Juanito Sin Partido quiere ser candidato

Hace poco más de un mes Felipe Calderón presentó una ambiciosa iniciativa de reforma política.  Desde entonces, diversos analistas se han dado a la muy útil tarea de debatir las ventajas y desventajas de algunos de sus aspectos fundamentales: reelección, segunda vuelta, candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, veto parcial, entre otras.  Aunque todo debate tiene cierta varianza, no dejan de sorprender los variopintos argumentos con que se defienden reglas tan indefendibles como la no reelección o la prohibición a candidaturas independientes, por ejemplo.

En su artículo del diario Reforma del 21 de enero, José Woldenberg se hace cargo de las candidaturas independientes. Woldenberg nos recuerda que los “candidatos independientes son partidos políticos que no se atreven a decir su nombre”. Puros o impuros, si estos ciudadanos acaban funcionando como partidos políticos, ¿entonces para qué tanta alharaca?  Woldenberg nos recuerda, además, varias de las complicaciones que impondrían las candidaturas independientes en nuestro ya muy enredado sistema electoral: ¿Y si pierden? ¿Y si ganan, qué van a hacer al llegar a las cámaras? ¿Quién los apoyaría como ejecutivos? ¿Y si se acaban uniendo a un grupo parlamentario? ¿Y si se sienten muy solitos? ¿Cómo subsidiaríamos sus campañas o asignaríamos sus spots? ¿Y si son muy ricos? ¿Y qué tal que son narcos? Con tantas complicaciones quizá sea mejor que dejemos las cosas como están.  Al fin y al cabo, como parece asumir este argumento, cualquier candidato realmente valioso debería ser adoptado por uno de nuestros tantos partidos políticos (esos sí, esenciales para la democracia, según se dice).

Woldenberg tiene razón: a la hora de la hora todo representante electo actúa como si tuviera un partido. Pero su argumento tiene omisiones importantes. Desde un punto de vista normativo, no nos explica por qué los derechos políticos de los ciudadanos, de rango constitucional, son inferiores a los extraños requerimientos procedimentales de nuestro COFIPE o a las capacidades administrativas del IFE.

Pero hay más.  Las candidaturas independientes sirven otros propósitos deseables en una democracia puesto que, en la práctica, los sistemas de partidos imponen “barreras a la entrada” en la contienda electoral (similares a las de un oligopolio, por ejemplo).  Más allá de si ganan o pierden, las candidaturas independientes pueden servir para cultivar nuevos cuadros políticos—los challengers importantes del futuro, por así decirlo.  Y mientras más ciudadanos se sientan capaces de aspirar a un cargo de elección popular, independientemente de si cumplen o no con el favor de “un partido con nombre”, tanto mejor.

Las candidaturas independientes también ofrecen una exit option a un buen candidato que quizá haya sido relegado por las grillas intestinas de su partido.  Esto debilita relativamente la discrecionalidad de las cúpulas partidistas y, en una de esas, ayuda a democratizar la vida interna de los partidos—lo cual también es deseable.  Por otro lado, un mayor número de candidatos por lo general produce elecciones más reñidas. Y elecciones reñidas inducen un mayor esfuerzo de campaña de todos los contendientes (con o sin partido). Y esto, a su vez, induce mejores mecanismos de selección de candidatos por parte de los partidos.

Woldenberg señala con razón que las candidaturas independientes imponen grandes retos a nuestra regulación electoral, en especial al régimen de financiamiento público a partidos y de acceso a medios.  Pero, si nuestra regulación electoral no es compatible con los derechos políticos fundamentales de un “candidato sin partido” ¿quién merece correctivo, el COFIPE o el ciudadano? Quizá las candidaturas independientes son tan odiosas para algunos porque ponen en evidencia las profundas deficiencias “de origen” de nuestra regulación electoral vigente.  Vale la pena preguntarse si hay una relación entre la sobrreregulación de nuestro sistema electoral y la baja calidad de nuestros partidos políticos, por ejemplo. También vale la pena mirar hacia afuera: un sinnúmero de democracias permiten candidaturas independientes, con o sin financiamiento público–y ninguna de ellas se ha desmoronado por tal razón.

Por último, cabe recordar que en otros países los candidatos independientes (incluso algunos muy ricos) a menudo acaban perdiendo y, lo que es peor, a veces se vuelven aguafiestas al ayudar a sus peores rivales: por ejemplo, Ross Perot ayudó a Clinton en 1992, y Ralph Nader a Bush en 2000–es decir, un efecto similar al de los candidatos de partidos pequeños. Con todo, y aunque suene trillado, vale la pena recordar que en una democracia de calidad, la “barrera principal” en el acceso al poder la deben imponer los votantes, y no los partidos ni las autoridades electorales: si Juanito Sin Partido quiere ser candidato, hay darle que chance.

Nota: Agradezco a José Merino por invitarme a comentar sobre este tema en La Lonchería

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