Presupuesto IFE + Partidos Políticos

Este es el presupuesto anual del IFE (incluyendo financiamiento publico a partidos políticos) entre 1997 y 2009, en pesos constantes (base junio 2002).

Este es el presupuesto anual de operación del IFE vs. el financiamiento publico a partidos políticos entre 1997 y 2009, en pesos constantes (base 2002).

Mas detalles y análisis sobre estas cifras, en este documento (es de 2006, pero lo dicho allí en parte sigue vigente).

Reducción de plurinominales

Por Javier Márquez y Javier Aparicio

La iniciativa de reforma política del Presidente Felipe Calderón propone, entre otras cosas, disminuir de 500 a 400 curules la Cámara de Diputados. La propuesta es mantener la proporción de curules uninominales (de 300 a 240) y plurinominales (de 200 a 160).  ¿Qué efectos tiene esta propuesta, más allá del efecto retórico de “tener menos diputados”?

Dejando de lado el impacto de una menor Cámara en los problemas de coordinación parlamentaria, el efecto neto de esta reforma en la correlación de fuerzas del Congreso es difícil de anticipar por tres razones. En primer lugar, la reducción de diputados uninominales de 300 a 240 implica por fuerza una redistritación, la cual puede modificar notablemente el número de curules de mayoría relativa de los principales partidos políticos. Esto se debe a que la distribución territorial de las preferencias políticas no es homogénea para cada partido. De hecho, distritos de mayor tamaño pueden afectar relativamente más a aquellos partidos que tienen una base electoral regionalmente concentrada, como el PRD.

En segundo lugar, la reducción de curules plurinominales (manteniendo constantes los de mayoría relativa) a su vez produciría un mayor “sesgo mayoritario” al interior de la los Cámara. Por ejemplo, si hoy no hubiera plurinominales el PRI tendría 184 de 300 curules (61.3% de la Cámara) en vez de 237 de 500 (47.4%) asientos que hoy tiene por ambos principios.  Por último, si el número de plurinominales es relativamente bajo, los partidos políticos pequeños difícilmente alcanzarían los votos necesarios para conseguir más de unos cuantos escaños.

¿Cuál sería el efecto disminuir el número de curules plurinominales, manteniendo otros factores constantes? La siguiente gráfica ilustra el tamaño relativo de las bancadas como una función del número de curules plurinominales en un rango de 50 a 300.  Las simulaciones utilizan los resultados electorales de 2006 y asumen que los resultados de los 300 distritos de mayoría relativa permanecen sin cambio.  Es decir, estamos simulando una Cámara que va desde 350 a 600 curules–una Cámara mixta cada vez “más proporcional”.

Porcentaje de curules en la Cámara en función del número de curules plurinominales, manteniendo constantes los resultados de 2006. (Fuente: Márquez y Aparicio, 2010)

Como puede apreciarse, el porcentaje de curules totales no varía más de 2 puntos porcentuales con respecto al porcentaje realmente observado en 2006 (líneas punteadas). Conforme la Cámara se hace “más proporcional”, la bancada del PAN y la Coalición Por el Bien de Todos (PBT) –los punteros en 2006– disminuye en términos relativos. Por otro lado, las bancadas del PRI+PVEM (APM), Nueva Alianza y ASDC, aumentan relativamente conforme se crece el número de plurinominales–tal y como es de esperarse de una Cámara “menos mayoritaria”.  Nótese, además, que el tamaño de las bancadas de NA y ASDC tienen cambios “más bruscos”, debido a su reducido número de votos.

En resumen, reducir el número de plurinominales de 200 a 160 tiene efectos muy modestos en las bancadas de los principales partidos (menores a 2%), pero que pueden ser sustanciales para los partidos pequeños. Sin embargo, reducir el número de curules de mayoría relativa puede tener un impacto significativo en la composición de la Cámara, pues la redistritación alteraría el sesgo mayoritario y, sobre todo, el sesgo partidista de la distritación actual.  Por último la economía política de disminuir el tamaño de la Cámara tampoco es nada sencilla: considérese tan sólo el problema de determinar quiénes serían los 60 municipios que dejarían de ser cabezas de distrito.

