Gasolina y desilusión fiscal

Este año comienza, una vez más, con los precios de la gasolina en las primeras planas. Entre enero 2015 y enero 2017 he escrito columnas sobre los precios de la gasolina desde diferentes ángulos. En el centro del debate hay una importante transición, de una política fiscal basada en la “renta petrolera”, a uno en el que los impuestos a las gasolinas son una renovada fuente de recaudación. Aquí un recuento de ellas, en orden cronológico.

Gasolina injusta (3 enero 2015).

Veneros del diablo (10 enero 2015)

¿Gasolina barata? (2 enero 2016)

Desde hace varias semanas el gobierno federal ha anunciado con bombo y platillo que, a partir del inicio de este 2016, la gasolina bajará de precio—lo cual es un hecho inédito en muchos años. Si bien es cierto que es de aplaudirse que el gobierno anuncie que dejará que los precios de la gasolina fluctúen en cierta sintonía con los precios internacionales, vale la pena poner esta nueva política en perspectiva.

Vayamos por partes. Si el anuncio es tan buena noticia, entonces ¿a quién protegía el control de precios de las gasolinas del pasado? Durante muchos años, gobiernos de diferentes colores adujeron que una de las ventajas de “que el pretróleo fuera nuestro” y de que contáramos con un monopolio público para la venta de gasolinas era que esto permitía proteger a la población de la indeseable volatilidad de los precios de mercado (no olvidemos que, en la retórica de muchas políticas públicas, el gobierno es bueno y el mercado es malo, claro está).

Lo cierto es que, durante los últimos veinticinco años, la norma fue que Pemex (el monopolio estatal que administró por décadas ese petróleo que “era nuestro”) nos vendiera gasolinas a precios mayores que los del mercado internacional. Al hacerlo, el gobierno federal cobraba un impuesto implícito a los consumidores de combustibles. Y cuando los precios internacionales del petróleo fueron muy altos, como sucedió entre 2007 y 2012, ocurrió justo lo contrario: Pemex nos vendió gasolinas a precios inferiores a los del mercado internacional. Al hacerlo, el gobierno federal otorgó un subsidio implícito (y de miles de millones de pesos) a los consumidores de gasolinas.

De modo que, por muchos años, el monopolio de la explotación petrolera en realidad no protegió a los consumidores. Y durante los breves periodos en que el gobierno decidió subsidiar la gasolina, en realidad subsidió a los consumidores más ricos.

En segundo lugar, ¿cuánto cambian las cosas con el nuevo esquema de precios de las gasolinas? A partir del primero de enero, el litro de gasolina Magna cuesta $13.16, y el de Premium $13.98, es decir que disminuirán 40 y 41 centavos por litro, respectivamente, una baja de alrededor de 3% en ambos combustibles respecto a diciembre pasado.

Pero, ¿cuánto cuesta la gasolina en otros países? El precio promedio de la gasolina regular en los Estados Unidos al cierre de 2015 es de 2 dólares por galón, lo cual equivale a 9.10 pesos por litro (usando el tipo de cambio interbancario de fin de año).

Esto quiere decir que, incluso, tras el generoso descuento de 3% del gobierno federal, la gasolina magna de México sigue siendo 44% más cara que el precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos, país de donde importamos grandes volúmenes de la gasolina consumida aquí.

De modo que, cada vez que el gobierno le presuma que gracias a la reforma energética usted ahorra 40 centavos por litro de gasolina, recuerde que por el momento seguirá pagando al menos 4 pesos más por litro de lo que pagaría en el país de donde Pemex la importó.

Por último, ¿puede el gobierno federal bajar más los precios de las gasolinas? Quizá pero también vale la pena recordar que los bajos precios del petróleo en los mercados internacionales implican menores ingresos públicos por la exportación de hidrocarburos, mismos que financian una parte importante del gasto público. Por lo tanto, desde el punto de vista de las finanzas públicas, una buena forma de compensar menores ingresos por la exportación de petróleo es, precisamente, vender gasolina cara a consumidores cautivos como usted o como yo: todos los precios son relativos.

