El artículo de hoy de María Amparo Casar no tiene desperdicio y pone en evidencia el tipo de “eficacia legislativa” que tiene en mente Enrique Peña Nieto.
Mayorías inútiles
María Amparo Casar (3 Mayo 2011, Reforma)
Algo pasa que no nos deja avanzar. Y no es precisamente la ausencia de mayorías. El cierre del periodo de sesiones del Congreso nos hizo un favor. Nos mostró que el problema no es de mayorías sino del uso que se hace de ellas y, en su ausencia, de la posibilidad de armarlas, cuando hay voluntad y liderazgo. Las mayorías pueden servir para proponer, aprobar y avanzar pero también para vetar, rechazar y paralizar.
En el Senado no hay partido que tenga mayoría y sin embargo han dado mayores muestras del arte de la negociación para formarlas. Sin mayoría alguna aprobaron reformas constitucionales importantes como la de derechos humanos y la política y varias leyes secundarias.
En la Cámara de Diputados sí hay mayoría: la conforman la alianza PRI-Verde con 258 legisladores y a la que se suma el PANAL para llegar a 267. Y qué hicieron con su mayoría: se negaron a discutir la reforma fiscal, se rehusaron a llevar al pleno la laboral y la de seguridad nacional, vetaron la reforma política e impidieron los acuerdos para nombrar a los tres consejeros del IFE.
Lo que ocurrió con las cuatro reformas demostró para qué sirven las mayorías. La reforma fiscal fue planteada por un senador de su propio partido, pero sus colegas en la Cámara de Diputados le dijeron clarito que no. Les incomodaba su denominación de origen -el senador Beltrones- y el impacto electoral sobre su más seguro candidato. La reforma laboral se negoció con el PAN, se llegó a un dictamen de consenso y al final los priistas la retiraron. Josefina Vázquez Mota acompañada de su bancada los exhibió: retiró la iniciativa del PAN y le firmaron la suya, sin modificación alguna, al PRI. No les importó. Pesó más la amenaza de parte del PRD y de AMLO de hacer movilizaciones que pudieran empañar las elecciones del Estado de México y el costo frente al sector obrero. La de seguridad nacional que recibieron del Senado tampoco les gustó a los diputados del PRI. Propusieron un dictamen alternativo liderado por el diputado mexiquense Navarrete Prida. Los votos les alcanzaban para aprobar una iniciativa con las modificaciones que ellos quisieran pero evaluaron los costos de hacerlo y se arrepintieron. Argumentaron que no se podía legislar al vapor en un tema tan importante. ¿Al vapor? ¡Pero si los senadores se las enviaron hace un año! La reforma política también fue frenada. Necesitaba una mayoría de dos tercios (330 diputados). A la bancada del PRI no le alcanzaban sus votos pero el PAN que tiene 142 diputados le ofreció los suyos. El PRI volvió a quedar exhibido en su negativa. Curiosamente esta iniciativa también llevaba la denominación de origen del presidente del Senado.
La democracia tiene entre sus ventajas la transparencia. Permite conocer la conducta de los políticos. Sabemos quién vota a favor y quién en contra de las iniciativas. Sabemos quién tiene la mayoría para aprobarlas o rechazarlas. Sabemos quién es responsable de que las cosas sucedan o dejen de suceder. Haga usted las cuentas.
La aritmética no miente: el PRI tiene la mayoría de diputados para pasar las reformas legales que hubiesen querido. Si no les parecían las del Presidente, los otros partidos o las de sus propios senadores, bien podían haber propuesto y aprobado las que fueran de su gusto o conveniencia. Pero no. Usaron su mayoría para paralizar, vetar y rechazar.
Lo que sorprende es que Peña Nieto -a quien por error político se ha presumido como el pastor de la bancada- ha planteado públicamente su posición respecto a las mayorías (“Mayorías en el Congreso para un Estado eficaz“, El Universal, 16/03/2010). Él afirma que “México ha vivido más de una década sin grandes reformas porque nuestro sistema dificulta la construcción de mayorías” y que “sin mayorías se pierde la capacidad de decidir y transformar …”. Propone como alternativa para generar esas mayorías eliminar el tope de sobrerrepresentación del 8% que admite la legislación electoral mexicana o introducir la cláusula de gobernabilidad para dar al partido que obtenga el 35% de la votación una mayoría absoluta en el Congreso.
El gobernador debería replantearse el tema. Primero porque ningún país con credenciales democráticas ha optado por la cláusula de gobernabilidad en atención a que implica quitarle votos/asientos a un partido que los ganó para dárselos a otro que no lo hizo. La han tenido Camerún, Chad y Corea del Sur. Segundo porque ha quedado demostrado que la mayoría de su partido en la Cámara de Diputados no ha servido para “decidir y transformar” mientras que la no mayoría en el Senado ha demostrado mayor capacidad para hacerlo.