Organización industrial

¿Qué es la organización industrial y en qué medida pueden aplicarse estas teorías a la política?  De eso trata mi columna de esta semana para Excélsior, “Voto razonado” (18 octubre 2014).

Organización industrial

El 13 de octubre pasado, la Real Academia de Ciencias de Suecia anunció que el académico francés Jean Tirole recibirá el premio Nobel de Economía  de este año por sus contribuciones al “análisis del poder de mercado y la regulación”. El trabajo de Tirole —más teórico y matemático que aplicado—, enfatiza la importancia de comprender la organización de una industria como un necesario primer paso para diseñar posibles mecanismos regulatorios. Así, sus análisis permiten comprender mejor por qué ciertas regulaciones funcionan y otras no tanto. La teoría de la organización industrial, justamente, trata de analizar cómo funcionan los mercados dominados ya sea por una o por muy pocas empresas: los llamados monopolios, duopolios u oligopolios.

El recetario tradicional de un economista indica que, en general, la competencia entre muchos productores tratando de atender a muchos consumidores produce resultados socialmente deseables, tales como una variedad de productos, precios y calidades al gusto de los consumidores. Bajo condiciones de competencia perfecta, reza el mantra que algunos llaman neoliberal, ocurren muchas cosas buenas.

Por desgracia, en muchos mercados del mundo real no existe tal competencia perfecta y la demanda de los consumidores es atendida por una, dos o unas cuantas empresas nada más. Y aquí empiezan los problemas. Cuando una sola empresa atiende un mercado, un monopolio, lo más probable es que ésta restrinja la oferta disponible para así poder cobrar más precios elevados que si tuviera algún competidor.

Y cuando sólo unas cuantas empresas atienden un mercado, un oligopolio, las cosas se ponen aún más complejas. Bajo ciertas condiciones, puede ocurrir una guerra de precios que acabe beneficiando a los consumidores. Pero bajo otras condiciones, puede ocurrir que una empresa domine la mayor parte del mercado y deje al resto atender unos cuantos segmentos del mercado. Pero también puede ocurrir que estas pocas empresas se pongan de acuerdo entre ellas y decidan repartirse el pastel “como si fueran un monopolio” en vez de competir: esto es la llamada colusión o cartelización de una industria. Un acuerdo típico es pactar un mismo precio para cierto producto. Otro acuerdo típico es fragmentar un mercado y que cada empresa se encargue de un segmento.

Pero los cárteles tienen un gran problema: como cada empresa miembro del cártel puede tener incentivos para no cumplir con lo pactado —hacer trampa, pues— los cárteles tienden a ser inestables. La organización de países exportadores de petróleo es uno de los cárteles más famosos, por ejemplo. Los cárteles del narcotráfico son otro. Y como las transacciones de petróleo son más fáciles de observar que el tráfico de drogas, hay más conflictos entre narcos que entre países petroleros.

Se dice que algunas industrias, como las telecomunicaciones, tienen una naturaleza oligopólica y por ello es muy importante que haya reglas claras y un regulador imparcial fuerte. Algunas otras no la tienen y es la misma ley la que produce monopolios donde no habría una justificación social para tenerlos, tales como la gasolina o la electricidad. Un problema de muchas industrias reguladas es que, a menudo, quienes las regulan son capturados por las empresas reguladas. ¿Le suena familiar?

Estas teorías también pueden aplicarse a la política. Los partidos políticos pueden operar como un cartel y, por ejemplo, ponerse de acuerdo para crear un sistema electoral donde la entrada de nuevos partidos sea muy difícil, o impedir que los potenciales candidatos opositores gasten mucho durante una campaña electoral, o de plano repartirse el país y acordar que cada partido respetará “sus bastiones” y concentrará sus esfuerzos en unas cuantas regiones reñidas. Por último, en otros casos lo complicado es sostener un monopolio que se ve amenazado por doquier: el imperio de la ley debería ser un monopolio, idealmente, del Estado. Por desgracia, en México no lo es.

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