Instituto Nacional Electoral

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Mi blog de esta semana en Animal Político, Covarianzas, discute algunos problemas con la iniciativa para crear un Instituto Nacional Electoral que organice todas las elecciones del país.

Instituto Nacional Electoral: algunas preguntas incómodas.

Ayer se presentó en la comisión permanente del Congreso una iniciativa para transformar el IFE en un Instituto Nacional Electoral que sustituiría a los 32 Institutos estatales electorales y se encargaría de organizar tanto las elecciones locales como federales. La iniciativa también propone la desaparición de los Tribunales Estatales Electorales y dar mayor autonomía a la FEPADE pero en este blog me concentraré en el asunto del Instituto Nacional Electoral. Esta iniciativa es parte, espero, de una necesaria y más amplia discusión sobre reforma electoral y política. Ayer mismo los senadores Ernesto Cordero, Miguel Barbosa y Manuel Camacho presentaron una lista más amplia de 30 puntos en esta materia.

El diagnóstico básico de la iniciativa es más o menos así: por un lado, se dice que los gobernadores meten las manos en los institutos electorales de sus entidades y con ello contaminan las elecciones locales. Por otro lado, se sugiere que contar con un órgano electoral federal y 32 locales es un gasto burocrático redundante. ¿Cuál es el remedio sugerido? Crear un Instituto Nacional que administre, organice y fiscalice tanto las elecciones locales como federales sin la presión e influencia de los gobernadores y con la posibilidad de ahorrar recursos públicos.

No suena mal. Por desgracia, las cosas nunca son tan sencillas como lo asume la exposición de motivos de ésta o cualquier otra iniciativa. Van una serie de preguntas, posiblemente incómodas, para abonar en el debate sobre este importante asunto.

Comencemos con la relación entre el problema diagnosticado y el remedio sugerido. Si los gobernadores y alcaldes meten las manos en las elecciones locales, ¿cuál es la mejor forma de impedirlo, mediante un Instituto Nacional Electoral o mediante mayores controles y contrapesos en sus funciones? Para que un gobernador pueda “colonizar” las autoridades electorales locales necesita, para empezar, tener control de su congreso local. ¿Cuántos gobernadores lo tienen y cuántos no? ¿Si las elecciones locales son tan malhadadas, cómo explicamos que la mayoría de los estados ya hayan tenido alternancia y la creciente proporción de gobiernos divididos?

Es evidente que, aún con gobierno dividido, un gobernador o alcalde dispone de amplia discrecionalidad para ejercer el presupuesto en años electorales y no electorales. Desparecer del mapa al instituto electoral local no impedirá que estos mismos funcionarios metan las manos en las campañas, por ejemplo. Tampoco impedirá que los gobernadores intenten colonizar las oficinas locales del nuevo INE, por cierto. ¿Qué tan eficaz es el IFE hoy para impedir la intervención de funcionarios públicos en los procesos electorales? ¿Qué tan eficaz es la FEPADE para impedir delitos electorales? ¿Qué tan eficaz sería el INE para mantener a raya a cada gobernador y cada alcalde? ¿Hasta dónde podrá el INE intervenir en las decisiones de estados y ayuntamientos libres y soberanos? Si el problema es la falta de controles a las autoridades locales, ¿por qué no pensar en reformas que fortalezcan los contrapesos y la rendición de cuentas a nivel local? La reelección de alcaldes y legisladores es una de ellas. Fortalecer las auditorías locales es otra.

Pasemos a los endiablados detalles. Un proceso electoral comprende diversas etapas. Desde el padrón y la integración de casillas hasta el cómputo y fiscalización de los gastos de campaña, pasando por las impugnaciones. El padrón ya es responsabilidad del IFE y por lo general se le considera confiable. La integración de casillas por ciudadanos invitados al azar ocurre de modo muy similar en elecciones locales o federales: ¿son más confiables las casillas del IFE que las de los institutos locales? ¿Son más confiables los cómputos federales que los locales?

