En México existe un amplio debate sobre el papel del dinero en la política y cómo regularlo.  Entre las grandes preguntas de este debate tenemos: ¿Cuánto debe subsidiarse una democracia en general, y a los partidos o candidatos en particular? ¿Deben limitarse las fuentes de ingresos de los partidos y candidatos—cuánto y de quiénes? ¿Deben limitarse los gastos de campaña—desde cuándo, cuánto y cómo? Por último, ¿cómo se puede regular  y monitorear el origen y aplicación de estos recursos de manera eficiente?  No existe una respuesta claramente establecida para todas estas preguntas pero vale la pena echar un vistazo a lo que hacen en otras latitudes.

Esta tabla resume la regulación del financiamiento a partidos políticos en 14 democracias “consolidadas”.  Jacaranda Pérez y un servidor hemos analizado un conjunto más amplio de países (aquí, por ejemplo) pero esta muestra es bastante ilustrativa de las prácticas más comunes. 

Si bien 10 de 14 países ofrecen financiamiento público a partidos, solo 2 de ellos establecen topes al gasto de campaña. Junto con el financiamiento público, la regulación más común son los requisitos de rendición de cuentas de ingresos y gastos (disclosure requirements). Nótese además que alrededor de un tercio de estos 14 países imponen restricciones de algún tipo a las contribuciones de individuos o corporaciones.  Por último, resalta que pocos países financian más del 50% del gasto de los partidos (estos porcentajes deben interpretarse con cuidado pues es muy difícil medir de manera confiable el gasto total de los partidos).

Fuente: Elaboración propia con base en Karl-Heinz Nassmacher, IDEA Handbook on Funding Parties and Election Campaigns, 2003.