Este es un comentario al vuelo sobre la “Ley Arizona” SB1070, publicado en El Universal del 3 de agosto de 2010.

El fallo de Arizona

Unas horas antes de que entrara en vigor la ley SB1070 de Arizona, la jueza federal Susan Bolton bloqueó sus aspectos más controversiales: la policía estatal no podrá verificar el estatus migratorio de personas detenidas por otras razones, ni se podrá criminalizar el no portar documentos migratorios en todo momento o buscar empleo en lugares públicos—obligaciones que pondrían una carga desmedida entre los inmigrantes y residentes legales. Esta historia aún no termina puesto que la gobernadora Jan Brewer apeló la decisión de inmediato y es muy probable que el caso llegue hasta la Suprema Corte. De hecho, más de 10 estados consideran ahora mismo iniciativas de ley similares.

Es común escuchar que “toda la política es política local”, y el caso de la SB1070 lo ilustra con toda claridad. Es evidente que los legisladores de Arizona están reaccionando ante una recesión que impone al estado pérdidas de empleos y presiones presupestales superiores a las de estados como Michigan o California. Esta legislación responde además a la percepción, típica durante una recesión, de que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para controlar la migración ilegal. A nivel agregado, el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza de los últimos años ha disminuido los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Sin embargo, los cruces por Arizona han ido creciendo en términos relativos conforme se dificultan los accesos tradicionales en Texas y California. Se estima que 8% de la población del estado son migrantes ilegales, cifra sólo inferior a la de Nevada con 8.8%.

La demografía quizá ayuda a entender la relevancia del tema migratorio y el creciente conservadurismo en el estado: Arizona tiene 6.5 millones de habitantes, 30% de ellos hispanos y 58% blancos. 4.3 millones viven en la zona metropolitana de Phoenix—ciudad cuya población adulta ha crecido rápidamente en las últimas dos décadas, conforme el costo de vida de estados como Texas y California encarecían. Phoenix tiene una histórica rivalidad con Tucson, segunda ciudad en importancia y donde la población hispana está mucho mejor integrada con el resto. Tucson tiene 68% de población blanca frente a 77% en Phoenix. Hace 20 años Phoenix era un poco más grande que Tucson, hoy la población de Phoenix supera a la de Tucson por 4 a 1.

Phoenix se volvió el centro político del estado al mismo tiempo que Arizona se volvió un punto de cruce cada vez más importante para los migrantes. Los votantes de Phoenix tienden a favorecer al partido republicano mientras que Tucson apoya a los demócratas. El partido republicano controla la legislatura estatal y la gubernatura de Arizona. Sus dos senadores son prominentes republicanos: John McCain y Jon Kyl. En las últimas décadas, los votantes del estado han favorecido a un solo candidato presidencial demócrata, Bill Clinton, en 1996. Por otro lado, 5 de 8 representantes ante el Congreso son demócratas y Janet Napolitano, parte del actual gabinete de Obama, fue gobernadora por 8 años.

En el corto plazo, es claro que la ley SB1070 es una apuesta de los republicanos para apelar a las preferencias y prejuicios de la mayoría no hispana del estado. Incluso si la ley acaba siendo derrotada en las cortes, como parece ser el caso, permite a la gobernadora dar la señal de que “se hizo el esfuerzo”.

La migración será sin duda uno de los temas clave de la elección intermedia en Estados Unidos. El hecho es que aunque la migración ilegal ha disminuido, 65% de la población americana cree que ésta es un problema muy serio. Obama prometió en su campaña una reforma migratoria integral pero ésta no cuenta con el apoyo de sus mismos legisladores. De hecho, el número de deportaciones bajo la administración de Obama han superado a las observadas con Bush. Aún así, los republicanos acusarán a Obama por frenar los esfuerzos de gobiernos como el de Arizona por atender un tema que preocupa al electorado.

En el largo plazo, la apuesta republicana es muy arriesgada. El electorado hispano es el grupo poblacional de mayor crecimiento en Estados Unidos y las batallas legales en torno al tema migratorio pueden acabar marginándolos. Pero será un proceso lento: la subrrepresentación de los hispanos en Estados Unidos pone en evidencia, con toda claridad por cierto, las deventajas de los sistemas electorales mayoritarios.