Pensemos en las impugnaciones. Cada entidad cuenta con su propia legislación electoral y tribunales electorales. Muchas quejas se resuelven primero en los institutos locales, y en los tribunales locales después. En todo caso, el árbitro de última instancia es el TEPJF. Si las autoridades locales –tanto institutos como tribunales– están capturados, el TEPJF debería revertir muchas resoluciones y sentencias locales. ¿Qué tan a menudo ocurre esto?

Pensemos en la fiscalización. Es posible que gobernadores y alcaldes desvíen ilegalmente recursos públicos hacia las campañas, o que ejerzan programas con fines clientelares. Es posible que haya dinero privado en las campañas (ejemplo típico: un contratista gubernamental que te devuelve o adelanta un favor durante la campaña). Es posible que todo esto también ocurra en elecciones federales, con la salvedad de que es más fácil influir de manera determinante en una demarcación pequeña como un municipio que en una nacional. ¿Qué tan eficaz es el IFE y el marco legal actual para fiscalizar los gastos de 333 campañas federales? ¿Qué tan eficaz sería el INE para fiscalizar aquellas, más 2457 campañas municipales, 32 para gobernador y más de 1100 diputados locales? ¿Se va a poder prorratear entre todas ellas?

Hay una receta simple para debilitar la capacidad de cualquier autoridad administrativa: multiplica el número de sus atribuciones o responsabilidades manteniendo constantes sus recursos o plazos. Hoy en día el IFE se encarga de organizar las elecciones de 500 diputados, 128 senadores y una presidencial: 333 campañas para 627 cargos en total. El Instituto Nacional Electoral se encargaría de organizar esas campañas, junto con las de 32 gobernadores, 2457 alcaldías y más de 1100 diputados locales. ¿Qué tan eficiente, eficaz y confiable es el IFE hoy en día en su desempeño? ¿Qué tanto lo son los institutos locales? ¿Qué tan eficaz y confiable sería el INE al encargarse de casi cuatro mil campañas? Hoy en día el Consejo General del IFE dedica más horas a discutir en el pleno un sinnúmero de quejas frívolas a lo largo del período de campaña que a discutir los dictámenes de fiscalización de los gastos de tales campañas. Adivinen quién gana con ese diseño: la impunidad.

Pensemos ahora en los costos. Es cierto: tener una burocracia electoral estatal y federal es costoso y redundante. Como también lo es tener una policía o un sistema de salud estatal y otro federal. Pero es un error asumir que al eliminar una, la otra necesariamente será más barata o eficaz. Baste un ejemplo: el escalafón de salarios del servicio profesional electoral del IFE es mayor que el de muchos estados. El INE requerirá más plazas y más presupuesto. ¿En verdad es más barato un árbitro más grande y más centralizado? ¿Alguien cree que las prerrogativas totales a partidos disminuirán?

Pero hay más problemas de fondo. Si por abaratar nuestra democracia se trata, podríamos eliminar el financiamiento público a partidos, los diputados plurinominales o los cabildos. Vaya, si el problema son los gobernadores, eliminémoslos también. Pero que no se nos olvide que una democracia representativa con separación de poderes y un arreglo federal busca, precisamente, fragmentar y descentralizar el poder para evitar la tiranía de una persona o una mayoría. ¿Qué es más confiable –o qué es más arriesgado–, tener 32 consejos electorales designados por igual número de legislaturas locales, o dejar todas las elecciones a cargo de un consejo nacional de 11 súper consejeros designados por una legislatura nacional?

Por último. Si no confiamos en que las autoridades locales sean capaces de organizar sus propias elecciones, ¿cómo podemos confiarles todo lo demás? Si el federalismo es buena idea para ejercer el gasto, cobrar el agua o predial, contratar policías o recoger la basura, ¿por qué no lo es para contar los votos? La pregunta de fondo no es “si se puede o no se puede”. Con suficientes recursos y personal, “se puede”. La pregunta de fondo es si un Instituto Nacional Electoral es la forma idónea de organizar elecciones en un país como el nuestro.

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