Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (18 mayo 2013)

Reforma político-electoral, otra vez.

¿Es hora de una nueva reforma político-electoral? El addendum del Pacto por México anunciado la semana pasada consideraba adelantar la reforma electoral. El pasado miércoles 15 de mayo, el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para crear un Instituto Nacional Electoral que se encargue tanto de las elecciones locales como de las federales. Más tarde ese mismo día, senadores del PAN y PRD presentaron una lista de 30 puntos para una reforma política definitiva (es un decir, supongo). Dejando de lado el evidente distanciamiento entre el presidente del PAN y el coordinador de los senadores panistas, todo esto parece indicar que las posibilidades de una nueva reforma político-electoral están al alza.

La agenda de reformas legislativas para este año está bastante cargada. Al presidente Peña Nieto le interesa aprobar una ambiciosa reforma fiscal y energética. Es difícil pensar que PAN o PRD decidan acompañar al PRI en estos temas sin pedir nada a cambio. Aunque la retórica del Pacto así lo sugiera, el Presidente no necesita el apoyo de ambos partidos de oposición ni el de todos los legisladores al interior de sus respectivas bancadas para impulsar su agenda legislativa.

Por sí solos, ni PAN ni PRD cuentan con más de un tercio de votos en el Congreso para bloquear una iniciativa de reforma constitucional del PRI. Pero una coalición legislativa PAN-PRD —que contaría con 43% de la Cámara de Diputados y 47% del Senado— sí podría hacerlo. Por ello no sorprende que senadores del PAN y PRD hayan anunciado esta semana una amplia lista de temas político-electorales que no necesariamente son del gusto del Presidente o de los legisladores del PRI.

En la medida en que PAN y PRD coincidan en asuntos de reforma político-electoral, podrían sentarse en la mesa del Pacto (o alguna otra) y negociar en bloque con el PRI un quid pro quo: apoyar la reforma fiscal y/o energética del Ejecutivo a cambio de concesiones en materia político-electoral. Tales intercambios de votos no son nuevos. En los años 90 el PAN negoció su apoyo a la agenda legislativa de Zedillo a cambio de mayores transferencias para los estados y municipios (como las del Ramo 33, por ejemplo). En años más recientes, Calderón hizo importantes concesiones en la reforma electoral de 2007 a cambio de que el PRI lo apoyara con la reforma fiscal que crearía el IETU.

En primer lugar destaca la posible creación de un Instituto Nacional Electoral que tome el lugar del IFE y administre, organice y fiscalice las elecciones locales y federales de todo el país. En principio, resulta difícil pensar que concentrar la organización de todas las elecciones en un solo organismo producirá los efectos deseados: sea cual fuere la eficacia del IFE al organizar elecciones federales hoy día, es difícil suponer que un Instituto Nacional podría organizar casi cuatro mil elecciones sin mermar su eficacia y credibilidad. Tampoco es claro que un organismo nacional será el remedio idóneo para contrarrestar la influencia de los gobernadores en los procesos electorales locales, y que va más allá de si intervienen o no en los institutos locales.

Otros temas sugeridos tienen que ver con la organización misma de las elecciones federales. Destacan el mejorar la fiscalización de los gastos de campaña, imponer mayores sanciones para la compra y coacción del voto, el gasto de campaña excesivo o la posibilidad de anular una elección. Otra vertiente recupera la agenda pendiente en cuanto a reforma política: reelección legislativa y de alcaldes, segunda vuelta en elecciones presidencial y de gobernadores, así como los llamados gobiernos de coalición.

De todos los temas anteriores, el más importante es el de la reelección. Antes de pensar en una reforma electoral más o en introducir elementos de parlamentarismo en el gobierno, hay que recuperar un elemento esencial en toda democracia: la rendición de cuentas de los representantes frente al mismo electorado que los llevó al poder. Sin reelección, es difícil pensar que nuevas leyes, sanciones o burocracias impondrán un control adecuado a los malos gobernantes. El primer sancionador debe ser el ciudadano como votante.