Desde febrero 2024, he dedicado varias columnas en Excélsior a comentar la reforma judicial. Un aspecto fundamental y particularmente problemático de la reforma fue someter a voto popular directo la elección de ministros, magistrados y jueces. Esta es una compilación de mis comentarios y análisis de los resultados de la elección judicial del 1o de junio de 2025.

El día después (29 mayo 2025)

El día después de la elección judicial del próximo 1 de junio tendremos un nuevo contendiente para la jornada con más baja participación ciudadana en las últimas décadas. No sólo eso, también tendremos un Poder Judicial menos independiente, más plegado al Ejecutivo y con escasa legitimidad democrática.

(…) Es justo así como se debilitan o desmantelan las democracias en tiempos recientes: debilitando la arena electoral, la credibilidad de los árbitros —no olvidemos que el Tribunal Electoral es parte del Poder Judicial—, y facilitando la discrecionalidad del Ejecutivo.

¿Todo un éxito? (5 junio 2025)

El pasado domingo 1 de junio se realizó la primera elección judicial del país. Para algunos, entre ellos muchos voceros oficialistas, basta decir que se trató de un ejercicio novedoso o inédito para calificarla como una elección histórica. ¿Pero qué significa afirmar eso?

Con base en los cómputos distritales del INE con corte a las 8pm del 4 de junio, mismo que ya considera más de 99.8% de las actas, la participación electoral fue de 12.96 por ciento. Es decir que 12.8 millones de electores acudieron a una de las elecciones más complejas de nuestra historia. La misma noche del domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum no vaciló en calificar la jornada como “todo un éxito”. ¿En realidad lo fue?

Vale la pena recordar que, en países en proceso de democratización, las primeras elecciones más o menos libres suelen tener una participación copiosa. Baste recordar la primera elección organizada por el incipiente IFE en 1994 —cuando por primera vez se contó con credencial para votar con fotografía y un padrón actualizado—, que tuvo una participación de 77 por ciento. Un máximo histórico, ése sí. De entonces a la fecha la participación en elecciones ordinarias en México ha fluctuado entre 45 y 63 por ciento. Rangos similares a los de muchas democracias.

De 2018 a la fecha, los “inéditos e históricos” ejercicios de consulta, revocación o elección judicial han tenido una participación de 7.1, 17.7 y ahora 12.9 por ciento. ¿Puede decirse que estos ejercicios fortalecieron la democracia en México?

La jornada del domingo fue sin duda compleja. Por primera vez se utilizó un sistema de listas abiertas. Por ejemplo, tan sólo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada elector podía votar por hasta nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, de una lista de 64 candidaturas registradas. De tal suerte que tan sólo para la Corte se emitieron más de 116 millones de votos. Sin embargo, 10.8% de estos votos fueron nulos y otro 12.1% fueron dejados en blanco. Se trata de niveles históricos de voto nulo, por cierto.

Si analizamos los datos del INE a nivel casilla, podemos encontrar patrones interesantes. Las entidades con mayor participación electoral fueron Coahuila, Veracruz, Durango y San Luis Potosí. Las entidades con menor participación fueron Guanajuato, Jalisco y las dos Baja Californias.

Las elecciones con listas abiertas suelen producir votaciones sumamente fragmentadas. Las tres candidaturas más votadas para la Suprema Corte —Hugo Aguilar, Lenia Batres y Yasmín Esquivel— recibieron 5.2, 4.9 y 4.5% de la votación total. En contraste, el voto nulo fue de 10.8 por ciento.

Si analizamos los porcentajes de voto en cada entidad, destaca que Hugo Aguilar fue el puntero en la gran mayoría de los casos. Las excepciones más notables fueron Nuevo León, donde ganó Batres por amplio margen, así como San Luis Potosí, Coahuila y Quintana Roo, donde la ganadora fue Esquivel. Si atendemos el número total de votos, las entidades donde Aguilar tuvo mayor ventaja sobre Batres fueron Veracruz y Coahuila. Por otro lado, Nuevo León y Ciudad de México fueron las entidades donde Batres tuvo mayor ventaja.

Se ha discutido mucho sobre la distribución de “acordeones” que incluyeron, precisamente, los nombres de las nueve candidaturas ganadoras. Si consideramos la suma de votos de las personas listadas en el acordeón más difundido, se encuentra que éstas consiguieron 32.7% de los votos totales. En entidades como Guerrero, Tabasco, Campeche, Puebla, Yucatán y Chiapas, las candidaturas del acordeón alcanzaron más de 40% del voto total. La correlación lineal entre los votos de las tres candidatas punteras a nivel casilla está entre 0.68 y 0.83. La correlación entre los votos de los tres candidatos punteros está entre 0.66 y 0.79.

La reforma judicial debilita la separación de Poderes y fue diseñada para capturar y someter al Poder Judicial. Una elección con sólo 13% de participación y resultados previsibles debilita la confianza en la arena electoral y, además, en las autoridades que la organizaron. Quizá por eso la presumen como todo un éxito.

