En mi columna de Excélsior de esta semana (25 junio 2016) discuto el Brexit, el referéndum del Reino Unido para consultar si deben o no abandonar la Unión Europea.

En otras ocasiones he escrito sobre democracia directa, consulta popular, la ley de consulta popular en México, así como los recientes referéndums en Escocia 2014 o Grecia 2015 (aquí y aquí).

El dilema Brexit

El 23 de junio de 2016, más de 33 millones de ciudadanos del Reino Unido acudieron a las urnas para responder una pregunta simple y grave a la vez: “¿Debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe abandonar la Unión Europea?”. 17 millones 410 mil 742 personas, 51.9% del total, opinaron que debe abandonarla. Las consecuencias del Brexit, como se denominó a este inusual referéndum, se hicieron sentir enseguida en todo el mundo —y lo seguirán haciendo en el mediano y largo plazo—.

En columnas pasadas he discutido las ventajas y desventajas de los mecanismos de democracia directa. En esta entrega quiero concentrarme en dos cuestiones particulares: uno, el dispositivo para tomar una decisión colectiva de esta relevancia, y dos, cómo procesar sus consecuencias.

Veamos. ¿Es buena idea recurrir a un referéndum para tomar una decisión como la del Brexit? Según los defensores de la democracia representativa, cuando los ciudadanos eligen mediante el voto a sus representantes y gobernantes lo hacen para, justamente, encomendar o delegar en ellos la responsabilidad de tomar “las mejores decisiones” (es decir, las que más convengan a quienes los eligieron). Desde este punto de vista, resulta algo absurdo pedir la opinión de los votantes sobre un asunto complejo y del cual los representantes políticos quizás tienen mucho mejor información y/o capacidad para procesarla. Se dice, además, que frente a un asunto de gran trascendencia, lleno de matices y detalles sofisticados —como los de Reino Unido, Grecia o Venezuela—, el simple SÍ o NO de un referéndum es una receta más bien peligrosa: presa fácil de propuestas populistas.

Frente a esto, los defensores de la democracia directa podrían responder que es de suma importancia que los ciudadanos participen en la toma de decisiones trascendentes para sus vidas, más allá de simplemente elegir representantes. Si una decisión es realmente importante, más vale que cuente con el apoyo mayoritario de quienes padecerán sus consecuencias. Negarlo implicaría que los ciudadanos —el verdadero soberano en una democracia— solamente pueden votar por otras personas cada tres o seis años. Si se confía al ciudadano elegir un presidente, debería confiársele aprobar su Constitución.

En varios países de Europa, de hecho, toda reforma constitucional debe ser aprobada en una consulta popular o referéndum. En 1975, el Reino Unido se manifestó en favor (con  67% de votos) de mantenerse en la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, y otros países se integraron a la Unión Europea mediante referéndum. Si una vía de entrada requiere un referéndum, tiene sentido que la salida también lo haga.

Consideremos ahora un segundo problema: ¿Cómo deben procesarse los costos y beneficios de una decisión con las consecuencias económicas y sociales del Brexit? Según algunas encuestas, la opción de “salir” fue apoyada por la población de mayor edad, y en las localidades de menores ingresos y menor educación, en promedio. Podría argumentarse que los más viejos y poco educados impusieron un costo entre los más jóvenes y educados. Es claro que existe un conflicto distributivo intergeneracional: ¿cómo debe procesarse en una democracia representativa o directa?

Por último, un cosmopolita podría argumentar que el Brexit impondrá una carga no sólo en Reino Unido, sino también en muchos otros países: existe un conflicto distributivo trasnacional. ¿Existe un mecanismo democrático para resolver el conflicto distributivo implícito al desmantelar a la Unión Europea? ¿Cómo pueden los ganadores compensar a los perderdores?