Esta es una breve opinión sobre las encuestas rumbo al 2012 y su relación con la regulación electoral en México. Si algo de lo dicho abajo parece fuera de contexto es porque se trata de una reflexión incompleta que nunca llegó a su destino final.

En las semanas recientes han comenzado a publicarse diversas encuestas con miras a la elección presidencial de 2012. En algunas de ellas, como la de Consulta Mitofsky, el PRI aparece como un claro puntero, mientras que en otros levantamientos su ventaja no es tan clara.

¿A qué se pueden deber estas diferencias? Dejando de lado las diferentes fuentes de error en una encuesta, la primera tiene que ver con la diferencia entre preguntar por preferencias partidistas, sin nombrar candidatos, frente a aquellas que contrastan candidatos hipotéticos como Enrique Peña, Santiago Creel y Andrés Manuel López Obrador. Dependiendo de sus atributos personales, las preferencias por un candidato pueden ser mayores o menores que las preferencias por sus respectivos partidos: hoy por hoy, Peña y López Obrador pesan más que sus partidos.

Por otro lado, las encuestas realizadas fuera de períodos de campaña capturan sobre todo la identidad partidista de los ciudadanos, o bien la popularidad de sus candidatos potenciales. Por ello no debe sorprender que la intención de voto por un partido y la identificación o simpatía con ese mismo partido vayan de la mano. En todo caso, las tendencias a estas alturas del calendario electoral deben tomarse con cuidado. Baste recordar que en las encuestas de marzo de 2005 el PRI era el puntero y el PRD aparecía en tercer lugar de las preferencias rumbo a la elección presidencial: Madrazo sonreía confiado. Una vez establecidos los candidatos oficiales y que da inicio la campaña oficial, las intenciones de voto pueden cambiar fácilmente: en febrero de 2006 el que invitaba a sonreír era López Obrador.

Un tercer elemento a considerar es la influencia de las elecciones previas al 2012. Si bien las encuestas pueden verse afectadas por las elecciones más recientes, sería un error confundir la fuerza del PRI en dichos procesos, tanto locales como federales, como un buen indicador del voto presidencial futuro. Si bien estos resultados no son un dato menor, lo cierto es que el electorado del 2012 no será el mismo que el de 2009, ni el de las elecciones locales de 2010 y 2011. Tampoco serán los mismos candidatos ni serán los mismos temas los que estén en la mente de los votantes del 2012. Para decirlo en breve: las preferencias presidenciales serán más útiles e informativas hasta que sepamos quiénes serán los contendientes de cada partido y la situación del país a unos meses de la elección.

[He aquí un salto cuántico del tema A al tema B]

Aunque a los reguladores electorales no les guste, en toda democracia las campañas son permanentes. Para los actores políticos ambiciosos, quienes de manera racional se preocupan por “su futuro”, cada día es una oportunidad de acumular capital político, desperdiciarlo o bien disminuir el de sus rivales. De hecho, la ambición de los potenciales candidatos es un mecanismo de vigilancia del desempeño tanto del presidente como de los aspirantes que hoy sustentan algún cargo de elección popular de alto relieve: así las cosas, Ebrard y Peña se vigilan mutuamente y entre los dos vigilan tanto a Calderón como a los demás aspirantes de su gabinete.

La competencia entre políticos ambiciosos es un mecanismo imperfecto que, en buena medida, requiere que unos sean capaces de criticar abiertamente a otros, y que éstos puedan responder de manera expedita. Por desgracia, nuestra regulación electoral prohíbe que los aspirantes o sus partidos se critiquen abiertamente mediante inserciones en radio y televisión. Se impide, además, que los servidores públicos rindan mensajes informativos, salvo siete días antes y cinco días después de sus informes anuales de labores. La participación en medios masivos por parte de organizaciones de la sociedad civil también está vedada, supuestamente en aras de proteger al electorado de recibir “información indeseable”.

Con tantas restricciones sobre el volumen y tipo de información que pueden recibir, es posible que al electorado no le quede más remedio que juzgar a los precandidatos por la cobertura noticiosa que éstos reciban, por los rumores de personas mejor o peor informadas, o de plano por su buena o mala cara. ¿A quién beneficia este tipo de regulación? He aquí una pista: a menudo las reglas electorales protegen a sus autores.