Para más detalles sobre estos resultados, véase:

Reforma política

He aquí una breve colección de mis tweets sobre reforma política de los últimos días (tomados de diferentes puntos de mi timeline en twitter y con algunas ediciones):

REFORMA POLITICA

  1. Varios papers sobre reforma política: http://investigadores.cide.edu/aparicio/refpol
  2. Al parecer hay que reformar la constitución para que sea más fácil seguirla reformando. ¿Cuándo tendremos una constitución de verdad?
  3. Haggard/McCubbins 101: Decisiveness = ability to change policy. Resoluteness = ability to commit to a given policy.
  4. Haggard/McCubbins Trade off#1: A more decisive polity must necessarily be less resolute.
  5. Haggard/McCubbins Trade off#2: As the effective number of veto players increases, the polity becomes more resolute and less decisive.
  6. El decálogo de reforma politica tiene prob<10% de ser aprobado en general. Ciertos items tienen p<30%. I’ll update this prior on the 29th.
  7. Y de las 10 propuestas reforma politica, me gustan unas 6 o 7. Necesito hacer un ranking pero reelección va 1er lugar.
  8. La reelección haría más “representativo y más fuerte” al Congreso. Por ello el Ejecutivo necesitaría más “poderes legislativos” para negociar su agenda.

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Encuesta sobre reforma política

El Universal de hoy domingo 24 de enero presenta los resultados de una encuesta telefónica sobre la iniciativa de reforma política presentada por Felipe Calderón.  En la misma edición se publica mi opinión sobre los resultados de la encuesta y sobre la iniciativa en general: “Las preguntas de la reforma política“. Estos son algunos resultados de interés:

La propuesta incluye diez puntos. Le voy a leer cada uno de ellos para que me diga si estaría

de acuerdo o en desacuerdo con la aprobación de cada uno de ellos:






De acuerdo En desacuerdo
Reducir el número de integrantes en el congreso 90% 7%
Incorporar la figura de la iniciativa ciudadana 86% 8%
Observaciones a los proyectos de ley presentados al Congreso 81% 11%
Sistema de elección presidencial por mayoría absoluta 78% 18%
Atribución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar iniciativas de ley 77% 16%
Aumentar el número de votos para que un partido político conserve su registro 72% 24%
Iniciativas preferentes al congreso 68% 23%
Candidaturas Independientes 65% 31%
Elección consecutiva de alcaldes, regidores y jefes delegacionales 53% 44%
Elección consecutiva de legisladores federales y locales 50% 46%
Nota: el porcentaje restante corresponde a las respuestas “No sade” y “No contestó”

Fuente: El Universal, 24 de enero de 2010

Reelection basics

Dentro del debate de la ReformaPolíticaqueMéxicoEsperaba la reelección tendrá un lugar prominente.  No dejan de sorprender los variados argumentos con que se pretende defender nuestra indefendible prohibición a la reelección consecutiva de representantes.  Para ahorrar bilis, de una vez pongo por aquí una breve colección de mis tweets sobre reelección (tomads de diferentes puntos de mi timeline en twitter):

  1. El debate más importante de la reforma política será entre líderes de PAN y PRI. So, it’s an uphill battle for reelection prospects.
  2. Como tantas no-reformas, casi nadie habla de quien se beneficia con la “no reelección”. El statu quo tiene defensores insospechados.
  3. Reelection misunderstanding #1: to assume that “current politicians” will behave the same under different rules.
  4. Ejemplo: nuestra clase política apesta. ¿Queremos reelegir a “estos”? Sí, porque con diferentes incentivos, su conducta debería cambiar.
  5. …pero también hay que “castigarlos” con algo más que votos: when will we send one big corrupt politician to jail?
  6. Misunderstanding 2: reelection does not substitute for “rule of law”.  We need both.
  7. Ejemplo: como hay narco-alcaldes o legisladores corruptos, sería mala idea permitir sean reelectos. Wrong!
  8. ¿Cuándo tiene más poder el votante-visto-como-consumidor, con o sin reelección? ¿con o sin moneyback guarantees?
  9. Contracts 101: los contratos (políticos o económicos) deben ser renovables por las partes. En su defecto, los “agentes” no se esfuerzan.
  10. Reelection raises the value of holding office. This induces more effort from “incumbents” but also the quality and effort of “challengers”.
  11. Continue reading

Juanito Sin Partido quiere ser candidato

Hace poco más de un mes Felipe Calderón presentó una ambiciosa iniciativa de reforma política.  Desde entonces, diversos analistas se han dado a la muy útil tarea de debatir las ventajas y desventajas de algunos de sus aspectos fundamentales: reelección, segunda vuelta, candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, veto parcial, entre otras.  Aunque todo debate tiene cierta varianza, no dejan de sorprender los variopintos argumentos con que se defienden reglas tan indefendibles como la no reelección o la prohibición a candidaturas independientes, por ejemplo.

