El 27 de abril pasado se publicó mi primera columna para Excélsior. La columna lleva por título “Voto razonado” (expresión simple que aplica por igual a un elector, legislador o magistrado) y aparecerá cada sábado. Aquí la primera entrega:

La (in)trascendencia del Pacto

Al inicio de esta semana los líderes del PAN y PRD anunciaron que se retirarían de la mesa de negociaciones del Pacto por México. El martes 23 de abril, el Presidente suspendió temporalmente las actividades del Pacto y canceló la presentación de la iniciativa para la reforma financiera. Al día siguiente, tras una reunión de los líderes partidistas con el secretario de Gobernación, el Pacto fue relanzado. En menos de 72 horas el Pacto pareció entrar en crisis y resucitar. Entretanto, el proceso legislativo no se descarriló: la minuta revisada de la reforma de telecomunicaciones fue aprobada en San Lázaro este jueves. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos celebraron que el diálogo oportuno permitiera la supervivencia del Pacto. Para otros, este episodio quizás indica el comienzo del fin para el Pacto.

¿Cómo podemos interpretar esta secuencia de eventos? ¿En verdad es tan importante el Pacto? Desde 1997 se ha dicho que el gobierno dividido era la causa principal de la parálisis legislativa y el freno de muchas reformas estructurales. En lo que va de este nuevo sexenio, la parálisis parece haber desaparecido. Pero si aún habiendo gobierno dividido ya no hay parálisis, entonces tal conformación de gobierno no era su causa. Continue reading →

Este es el mapa de coaliciones en elecciones locales en México 2013. Mi columna invitada en el suplemento Enfoque de Reforma (21 de abril de 2013) discute la lógica de las alianzas electorales tanto en procesos locales como federales. 

Las alianzas funcionan (versión pdf)

Las alianzas electorales son un fenómeno creciente en México. Como se detalla en esta edición de Enfoque, en la gran mayoría de las elecciones locales de este año habrá al menos una alianza electoral. El fenómeno no es nuevo pero de un tiempo a esta parte ha tomado carta de naturalización en los procesos electorales locales y federales.

Tanto Vicente Fox como Enrique Peña Nieto llegaron al poder con el auxilio de alianzas electorales con el Partido Verde, por ejemplo. Por su parte, tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Andrés Manuel López Obrador han buscado la Presidencia mediante alianzas. Algo similar ocurre en elecciones locales: según un cuidadoso estudio de Diego Reynoso*, entre 1988 y 2011, se registraron 124 alianzas electorales en 125 procesos locales; 42 de ellas pueden caracterizarse como alianzas de centro-izquierda, 18 de centro-derecha y 10 fueron alianzas anti-PRI. El PRI, por su parte, registró 43 alianzas en el mismo periodo.Las alianzas electorales son cada vez más exitosas: según el mismo estudio, entre 1994 y 2000, sólo cuatro de 32 gobernadores electos llegaron al poder mediante una alianza electoral. Esta cifra aumentó a 18 entre 2000 y 2006. Entre 2006 y 2011, 25 nuevos gobernadores habían hecho lo mismo.

¿Por qué son tan frecuentes las alianzas electorales? Para decirlo lisa y llanamente: porque los partidos políticos de cualquier filiación ideológica necesitan ganar elecciones para sobrevivir y, ¿cómo decirlo?, las alianzas funcionan porque producen elecciones más reñidas.

Mi blog de esta semana en Animal Político, Covarianzas, es una comparación entre las recientes elecciones presidenciales de Venezuela y México (ie, un análisis comparado de 2 países x 2 elecciones).

¿Podemos comparar México con Venezuela?

Tras la muerte de Hugo Chávez, el pasado domingo 14 de abril hubo elecciones presidenciales en Venezuela. Se trata de un proceso electoral extraordinario en muchos sentidos. Baste recordar que los venezolanos han sido convocados a elecciones tres veces en los últimos siete meses. Henrique Capriles, gobernador de Miranda y candidato de oposición al chavismo en octubre pasado, enfrentó ahora a Nicolás Maduro, vicepresidente efímero y quien fuera designado por Chávez como candidato en caso de su deceso. Según los datos oficiales, Capriles fue derrotado por más de millón y medio de votos en octubre pasado, y por menos de 270 mil votos este domingo.

En octubre, Capriles concedió la derrota de inmediato con un discurso estilo “gran demócrata”, pero hoy ha desconocido el resultado, exige un recuento total de casillas, la aclaración de un sinnúmero de irregularidades y ha convocado a diversas movilizaciones. La situación en Venezuela es muy tensa y no es para menos. Las reacciones en México tampoco se han hecho esperar: es una historia demasiado familiar.