Desilusión fiscal (14 enero 2017)

Por fortuna, ha terminado ya el malhadado 2016, plagado de malas noticias para muchos. Por desgracia, 2017 no luce muy distinto que digamos. El gobierno federal prometió que, gracias a las reformas estructurales aprobadas al inicio del sexenio, la economía crecería y los hogares mexicanos disfrutarían, entre otras cosas, de energía más barata. También prometió que, tras la Reforma Fiscal de 2013, los impuestos no volverían a aumentar. En enero de 2015, el gobierno federal prometió que se acabarían los gasolinazos. Hoy sabemos que ninguna de esas promesas podrá cumplirse.

El precio de las gasolinas es un tema económica y políticamente sensible. Se trata de un precio clave de la cadena productiva en general —después de todo, ésta era una razón para justificar el monopolio público de Pemex— y también es parte del gasto de las clases medias y altas. El secretario de Hacienda de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto lo saben bien porque son la misma persona.

¿Por qué tiene que subir el precio de la gasolina? Hoy, el precio internacional del petróleo y las gasolinas es menor que cuando se aprobó la Reforma Energética. Sin embargo, el tipo de cambio es mucho peor y los precios de los hidrocarburos han comenzado a recuperarse en los últimos meses. Hoy por hoy, la gasolina no se subsidia en México —como sí se hizo durante algunos años del sexenio pasado—, pero mantener sin cambio su precio implicaría un esfuerzo fiscal que, en efecto, subsidiaría relativamente más a los hogares más ricos.

¿Por qué el gobierno actual ha decidido aumentar un precio que el gobierno anterior había decidido subsidiar? Para decirlo en breve: porque se ha quedado sin opciones. Cuando los precios del petróleo eran históricamente elevados, la renta petrolera alcanzaba para subsidiar el consumo de gasolinas. Fue un subsidio regresivo y socialmente costoso. Hoy, que los precios del petróleo son bajos y nuestra moneda se ha devaluado —hecho que nos ha empobrecido en general—, el gobierno ha reemplazado renta petrolera por impuestos a gasolinas. Hoy no hay recursos disponibles para subsidiar la gasolina.

¿De verdad no hay alternativas? En el corto plazo, muy pocas: elevar otros impuestos o reducir el gasto. Por desgracia, la política fiscal no puede cambiar tan rápido. Quienes aprobaron el paquete fiscal de 2017 conociendo la incertidumbre que se ceñía sobre el país actuaron irresponsablemente, por decir lo menos. Quienes no implementaron los recortes presupuestales anunciados en años pasados, también. Quienes no han hecho más eficiente el gasto público, también. Ante la emergencia, uno de los pocos instrumentos disponibles para el gobierno son los impuestos a las gasolinas.

¿Por qué la Reforma Energética no ha producido los resultados anunciados o esperados por sus promotores? Porque fue aprobada demasiado tarde. De haberse aprobado diez o 20 años atrás, la historia pudo haber sido distinta. Pudo haber existido un boom petrolero distinto. Pudo haber llegado más inversión extranjera. Pudimos haber llegado menos vulnerables ante el gobierno de Trump. Quienes pospusieron o bloquearon las llevadas y traídas “reformas estructurales que el país necesita”, también actuaron irresponsablemente.

No es la primera vez que nuestros gobiernos nos mienten o incumplen sus promesas. La renta petrolera produjo una especie de ilusión fiscal: que podíamos consumir bienes y servicios públicos sin pagar su verdadero costo. Quizá por ello el llamado gasolinazo ha producido tal desilusión y desengaño. Con suerte, la vigilancia y exigencia pública sobre la calidad del gasto público y los impuestos deberán ser mayores.

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