En mi columna de esta semana (“Voto razonado”, 26 abril 2014), comento el rezago de la LXII Legislatura y los problemas de legislar a contrarreloj..

Mal y de prisa

El próximo miércoles 30 de abril concluye el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXII Legislatura. Al inicio de este año los voceros del Congreso dijeron que uno de sus objetivos sería aprobar al menos cuatro reformas secundarias importantes: la Reforma Energética, la de telecomunicaciones, la de competencia económica y la político-electoral. En los spots del gobierno federal se presumían una y otra vez éstas y otras reformas como un hecho consumado, pero lo cierto es que ninguna de las cuatro reformas ha sido aprobada al día de hoy.

Al gobierno federal le interesa la Reforma Energética más que las demás. A la oposición le interesa más la político-electoral —fue su moneda de cambio para las reformas constitucionales— y por ello exigen aprobar ésta antes que aquélla. Además, hay un plazo fatal: el próximo año habrá elecciones federales en todo el país y elecciones locales en 18 entidades y ni unas ni otras cuentan con un marco legal para llevarse a cabo.

La velocidad con que se reformaron diversos artículos de la Constitución el año pasado y el atorón de las reformas secundarias de este año es algo paradójico: en general debería ser más difícil aprobar una reforma constitucional que una ley secundaria, puesto que la primera requiere dos tercios de ambas Cámaras y la segunda sólo una mayoría simple.

Por otro lado, en cuanto a la redacción, es más complicado redactar una ley secundaria que modificar unos cuantos artículos de la Constitución. El nivel de complejidad de temas como el electoral o el de telecomunicaciones no es menor ni afectan a pocos intereses. Vale la pena preguntarnos cuántos de nuestros legisladores cuentan con la experiencia y conocimientos necesarios para legislar adecuadamente todos estos asuntos en tan poco tiempo.

A primera vista, 500 diputados y 128 senadores deberían ser suficientes para discutir y procesar una gran cantidad de iniciativas y dictámenes. Sin embargo, a menudo pareciera que en el Congreso sólo cuentan las opiniones de tres o, siendo algo optimistas, seis legisladores: los coordinadores de bancada de los tres principales partidos políticos.  Siendo pesimistas, quizá sólo cuente la opinión de dos: el Presidente y el líder de algún partido opositor.

Entre el PRI, el PVEM y Nueva Alianza cuentan con 251 diputados y 62 senadores. De modo que esta coalición legislativa cuenta con mayoría simple en la Cámara de Diputados y sólo requiere tres votos más en el Senado para aprobar leyes. Estos votos pueden provenir del PRD o de alguna de las fracciones del PAN, ahora dividido entre corderistas y maderistas.

Los tiempos apremian: el periodo ordinario concluye el miércoles 30 de abril. Enseguida viene el puente del 1 de mayo, poco después el Mundial y se rumora que muchos legisladores ya tienen boletos para Brasil. Para convocar a un periodo extraordinario hace falta contar con un dictamen aprobado en comisiones. Pues bien, en tres de los cuatro casos que nos ocupan no existe dictamen aún. En el caso de la Reforma Energética, ni el Presidente ni su partido han presentado su iniciativa.

La película que viene ya la conocemos: las comisiones respectivas se desvelan un día para aprobar un dictamen que enseguida es votado en el pleno de la Cámara de origen. Luego se turna a la Cámara revisora donde, en vez de hacer lo propio, se dispensan todos los trámites legislativos para votarla en el pleno. Los legisladores de ambas cámaras se desvelan dos o tres veces para aprobar cada ley —hay que escuchar oradores y votar en contra de todos los artículos  reservados, claro está— y quizá con ello se sientan bien consigo mismos.

El producto final será una legislación conocida y discutida por los menos, pero aprobada por los más. Por desgracia, los apresurados desvelos legislativos tienen poco que ver con la calidad de las leyes. Los verdaderos alcances, límites y reales ganadores de legislar tan de prisa los iremos conociendo los ciudadanos en el mediano o largo plazo.