Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (3 agosto 2013), donde discuto los pros y contras de las empresas públicas y privadas, los monopolios y la inversión.
Alrededor de la discusión pública sobre la reforma energética en México existen una serie de mitos que merecen ser discutidos de manera más general. A menudo escuchamos al gobierno federal celebrar cifras de creciente inversión extranjera en diversos sectores industriales o manufactureros. Incluso algunos gobernadores provenientes de partidos de izquierda presumen cifras de inversión, la creación de nuevas empresas y/o empleos en el sector privado. Si lo dudan, basta revisar la prensa local de las entidades en que se anuncia la llegada de una nueva planta automotriz, por ejemplo. En cierto nivel, muchos aceptan el impacto positivo de la inversión privada. Esto no debe sorprendernos: la inversión privada es un factor clave para producir crecimiento económico y mejoras de diversa índole en la calidad de vida de la población. No es el único factor, por supuesto, pero sin duda es uno de los más importantes.
Al mismo tiempo, cada vez que se habla del tema energético, ya sea explotación del petróleo o generación de electricidad, algo parece cambiar en la percepción y el discurso de algunos, y nos alertan de los múltiples peligros de la inversión privada, sobre todo si es extranjera: si las nuevas empresas producen ganancias, éstas seguramente saldrán del país; si se crean empleos, quizá ni sean para trabajadores nacionales, o quizá no sean bien pagados, o quizá una nueva empresa produzca el cierre de otra menos eficiente o productiva.
En el caso de la industria petrolera se nos alerta, por ejemplo, que la entrada de inversión privada –nacional o extranjera– en el sector equivale a “privatizar el petróleo”, lo cual por alguna razón parece ser muchísimo más grave que privatizar los automóviles (que utilizan gasolina, por cierto), computadoras, teléfonos, o alimentos tan estratégicos como el maíz o el huevo. La canasta de bienes y servicios que consume una familia típica en México es producida, predominantemente, por empresas privadas. La mayoría de los empleos del país provienen de empresas privadas. Pero, extrañamente, “privatizar” es una palabra maldita de la que muchos políticos parecen huir.
Aunque ningún partido político ha propuesto “privatizar Pemex”, muchos relacionan una mayor apertura en el sector energético con una privatización de facto de tal empresa. La experiencia mexicana con la privatización de empresas no siempre ha sido buena. El ejemplo paradigmático es la privatización de Telmex. Bajo control privado, esta empresa se volvió mucho más eficiente que antes. Por desgracia, dista de ser una empresa competitiva: el poder de mercado de Telmex, casi un monopolio, le permite ofrecer un servicio de mala calidad a precios poco competitivos. Esto tampoco debería sorprendernos, los monopolios hacen justo eso: ofrecer poco y caro con tal de maximizar ganancias.
Por desgracia, los monopolios públicos funcionan de manera muy similar. Al no enfrentar competencia, tienden a operar de manera poco eficiente. Entre una empresa pública y una privada, por lo general, la privada será más eficiente que la pública porque sus dueños tienen mayores incentivos para innovar, controlar costos y con ello maximizar ganancias. Las empresas públicas enfrentan serios problemas no sólo para contener costos. A menudo los incentivos de los políticos, que controlan a los burócratas que administran las empresas públicas, se alejan no sólo de la eficiencia sino de los supuestos objetivos sociales que persiguen muchas empresas públicas.
Por ello, no debe sorprendernos que una porción importante de la renta petrolera sea apropiada por el sindicato de Pemex, o que una porción importante de los ingresos del sector público se gaste de manera poco eficiente: los políticos tienen menos incentivos para administrar eficientemente los recursos públicos que un empresario sus recursos privados. Durante muchos años, se pensaba que para promover el desarrollo de un país era importante que el Estado controlara una serie de empresas estratégicas. A la luz de la experiencia del siglo XX en países socialistas y capitalistas, hoy el argumento es mucho más débil.
Lecturas sugeridas:
- Pros y contras de la propiedad pública vs. privada de empresas | State vs. Private Ownership, by Shleifer http://ow.ly/nE7Ex
- Más mercado y más Estado: Notas sobre una posible reforma petrolera | Adrián Lajous http://ow.ly/nE8Js