Blindaje electoral y gobiernos locales

Aquí mi tercera columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (11 mayo 2013)

Blindaje electoral

Están por iniciar las campañas electorales locales en 14 entidades del país. El 7 de julio próximo habrá elecciones para renovar congresos locales y/o ayuntamientos en mil 432 de dos mil 457 municipios (58% del total), los cuales comprenden 42 millones de habitantes y más de 29 millones de electores (37% del total nacional). Por lo general, las elecciones intermedias locales son las de menor participación electoral, seguidas de las elecciones para gobernador, mientras que las elecciones para presidente son las de mayor participación. Esto es algo paradójico: es mucho más probable que el voto de un ciudadano cualquiera sea decisivo en una elección local que en una presidencial. Por desgracia, en la mente de muchos votantes ocurre justo lo contrario: resulta más interesante votar por un Presidente que por un alcalde.

Una elección en una demarcación con pocos votantes y una baja participación electoral es mucho más susceptible a la influencia de las llamadas maquinarias de movilización y compra de votos que se resisten a desaparecer. Hay quien dice que las elecciones locales en México son cada vez menos confiables. Por un lado, la evidencia de la alternancia sugeriría lo contrario: nueve de cada diez ayuntamientos en México ya han tenido al menos una alternancia en el poder. Por otro lado, también es cierto que la tentación por manipular elecciones aumenta conforme más reñida es una elección. Y nuestras elecciones cada vez son más reñidas. A pesar de ello, en seis de los 14 estados con elecciones este año nunca ha habido alternancia para gobernador: Coahuila, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz nunca han tenido un gobernador no priista.

Los pesos y contrapesos que el gobierno dividido trajo a nivel federal desde 1997 a menudo no se observan en los estados. Los gobernadores no sólo tienen cada vez mayores recursos presupuestales y poder de negociación frente al gobierno federal, sino que también enfrentan menores contrapesos locales: cuando no cuentan con mayoría en sus congresos, a menudo no les toma mucho tiempo conseguirla de facto. Es precisamente en las elecciones intermedias locales que los gobernadores y sus maquinarias tienen la mayor oportunidad para poner a raya a la oposición, mantener o recuperar el control de sus congresos o el de las principales alcaldías.

Los partidos políticos entienden esto a la perfección y quizá por ello exigen, una vez más y ahora en el marco del Pacto, un blindaje que impida el uso electoral de los programas sociales. En la medida en que estos compromisos permitan llevar a la palestra nacional los problemas de las elecciones locales, son un modesto paso en la dirección correcta. Por desgracia, los compromisos de caballeros para que los funcionarios públicos cumplan, ahora sí, con la ley, son un mecanismo de control insuficiente: hacen falta consecuencias más graves que un escándalo mediático o una renuncia de funcionarios menores.

Hay que poner en perspectiva el blindaje contra el uso electoral de los programas sociales. Para este año el Presupuesto de Egresos dispone de más de 95 mil millones pesos para programas sociales de Sedesol como Oportunidades, adultos mayores, etc. La mayoría de estos programas cuentan con reglas de operación y son evaluados de manera regular: se supone que ya estaban blindados.

Pero estos no son los únicos ni los más importantes recursos a la disposición de los gobiernos locales. Las entidades federativas y municipios recibirán este año participaciones por más de 535 mil millones de pesos. Por otro lado, las aportaciones del llamado Ramo 33 ascenderán a más de 513 mil millones de pesos. De este ramo, tan sólo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social dispone de más de 53 mil millones de pesos. ¿Cuál es el blindaje o la rendición de cuentas sobre el destino de estos recursos?

Si nos preocupa el uso electoral de los programas sociales, imaginemos ahora el posible uso corrupto o clientelar del resto del presupuesto. En México tenemos un problema quizá mayor al de si las elecciones locales son confiables o no: los gobiernos locales no rinden cuentas y así nos va.

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