Democracia y déficit

Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (14 septiembre 2013), donde discuto la economía política de la deuda pública y el gasto deficitario.

Democracia y déficit

De acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación presentada esta semana, en 2014 el gobierno federal esperaría tener ingresos presupuestales por 3.82 billones de pesos (22% del PIB estimado). Aproximadamente un tercio de ese monto provendría de ingresos petroleros y el resto se recaudaría mediante impuestos. Al mismo tiempo, el proyecto de Presupuesto de Egresos propone erogar 4.49 billones de pesos, es decir más de 40 mil pesos por habitante (25.3% del PIB).

Estas cifras parecen abrumadoras por su magnitud. Sin embargo, México es uno de los países con menor recaudación de impuestos. Entre los países miembros de la OCDE los ingresos fiscales representan, en promedio, más de 30% del PIB. En México, éstos apenas son 22% del PIB y, lo que es peor, los ingresos tributarios apenas alcanzan 10% del PIB.

La baja recaudación y su dependencia de una renta petrolera decreciente, volátil y no renovable, restringe de manera importante la capacidad del Estado mexicano para proveer bienes y servicios públicos socialmente deseables, así como de redistribuir el ingreso. Si bien es cierto que el crecimiento económico sostenido es la mejor forma de combatir la pobreza, la redistribución del ingreso requiere de una decisiva y eficaz intervención gubernamental.

La política fiscal, que comprende tanto impuestos como gasto público, es el instrumento de política pública clave para redistribuir el ingreso en países desarrollados: la desigualdad en la distribución de los ingresos cambia de manera importante antes y después de pagar impuestos y recibir transferencias gubernamentales. En México este no es el caso: la distribución del ingreso antes y después de la intervención gubernamental prácticamente no cambia. De modo que aumentar la recaudación sin hacer más eficiente y eficaz el gasto público difícilmente cambiará la situación de millones de mexicanos.

La política fiscal en México refleja un equilibrio político perverso. Por décadas, la disponibilidad de una jugosa renta petrolera ha permitido posponer una reforma fiscal integral. Solamente cuando el precio del petróleo se desploma el gobierno se toma en serio el debate de una reforma fiscal con tal de no enfrentar serios recortes en el gasto público. Y en la medida en que el gobierno puede gastar sin exigir impuestos de los ciudadanos, éstos se acostumbran a recibir bienes y servicios públicos sin sentirse obligados a contribuir y sin tener que exigir cuentas claras por los recursos que pagan al erario.

Para cualquier político es sumamente tentador recurrir al déficit o al endeudamiento público para combatir una recesión económica sin enfadar a los votantes con una carga excesiva de nuevos o mayores impuestos. Para cualquier legislador puede parecer sencillo aprobar mayores partidas de gasto que beneficien a su entidad o distrito si el costo se distribuirá entre los contribuyentes de todo el país.

El paquete económico para 2014 propone un déficit presupuestal de 1.5% del PIB. Si se considera el gasto de inversión de Pemex, el déficit asciende a 3.5% del PIB y es el más alto de las últimas dos décadas. Comparado con el presupuesto de este año, se propone un aumento en el gasto de 528 mil 460 millones de pesos. ¿Puede la ciudadanía vigilar el buen uso de tales recursos? ¿Pueden hacerlo los legisladores y partidos de oposición en el Congreso?

¿Qué es más urgente, ampliar recaudación, ampliar la base de contribuyentes o hacer más eficiente y eficaz el gasto? Desde un punto de vista meramente aritmético, el impacto de recaudar un millón de pesos más es similar al de recortar o ahorrar un millón de pesos en programas de mínimo impacto social o bien en programas francamente regresivos. Pero cuando los principales beneficiarios del gasto público están mejor organizados que los contribuyentes cautivos, para el gobierno resultará más fácil aumentar impuestos entre quienes ya los pagan, los contribuyentes cautivos y clases medias, que buscar contribuyentes nuevos o hacer más eficiente el gasto público.

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