Esta es mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (30 noviembre 2013), en la cual comento las ventajas y desventajas del intercambio de votos entre legisladores, el llamado quid pro quo.

Quid pro quo

En las últimas semanas se ha hecho evidente un fenómeno que comentamos aquí mismo hace unos meses (18 mayo 2013): la posibilidad de un quid pro quo —un intercambio de una cosa por otra— entre una reforma político-electoral, favorable a los intereses de la oposición, y una reforma energética muy anhelada por el presidente Enrique Peña Nieto. A decir del presidente del PAN, Gustavo Madero, la reforma política es la condición sine qua non de la reforma energética.

En un primer momento, los dirigentes del PAN y PRD parecían estar de acuerdo en la reforma política que habrían de exigir como prenda a sus contrapartes del PRI. Por otro lado, las iniciativas de reforma energética del PAN y PRI coinciden en lo general. Hoy, que es evidente que el PRD no apoyará la reforma energética, es posible que este partido quede fuera de la reforma política.

¿Puede considerarse deseable este quid pro quo? El intercambio de votos entre dos o más legisladores es una práctica común y corriente en muchos Congresos del mundo. La práctica consiste en que un grupo de legisladores ofrecen apoyar cierta iniciativa a cambio de contar con los votos de otros legisladores en favor de otra iniciativa que consideran más valiosa que la primera. Muy pocos legisladores presumen públicamente estas negociaciones, pero es difícil negar que éstos ocurren.

Este intercambio de votos es más fácil de observar en la medida en que exista una menor disciplina al interior de las bancadas legislativas de cada partido. Cuando la disciplina partidista es muy alta, como ocurre en México, la negociación legislativa ocurre entre líderes de bancadas partidistas más que entre legisladores individuales.

Puede afirmarse que una reforma ideal es aquella que cuente con el apoyo de todos los legisladores o bien de todas las bancadas partidistas: si una iniciativa recibe un voto unánime del Congreso, debe ser porque todos los participantes consideran que ésta mejora el statu quo. Por desgracia, aprobar reformas por consenso es muy costoso. Esto es así porque el criterio de unanimidad otorga un “poder de veto” a cada legislador o bancada: basta que un legislador o líder de bancada se sienta perjudicado por cierta reforma para bloquearla.

Quizás por ello prácticamente ninguna Constitución democrática utiliza la regla de unanimidad para aprobar reformas. En México, por ejemplo, se requiere de una mayoría absoluta  para aprobar reformas legales y de una mayoría calificada (al menos dos tercios de una Cámara) para aprobar una reforma constitucional.

El criterio de unanimidad, que garantizaría reformas ideales, pero casi imposibles de ser aprobadas, en realidad protege el statu quo. La regla de mayoría calificada es una solución intermedia que permite proteger los acuerdos fundacionales del texto constitucional sin hacer imposible su eventual revisión.

El espíritu consensual detrás de la retórica del Pacto por México choca con la realidad de la negociación legislativa. Es por ello que no es la primera vez que un partido u otro amenazan con “levantarse de la mesa de negociaciones”: lo hizo el PAN antes de las elecciones locales y durante el debate sobre la reforma fiscal.

La pregunta relevante es si legislar mediante el intercambio de votos produce reformas socialmente deseables o no. Bajo condiciones ideales, este proceso de negociación permitiría que las malas iniciativas fueran desplazadas por iniciativas mejores, y que éstas fueran aprobadas por las coaliciones mínimas necesarias para garantizar su aprobación.

En el contexto mexicano hay dos factores que limitan las ventajas de estos intercambios. El primero es que la negociación se realiza entre líderes de partido y no entre legisladores en particular, que son quienes al final de cuentas deberían responder frente al electorado. El segundo es que, por muchas razones, los líderes de los partidos políticos están muy alejados de las demandas ciudadanas. De este modo, los acuerdos cupulares se sobreponen a las reformas que demandan los votantes.