Corrupción legislativa

Esta es mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (23 noviembre 2013), en la cual comento un tipo importante de rent-seekng: el intercambio de favores entre quienes autorizan el presupuesto (legisladores) y quienes lo ejecutan a nivel local (ejecutivos y particulares).

Corrupción 

Uno de los temas que más han circulado en medios, esta semana, es la acusación de alcaldes y gobernadores hacia diputados  federales panistas por el cobro de comisiones (“diezmos”) por la obtención de recursos frescos y/o la ejecución de obra pública. No es la primera vez que las diferencias entre panistas se traducen en escándalos sobre el mal uso de los recursos públicos: basta recordar las acusaciones entre senadores corderistas y maderistas unas semanas antes de las pasadas elecciones locales. Sin mayor evidencia que los dimes y diretes entre un grupo u otro, resulta difícil comentar sobre la veracidad de estas acusaciones.

Por desgracia, el presunto intercambio de favores entre quienes autorizan partidas presupuestales y quienes las ejecutan a nivel local no parece sorprender a nadie. Sorprende, eso sí, que estos escándalos no generen una ola de investigaciones serias ni consecuencias mayores al escándalo en sí mismo: presunto fuego amigo que se disipa en dos o tres semanas. Por momentos, pareciera que la reacción de voceros de otros partidos políticos es más cercana a un “no jalen que descobijan”, que a una exigencia de rendición de cuentas.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014, aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado, asciende a más de 4.4 billones de pesos. De este monto, alrededor de una cuarta parte es ejercido por los estados y municipios. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos para 2013, este año los estados y municipios de la República recibieron aportaciones y participaciones por más de un billón de pesos: 513.9 miles de millones de pesos del llamado Ramo 33 (aportaciones), más 535.1 miles de millones de pesos del Ramo 28 (participaciones). Y de acuerdo con el Presupuesto para 2014, el próximo año los estados y municipios recibirán 74 mil millones de pesos más que en 2013 por los mismos conceptos: 545.5 miles de millones de pesos del Ramo 33 y 577.6 miles de millones de pesos del Ramo 28.

Como se puede apreciar, se trata de recursos cuantiosos cuyo ejercicio escapa a los órganos de control y vigilancia del gobierno federal —puesto que los estados y municipios son soberanos en el ejercicio de su presupuesto—, y muchas veces escapa también a los órganos de control estatales toda vez que los gobernadores controlan a sus congresos locales, o a las propias auditorías locales, o ambos. Escapa también al escrutinio del electorado, pues éste a menudo carece de la información suficiente o, cuando llega a tenerla, carece de los medios legales para sancionar a los funcionarios públicos que no aparecen en una boleta electoral.

Los mecanismos detrás de la corrupción son múltiples, dependiendo de quién compra y quién vende el “favor público” y a menudo difíciles de observar directamente. Por un lado, las empresas u otros actores privados pueden invertir recursos para conseguir favores del gobierno: empresarios compitiendo por ser ganadores en alguna licitación, ser protegidos por una licencia monopólica, obtener una regulación que les favorezca, o bien impedir ser afectados por un impuesto.

Pero el problema no termina allí puesto que, por otro lado, los servidores públicos también pueden competir entre ellos e invertir tiempo, dinero y esfuerzo para tener acceso a los cargos que les permitan extraer rentas del sector privado: un ejemplo típico serían burócratas compitiendo por ser reguladores o fiscalizadores de cierta industria.

La intervención gubernamental genera rentas o ganancias para unos y pérdidas para otros. Esto ocurre cuando se crea o permite un monopolio público o privado, se regula una industria, se imponen impuestos o subsidios, o bien con el simple ejercicio del gasto público. Como es previsible, diversos actores competirán entre sí e invertirán recursos para obtener el beneficio de dichas intervenciones. Y mientras mayores sean las rentas que el gobierno puede crear, proteger o mantener, mayores serán los recursos invertidos en su búsqueda.

 

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