La difícil paridad

Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (12 octubre 2013), en la cual discuto la evolución de los derechos políticos de las mujeres, desde el derecho al voto hasta las cuotas de género para candidaturas al congreso. Esta columna está relacionada con una entrega anterior: “Mujeres y elecciones” (8 junio 2013). 

La difícil paridad

El 17 de octubre próximo se conmemora el 60 aniversario de la ciudadanía de las mujeres, la cual implicaba su derecho al voto. Aunque usted no lo crea, tan sólo hace 60 años solamente los hombres eran ciudadanos.

Entre los argumentos que se esgrimían en aquellos años en contra del derecho de las mujeres a votar se encuentran, entre otros, que éste sería entre peligroso o irrelevante. Peligroso porque las mujeres “no conocían ni se interesaban ni participaban” en la política, ni mucho menos en los procesos electorales, competencia exclusiva de “los hombres”.

En el mejor de los casos, sería una reforma irrelevante porque las mujeres, al final de cuentas, acabarían votando de acuerdo con la voluntad de sus maridos. Sesenta años después estos argumentos suenan absurdos porque lo son. Hoy en día, tanto en México como en muchos otros países, las mujeres son más proclives a votar que los hombres.

El derecho de las mujeres a ser votadas, que también está por cumplir 60 años, tendría que esperar a que las elecciones en México dejaran de ser una simulación. En 1993 el Cofipe decía que los partidos debían “promover” una mayor participación de las mujeres. Sin algún indicador observable, esto era letra muerta. En 1996 el Cofipe obligaba a los partidos a postular al menos 30% de candidatas a diputado o senador. Sin distinguir entre candidaturas para propietarios y suplentes, la mayoría de las candidatas eran suplentes. Fue hasta 2002 que el Cofipe obligó a los partidos a postular al menos 30% de candidatas propietarias, cuota que en 2008 se incrementó a 40 por ciento. Sin embargo, como quedan exceptuados de la cuota los distritos con elecciones internas, muy pocos partidos cumplían con este porcentaje en el total de sus candidaturas.

Gracias a una sentencia del TEPJF, la elección federal de 2012 fue la primera en que cada partido político o coalición postuló al menos 120 candidatas propietarias a diputadas y 38 candidatas al Senado. Esta sentencia tuvo implicaciones sin precedentes: el porcentaje de legisladoras pasó de 28% en 2009 a 37% en 2012.

El día de ayer el Presidente de la República presentó una iniciativa de reforma al Cofipe para elevar el porcentaje de candidatos de un mismo sexo hasta 50%, es decir, por vez primera se propone una paridad en la integración de candidaturas para hombres y mujeres. La iniciativa también propone derogar la excepción a la cuota que ha estado vigente desde 2002 a la fecha.

Es obvio que una cosa es conseguir una candidatura y otra es conseguir el triunfo. La identidad de quien finalmente llegue al Congreso dependerá de los votos ciudadanos [y de la calidad de los candidatos(as)], pero sin un acceso más equitativo a la boleta electoral es difícil conseguir un congreso ídem: el 50/50 no garantiza una representación paritaria en el Congreso, pero sí la posibilita.

No deberá sorprendernos que algunos líderes partidistas se opondrán a esta iniciativa con argumentos similares a los que han usado en el pasado: que no cuentan con los cuadros suficientes para cumplir con la cuota de género o, peor aún, que no hay suficientes mujeres interesadas en buscar un cargo de elección popular. Valdría la pena preguntarse, en ese caso, qué tipo de partidos políticos tenemos si éstos no son capaces de identificar y reclutar a 150 candidatas a diputada federal, o bien, 48 candidatas a senadoras en todo el país. Es claro que no todos los ciudadanos se interesan en participar activamente en política, pero resulta absurdo pretender que en un país de más de 100 millones de habitantes no existan los suficientes cuadros de ambos sexos para conseguir un Congreso más representativo.

Por último, vale la pena distinguir entre dos aspectos clave de la representación política. Uno es abrir la posibilidad de contar con un Congreso más equitativo en términos de género, la llamada representación descriptiva. Otro acaso más importante es conseguir mejores representantes y mejores políticas públicas: la llamada representación sustantiva. Pero sin la primera, difícilmente lograremos la segunda.

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