En mi columna de esta semana (“Voto razonado”, 3 mayo 2014), discuto las barreras legales que enfrentarán los candidatos independientes en México. En una entrada previa discutí la deseabilidad de contar con candidaturas independientes.

Los independientes

Según la Constitución, desde agosto de 2012, los ciudadanos tienen derecho a contender para todos los cargos de elección popular, independientemente de si cuentan o no con el respaldo de un partido político y siempre y cuando cumplan con los requisitos que determine la ley electoral. Desde febrero de este año, la misma Constitución señala que los candidatos independientes tendrán derecho a recibir prerrogativas y acceso a medios durante las campañas electorales en los términos que establezca la ley.

Las candidaturas independientes son incómodas para los dirigentes de los partidos políticos, acostumbrados hasta ahora a controlar el registro de candidaturas y con ello limitar el derecho de los ciudadanos a ser votados. Por otro lado, introducir las candidaturas independientes en una legislación electoral más bien diseñada para sobreproteger a los partidos políticos también impone grandes retos. Por ello no debe sorprender que la regulación de candidaturas independientes sea una de las cuestiones más álgidas de la hasta hoy atorada reforma electoral.

Algunas preguntas son de primordial importancia: ¿Cuántos candidatos independientes podrían obtener el registro? ¿Cuántas prerrogativas y acceso a medios deberían recibir? ¿Cómo se fiscalizarían sus gastos de campaña? Otras son menores, pero también deben resolverse: ¿Qué diseño deberán tener las nuevas boletas electorales?

Hay dos visiones límite. En un extremo, hay quienes abogan por dar el más amplio acceso a los candidatos independientes. El problema es que si las prerrogativas y el acceso a medios son limitados, demasiados candidatos independientes acabarán diluyendo los recursos disponibles para ellos y cada candidato quizá tendrá un menor impacto en la contienda. En el otro extremo, hay quienes creen que lo más sencillo es que sólo un candidato independiente pueda registrarse para cada cargo. Este candidato dispondría de mayores prerrogativas y acceso a medios, sí, pero al privilegiarlo a éste, se limitaría el derecho a ser votado del resto de los aspirantes.

Entre los proyectos de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se discuten dos posibilidades. En una de ellas se establece un porcentaje mínimo de firmas de apoyo para obtener el registro y se sugiere un umbral de al menos 2% de la lista nominal de la demarcación que se trate (distrito, municipio, etcétera). Para el caso de la elección presidencial, estaríamos hablando de recolectar más de millón y medio de firmas (con copia de su credencial de elector, no vaya a ser). En el caso del jefe de Gobierno del DF, estaríamos hablando de más de 135 mil firmas.

Para poner esta cifra en perspectiva, recordemos que para registrar un nuevo partido político, basta obtener la afiliación de sólo 0.26% del padrón electoral: casi ocho veces menos que el requisito que se propone para un solo candidato. Por otro lado, para obtener representación en el Congreso, un partido político debe obtener al menos 2% de los votos totales: otra vez, un umbral menor del que se le estaría exigiendo a un candidato antes de iniciar su campaña. Estos umbrales son extraordinariamente altos: si un potencial candidato puede obtener tales apoyos, mejor haría buscando el registro como partido político.

Pero esto no es todo. También se sugiere que sólo los tres precandidatos independientes con más apoyos consigan el registro. El problema de este requisito es que, en los hechos, se crearía una costosa contienda preelectoral entre los aspirantes a una candidatura independiente.

Estas propuestas beneficiarían más a los partidos que a los ciudadanos en busca de mejores opciones. Para garantizar el derecho de un ciudadano a ser votado, no se le pueden pedir mayores requisitos de los que se le piden a un partido político: los votos deberían contar más que las firmas de apoyo. Esta simulación debe ser combatida por los ciudadanos que hasta ahora no han encontrado representación en los partidos ni en sus mesas de negociación.