Esta semana escribí dos comentarios sobre el modelo de comunicación política vigente en México desde 2008.  Primero, en mi columna para Excélsior, “Voto razonado” y, un par de días después, en la Tribuna de Milenio junto con Jorge Buendía, Jorge Javier Romero y Esteban Illades. Aquí encontrarán ambos.

Modelo fallido (Excélsior, 12 marzo 2016)

El pasado fin de semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó suspender la difusión de un spot en el que Andrés Manuel López Obrador, líder del partido político Morena, criticaba la compra del avión presidencial y sentenciaba: “En 2018, lo vamos a vender”. En un primer momento, la comisión de quejas y denuncias del INE había descartado suspender la transmisión de estespot, pero el Tribunal opinó lo contrario.

Por otro lado, esta misma semana, la sala especializada del mismo Tribunal determinó que las opiniones emitidas por Joaquín López-Dóriga y Javier Alatorre, entre otros, durante la visita del Papa a México no violentaban el modelo de comunicación política vigente. En aquellos días de intensa cobertura de los ires y venires del Papa, los conductores hicieron comentarios negativos antes y después de la transmisión de los spots electorales. En un primer momento, la comisión de quejas y denuncias del INE había iniciado un procedimiento para indagar si dichos comentarios violaban la ley o no; el Tribunal resolvió que no lo hacían.

Para dejar de lado las filias y fobias que uno pueda tener sobre López Obrador oLópez-Dóriga, vale la pena analizar ambos episodios en abstracto. En el primer caso, el máximo tribunal electoral ordenó sacar del aire un spot de un líder opositor al gobierno federal por considerar que su contenido violaba la ley. ¿En cuántas democracias consolidadas ocurre esto? En el segundo caso, tanto el INE como el TEPJF evaluaron ya no el contenido de tal o cual spot, sino los dichos de ciertos comentaristas en televisión a propósito de los spots. ¿Cómo llegamos a esto?

Si los episodios anteriores le suenan complicados y las resoluciones algo contradictorias, quizá no esté equivocado: el así llamado modelo de comunicación política vigente en nuestras leyes electorales es contradictorio. Veamos por qué.

El así llamado modelo de comunicación política vigente desde la reforma electoral de 2007-2008 otorga a los partidos políticos prerrogativas de acceso a medios, es decir, spots en todas las estaciones de radio y televisión abierta.

Se puede estar de acuerdo o no con este tipo de prerrogativas, pero supongamos sin conceder que hacerlo así es buena idea. Por desgracia, el modelo incluye tres aspectos de difícil implementación y cuyas consecuencias no deseadas (aunque previsibles) se hacen cada vez más palpables.

En primer lugar, el modelo de comunicación prohíbe a cualquier persona o partido contratar o adquirir tiempos o propaganda electoral en radio y televisión. Es decir que, en un caso extremo, si un partido político o coalición contara con la mayoría absoluta de spots, ni la oposición en conjunto ni la sociedad puede adquirir espacios para contrarrestarlo.

En segundo lugar, la Constitución impide a los funcionarios públicos hacer promoción personalizada de sus voces, nombres o imágenes. De nuevo, la intención de la ley no es mala, hasta que descubrimos que hay actores políticos clave que quedan fuera de esta restricción: los líderes de partido o cualquier potencial candidato sin algún cargo público, por ejemplo. Es por ello que, desde 2008 a la fecha, los funcionarios públicos envidian los spots de los políticos sin cargo público.

En tercer lugar, la ley electoral prohíbe que la propaganda electoral denigre a las instituciones o calumnie a las personas. Es por ello que nuestros árbitros electorales se ven obligados a evaluar e interpretar el contenido de cada spotimpugnado. Y así nos va. Es un modelo equivocado para una democracia que debería buscar maximizar libertades.

Un modelo inequitativo e indefendible (Tribuna Milenio, 15 marzo 2016)

¿Cómo podemos evaluar el así llamado modelo de comunicación política vigente desde 2008? Afirmar que el modelo de comunicación política vigente desde 2008 es contradictorio no es ninguna novedad.  Muchos lo han señalado desde entonces. Lo novedoso, quizá, es el cúmulo de casos que así lo evidencian.

