Reforma energética

Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (27 julio 2013) sobre algunas preguntas clave para discutir una posible reforma energética.

Reforma energética

La reforma energética es quizá la pieza clave de la agenda económica y legislativa del presidente Enrique Peña Nieto. Es parte importante del Pacto por México y el mismo Presidente ha resaltado su interés en el tema en diversos foros internacionales. Y no es para menos: el impacto económico  de una reforma constitucional que permita la inversión privada en el sector energético podría ser sustancial. Pero como en toda reforma estructural, el diablo está en los detalles.

El primer paso para evaluar una reforma estructural es hacer un diagnóstico cuidadoso que identifique claramente, en pesos y centavos, los costos y beneficios más inmediatos del statu quo. Confundir la muy necesaria discusión sobre reforma energética con una disquisición sobre el papel del petróleo en la consolidación del orgullo nacional es tan inútil como pensar que el fantasma de Porfirio Díaz es quien impide la reelección legislativa.

El petróleo es un recurso natural no renovable cuya explotación genera rentas económicas que dependen de los costos de producción y un precio determinado en los mercados internacionales. Hoy en día nuestra Constitución dice que el Estado tiene el derecho exclusivo de administrar la renta petrolera. Hay que preguntarnos si ésta es la única o la mejor forma de hacerlo. Y si no lo es, habría que cambiar la Constitución (como ya se ha hecho para otras tantas cosas, por cierto). Argumentar que las cosas deben quedarse como están porque “el petróleo es nuestro” es un dispositivo retórico útil para la arenga en las plazas pero inútil para una evaluación adecuada: ni todos los mexicanos tenemos derechos de propiedad sobre el petróleo, ni el Estado distribuye la renta petrolera por igual a todos los mexicanos.

El sector energético en México es de los pocos que no fueron tocados por la ola de privatizaciones y liberalización económica de las últimas décadas. Hace 30 años había más de mil empresas paraestatales en industrias como energía, minas, acero, banca, telefonía, aerolíneas, etc. Para 1994, la gran mayoría de estas empresas habían sido liquidadas y, al parecer, el orgullo nacional no sufrió demasiado. Sin embargo, las experiencias con la privatización de Telmex y la banca comercial son dos buenos ejemplos de que, en México, ideas que parecen sensatas en el papel no siempre producen los beneficios esperados ya sea por un mal diseño o por una mala implementación.

Según la SHCP en 2012 hubo ingresos petroleros por más de 1.18 billones de pesos, mismos que representaron el 34% de los ingresos presupuestarios del sector público. Un tercio de lo que gasta el gobierno federal en nuestro país proviene del petróleo. Antes de descartar de tajo la posibilidad de que empresas privadas participen en el sector energético —como lo hacen en muchos otros sectores y en muchos otros países— y que paguen impuestos por ello, hay que preguntarnos qué tan eficiente es la operación de Pemex y qué tan eficiente es el gasto público.

Más de 85% de las exportaciones del país no son petroleras, pero un tercio del gasto público federal proviene del petróleo. Desde hace décadas nuestra economía se encuentra relativamente diversificada pero no así las finanzas públicas: cambios bruscos en el precio del petróleo pueden afectar el presupuesto entre un año y otro. Hay que preguntarnos si vale la pena que el Estado enfrente por sí solo la volatilidad de la renta petrolera o si es mejor idea diversificar riesgos entre diferentes empresas.

Hay quien argumenta que no hace falta cambiar la Constitución para modernizar el sector energético. Hay que preguntarnos qué tan factible es transformar un monopolio público que, por financiar otras tantas cosas, carece de capital para realizar mayores inversiones, tiene una operación ineficiente y un sindicato corrupto. Pemex no podrá volverse una empresa más competitiva y eficiente si no enfrenta competencia. No son pocos los opositores de una reforma energética de este tipo porque muchos son los beneficiarios del statu quo. Es hora de ponerle nombre y cantidad a cada uno de ellos.

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