Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (20 julio 2013) sobre la rerótica en torno al pacto por México y “las reformas que el país necesita”.

Las reformas necesarias no existen

Una vez concluidos los procesos electorales de este año, una vez más escuchamos que el Pacto por México sería relanzado con bombo y platillo. Una vez más escuchamos que los partidos de oposición, PAN y PRD, condicionan su permanencia en el Pacto a que el gobierno federal cumpla una serie de compromisos y exigencias. Una vez más escuchamos a los aplaudidores del Pacto decir que la oposición pretende secuestrarlo y con ello paralizar “las reformas que el país necesita”. Y una vez más escuchamos a los detractores del Pacto afirmar que éste pretende suplantar las funciones que legítimamente pertenecen al Congreso.

En una entrega anterior (27/IV/2013) expliqué diversas razones por las cuales el Pacto tenía una importancia más simbólica que real: no es una patente de corso. El acuerdo inicial logrado por los líderes de los principales partidos políticos no necesariamente obliga a sus bancadas legislativas en ambas Cámaras a aprobarlo. Pero incluso si lo fuera, carece de una larga serie de detalles sobre la legislación específica que pretende lograr y/o la implementación de las políticas públicas que pretende impulsar: es una lista ambiciosa de objetivos sin una definición clara de los mecanismos y procedimientos específicos para lograrlos. Y quizá no podía ser de otro modo: como todos sabemos, las promesas de campaña no son vinculantes, y el Pacto tampoco lo es. En el mejor de los casos, el Pacto constituye la agenda legislativa que acordaron los tres principales partidos políticos y refleja las prioridades de unos y otros así como cierto calendario para su implementación. Pero la realidad de la negociación política entre Ejecutivo y Legislativo se cruza en el camino.

Quienes afirman que, si los partidos de oposición condicionan su participación en el Pacto lo están secuestrando, asumen incorrectamente que todo lo contenido en éste es socialmente deseable. Sólo así puede pensarse que quien se oponga a algún aspecto del Pacto pretende secuestrarlo. La realidad es otra: todo acuerdo unánime otorga poder de veto a cada uno de sus participantes. De modo que también podría decirse que el PRI pretende secuestrar el pacto al no cumplir con su addendum. Por definición, la unanimidad es secuestrable, y de ahí deriva una fragilidad importante del Pacto. No es trivial que en casi todas las democracias el proceso legislativo requiera mayorías simples o calificadas en vez de unanimidad.

Por otro lado, quienes afirman que los opositores al Pacto —o bien quienes presenten iniciativas por fuera de él—, pretenden impedir o frenar la “reformas que el país necesita” asumen, de nuevo incorrectamente, que las prioridades pactadas por los líderes partidistas son una expresión incontrovertible de reformas necesarias. Como bien sabemos, el discurso de “las reformas que el país necesita” depende del gobierno en turno y, sobre todo, de qué partido político tenga la capacidad de vetar o bloquear reformas en el Congreso. Durante muchos años se nos dijo que necesitábamos políticas nacionalistas y protección de la inversión extranjera. Luego se nos dijo que necesitábamos justo lo contrario.

Entre 1997 y 2012 se presentaron tres mil 403 iniciativas de reforma constitucional en la Cámara de Diputados y el Senado. De todas ellas, sólo 358 fueron aprobadas: una tasa de éxito de 10.5 por ciento. De todas aquellas, sólo 26 fueron presentadas por el Ejecutivo y 14 fueron aprobadas. Las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el Presidente tuvieron una mayor tasa de éxito que las presentadas por el resto de las bancadas. Seguramente algunas de ellas contenían “las reformas que el país necesita” y no fueron aprobadas. Otras tantas sí fueron aprobadas, pero nunca estaremos seguros de si eran reformas necesarias o idóneas: sólo sabemos que sobrevivieron el escrutinio de un proceso legislativo. La negociación en una democracia es un proceso de prueba y error.