Hemos visto de todo: spots que son retirados porque enfadan a gobernantes, partidos o comunicadores, comunicadores que denigran a spots, calzoncillos de boxeadores que anulan elecciones, debates que no son debates, entrevistas o informes de labores que parecen spots y un largo etcétera.

Antes de aquella reforma,  si los partidos políticos o candidatos querían tener acceso a radio y televisión, tenían que comprar spots. Este arreglo era ventajoso para el oligopolio mediático del país: en temporadas electorales, una televisora podía no solo cobrar tarifas elevadas (lo cual no sorprende si la demanda era alta) sino que podía cobrar tarifas diferenciadas a una candidatura u otra. Y como los partidos gozan de generoso financiamiento público, aquel modelo implicaba una transferencia de recursos del erario (léase, las y los contribuyentes) a los medios quienes, de paso, podían inclinar la balanza hacia ciertas candidaturas o partidos.

Hartos de ello, los partidos representados en el Congreso se dieron a sí mismos un “nuevo modelo de comunicación política” que les permitía contar con prerrogativas de acceso a medios usando los llamados tiempos oficiales para transmitir spots en radio y televisión.

Para los partidos esta reforma implicaba un ganar-ganar: a sus prerrogativas financieras se añadió un acceso sin precedente a radio y televisión. Eran los buenos tiempos. Era la reforma de la equidad en el acceso a medios. Las empresas de medios, por supuesto, opinaban otra cosa. En el análisis más simplista, ganaban los malhadados partidos, ganaba la muy buena democracia, y perdían los malhadados medios:  ¿Qué tan malo puede ser el modelo entonces? Apunto tan solo 4 problemas.

La mayoría (70 por ciento) de las pautas de radio y televisión se distribuyen de manera proporcional a los votos obtenidos en la elección anterior. Es decir que, por ley, un partido político o coalición puede contar con más spots que sus opositores sin que ésta pueda contrarrestarlo. Es decir que, por ley, el acceso a medios para los partidos políticos es inequitativo e inflexible. Es por ello que en 2012 Peña Nieto recibió mucho más spots que sus adversarios y esto ocurrirá una vez más en 2018.

¿Tenemos elecciones más competitivas o más equitativas de entonces a la fecha? ¿Tenemos un electorado más informado o mayores tasas de participación gracias a los spots? No lo sabemos pero supongamos sin conceder que distribuir spots de este modo no es tan mala idea. El problema es que el modelo viene acompañado de restricciones extrañas para una democracia liberal.

En segundo lugar, el modelo prohíbe a cualquier persona o partido adquirir propaganda electoral en radio y televisión. (¿Y qué es o no es propaganda? Lo que diga el Tribunal, por supuesto.) Es decir que, en un caso extremo, si la sociedad se descubriera gobernada por corruptos, sus opositores –sean partidos, candidatos independientes, grupos de interés o sociedad civil organizada—tendrían que combatirlo… sin acceso a spots de radio y televisión. (Una fuente de optimismo, si se quiere, es que cada vez menos personas escuchan radio o televisión abierta).

Pero hay más. El modelo prohíbe que la propaganda electoral denigre a las instituciones o calumnie a las personas. Es por ello que tanto el INE como el TEPJF están obligados a evaluar e interpretar el contenido de cada spot impugnado. De 2008 a la fecha, a golpe de quejas y sentencias, se ha creado algo que no existe en la ley: la violación al modelo de comunicación política. ¿Bajo qué argumento normativo o democrático es defendible que un juez o árbitro electoral pueda determinar si un spot es digno de ser transmitido o no?

Por último, el artículo 134 de la Constitución impide a los funcionarios públicos hacer promoción personalizada de sus voces, nombres, o imágenes. Esta no parece una mala regla hasta que descubrimos dos excepciones importantes. Una, los “informes de labores” (es un decir) de los funcionarios no cuentan como promoción personalizada. Y dos, ni los líderes partidistas, ni cualquier otro político desempleado, son funcionarios públicos y por ende pueden verse privilegiados de los cuantiosos spots del modelo.

Así las cosas, vale la pena preguntarnos ¿dónde están las presuntas bondades del modelo? ¿Acaso será hora de repensarlo? Opino que sí.

*Aquí una columna previa sobre el mismo tema (Excélsior, 18 abril 2015).