El 23 de marzo pasado, me invitaron a participar en la Tribuna de Milenio con el tema: ¿Por qué estamos tan indignados?  Aquí mi colaboración, donde hago un llamado al voto de castigo.

¿Y si se van todos?

Me confieso optimista de largo plazo. Considero que, en general, los mexicanos estamos mejor que hace 30 o 100 años y tengo la expectativa, irracional si se quiere, de que estaremos mejor dentro de 100 años más. Pero en horizontes de más corto plazo, digamos 5 o 10 años, me cuesta más trabajo ser optimista.

A decir de muchos, las cosas van muy mal en el país y existe una creciente sensación de indignación. ¿Estaban mejor las cosas antes? Los más jóvenes no tienen forma de saberlo y los más viejos quizá no lo recordemos ya. Es posible que las cosas estén igual de mal que antes pero que hoy, gracias a los avances tecnológicos y a un clima de mayor libertad de prensa (uno que es optimista), nos enteremos más fácilmente de lo mal que están las cosas.

Permítanme postular que, en todo momento y lugar, podemos contar conque al menos 30 por ciento de la población estará inconforme, insatisfecha o de plano indignada. Cuando la economía va bien, lo cierto es que no a todos les va tan bien; y cuando la economía va mal, es natural que la indignación aumente. Cuando gana o gobierna la derecha, los simpatizantes de la izquierda estarán inconformes, y viceversa. Continue reading →

El 10 de marzo de 2015, Eduardo Medina Mora fue designado ministro de la SCJN con 83 votos de 119 senadores presentes: 69.7%. Es decir, obtuvo apenas 4 votos más de los dos tercios necesarios dado el quorum: 119×2/3=79. Entre los senadores ausentes hubo 5 perredistas: Mario Delgado, Rabindranath Salazar, Armando Ríos Píter, Manuel Camacho Solís (quien tuvo ausencia justificada) y Luz Ma. Beristáin. Por su parte, Layda Sansores anuló su boleta rompiéndola públicamente.  De haber asistido todos, las bancadas de PRI+NA+PVEM+PAN suman 100 senadores: hubo voto dividido en la coalición pro-Medina pero como la votación fue anónima, nunca sabremos el nombre de los “no alineados”.

• Petición de Alejandro Madrazo Lajous, Catalina Pérez Correa González y Jorge Javier Romero Vadillo para que el Senado “no haga ministro de la Suprema Corte a Eduardo Medina Mora“: http://ow.ly/KafoM
• Respuesta de Eduardo Medina Mora a la petición: http://ow.ly/Kaf0l
• Réplica de Alejandro Madrazo, Catalina Pérez Correa y Jorge Javier Romero: http://ow.ly/Kafbk

Estos son los votos con los que llegaron el resto de los ministros hoy en funciones:

Luis María Aguilar Morales 91 votos
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 90
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 103
José Ramón Cossío Díaz 84
Jorge Mario Pardo Rebolledo 97
Olga Sánchez Cordero 89
Fernando Franco González Salas 94
Juan Silva Meza 89
Mario Alberto Pérez Dayán 104
Margarita Beatriz Luna Ramos 83.

Esta es mi opinión al respecto, publicada en Excélsior (7 marzo 2015):

¿De la PGR a la corte?

El 17 de febrero pasado, el presidente Peña Nieto envío una terna de candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cubrir la vacante de Sergio Armando Valls Hernández, quien falleció en diciembre pasado. A decir de muchos, se trata de una terna con un claro favorito.

¿Cómo funciona el “juego” de las nominaciones a la Suprema Corte? En un régimen de separación de poderes —como el que nuestra Constitución pretende  que tengamos en México— hay tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.  Los dos primeros son elegidos mediante el voto popular. No es el caso del Poder Judicial. ¿Quién y cómo se decide quién debe llegar a la Corte? Por principio de cuentas, consideremos que no se trata de un cargo cualquiera. A la Suprema Corte le toca resolver, entre otras muchas cosas, tanto los conflictos entre el poder Ejecutivo y el Legislativo como entre los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Por otro lado, también corresponde a la Corte vigilar que las leyes y la actuación de nuestros gobernantes no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para decirlo en breve: la Corte es el árbitro de última instancia en una democracia constitucional.

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