Esta es mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (14 diciembre 2013), en la que discuto los problemas de legislar reformas constitucionales de manera tan apresurada como las de este año.
En las últimas dos semanas, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron dos importantes reformas constitucionales: una en materia político-electoral y otra sobre energía. En columnas previas he comentado las ventajas y desventajas de cada una de estas reformas, de modo que hoy me detendré en la calidad del proceso legislativo con el que ambas fueron aprobadas.
No sobrarán voces que aplaudirán el notable éxito del primer mandatario en sacar adelante su agenda legislativa. La narrativa facilona es como sigue: si la parálisis legislativa era una enfermedad de los gobiernos del pasado, reformar muchos temas en un sólo año debe ser algo bueno en sí mismo. Unos aplaudirán las casi mágicas bondades del Pacto por México, otros la capacidad de negociación del Presidente mismo o de los líderes de las bancadas del PRI. Sospecho que serán menos las voces que aplaudan al PRD por haber acompañado al PRI en la Reforma Fiscal o al PAN por hacer lo propio con la energética (sobre todo conforme se acerquen las próximas elecciones federales).
Pero tal narrativa es falsa. En primer lugar, no ha habido parálisis legislativa: entre 1997 y 2012, a pesar del gobierno dividido, se reformaron 163 artículos constitucionales mediante 69 decretos. En segundo lugar, reformar una y otra vez la Constitución no es un fin deseable en sí mismo: esto depende, entre otras cosas, de si la letra de la Constitución es socialmente deseable o no. De hecho, es difícil descartar que uno de los problemas de nuestro sistema político sea el no lograr ponernos de acuerdo en un texto constitucional que sobreviva un año sin ser reformado.
En tercer lugar, tampoco hay magia detrás del Pacto por México. El partido del Presidente cuenta con más de un tercio de ambas Cámaras del Congreso, y su bancada se encuentra ubicada en el centro del espectro izquierda-derecha. Por ello, el 27 de abril pasado en estas mismas páginas, afirmé que: “Por lo general será más fácil para el PRI lograr una coalición o bien con el PAN o bien con el PRD, que para éstos crear una coalición opositora. Por ello, no debe sorprendernos que el Presidente pueda impulsar su agenda legislativa con mayor éxito que sus antecesores”.
Pasemos ahora a las reformas constitucionales de la quincena. El martes 3 de diciembre, el Senado aprobó reformas a más de 25 artículos constitucionales con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Dos días después, dispensando todos los trámites ordinarios, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado con 409 votos a favor, 69 en contra y tres abstenciones.
Una semana después, el martes 10 de diciembre, el Senado aprobó la Reforma Energética, misma que modifica tres artículos constitucionales, con 95 votos a favor y 28 en contra. Un día después, otra vez dispensando todos los trámites, los diputados aprobaron esta reforma con 354 votos a favor y 134 en contra.
¿De verdad vale la pena celebrar el que en nuestro país se pueda reformar la Constitución de este modo? ¿Por qué iniciativas de reforma constitucional de esta envergadura no vienen acompañadas de las reformas a leyes secundarias? ¿Por qué los dictámenes de las comisiones respectivas fueron dados a conocer al pleno del Senado con menos de 24 horas? ¿Por qué cada uno de los dictámenes cuenta con 21 artículos transitorios con redacción ambigua y poco clara? ¿Cuál es el sentido de contar con dos cámaras y un sistema de comisiones, si la Cámara Revisora dispensa todos los trámites y somete a votación del pleno las minutas de la Cámara de origen en menos de 48 horas? ¿Por qué es de urgente y obvia resolución reformar más de 20 artículos constitucionales en menos de dos semanas? ¿Por qué nunca es igual de urgente cumplir los plazos autoimpuestos para aprobar la legislación secundaria? Los alcances reales de las reformas constitucionales de este año dependen de los detalles de las reformas a las leyes secundarias. Sin embargo, dudo que se legisle mejor lo secundario que lo constitucional.
Javier Aparicio dot net 