En agosto pasado la revista Letras Libres publicó mi opinión sobre las elecciones presidenciales en México, la cual titulé: “Elecciones legítimas pero inequitativas“. Una vez concluido el proceso electoral, Letras Libres pidió mi opinión sobre la sentencia SUP-JIN-359/2012 y la declaración de validez de la elección del TEPJF. Este segundo ensayo aparece en la edición de octubre 2012 de Letras Libres: “El fin del proceso electoral” (aquí mismo encontrarán la liga una vez que esté en línea). Estos son algunos fragmentos:

Para muchos, incluso para la gran mayoría de los líderes políticos, la elección presidencial concluyó la noche misma del primero de julio.

El juicio de inconformidad de la Coalición constaba de 638 páginas. (…) Por su parte, la sentencia consta de 1346 páginas y en su resolutivo único dice a la letra: “Se declaran infundados los planteamientos de nulidad”. Esto no quiere decir que los agravios no ocurrieron, sino que la coalición no pudo demostrarlos.

(…)

El proceso electoral ha concluido pero los agravios de su impugnación nos obligan a replantearnos qué tan confiables son las elecciones en México. Por un lado, resulta claro que muchos aspectos clave del proceso electoral son bastante confiables desde hace varios años: el padrón electoral, la instalación de casillas atendidas por ciudadanos invitados al azar a contar los votos, el PREP, los cómputos y recuentos, etc.  Por desgracia, para muchos la respuesta sigue siendo: “depende”. Depende, entre otras cosas, del resultado y el tipo de elección. El resultado de una elección estatal o municipal reñida puede verse fácilmente afectado por alguno de los cabos sueltos de nuestro sistema electoral: desde el clientelismo y el exceso de gasto en campañas, hasta la valoración subjetiva de los magistrados sobre nimiedades tales como los calzoncillos de un boxeador. (…) En cuanto a la importancia del resultado basta un simple ejercicio mental: ¿qué se diría del más reciente triunfo de Enrique Peña Nieto si el margen de victoria hubiera sido de 0.56%, como en 2006, y Andrés Manuel López Obrador hubiera presentado la misma evidencia que ahora?

(…)

Si los partidos políticos consideran que la compra de votos y el exceso de gasto de campaña son problemas graves que ponen en riesgo la realización de elecciones libres y auténticas, entonces urgen reformas al COFIPE y demás leyes aplicables para que éstas prácticas dejen de ser prohibidas de jure pero toleradas de facto. Y si el consenso de los partidos es no atarse las manos durante las campañas, entonces es la sociedad quien deberá exigirlo.

El ensayo completo está en la edición de octubre de Letras Libres.