En su artículo del diario Reforma del 21 de enero, José Woldenberg se hace cargo de las candidaturas independientes. Woldenberg nos recuerda que los “candidatos independientes son partidos políticos que no se atreven a decir su nombre”. Puros o impuros, si estos ciudadanos acaban funcionando como partidos políticos, ¿entonces para qué tanta alharaca?  Woldenberg nos recuerda, además, varias de las complicaciones que impondrían las candidaturas independientes en nuestro ya muy enredado sistema electoral: ¿Y si pierden? ¿Y si ganan, qué van a hacer al llegar a las cámaras? ¿Quién los apoyaría como ejecutivos? ¿Y si se acaban uniendo a un grupo parlamentario? ¿Y si se sienten muy solitos? ¿Cómo subsidiaríamos sus campañas o asignaríamos sus spots? ¿Y si son muy ricos? ¿Y qué tal que son narcos? Con tantas complicaciones quizá sea mejor que dejemos las cosas como están.  Al fin y al cabo, como parece asumir este argumento, cualquier candidato realmente valioso debería ser adoptado por uno de nuestros tantos partidos políticos (esos sí, esenciales para la democracia, según se dice). Continue reading

Seminario Reforma Política

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM) y el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, S.C., ha organizado un Seminario para el análisis y discusión de las iniciativas y propuestas en materia de Reforma Política, que tendrá lugar los días 25 y 26 de enero del 2010 en la sede del Senado. Las mesas de trabajo se llevarán al cabo en el patio central de la Sede del Senado en Xicoténcatl.

Participan como ponentes:

  • MARIA DEL CARMEN ALANIS (TRIFE)
  • JORGE ALCOCER V (CEPNA)
  • JORGE CASTAÑEDA GUTMAN
  • JOSE ANTONIO CRESPO (CIDE)
  • MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
  • MARIA AMPARO CASAR (CIDE)
  • FEDERICO REYES HEROLES (UNAM)
  • JOSE WOLDENBERG (UNAM)
  • DIEGO VALADES (IIJ/UNAM)
  • LORENZO CORDOVA (IIJ/UNAM)
  • MIGUEL CARBONELL (IIJ/UNAM)
  • DANIEL BARCELO (IIJ/UNAM)

Aquí pueden ver el programa completo.

Evaluación presidencial 2007-2009

Con base en las encuestas de evaluación presidencial publicadas por El Universal entre enero 2007 y noviembre 2009, he preparado algunas gráficas.  Las líneas gruesas muestran el ajuste suavizado entre cada encuesta, y la líneas delgadas son un ajuste lineal durante todo el período. Mi opinión sobre estas mismas encuestas ha sido publicada allí mismo en abril 2009, en septiembre 2009 y la más reciente aquí.

 

En general, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Felipe Calderón como Presidente de la República?

 

Como presidente de la república, ¿Felipe Calderón ha hecho hasta el momento más de lo que usted esperaba, lo que usted esperaba, o menos de lo que esperaba de él?

 

En general, ¿usted cree que el país va por muy buen camino, por buen camino, por mal camino o por muy mal camino?

Aprobación presidencial a mitad del camino

¿Cómo llega Felipe Calderón a la mitad de su mandato?  El Universal de hoy, 30 de noviembre de 2009, publica su más reciente encuesta de evaluación presidencial y me invitaron a comentarla aquí.  Por razones de espacio, el artículo tuvo que ser recortado y, como uno no siempre controla esas cosas, quedó bastante telegráfico.  Esta es la versión completa:

Popularidad a mitad del camino

De acuerdo a la más reciente encuesta sobre el desempeño presidencial, levantada por Berumen y Asociados entre el 20 y 22 de noviembre, la mitad de la población aprueba el trabajo de Felipe Calderón, mientras que un tercio lo reprueba. Es la cifra más baja de su mandato pero, considerando que 73% opina que las cosas han empeorado en el país, su evaluación podría ser aún más baja. Quizá algunos valoran los esfuerzos del presidente, independientemente de los resultados, y quizá otros no le atribuyan toda la responsabilidad. Sin embargo, por cada ciudadano que piensa que Calderón ha hecho más de lo esperado hay más de cuatro que opinan lo contrario (12 vs. 55%).

