¿Que se vayan todos?

Los gobernadores de Michoacán y Guerrero han pedido licencia. ¿Para qué sirven las “licencias” en México? ¿Son renuncias a cambio de impunidad? Aquí mi columna de esta semana para Excélsior, “Voto razonado” (25 octubre 2014).

¿Que se vayan todos?

Casi un mes después de la tragedia del 26 de septiembre, Ángel Aguirre solicitó licencia al cargo de gobernador (es un decir) de Guerrero. No es el primer guerrerense que lo hace. Tras la masacre de Aguas Blancas, Rubén Figueroa pidió licencia en 1996 y fue Aguirre quien tomó su lugar como gobernador interino. En Michoacán, Fausto Vallejo pidió licencia para dejar su lugar a Jesús Reyna y, a la postre, ambos resultaron involucrados con el crimen organizado. ¿Hay un patrón en estos hechos?

Muchas voces —ya sea al interior de su propio partido como en múltiples manifestaciones públicas— habían exigido esto como una respuesta mínima ante los atroces hechos que no acaban de aclararse todavía. Queda, sin embargo,  la sensación de que las solicitudes de licencia no son necesariamente una buena señal para la impartición de justicia o la rendición de cuentas en nuestro país. ¿Deberían haberse quedado entonces?

¿Para qué  sirven las renuncias en una democracia? En una democracia donde impera el Estado de derecho, la competencia electoral se hace cargo de los políticos incompetentes y, si la cosa es grave, el sistema judicial se hace cargo de los políticos corruptos o criminales. En un régimen democrático más o menos funcional, las renuncias de los funcionarios públicos pueden servir como una mera válvula de escape para minimizar o contener los daños tras una situación de crisis, hasta un mecanismo de control o rendición de cuentas en situaciones extremas.

Un político que se encuentra inmiscuido en una crisis o escándalo puede preferir renunciar a su cargo para salvar la cara antes de que los electores lo sancionen cuando éste intente ser reelecto o bien cuando busque otro cargo de elección popular. Si un político es tan obstinado como para no darse cuenta de que debe renunciar, hay varios actores que podrán recordárselo: pueden ser los líderes de su propio partido, los medios de información, la sociedad civil mediante manifestaciones y protestas o, en última instancia, sus futuros rivales electorales se encargarán de hacerlo mediante campañas negativas.

En un entorno de incertidumbre y donde la vigilancia del desempeño gubernamental es más bien escasa, las renuncias tras una crisis son similares a una alarma contra incendios: sin ellas, las crisis sólo se harán más graves. Pero una mera alarma no basta para apagar un incendio: por ello las renuncias son un mecanismo de control necesario, pero insuficiente.

Las renuncias “por temor a los votantes” son un mecanismo de control imperfecto porque, en general, los votantes no cuentan con información suficiente sobre el desempeño de los políticos ni conocen todas sus responsabilidades ni cuentan con un poder de sanción mayor que sus mismos votos. Por un lado, existen casos en que políticos presuntamente corruptos o criminales siguen siendo populares ante el electorado, tal y como puede suceder en los llamados bastiones de algún partido: de ahí la importancia de tener elecciones competitivas. Por otro lado, dos o más partidos políticos pueden coludirse y acordar una tolerancia mutua de la corrupción de cuadros propios y extraños: de ahí la importancia de no imponer excesivas barreras a la entrada de nuevos candidatos o partidos que puedan romper aquel arreglo.

Ante estas limitantes de la rendición de cuentas electoral, la impartición de justicia se vuelve clave para controlar los abusos de los políticos: si no le temen a los votos, deberían temer al menos a la cárcel. Pero cuando las instituciones de procuración de justicia y de rendición de cuentas son frágiles, las renuncias también pueden ser fruto de una negociación política para que los actores involucrados no enfrenten las plenas consecuencias legales de sus actos: son renuncias a cambio de impunidad. Los políticos mexicanos cada vez temen más a los votantes. Es hora de que vayan temiendo al Poder Judicial, para lo cual urge reformar la inmunidad procesal (el llamado fuero) de la que gozan y abusan muchos de ellos.

Advertisements