Encuestas prohibidas

En México y en otros países se prohibe la difusión de encuestas una semana antes de la jornada electoral. Se trata de una regulación absurda que protege a los partidos en el poder al tiempo que impide al electorado contar con información oportuna y socialmente útil.  Veamos por qué.

En toda campaña electoral hay una derrama de información de diversa índole y credibilidad (promesas creíbles o no tanto, campañas negativas o informativas, debates, encuestas serias o patito, etc.). Prohibir la difusión de encuestas limita una fuente importante de información confiable y deja al electorado a merced de otras tantas fuentes de información menos confiables (rumores, spots, despensas, etc.). La prohibición afecta sobre todo a las encuestas serias: a un encuestador patito le importa poco la prohibición y filtrará cifras amañadas, mientras que a los despachos establecidos no les queda más que cumplir la ley para mantener su reputación y su negocio.

¿Qué impacto pueden tener las encuestas en el electorado? Supongamos que las últimas encuestas muestran una clara ventaja para el candidato A frente a B, digamos 60% vs. 40%. Esta información es útil para los simpatizantes de A (“la victoria de A es casi segura, a lo mejor no hace falta ir a votar”) pero también para los simpatizantes de B (“quizá los simpatizantes de A se confíen y no voten, mejor me animo a ir a votar por B para ver si logra dar la sorpresa”). A partir de esta información, un equilibrio posible es que la elección resulte un poco más cerrada de lo que las encuestas anticipaban, digamos 55% vs 45%. Nada grave, al final de cuentas de todos modos gana A pero con un menor margen, lo cual es deseable bajo ciertos criterios normativos y, de hecho, puede inducir una mejor gestión ante el temor de una nutrida oposición.  (Este resultado es una aplicación directa de la lógica de la acción colectiva de Mancur Olson: el grupo mayoritario A tiende a flojear un poco más que el grupo minoritario B.)

Supongamos ahora que la contienda está reñida y se va cerrando aún más en los 3 o 4 días previos a la elección. Las encuestas que 7 días antes daban un margen de 5% ahora están dentro del margen de error, lo cual puede ocurrir si un porcentaje importante de indecisos se vuelcan en favor de un candidato. Saber que la elección se está cerrando en los días inmediatos previos a la elección es información sumamente valiosa para los simpatizantes de ambos candidatos y, de hecho, es muy probable que produzca una mayor (y muy deseable) participación electoral: tanto los simpatizantes de A como los de B no querrán “que el otro candidato les arrebate el triunfo en el último minuto”. Gane quien gane, tendrá incentivos para esforzarse más en su gestión por miedo a la oposición que “casi le ganaba”. Es por ello que, si la elección se está cerrando pero el votante no llega a conocer las últimas encuestas, se favorece indirectamente al puntero “de 15 días atrás”.

Los ejemplos previos se refieren a elecciones bipartidistas. En casos de elecciones multipartidistas, las encuestas oportunas producen un beneficio adicional: ayudan a que los votantes cuenten con la información necesaria para coordinarse a favor o en contra de los punteros a traves del llamado voto útil. Y de nuevo, a mayor voto útil, más reñida será la contienda.

En resumen: contar con más información confiable un día antes de la elección produce beneficios sociales que van en proporción directa con lo cerrado de la contienda. Más y mejor información en manos de los votantes es preferible que menos. Dicho de otro modo, ¿por qué sólo los líderes partidistas y grupos de interés –y no los votantes– habrían de tener acceso a encuestas de manera oportuna? ¿Quién se beneficia en un mundo con escasa difusión de encuestas?

Esta figura ilustra el caso reciente de Perú, donde Ollanta Humala se mantuvo debajo de Keijo Fujimori a lo largo de la campaña por la 2a vuelta presidencial, pero remontó en los 4 o 5 días previos a la elección del 5 de junio de 2011. La fuente, confidencial en aquellos días, está aquí.

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