Esta es mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (11 enero 2014), donde discuto el creciente uso de las asignaciones etiquetadas (earmarks) en el proceso presupuestal en México. Hace unas semanas, escribí sobre la posibilidad de corrupción legislativa al negociar el presupuesto o bien reformas legales.

Presupuesto etiquetado

Más allá de las implicaciones al interior de su partido, el escándalo más reciente entre los senadores y diputados del PAN pone de relieve un tema poco discutido durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, mismo que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado con 466 votos a favor y sólo 18 en contra.

Como se sabe, el presupuesto para este año asciende a más de 4.4 billones de pesos. Dentro del Ramo General 23, dedicado a provisiones salariales y económicas, se crearon tres fondos: un Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa de cinco mil millones de pesos; un Fondo de cultura de dos mil 728 mdp; y un Fondo de infraestructura deportiva de tres mil 211 mdp. Las asignaciones específicas de cada uno de estos tres fondos se encuentran detalladas en los anexos 19.2 al 19.4 del presupuesto aprobado.

Se trata de diez mil 939 millones de pesos de presupuesto “etiquetado” para diferentes proyectos en las entidades y municipios del país que no formaban parte del proyecto de presupuesto originalmente enviado por el Ejecutivo. Si dividimos este monto entre los 300 distritos de mayoría relativa del país, a cada distrito le correspondería poco más de 36 millones de pesos. Y si dividimos este monto entre los 500 diputados federales, cada legislador podría haber “gestionado” casi 22 millones de pesos para su localidad o proyecto favorito.

¿Cómo se decidió el monto de cada uno de estos fondos? ¿Cómo se determinó cuánto presupuesto asignar a qué municipios y para qué proyectos específicos? ¿Debemos preocuparnos o celebrar esta notable capacidad de gestión legislativa? Hasta el momento, todo parece indicar que se trata de fondos gestionados de manera discrecional por los diputados, quienes tienen la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto.

Alrededor del mundo, las legislaturas tienen un papel fundamental en el proceso presupuestal. Durante muchos años, éste no era el caso en México porque los legisladores básicamente aprobaban el proyecto de presupuesto enviado por el Presidente. De 1997 a la fecha, el proceso presupuestal se ha ido complicando poco a poco. Si bien los presupuestos de años recientes a menudo cuentan con un amplio apoyo de los diputados, lo cierto es que año con año el número de modificaciones del proyecto original han ido en aumento.

Existen dos visiones sobre la mejor forma de asignar el presupuesto. Si preguntamos a los funcionarios de Hacienda, lo más probable es que ellos respondan que lo mejor es que las prioridades presupuestales se decidan de manera centralizada por personal que cuente con la información y calificaciones necesarias para realizar una evaluación costo-beneficio adecuada, lejos de presiones políticas o partidistas. El problema es que es muy difícil hallar a esta especie de tecnócrata benevolente. Como igualmente difícil sería que, habiéndolo hallado, éste no encuentre en su mejor interés abusar del poder que se le ha confiado.

Por otro lado, si preguntamos a un diputado de cualquier partido, es probable que nos responda que corresponde al Poder Legislativo, como arena plural y representativa de la variedad de intereses de las diferentes regiones del país, determinar las prioridades presupuestales que habrán de ser ejercidas por el Poder Ejecutivo. El problema de esta visión es que a muchos diputados de mayoría relativa les costará trabajo pensar más allá de algunos votantes de su propio distrito, más allá de la próxima elección o más allá de los intereses de quien les dio la candidatura o les dará su próximo cargo.

Existe una delgada línea entre un proceso presupuestal plagado de prácticas discrecionales, corruptas o clientelares, y un proceso presupuestal verdaderamente democrático. No hay atajos: hay que vigilar tanto al tecnócrata que se presume benevolente como al legislador que presume un interés legítimo en gestionar recursos.