26 de septiembre

Es muy difícil explicar o entender la tragedia de Iguala, Guerrero. Las víctimas merecen justicia y los familiares merecen ser atendidos (minimal responsiveness). De eso trata mi columna de esta semana para Excélsior, “Voto razonado” (11 octubre 2014).

Imagen de Reforma (11 oct 2014)

Imagen de Reforma (11 oct 2014)

26 de septiembre

La noche del 26 de septiembre, seis personas fueron asesinadas y otras 43 desaparecieron. ¿Cuánta indignación le produce saber esto? Quizás sea necesario proveer más detalles porque, según dicen, el contexto importa. Para empezar, no se trata de un episodio de la Guerra Sucia de los años 60 o 70 o de un episodio del pasado autoritario de América Latina. Se trata de México en 2014, un país que se presume como una democracia constitucional.

Se trataba, además, de jóvenes estudiantes de una escuela normal rural, es decir, jóvenes que querían dedicarse a ser maestros rurales. La policía municipal los detuvo primero, les disparó después, y posteriormente los entregó a otros criminales. Pero hay más. De entonces a la fecha se han descubierto fosas comunes con cadáveres calcinados. No sabemos aún si los cadáveres son de los estudiantes. Si no son ellos, ¿entonces de quiénes son? Si no son ellos, ¿entonces dónde están?

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, tiene una tradición de organizar movimientos comunitarios. Es una escuela con tradición combativa, pero hasta ahora nadie los ha acusado de ser parte del crimen organizado.

José Luis Abarca llegó a la presidencia municipal de Iguala como candidato del PRD. Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero —el estado con la mayor tasa de homicidios en el pais—, fue postulado como candidato del PRD tras renunciar a más de 30 años de priismo. Al parecer, “todo mundo” sabía que el alcalde de Iguala estaba vinculado al crimen organizado. Pero no pasó nada. Ahora resulta que “nadie sabe” dónde está el alcalde (licencia y amparo ya tiene, eso sí). El hecho contundente es que en los municipios y entidades gobernadas por el PRD hay desapariciones forzadas de estudiantes. Los líderes de ese partido dicen que pasa lo mismo en otras entidades como si ese fuera un argumento mínimamente defendible.

El gobernador no sabe cómo defenderse. Dice que no renunciará por las simples opiniones de gente que no conoce su región ni sus problemas. Él, que presumo sí los conoce, admite que varios municipios de su entidad están fuera de control. En sus actos públicos, una porra pagada por los contribuyentes le grita a coro: “¡No estás solo!” Una de dos, o el cinismo inexplicable existe, o en realidad la porra reconoce lo que muchos sospechamos de tiempo atrás: que más de un gobernador y más de un alcalde han sido capturados o maniatados por el crimen organizado.

Confieso que me resulta muy difícil sugerir algún argumento o teoría que explique todo lo anterior. No es difícil sospechar que al narco le interesa capturar autoridades locales o federales. Esto lo pueden hacer ya sea postulando candidatos afines, financiando sus campañas a cambio de impunidad o, si algo de esto es complicado, ignorar las campañas y simplemente amenazar o extorsionar a quién sea que llegue al cargo. ¿Hasta dónde se extiende la amenaza del crimen organizado en nuestras entidades? Sandra Ley y Guillermo Trejo, estudiosos del tema de la Universidad de Notre Dame, han identificado más de 300 atentados y ejecuciones de autoridades locales a manos del crimen organizado en los últimos seis años. Guerrero y Michoacán encabezan la lista. El poder local está en disputa.

No hablar del tema ya no es una estrategia viable para el gobierno. Por ahora, solo quisiera hacer una humilde propuesta. Si el secretario de Gobernación aceptó dialogar con un nutrido grupo de estudiantes que no estaban conformes con los asuntos de su universidad, me temo que no es mucho pedir que el señor gobernador y el señor Presidente tienen la obligación moral de al menos dialogar —en privado, si quieren, no vaya a ser que se ponga nervioso el equipo de comunicación social— con los padres y familiares de los estudiantes asesinados y desaparecidos en Guerrero. Que el gobernador les explique a ellos por qué no puede ofrecerles seguridad a sus hijos. Que el Presidente les explique a ellos cómo se puede mover a México sin hacerle justicia a sus hijos.

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