobreza (u otras inversiones sociales de alto impacto).  Eso es “injusto” casi bajo cualquier enfoque filosófico (o función de utilidad social, por así decirlo).

El gobierno federal estima destinar 20 mil millones de pesos para la liquidación de LyFC.  ¿Tiene sentido hacerlo desde un punto de vista costo-beneficio? Es una cifra desorbitante, hasta que lo comparamos con el costo actual de mantener en operación a LFC.

Macario Schettino ofrece gráficas sobre los flujos de transferencias a LFyC en los últimos años. Y José Luis de la Cruz Gallegos ofrece una numeralia interesante en El Universal de hoy:

• Subsidios y transferencias en 2009 por concepto de adquisición de energía eléctrica: 41 mil 900 millones de pesos
• Presupuesto de Egresos aprobado en 2009 para LyFC: 33.7 mil millones de pesos,
• de los cuales 11.8 mil millones (35%) están dedicados a su sistema de pensiones y jubilaciones
• y 12.8 mil millones de pesos van dirigidos a los servicios personales de LyFC.
• Gasto en inversión física: sólo 6.8 mil millones de pesos (20.2%)
• Nómina:  más de 44 mil empleados y 22 mil jubilados.
• Indemnización promedio que se ofrecerá a los trabajadores: 33 meses de sueldo.

Dos preguntas pertinentes son: ¿si la LFC llevaba años en números rojos, por qué hasta ahora se toma la decisión? ¿Por qué se decidió confrontar al SME y no a otros sindicatos igual o más perniciosos, como el sindicato de petroleros y el mismo SNTE?  Simple, por el costo político que implica el hacerlo. El poder de negociación de los grandes sindicatos está no sólo en su capacidad de movilizar grandes masas (“paralizar el país”) sino también por el apoyo directo o indirecto que éstos ofrecen a los partidos políticos. Por diversas razones, reformar el sector público en México –desde la burocracia hasta las grandes paraestatales– ha sido mucho más difícil que reformar otras áreas (como la política macroeconómica, pensiones privadas, el TLC y el mismo COFIPE).

No es gratuito que ni siquiera Salinas o Zedillo –ambos presidentes más “fuertes” que Fox o Calderón– confrontaron en su momento a  estos grupos.  Si Salinas hubiese impulsado una reforma energética profunda junto con el TLC, el STPRM/PEMEX se hubiera acercado aún más al PRD.  Del mismo modo, si Calderón diera la espalda a el SNTE, Elba y su aparato magisterial volverían al PRI (o incluso al PRD).  Por eso dije al inicio que bajo nuestra democracia es muy difícil trastocar este tipo de arreglos, a menos que las condiciones sean lo suficientemente críticas, como al parecer ocurrió ahora con Luz y Fuerza del Centro.

To be continued…