En toda democracia es muy difícil mantener un alto nivel de aprobación–mucho menos en tiempos de crisis.  De hecho, cuanto más alto sea el nivel inicial, más fuerte puede ser el desplome: en Estados Unidos, Nixon, Carter o Bush vieron caer su popularidad en más de 40 puntos durante sus mandatos. Zedillo, por otro lado, tras comenzar con una crisis, terminó su mandato siendo bastante popular. Ejercer el poder bajo el escrutinio de la oposición desgasta y  pocos políticos están dispuestos a sacrificar su capital político so pena de perder el poder.

El presidente Calderón no es una excepción: su aprobación podría ser aún más baja pero ha seguido una cuidadosa estrategia de imagen. A diferencia de Fox, quien gustoso “le entraba a todas”, Calderón es cauto y delega en su gabinete la discusión de temas riesgosos: como en el caso de la influenza (salud), la extinción de LFC (gobernación y trabajo), así como el manejo de la crisis y el paquete económico (hacienda). Calderón no desaparece del todo, pero dosifica estratégicamente sus discursos y mensajes. Con todo, el ejercicio del poder lo desgasta.

Si hacemos un recuento del primer trienio de Felipe Calderón encontramos claroscuros. Por ejemplo, la reforma de pensiones de su primer año, el combate al narcotráfico, la respuesta ante la epidemia de influenza, la extinción de LFC, e incluso promover un alza de impuestos en medio de una recesión son, para bien o para mal, medidas costosas y acaso valientes.

Sin embargo, también se extraña un mayor liderazgo. Veamos. ¿Por qué no ha impulsado de manera más frontal su agenda de reformas frente al Congreso? ¿Por qué hasta ahora se decidió enfrentar al SME? ¿Por qué no se confrontan otros sindicatos igualmente onerosos? ¿Por qué  acusa a los empresarios de no pagar impuestos pero su propia iniciativa fiscal no propone eliminar exenciones? ¿Por qué evitar el tema económico por tantos meses mientras el resto del mundo reaccionaba con vigor?

A lo largo de este sexenio, el tema económico siempre ha sido más relevante y, desde hace más de un año, acaso más grave que el de la inseguridad.  Sin embargo, durante la campaña intermedia el PAN prefirió minimizarlo y concentrarse en la “guerra contra el crimen y el narcotráfico”, tema que favorece la imagen del mandatario.  No fue sino hasta la discusión del paquete económico de 2010 que la administración calderonista reconoció la urgencia de responder a la crisis con medidas fiscales drásticas.

En contraste, en Estados Unidos la crisis estalló en plena campaña presidencial y Bush anunció medidas económicas contundentes que, entre otras cosas, ayudaron al triunfo de Obama. En México no se hizo mucho, se pospuso la discusión de fondo hasta pasada la elección y, lo que es peor, tampoco se resolvió gran cosa con el paquete fiscal aprobado para el año próximo. Si bien puede ser cierto que “la crisis vino de fuera”, la respuesta a la crisis tiene que venir desde adentro. La inacción en este y otros temas es responsabilidad del presidente, por no impulsar un plan de acción en el momento oportuno, y también del Congreso por no atenderlo así sea de manera tardía.

En el mediano plazo es probable que la aprobación de Felipe Calderón siga bajando y que sea aún más difícil impulsar su agenda de reformas.  En adelante, tampoco deberá sorprendernos que algunos miembros del gabinete, preocupados por no lastimar posibles candidaturas, tampoco quieran arriesgarse en las batallas por venir. ¿Por qué nuestra democracia incentiva la miopía? Cuando un político no puede buscar la reelección, sus incentivos cambian de manera importante hasta hacerlo casi inútil: hacer un gran esfuerzo no vale la pena. Los problemas del presente los tiene que resolver algún líder futuro con capital político. Quizá por ello nuestra clase política parezca tan ineficaz y timorata.

 

Campañas negativas 101

El martes pasado hubo dos elecciones para gobernador en USA. El incumbent Corzine (Dem) perdió la gubernatura de New Jersey frente a Christie (Rep). Corzine utilizó campañas negativas y perdió.  En Virginia, McDonell (Rep), quién casi no usó campañas negativas, derrotó a Deeds (Dem).   ¿Acaso estos resultados evidencian que las campañas negativas no funcionan?

