Informar no es rendir cuentas

Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (7 septiembre 2013), donde discuto por qué rendir informes no equivale a rendir cuentas..

Informes y rendición de cuentas

El domingo 1 de septiembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto entregó al Congreso su Primer Informe de Gobierno.  Tras iniciar el segundo año de la legislatura, diputados de cada partido político con representación en el Congreso emitieron su opinión sobre los primeros nueve meses de gobierno del Presidente, pero sin conocer el contenido del documento que se les había entregado sólo minutos antes. El contenido del Primer Informe no se hizo público sino hasta el lunes 2 de septiembre por la mañana, día en que el Presidente decidió emitir un mensaje desde Los Pinos ante un grupo selecto de invitados. La ciudadanía interesada pudo escuchar un mensaje en radio y televisión sobre un documento de interés público que aún no se difundía. En consecuencia, expertos y analistas de diversos medios dedicaron buena parte de la semana a comentar el contenido de un mensaje retórico más que la sustancia del Informe.

La rendición de cuentas de un régimen democrático requiere, en primer lugar, que los gobernantes informen, expliquen y justifiquen su gestión ante el electorado. Sin embargo, esto no sucede en México porque la reelección consecutiva está prohibida en todos los cargos de elección popular. Importante como lo es, la rendición de cuentas ante el electorado no es un mecanismo de control suficiente porque los ciudadanos no siempre tienen el interés o la capacidad de evaluar a profundidad la gestión de gobierno. Y aunque la tuvieran, ésta no sería un mecanismo de control suficiente porque los ciudadanos no tienen un mayor poder de sanción que el de su voto, el cual ocurre cada tres o seis años, o de su capacidad de protesta, la cual enfrenta limitaciones como las que comentamos aquí mismo la semana pasada.

En segundo lugar, la separación de poderes implica una rendición de cuentas horizontal: el Poder Legislativo vigila al Ejecutivo. Desde hace varios años, el Presidente solamente se presenta ante el Congreso dos veces en seis años: el día que toma posesión del cargo y el día que entrega el mismo a un nuevo Presidente electo. No podemos afirmar que el Ejecutivo rinde cuentas ante el Congreso mediante su Informe de Gobierno. No lo hace ni de forma ni de fondo, puesto que sólo se entregó un documento de más de 800 páginas. En ningún momento legisladores y Presidente tuvieron  interacción alguna en el espacio institucional  de interlocución propio de un régimen con separación de poderes: el Congreso de la Unión. Los legisladores pronunciaron discursos de respuesta ante un Informe que desconocían y donde el Presidente no estaba presente. Un día después, el Presidente emitió un mensaje, pero éste no estaba dirigido a los legisladores. En los próximos días habrá una glosa del Informe, pero la atención de los medios estará en otra parte.

Pero hay más. En la última reforma electoral se prohibió que la propaganda gubernamental incluyera la imagen personal de nuestros gobernantes salvo siete días antes y cinco días posteriores a la fecha en que rindan sus informes. El legislador decidió no solamente impedir que el Presidente entrara al Congreso sino también limitar el tipo de información que los ciudadanos pueden recibir durante la gestión de sus gobernantes. Los ciudadanos vemos y oímos más spots de los candidatos presidenciales que de los gobernantes. Los candidatos presidenciales al menos están obligados a sostener un par de debates, pero el Presidente no puede dialogar con los legisladores en el Congreso. Claramente, esto empobrece aún más la rendición de cuentas.

A lo largo de su mensaje con motivo del informe, el Presidente pronunció más de 40 veces la palabra reforma o reformas. Al igual que Fox y Calderón antes, dejó claro que la viabilidad de su gobierno depende de que el Congreso apruebe una serie de reformas estructurales en materia fiscal y energética, entre otras. Su prisa es comprensible: nuestros rezagos sociales la justifican. Pero tener cautela también se justifica: legislar de prisa es peligroso en un país con tan escasa rendición de cuentas.

 

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