INE: una mala idea

Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (19 octubre 2013), donde discuto por qué la propuesta de transformar el IFE en INE es una mala idea.

INE: mala idea

Hace unas semanas el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa de reforma político-electoral que comprende diversos temas. En esta columna me ocuparé de la más extraña idea de la iniciativa: la transformación del IFE en un Instituto Nacional Electoral que se encargue de organizar todas las elecciones del país, ya sean locales o federales. Es una idea extraña no sólo porque no forma parte de la agenda de reforma política que el panismo ha impulsado en el pasado, como sí lo es la reelección y segunda vuelta, por ejemplo, sino porque es una mala idea. Extraña, también, que siendo el PAN un partido que acumuló paulatinos triunfos municipales y estatales hasta conseguir por dos ocasiones la presidencia, sea quien ahora se duela de los árbitros locales y proponga un remedio que va en contra del federalismo.

A decir de la iniciativa, los gobernadores han colonizado a los institutos estatales electorales a grado tal que las elecciones locales no son confiables. ¿En cuántos estados ocurre esto y en qué medida? No lo sabemos a ciencia cierta pero, según la iniciativa, casos como los de Veracruz, Hidalgo y Coahuila son tan graves que merecen la desaparición de todos los institutos locales, los tribunales estatales, la creación de un código electoral único y transformar al IFE  en algo desconocido. El remedio propuesto, radical como lo es, sería una gran idea porque permitiría ahorrar una “cantidad estratosférica” de recursos.

¿Influyen de manera desmedida los gobernadores en los procesos electorales? Sí. ¿La burocracia electoral es muy cara? Sí. ¿El INE remedia de manera adecuada alguno de estos problemas? No. ¿Podemos acabar con elecciones menos confiables con la creación del INE? No podemos descartarlo. Veamos por qué.

Por principio de cuentas, para que un gobernador capture a las autoridades electorales necesita controlar, primero, a su congreso local. Pues bien, la mayoría de las entidades cuentan con gobiernos divididos. Podrá decirse que los gobernadores son tan poderosos que avasallan a sus congresos pero eliminar del mapa a los institutos electorales no cambiará mucho esa situación. El INE es un remedio inadecuado porque no les atará las manos a alcaldes y gobernadores donde más importa: en el ejercicio del presupuesto en años electorales y no electorales. ¿Qué tan eficaz sería el INE para mantener a raya a cada gobernador o alcalde, mandatarios de estados y ayuntamientos libres y soberanos? ¿Qué tan eficaz será el INE para la fiscalización de gastos de campaña cuando éste es uno de los talones de Aquiles del mismo IFE?

La posible captura de los árbitros locales no es más que un síntoma de la falta de contrapesos en los estados. Por ello, urge fortalecer los contrapesos y la rendición de cuentas que enfrentan los gobernadores para evitar el desvío de recursos públicos hacia las campañas, el uso clientelar de los programas y demás irregularidades que ocurren fuera y lejos de las casillas electorales. Y este contrapeso se logra con la reelección de legisladores locales que hoy día son fácilmente manipulables por los gobernadores. Y solo un congreso local fortalecido podrá apretar las tuercas de la rendición de cuentas y las auditorías locales.

¿El INE ahorrará recursos? ¿Disminuirán las prerrogativas totales a partidos? ¿Pasar del IFE al INE no requerirá la creación de nuevas plazas? ¿Las oficinas descentralizadas del INE no serán capturables? ¿Qué tan eficaz y eficiente será el “IFE transformado en INE” para organizar casi 4 mil elecciones? ¿Hasta dónde el desgaste de las elecciones locales afectará los procesos federales? ¿Los 11 consejeros del INE, designados por una sola legislatura federal, serán más confiables que 32 consejos locales elegidos por 32 legislaturas? ¿Si los estados no pueden organizar sus propias elecciones, qué otra cosa sí podemos confiarles? Valdría la pena recordar que un sistema federal busca, precisamente, descentralizar el poder para minimizar el abuso del poder.

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