Estado de derecho

¿Cómo se fortalece el Estado de derecho? Sobre esta pregunta trata mi columna de esta semana para Excélsior, “Voto razonado” (6 diciembre 2014).

 

Estado de derecho

La semana pasada el Presidente de la República anunció un decálogo de acciones para fortalecer la impartición y procuración de justicia en el país. Aunque en su conjunto las acciones propuestas fueron criticadas por propios y extraños, en los próximos meses habrá —espero— un necesario debate sobre los méritos reales de cada una de las propuestas y su eventual implementación. No me detendré en ello en esta columna, sino en otras preguntas fundamentales que quizá han recibido menos atención.

De un modo u otro, el paquete de medidas anunciado busca fortalecer el Estado de derecho en México. Un Estado de derecho requiere que todos sus miembros —desde ciudadanos hasta políticos— estén obligados a cumplir la ley. Las leyes, por su parte, deben ser aplicadas de manera imparcial y proteger derechos fundamentales tales como la seguridad y la propiedad.

¿Cómo se fortalece el Estado de derecho? Una primera pregunta es si la mejor forma de fortalecerlo es mediante decretos o nuevas reformas a las leyes existentes. Sospecho que no y creo, más bien, que el problema de fondo radica en que muchas de nuestras leyes simplemente no se cumplen y, además, no se sanciona su incumplimiento de manera adecuada. Si violar la ley no se castiga, nadie debe sorprenderse porque no se cumpla.

¿Realmente el alcalde de Iguala se coludió con el crimen organizado a falta de una ley que se lo impidiera? ¿Las omisiones del gobierno estatal y federal frente a los graves indicios de uno municipal se deben a que faltaba una ley que los obligara a ello?

Un Estado (democrático) de derecho requiere que los grupos políticos más importantes acepten las leyes e instituciones establecidas y se adhieran a las reglas del juego (de nuevo, democrático) para acceder al poder. Así, la consolidación del mismo requiere de un largo proceso iterativo mediante el cual el imperio de la ley llegue a valorarse como un fin por sí mismo, independientemente de que las leyes no siempre favorezcan a un grupo u otro.

En contraste, el juego político dentro de un Estado (democrático, digamos) de derecho no consolidado es sustancialmente distinto al de uno consolidado. En este estado de cosas, grupos políticamente poderosos pueden no reconocer al régimen existente —con lo cual le quitan legitimidad— y, en el peor de los casos, buscarán derrocarlo por vías legales o no legales.

Pero si cada grupo político considera que sus rivales tampoco respetarán las leyes y reglas del juego democrático, la competencia por el poder y la resolución de conflictos puede estar plagada de sospechas, desconfianza y, en el peor de los casos, violencia.

La consolidación del Estado de derecho implica una aparente paradoja. Va más allá de tener reglas y procesos electorales democráticos. Pero sucede que es imposible consolidar el imperio de la ley si los actores políticos no se adhieren a reglas básicas para llegar al poder.

Una monarquía puede tener reglas de sucesión claras, pero no implica un Estado de derecho porque la sociedad estará bajo el capricho del monarca y él estará por encima de la ley. Dos cárteles (criminales o partidistas) pueden lograr un pacto para distribuirse un territorio, pero ese pacto no implica un Estado de derecho porque un reparto o incluso una alternancia pactada entre élites no necesariamente responderá a las preferencias de los ciudadanos. La democracia es necesaria pero no suficiente para consolidar un Estado de derecho.

En una democracia, la ambición de unos es el mecanismo de control de otros. Por ello, los más interesados en vigilar, exigir y traer a cuentas a un mal gobierno son, en primer lugar, los líderes de los partidos de oposición. Por eso sorprende que, si el país o el gobierno federal están en crisis, los líderes de la oposición sigan actuando como si todo marchara igual que antes. Como si un pacto faccioso equivaliera a democracia.

Advertisements