Lee Sigelman at The Monkey Cage, responds:

From Josh Marshall over at TPM:

I’m hearing a number of people say that the upshot of last night was a rebuke for negative campaigning. But I don’t buy it. Because it misconstrues cause and effect (…) The reason negative campaigns often lose isn’t necessarily because people don’t like negativity. It’s because you usually get into running a negative campaign because that’s the last card you’ve got to play. McDonnell could run a feel good campaign because he was kicking Deeds butt pretty much the whole way. Conversely, Corzine didn’t lose because he ran a negative campaign. He ran a negative campaign because he was incredibly unpopular with New Jersey voters. And making Christie equally unpopular was really his only path to victory. This is elementary.

This is so elementary that even I agree. In Virginia, Deeds, the trailer, did what a trailer should do: try to move undecideds and McDonnell supporters toward himself. Lacking a charismatic personality or a set of compelling policy appeals, his only resort was to attack, attack, attack. He shot his big gun early and often, and then he had nothing left that could have caught him up. Meanwhile, McDonnell, as the clear front-runner, was able to do what a front-runner should do: wage a more positive campaign that emphasizes his appealing personal qualities. The McDonnell campaign’s response to Deeds’ relentless attacks was, I thought, masterfully done. (…) The elementary point restated: It’s not so much that attackers lose as that losers attack.

Como antecedente, estas son las encuestas a lo largo de las respectivas campañas (via Pollster.com):
NJ Gov: Christie (R) vs Gov. Corzine (D) / VA Gov: McDonnell (R) vs Deeds (D)

Financiamiento a partidos: Regulación

En México existe un amplio debate sobre el papel del dinero en la política y cómo regularlo.  Entre las grandes preguntas de este debate tenemos: ¿Cuánto debe subsidiarse una democracia en general, y a los partidos o candidatos en particular? ¿Deben limitarse las fuentes de ingresos de los partidos y candidatos—cuánto y de quiénes? ¿Deben limitarse los gastos de campaña—desde cuándo, cuánto y cómo? Por último, ¿cómo se puede regular  y monitorear el origen y aplicación de estos recursos de manera eficiente?  No existe una respuesta claramente establecida para todas estas preguntas pero vale la pena echar un vistazo a lo que hacen en otras latitudes.

Esta tabla resume la regulación del financiamiento a partidos políticos en 14 democracias “consolidadas”.  Jacaranda Pérez y un servidor hemos analizado un conjunto más amplio de países (aquí, por ejemplo) pero esta muestra es bastante ilustrativa de las prácticas más comunes. 

Si bien 10 de 14 países ofrecen financiamiento público a partidos, solo 2 de ellos establecen topes al gasto de campaña. Junto con el financiamiento público, la regulación más común son los requisitos de rendición de cuentas de ingresos y gastos (disclosure requirements). Nótese además que alrededor de un tercio de estos 14 países imponen restricciones de algún tipo a las contribuciones de individuos o corporaciones.  Por último, resalta que pocos países financian más del 50% del gasto de los partidos (estos porcentajes deben interpretarse con cuidado pues es muy difícil medir de manera confiable el gasto total de los partidos).

Financing of Political Parties: General Regulations and Methods    
      Limits on Contributions:      
Country Public funding=1 PubFund as % of total Indivi-duals Corpo-rations Expenditure limits=1 Disclosure req’mt =1 Limitations index
Austria 1 71 0 0 0 0 0
France 1 50 1 1 0 0 2
Germany 1 30 0 0 0 1 1
Italy 1 n.a. 0 1 0 1 2
Netherlands 1 26.5 0 0 0 1 1
Portugal 1 90 1 1 0 1 3
Spain 1 90 0 0 0 1 1
Sweden 1 50 0 0 0 0 0
Switzerland 0 0 0 0 0 0 0
United Kingdom 0 0 0 0 1 1 2
Australia 1 61 0 0 0 1 1
Canada 0 0.1 0 0 1 1 2
Japan 1 34 1 1 0 1 3
United States 0 0 1 1 0 1 3
               
Totals / Averages 10 38.66 4 5 2 10 1.50

Fuente: Elaboración propia con base en Karl-Heinz Nassmacher, IDEA Handbook on Funding Parties and Election Campaigns, 2003.

Sobre el subsidio a partidos políticos

En La Jornada de hoy (2-nov-09), John Ackerman da su opinión sobre algunas de las propuestas para reducir el financiamiento público a partidos que circulan en el debate público. Ackerman advierte, entre otras cosas, que reducir el financiamiento público a partidos favorecería al gran dinero. Este es un tema amplio pero por ahora me concentraré en una alusión particular:

Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha dicho que “en la medida en que subsidiamos a los partidos políticos, les damos muy pocos incentivos para que se mantengan cerca de la ciudadanía”. Jorge Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostiene que “hay que buscar un equilibrio que haga que los partidos se acerquen a la sociedad a fin de buscar recursos para hacer sus campañas de acuerdo con las causas que defienden”… Queda claro que la “ciudadanía” de la que hablan los expertos no se refiere a la población en general, sino únicamente a las personas más adineradas.

