¿Cómo democratizar a los partidos?

Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (22 junio 2013). En ella discuto la pertinencia o no de una Ley General de Partidos como la sugerida en el pacto o la agenda mínima de los senadores de PAN y PRD.

Políticos y partidos

Esta semana se llevaron a cabo diversos foros sobre la reforma político-electoral. Sin duda el más destacado de ellos fue el de  las “audiencias públicas para las reformas al sistema electoral y al régimen político”, convocadas por el Senado. Independientemente de sus consecuencias, este tipo de foros son una señal saludable en un momento en que se pretende impulsar diversas reformas políticas y económicas. Uno de los temas discutidos fue la pertinencia de crear una Ley General de Partidos que norme los procesos de toma de decisiones y los derechos de los militantes.

En México ya es un lugar común escuchar que “no existe democracia sin partidos políticos”. Y es cierto. Los partidos políticos facilitan la toma de decisiones colectivas: por un lado, al estructurar la competencia entre diferentes grupos e intereses, los partidos ayudan a los votantes a decidir su voto. Por otro lado, los partidos facilitan la negociación al interior del Congreso. Los partidos son instituciones que crean atajos útiles tanto para los votantes como para los políticos.

Lo que no es cierto es afirmar que, como los partidos son necesarios para una democracia, éstos merecen amplia protección legal y recursos extraordinarios. Detrás de este argumento falaz, muchos justifican no sólo el generoso financiamiento público que reciben los líderes de los partidos, sino un gran número de barreras legales para impedir la entrada de nuevos partidos, o bien para impedir el debilitamiento de los ya existentes. A nadie debe sorprender que los principales partidos representados en el Congreso encuentren conveniente usar la ley para crear barreras legales que minimicen la competencia que habrán de enfrentar en las urnas.

Los partidos importan, sí. Pero lo que se busca proteger con un sistema de partidos fuerte no es la supervivencia de un partido o partidos en específico, sino garantizar que, en todo momento, existan las vías institucionales para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a asociarse y participar en el proceso político-electoral ya sea como votantes o como candidatos. Para consolidar nuestra democracia no es necesario que se fortalezcan los partidos que hoy conocemos, sino que existan mejores partidos: una versión renovada de éstos mismos u otros nuevos.

¿Cuáles son los asuntos que más preocupan en una ley de partidos? Desde el punto de vista de los militantes: los estatutos, los mecanismos para seleccionar candidatos y dirigentes, el financiamiento de sus actividades, su estructura interna, así como los órganos de control legal adecuados. Desde el punto de vista de los ciudadanos: la calidad de sus candidatos, la claridad de las plataformas partidistas, así como la transparencia en el uso de los recursos que reciben.

¿Hace falta una ley de partidos en nuestro sobrerregulado sistema electoral? Quizá sí. Pero no hay que olvidar que el Cofipe cuenta ya con un libro entero dedicado a regular partidos políticos. Aunque esta regulación no es exhaustiva, durante los últimos años el Tribunal Electoral ha creado jurisprudencia sobre diferentes asuntos partidistas. Quizá valga la pena incorporar en ley algunas de estas resoluciones.

Para fortalecer la democracia interna de los partidos, más que una ley de partidos, hace falta más competencia electoral. A mayor competitividad electoral, cualquier partido tendrá mayores incentivos para buscar y atraer a los mejores cuadros como candidatos, y en atender las demandas de más y más ciudadanos.  Como bien sugirió mi colega del CIDE, Joy Langston, en las audiencias del Senado: hoy por hoy, el marco legal protege en sobremanera a los líderes partidistas, pues son ellos quienes controlan el financiamiento, seleccionan candidatos y controlan su “futuro” al concluir éstos, sus cargos. Para democratizar nuestros partidos hay que quitarle a los líderes partidistas el poder de seleccionar candidatos y dárselo a quién debe pertenecerle en una democracia representativa: a los votantes. ¿Cómo? Mediante la reelección.

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