En La Jornada de hoy (2-nov-09), John Ackerman da su opinión sobre algunas de las propuestas para reducir el financiamiento público a partidos que circulan en el debate público. Ackerman advierte, entre otras cosas, que reducir el financiamiento público a partidos favorecería al gran dinero. Este es un tema amplio pero por ahora me concentraré en una alusión particular:

Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha dicho que “en la medida en que subsidiamos a los partidos políticos, les damos muy pocos incentivos para que se mantengan cerca de la ciudadanía”. Jorge Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostiene que “hay que buscar un equilibrio que haga que los partidos se acerquen a la sociedad a fin de buscar recursos para hacer sus campañas de acuerdo con las causas que defienden”… Queda claro que la “ciudadanía” de la que hablan los expertos no se refiere a la población en general, sino únicamente a las personas más adineradas.

He aquí unas cuantas aclaraciones sobre mi postura en este tema. Por un lado, al parecer ambos estamos de acuerdo en que es deseable una mejor fiscalización del origen y aplicación de los recursos manejados por los partidos políticos. Donde no estamos de acuerdo es en los efectos de un mayor o menor financiamiento público (FP).

El argumento en favor del FP es que este sirve, entre otras cosas, para “paliar” la influencia del “gran dinero” en la vida de los partidos.  Pero tenemos escasa o nula evidencia sobre si este efecto en verdad ocurre (sospecho que no).  Si ocurriese, habría que preguntarnos si podemos producir el mismo efecto saludable con menos recursos.  Y si no ocurriese, hay que preguntarnos si hace falta más financiamiento público o si de plano hay que buscar otra forma de “alejar de la tentación a los partidos” (sospecho que sí). 

La mayoría de las democracias ofrecen cierto tipo de financiamiento público a sus partidos (directo o indirecto), pero muy pocos casos llegan a los niveles observados en México (por ello se dice que pocos países gastan tantos recursos públicos en administrar elecciones y subsidiar a sus partidos). 

Más del 90% del “gasto oficial” de los partidos políticos en México proviene de financiamiento público.  De acuerdo a la ley vigente, esta estructura podría ser 50.01% pública y 49.99% privada.  ¿Por qué nigún partido diversifica sus ingresos oficiales? Entre otras razones, porque si los partidos aumentaran sus ingresos oficiales, no podrían gastar dichos recursos dados los topes de gasto de campaña que son sumamente bajos. 

En 2006, por ejemplo, un partido requeriría 1475mdp para llegar al tope de gasto en las contiendas para presidente, senadores y diputados. Bien, pues el PRI recibió solamente ese año 1,265.6mdp de financiamiento público.  El PAN, por su parte, recibió 1,146.8dmp y los partidos de la Alianza por el Bien de Todos, 1,297.8mdp.  Con un subsidio tan generoso, ¿qué partido querría buscar recursos adicionales entre militantes o simpatizantes, si después no podrían gastarlos?

Se sospecha, por supuesto, que todos los partidos sostienen una estructura paralela e ilegal de financiamiento y gasto. (¿Quíén se animaría a hacer una campaña a diputado federal con un tope de gasto de aprox. 1 millón de pesos? Respuesta: los amigos de los gobernadores). 

En la medida que provee información al electorado, el gasto de campaña no es necesariamente malo. Pero de ahí no se sigue que el erario deba financiar el grueso del gasto de campaña.  Es posible que sea más eficiente gastar en fiscalizar (y sancionar) los ingresos y egresos de los partidos que subsidiar con escasos recursos públicos las actividades ordinarias y gastos de campaña de todos los partidos.

La influencia del gran dinero se aminora con límites a las contribuciones (permitiendo sólo pequeñas contribuciones, por ejemplo) y estrictos requisitos de rendición de cuentas sobre el origen y aplicación de recursos.  Hoy se premia con recursos públicos el éxito electoral previo de los partidos (por ello, el PRI será el partido con más recursos y spots en 2012). Bien, nada impide que el FP igualara (o multiplicara) las pequeñas donaciones obtenidas por los partidos de entre sus militantes o simpatizantes.

Se cree que el gran dinero sólo tiene cara de narco o de gran empresario y se pasa por alto que otros grupos tienen donantes igualmente grandes (o peligrosos), tales como los sindicatos públicos (SNTE, SME, STPRM), las burocracias y, por supuesto, el gasto electorero de diferentes órdenes de gobierno.  Y si hoy día todos los “poderosos” meten la mano en las elecciones, ¿qué resulta mejor, dar más subsidios a los partidos, o fiscalizarlos mejor a todos?

Mi argumento no es eliminar del todo el financiamiento público a partidos, sino repensar sus reglas.  Y si se piensa que, ante lo débil de nuestro estado de derecho, regular y fiscalizar las contribuciones a partidos es una tarea entre difícil o imposible, entonces tampoco veo cómo podemos suponer que el régimen de financiamiento actual de verdad mantenga al gran dinero lejos de los partidos–sobre todo cuando éste parece haber dado pie a no pocos partidos rentistas y a un mercado negro de fondos (y gastos) de campaña.