He aquí unas cuantas aclaraciones sobre mi postura en este tema. Por un lado, al parecer ambos estamos de acuerdo en que es deseable una mejor fiscalización del origen y aplicación de los recursos manejados por los partidos políticos. Donde no estamos de acuerdo es en los efectos de un mayor o menor financiamiento público (FP).

El argumento en favor del FP es que este sirve, entre otras cosas, para “paliar” la influencia del “gran dinero” en la vida de los partidos.  Pero tenemos escasa o nula evidencia sobre si este efecto en verdad ocurre (sospecho que no).  Si ocurriese, habría que preguntarnos si podemos producir el mismo efecto saludable con menos recursos.  Y si no ocurriese, hay que preguntarnos si hace falta más financiamiento público o si de plano hay que buscar otra forma de “alejar de la tentación a los partidos” (sospecho que sí). 

La mayoría de las democracias ofrecen cierto tipo de financiamiento público a sus partidos (directo o indirecto), pero muy pocos casos llegan a los niveles observados en México (por ello se dice que pocos países gastan tantos recursos públicos en administrar elecciones y subsidiar a sus partidos). 

Más del 90% del “gasto oficial” de los partidos políticos en México proviene de financiamiento público.  De acuerdo a la ley vigente, esta estructura podría ser 50.01% pública y 49.99% privada.  ¿Por qué nigún partido diversifica sus ingresos oficiales? Entre otras razones, porque si los partidos aumentaran sus ingresos oficiales, no podrían gastar dichos recursos dados los topes de gasto de campaña que son sumamente bajos. 

En 2006, por ejemplo, un partido requeriría 1475mdp para llegar al tope de gasto en las contiendas para presidente, senadores y diputados. Bien, pues el PRI recibió solamente ese año 1,265.6mdp de financiamiento público.  El PAN, por su parte, recibió 1,146.8dmp y los partidos de la Alianza por el Bien de Todos, 1,297.8mdp.  Con un subsidio tan generoso, ¿qué partido querría buscar recursos adicionales entre militantes o simpatizantes, si después no podrían gastarlos?

Se sospecha, por supuesto, que todos los partidos sostienen una estructura paralela e ilegal de financiamiento y gasto. (¿Quíén se animaría a hacer una campaña a diputado federal con un tope de gasto de aprox. 1 millón de pesos? Respuesta: los amigos de los gobernadores). 

En la medida que provee información al electorado, el gasto de campaña no es necesariamente malo. Pero de ahí no se sigue que el erario deba financiar el grueso del gasto de campaña.  Es posible que sea más eficiente gastar en fiscalizar (y sancionar) los ingresos y egresos de los partidos que subsidiar con escasos recursos públicos las actividades ordinarias y gastos de campaña de todos los partidos.

La influencia del gran dinero se aminora con límites a las contribuciones (permitiendo sólo pequeñas contribuciones, por ejemplo) y estrictos requisitos de rendición de cuentas sobre el origen y aplicación de recursos.  Hoy se premia con recursos públicos el éxito electoral previo de los partidos (por ello, el PRI será el partido con más recursos y spots en 2012). Bien, nada impide que el FP igualara (o multiplicara) las pequeñas donaciones obtenidas por los partidos de entre sus militantes o simpatizantes.

Se cree que el gran dinero sólo tiene cara de narco o de gran empresario y se pasa por alto que otros grupos tienen donantes igualmente grandes (o peligrosos), tales como los sindicatos públicos (SNTE, SME, STPRM), las burocracias y, por supuesto, el gasto electorero de diferentes órdenes de gobierno.  Y si hoy día todos los “poderosos” meten la mano en las elecciones, ¿qué resulta mejor, dar más subsidios a los partidos, o fiscalizarlos mejor a todos?

Mi argumento no es eliminar del todo el financiamiento público a partidos, sino repensar sus reglas.  Y si se piensa que, ante lo débil de nuestro estado de derecho, regular y fiscalizar las contribuciones a partidos es una tarea entre difícil o imposible, entonces tampoco veo cómo podemos suponer que el régimen de financiamiento actual de verdad mantenga al gran dinero lejos de los partidos–sobre todo cuando éste parece haber dado pie a no pocos partidos rentistas y a un mercado negro de fondos (y gastos) de campaña.