¿Se puede comparar el sistema electoral de México con el de Venezuela? Hay quien dice que ninguna elección es comparable con otra porque los actores y el contexto cambian a cada momento, o bien que ningún país se puede comparar con otro porque cada uno tiene una historia distinta: como México no hay dos y, como Venezuela, tampoco. La ciencia política comparada opina que sí se puede: es el mundo de los estudios de caso.

Un error frecuente al opinar sobre asuntos electorales es calificar la contienda dependiendo del resultado. Si gana el partido o candidato que me gusta, la democracia funciona y el pueblo soberano ha emitido su mandato con claridad. Pero si pierde, entonces hubo fraude, la democracia ya no funciona o, de plano, les han lavado el cerebro a los votantes. Las simpatías partidistas imponen un sesgo cognitivo difícil de superar: a mayor convicción ideológica, mayor sesgo.

Incluso si dejamos de lado el color de ganadores y perdedores, es difícil evaluar la calidad de una democracia a partir del resultado electoral. Si el margen de victoria es muy estrecho, quizá hubo mano negra; y si el margen de victoria es muy abultado, quizá el proceso fue inequitativo y los dados estaban cargados desde el principio. ¿Qué hacer? Como el diablo está en los detalles, no hay de otra más que evaluar el proceso electoral en su conjunto: desde la calidad de las reglas y su implementación hasta la conducta de los actores clave.

¿En qué se parecen las recientes elecciones de Venezuela con las de México en 2006? En el resultado y en que el perdedor decidió impugnarlas de manera frontal. ¿En qué más? Prácticamente, nada más, pero hay que entender por qué.

Pueden leer la nota completa aquí. 

Otros artículos relacionados:

• Chávez o el costo social de una terquedad.
  
• El fin del proceso electoral en México.
• Elecciones legítimas pero inequitativas.
• José Woldenberg: México y Venezuela (25 abril 2013)
  

Mi blog de esta semana en Animal Político, Covarianzas, es una nota sobre los gobiernos divididos en México.

No (solo) eres tú, es el Congreso 

Cuando el partido del presidente en turno no cuenta con mayoría simple en el Congreso, decimos que hay gobierno dividido, tal y como ha ocurrido en México desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Durante los últimos 15 años se ha repetido hasta el cansancio que el gobierno dividido produjo una parálisis legislativa y que, por ello, las “reformas estructurales que el país necesita” no llegarían hasta que algún partido o coalición pudiera recuperar una mayoría en el Congreso.

A partir de ese diagnóstico surgió la propuesta del entonces gobernador Enrique Peña Nieto para establecer una cláusula de gobernabilidad en el Congreso que garantizara un gobierno con mayoría, o bien la propuesta del entonces senador Manlio Fabio Beltrones por crear la figura de gobiernos de coalición. También se ha llegado a sugerir que la parálisis legislativa de estos años era evidencia de que la alternancia en el poder no garantizaba grandes reformas ni mejores políticas públicas.

Ante esta narrativa desoladora, los primeros meses del gobierno de Peña Nieto son todo un parteaguas: de repente ha vuelto el tiempo de las reformas estructurales “necesarias para mover a México”. En la versión más triunfalista de esta historia, hoy parece sugerirse que el gobierno dividido era un problema gravísimo… hasta que el liderazgo y capacidad de negociación del nuevo presidente llegaron a Los Pinos. Quizá sea cierto, pero el argumento es contradictorio: ¿faltaban mayorías o faltaba un negociador eficaz?

(Aquí la conclusión)

¿Qué podemos decir sobre la LXII Legislatura, vigente entre 2012 y 2015? Por separado, ni el PAN ni el PRD tienen poder de veto para reformas constitucionales. Una coalición PRI-PRD o bien PRI-PAN es suficiente para una reforma legal o constitucional. Dada la ubicación en el espectro izquierda-derecha de los partidos políticos, el gobierno dividido que enfrenta Peña Nieto al inicio de su mandato es distinto al que tuvieron Fox y Calderón. Mientras el PRI siga siendo la bancada mediana del Congreso, un presidente del PRI podrá impulsar su agenda legislativa con mayor facilidad que uno del PAN o PRD. Es una historia incompleta y un poco más complicada, sí, pero quizá más realista que la teoría del gran negociador.

Pueden leer la nota completa aquí.

Lecturas sugeridas:

1. Artículos de José Antonio Cheibub http://bit.ly/pkDU2V
2. Cheibub & Limongi_Institutions & RegimeSurvival ARPS 2002
3. Cheibub &  Przeworski Government Coalitions & Legislative Success BJPS 2004
4. Cheibub Minority Government & Survival CPS 2002
5. Cheibub Presidentialism & Budgets APSR 2006