Eficacia vs. representatividad

Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (24 agosto 2013), donde discuto algunos aspectos de la separación de poderes y la lógica del bicameralismo.

Eficacia vs. representatividad

El acelerado ritmo reformista con que inició este sexenio parece haberse visto paralizado desde hace algunos meses. La velocidad con que se presentaron, discutieron y aprobaron por ambas Cámaras las reformas constitucionales en materia de educación y telecomunicaciones no se comparan con el sinuoso trecho que han recorrido las reformas legales en materia de transparencia, educación y regulación financiera. Y en caso de que la reforma energética que se discute estas semanas sea aprobada de manera expedita, es muy probable que la reforma secundaria sobre la misma materia lleve mucho más tiempo. Al parecer, la prisa presidencial por demostrar eficacia se está topando con la lenta y complicada realidad del proceso legislativo de un gobierno sin mayoría. ¿Es esto deseable?

Hay quienes, de manera algo extraña, asumen que las iniciativas presentadas por el Presidente o su partido en el Congreso deberían contar con un trámite expedito: toda vez que el Ejecutivo consiguió una mayoría relativa de votos, debe tener la oportunidad de implementar su plataforma de gobierno y su agenda legislativa. Para algunas de estas voces, es deseable permitir que el Presidente gobierne de prisa, que su partido legisle de prisa, y que en tres o seis años los votantes hagan un balance de los resultados obtenidos y, sólo entonces, decidan si mantienen a ese partido en el poder u optan por un voto de castigo que produzca alternancia.

Esta forma presidencialista de comprender la política parte de varios supuestos incorrectos. En primer lugar, que la agenda legislativa del presidente en turno es, por definición, la correcta o socialmente deseable (“son las reformas que el país necesita”). Por otro lado, se asume que los ciudadanos conocían con toda claridad y detalle dicha agenda a la hora de decidir su voto. Por último, se asume que el equipo de asesores del partido en el gobierno no puede equivocarse al redactar una iniciativa de reforma que refleje dicha agenda. Estos supuestos son falsos: como los candidatos presidenciales hacen campañas con propuestas genéricas, los ciudadanos no conocen tal agenda. Y quizá no pueda ser de otra forma: de hecho, muchos mandatarios comienzan a diseñar su agenda legislativa durante el período de transición, una vez que conocen la configuración del Congreso que habrán de enfrentar.

En un régimen de separación de poderes, los ciudadanos no solamente votan por un Presidente sino que también lo hacen por diputados y senadores que, en sentido estricto, también podrían argumentar que cuentan con un mandato claro para implementar, mediante su legislación, la plataforma de sus respectivos partidos. La negociación entre un poder unipersonal (el Ejecutivo) y uno colectivo (las Cámaras) y conformado por bancadas de siete partidos políticos distintos es bastante complicado y hasta costoso.

Es comprensible que la fragmentación del poder propia de un régimen con separación de poderes enfade a quienes tienen prisa por cambiar las cosas, incluido el Presidente. Por otro lado, esta misma fragmentación es una buena forma de proteger a una minoría o a un ciudadano cualquiera del potencial abuso de la autoridad. Si se concentra demasiado poder en una sola persona, digamos un presidente con amplias facultades para gobernar por decreto, es muy probable que éste pueda implementar su voluntad con gran eficacia, sí, pero es menos probable que lo haga en beneficio de la sociedad en su conjunto.  En diferente medida, este mismo problema ocurre si se concentra todo el poder en una sola asamblea o un solo partido al interior de la misma: una mayoría legislativa podría gobernar eficazmente, sí, pero posiblemente lo haga a costa de ignorar los intereses de la minoría. Con dos Cámaras, estos riesgos disminuyen.

En realidad, es muy difícil garantizar que cualquier gobierno actúe en beneficio de toda la sociedad: gobernar y legislar implica elegir ganadores y perdedores en diversos ámbitos. Es más fácil crear los pesos y contrapesos necesarios para impedir que un gobierno actúe para favorecer indebidamente a una mayoría o perjudicar a una minoría.

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