Financiamiento a partidos / ¡Ya bájenle!

La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) ha presentado una propuesta para disminuir el financiamiento público los a partidos políticos en México (“Menos dinero a partidos: ¡Ya bájenle!“).  La propuesta consiste en “atar” el financiamiento público a partidos al número de votos válidos de cada elección, en vez de mantenerlo vinculado con el padrón electoral nacional–el cual crece año con año, independientemente del abstencionismo o la insatisfacción provocada por los partidos. Este fin de semana Andrés Lajous me pidió una breve opinión al respecto, misma que pueden encontrar en YouTube (es mi primera entrevista “para youtube”, so bear with my unedited hesitation):

En 2007, poco antes de la reforma electoral, escribí una breve nota sobre el financiamiento público a partidos. Y este es un documento, en coautoría con Jacaranda Pérez, sobre el financiamiento a partidos en perspectiva comparada. Creo que algunas conclusiones de uno y otro siguen vigentes ahora:

“Durante la llamada transición política mexicana observamos, por un lado, un avance gradual hacia elecciones cada vez más competitivas y transparentes, y por el otro, la evolución de un sistema de partidos cada vez más plural y consolidado.  El financiamiento público a los partidos políticos es un aspecto fundamental para entender este proceso, pues permitió el surgimiento de una oposición real al PRI, así como la creación de un sistema plural de partidos. 

El financiamiento público a los partidos tiene tres objetivos centrales.  En primer lugar, garantizar que tanto partidos como candidatos cuenten con los recursos necesarios para funcionar y realizar sus campañas bajo cierta igualdad de condiciones.  Este objetivo parece estar satisfecho, como lo evidencian tanto el número de partidos con representación en el Congreso como la cuantía de recursos a su alcance.  Dos elementos adicionales son el componente de equidad en la fórmula de asignación de recursos y los recursos públicos disponibles aún para los partidos que posteriormente no logran tener éxito electoral por sí mismos. 

El segundo objetivo es complementar y fomentar la recaudación de ingresos de otras fuentes en condiciones de transparencia, y bajo ciertas restricciones, que impidan la influencia desmedida de grupos con poder económico.  Este objetivo ofrece resultados mixtos.  Si bien es claro que los partidos no dependen del dinero privado para subsistir, todo parece indicar que los partidos padecen el mal contrario: una excesiva dependencia del dinero público.  La estructura de ingresos de los partidos indica que ninguno de ellos tiene grandes incentivos para diversificar sus fuentes de ingreso.  La escasa recaudación de los partidos de parte de su militancia y grupos simpatizantes es síntoma claro del bajo nivel de vinculación entre los partidos y la sociedad que suponen representar.

El tercer objetivo del financiamiento público es fomentar la participación ciudadana.  Esto ocurre al hacer posible una mayor difusión de información sobre los partidos, sus plataformas y la calidad de sus candidatos—o bien al fomentar una mayor participación directa de los ciudadanos dentro de la organización y funcionamiento de los partidos.  Este objetivo también ofrece resultados mixtos.  Por un lado resulta claro que los partidos cuentan con recursos suficientes para hacer campañas informativas.  Sin embargo, la evidencia disponible sobre niveles de abstencionismo, rendimientos del gasto, así como contenidos de campaña más persuasivos que informativos, indican que los campañas políticas no logran el suficiente impacto a la hora de estimular el voto o informar al electorado.  Por último, la participación ciudadana—sea como militantes o candidatos— en la vida interna de los partidos es más bien restringida dado que el control de los recursos financieros está centralizado en la dirigencia de cada partido.”

Dos notas previas sobre este tema:

Sistema electoral en México: incentivos perversos (oct 2005)
¿Competencia desigual o subsidio excesivo? (dic 2005)

Aprobación presidencial y agenda legislativa

La popularidad presidencial siempre es un buen tema de conversación pero no es muy claro cuáles son sus implicaciones en el proceso político (más allá de lo electoral).  El Universal de hoy, 20 de septiembre de 2009, publica su más reciente encuesta de evaluación presidencial y me solicitaron comentarla.  Pueden ver mi artículo aquí o líneas abajo. Algunas de mis columnas previas en El Universal están reunidas aquí y aquí (o bien den click a la categoría México a su derecha).

