Dinero y política

En mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (27 septiembre 2014) discuto dos aspectos clave de los regímenes de finanzas electorales: los gastos de campaña y el financiamiento público a partidos políticos.

Dinero y política

Este fin de semana se realizará un importante foro en la Universidad de Sydney, en Australia, para discutir los regímenes de financiamiento electoral de diversos países del mundo, incluyendo México y otros 11 casos.

¿Cuánto debe subsidiarse una democracia en general, y a los partidos o candidatos en particular? ¿Deben limitarse los ingresos de los partidos y candidatos? ¿Cuánto y de quiénes? ¿Deben limitarse los gastos de campaña? ¿Desde cuándo, cuánto y cómo? ¿Cómo se puede regular  y monitorear el origen y aplicación de estos recursos de manera eficiente? ¿Por qué algunos regímenes de financiamiento son más exitosos que otros? No existe una respuesta claramente establecida para todas estas preguntas. Veamos por qué.

Algunos creen que las campañas electorales funcionarían mejor si no se gastara tanto dinero en ellas: como si desearan un mundo donde la política estuviera lo más lejos posible del perverso dinero. Consideremos por un momento un mundo en el que cualquier gasto de campaña estuviera prohibido. ¿Quiénes se verían más beneficiados, los políticos en el poder o los candidatos de  oposición?

A los políticos en el poder no les afectaría tanto no poder gastar en campañas porque ya están en el poder y, además, pueden recurrir a su gestión de gobierno como un instrumento de campaña. Y no se trata sólo del clientelismo (ese es el caso más obvio), sino de casi cualquier acto de gobierno: inaugurar una obra o programa social, pronunciar un discurso, presentar una iniciativa, etc. Por su parte, los candidatos retadores no siempre disponen de tales instrumentos y necesitan recursos para darse a conocer y poder criticar la gestión del gobierno en turno.

Lo cierto es que el desempeño de gobierno provee información valiosa a los votantes, y el gasto de campaña, también. Prohibirlo a rajatabla, como algunos desearían, ayudaría a quienes ya tienen el poder y produciría elecciones menos competitivas. Por desgracia, algunos buenos deseos tienen consecuencias indeseables.

Consideremos ahora un mundo donde, en cada proceso electoral, se pudiera gastar cualquier cantidad de recursos, independientemente de su origen. En este escenario, es probable que el candidato o partido con más recursos acabe ganando las elecciones. O puede ocurrir que, gane quien gane, las políticas públicas implementadas representen más a los grupos de interés más adinerados que al electorado. Así las cosas, un mundo con cero gastos de campaña puede ser tan indeseable como uno con gasto ilimitado.

Una posible solución para acotar la indebida influencia del “gran dinero” (léase, un gran empresario, un gran sindicato, o un gran contratista) en la política, es el financiamiento público a los partidos políticos y sus campañas.

Un régimen de financiamiento público busca lograr al menos tres objetivos. Primero, permitir que tanto partidos como candidatos cuenten con los recursos necesarios para funcionar y realizar sus campañas bajo cierta igualdad de condiciones, es decir, emparejar el terreno. Segundo, fomentar la participación ciudadana mediante la creación o el sostenimiento de partidos políticos que de otro modo quizá no existirían. Un tercer objetivo sería complementar los ingresos de los partidos, es decir, impedir la dependencia del dinero privado.

Pero nada es gratis. Subsidiar partidos y campañas con el erario público implica alejar recursos limitados de otros usos socialmente más rentables. Por otro lado, un subsidio generoso a los partidos puede producir una excesiva dependencia del financiamiento público sin que necesariamente disminuya la influencia del dinero privado. Y si las reglas no están bien diseñadas, el financiamiento público puede promover la creación de partidos rentistas con escasa representatividad, pero subsidios cuantiosos.

En el caso de México, es posible que el mismo régimen de financiamiento público que en su momento fue clave para transitar de un sistema de partido hegemónico a una democracia multipartidista, hoy ya no sea tan útil para consolidarla.

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