Aprobación presidencial y agenda legislativa

En la opinión de mucha gente el responsable último de buen o mal rumbo del país es el presidente de la República. Por ello, cuando la economía va por mal camino, los presidentes y sus partidos pierden fuerza y tienden a perder el poder, y viceversa. De acuerdo a la más reciente encuesta sobre desempeño presidencial, levantada por Berumen y Asociados entre el 11 y 13 de septiembre pasado, 55% de la población en edad de votar aprueba algo o mucho el trabajo de Felipe Calderón.  Esta cifra revela un declive importante respecto su nivel máximo de aprobación, de 68%, conseguido en abril de 2007. Por otro lado, 71% de los encuestados opina que las cosas han empeorado en México en el último año, y no les falta razón pues la caída del PIB para este año será mayor al 6%. 

Ante la severidad de la crisis económica, ¿por qué no ha caído tanto la popularidad del presidente, como ha sucedido en otros momentos?  Expertos en el tema, como Leo Zuckermann, han apuntado que el gobierno de Calderón ha logrado persuadir a la opinión pública de que la “crisis vino de fuera” y, por otro lado, la guerra contra el crimen organizado le ha dado buenos rendimientos al presidente.  Esta estrategia de imagen parece haber funcionado hasta ahora, pero no debe sorprendernos que, eventualmente, el “premio al esfuerzo de guerra” de Calderón se diluya y su popularidad caiga aún más.

La popularidad presidencial a menudo tiene efectos asimétricos: un presidente impopular le puede costar votos a su partido, como le ocurrió a Zedillo en 1997, o a Bush en 2008. Pero la buena imagen de un presidente no necesariamente se traduce en más votos para su partido: la popularidad de Fox y Calderón sirvieron de poco al PAN en sus respectivas elecciones intermedias.  Contra lo que muchos piensan, el efecto de los medios y las campañas es bastante moderado: aunque la campaña del PAN se centró en la imagen del presidente y el tema de seguridad, los votantes no tuvieron ningún reparo en castigar a este partido por los malos resultados económicos.

¿Qué otras consecuencias tiene la buena o mala administración del capital político del presidente?  Una muy relevante en estos momentos es la capacidad de negociación de la agenda legislativa del ejecutivo.  Junto con el amargo paquete económico para 2010, el presidente anunció una ambiciosa serie de reformas estructurales. ¿Por qué hasta ahora? Los estudios sobre el tema sugieren que siempre es más sencillo impulsar grandes reformas al inicio del mandato—cuando la oposición está desorganizada, el presidente cuenta con un notable apoyo popular y hay tiempo suficiente para diluir los costos iniciales y capitalizar sus resultados de mediano plazo.  Hacerlo a medio camino es mucho más difícil porque los costos políticos y electorales son sumamente elevados.  Por otro lado, por lo general es más sencillo reformar en tiempos de crisis, como los que vivimos ahora, toda vez que los costos de no hacer nada superan los costos políticos antes mencionados.  Y reformar en tiempos de crisis tiene otra consecuencia: de aprobarse, el partido que las impulsa tiende a perder en la siguiente elección.

Tanto Fox como Calderón cometieron un error similar: ambos presentaron una agenda legislativa moderada durante su primer trienio. Su apuesta parece haber sido, primero, consolidar su mandato sin mayores conflictos con el Congreso y, posteriormente, tratar de conseguir una mayoría legislativa en la elección intermedia que les permitiera empujar las reformas estructurales que habían prometido en sus campañas.  Fox decidió no enfrentar al PRI y nunca arriesgó su popularidad. Calderón postergó su agenda de reformas a pesar de que su principal adversario, López Obrador, prácticamente se había inmolado y el PRI estaba débil y fragmentado. 

A Zedillo le tocó iniciar su sexenio con una crisis económica, con niveles de aprobación ínfimos, y se vio obligado a introducir reformas y a hacer ajustes dolorosos con el apoyo del PAN. El electorado pasó factura al PRI tanto en 1997 como en 2000. Paradójicamente, Zedillo dejó la presidencia con niveles de aprobación del 70%. Hoy a Calderón le toca impulsar reformas en medio de una crisis económica y con una aprobación modesta pero en declive. Es posible que el PRI lo apoye en algunas iniciativas, sobre todo en aquellas que le den mayores réditos (como transferencias a estados y control del gasto social) e impliquen mayores costos al PAN (como mayores impuestos).  De nuevo, la factura llegará en 2012.