Desde que el presidente López Obrador presentó su iniciativa de reforma judicial en febrero de 2024, como parte del “plan C”, he dedicado varias columnas en Excélsior a comentar diferentes aspectos de esta grave reforma constitucional. Aquí encontrarán una compilación de las columnas más recientes.

A la fecha son diez y falta un mes para la elección judicial.

Reformas regresivas (8 feb 2024)

El pasado lunes 5 de febrero, el Presidente de la República presentó 18 iniciativas de reforma constitucional y dos más de reformas legales. Como la lista de materias que se sugiere reformar es amplia, y no todas tendrían el mismo impacto en nuestro diseño constitucional, en esta columna me concentraré en las tres iniciativas que me parecen más preocupantes por su impacto en la calidad de nuestra democracia.

La iniciativa de reforma al Poder Judicial propone un “borrón y cuenta nueva” para renovar por completo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo General del INE. La propuesta de remover a todos los ministros, magistrados y consejeros electorales es de la mayor gravedad y es democráticamente regresiva: basta recordar que la renovación escalonada de estos cuerpos colegiados es clave para preservar la autonomía e independencia del Poder Judicial y los árbitros electorales.

La propuesta de elegir jueces y árbitros electorales mediante el voto directo a partir de candidaturas propuestas por los tres Poderes también es mala idea porque obligaría a hacer campaña electoral a quienes, justamente, deberían demostrar imparcialidad e independencia del gobierno y los partidos políticos. El efecto combinado de inducir una mayor sobrerrepresentación legislativa y renovar al Poder Judicial por completo es que el Poder Judicial sería presa fácil del partido mayoritario en turno.

Desde que el presidente envió al congreso su iniciativa de reforma electoral el pasado 28 de abril de 2022, he dedicado varias de mis columnas en Excélsior a comentar diferentes aspectos de la iniciativa. De entrada, considero es más importante evaluar lo que se propone sustantivamente, en vez de descalificar a priori el quién o el cuándo se propone tal o cual reforma.

Aquí encontrarán una compilación de las columnas más recientes. Hasta el 17 de noviembre son diez.

Designaciones o elecciones (31 marzo 2022)

(…) en algunos países se vota por jueces y el tema ha sido estudiado teórica y empíricamente en las ciencias sociales. Al elegir jueces, ¿se busca identificar habilidades técnicas o habilidades políticas? Un perfil técnico requiere una evaluación curricular cuidadosa, entrevistas especializadas y quizás comparecencias. Un perfil más político puede conseguirse mediante una votación abierta. Cuando los jueces son designados por el Legislativo, es más probable que representen las preferencias de la coalición que los designa. De ahí la importancia de la renovación escalonada y de que cuenten con el consenso o la aprobación de una mayoría legislativa lo más amplia posible.

Por otro lado, cuando los jueces son designados mediante el voto popular, el mecanismo de selección puede favorecer a aspirantes con atributos distintos a las capacidades que se esperan de ciertos cargos: algunos precandidatos a jueces pueden ser más conocidos que otros, algunos tendrán más recursos para gastar en sus campañas, etcétera. Y, sea cual fuere la forma de designación original, su desempeño en el cargo puede estar influenciado por los incentivos que existan para reelegirse o bien evitar ser removido.

(…) Sin duda, designar a representantes y servidores públicos mediante el voto popular tiene virtudes: la legitimidad del voto directo no es trivial ni debe menospreciarse. De hecho, valdría la pena preguntarnos por qué son tan pocos los servidores públicos que se eligen mediante el voto popular y por qué son tantos los que se designan directa o indirectamente por los gobernantes. ¿Por qué no votamos por el fiscal General de la República o por los miembros del gabinete? ¿Por qué no aplicamos una revocación de mandato en el Conacyt? ¿Por qué no votamos si se mantienen o no los subsidios a las gasolinas? El pueblo pone y el pueblo quita, sólo algunas veces.

Reforma electoral, ¿ahorita? (5 mayo 2022)

El pasado 28 de abril, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. La iniciativa toca diferentes aristas del sistema político-electoral del país, unas de mayor o menor relevancia o trascendencia, pero destacan cuatro: una renovación total de los institutos y tribunales electorales locales y federales, una transformación del sistema electoral del Poder Legislativo, congresos y cabildos, una reducción en el financiamiento público a partidos y el acceso a medios, y una redefinición de la propaganda gubernamental.

El aspecto más preocupante de la iniciativa es el “borrón y cuenta nueva” del INE y TEPJF —órganos constitucionalmente autónomos— y la desaparición de los institutos y tribunales electorales locales. La propuesta de renovar cada seis años a todos los consejeros y magistrados es una idea grave y regresiva: la renovación escalonada de los cuerpos colegiados es clave para preservar la autonomía e independencia relativa de estos organismos. Sea cual fuere el método de designación, imagine un escenario en el que cada elección presidencial es organizada y calificada por autoridades con menos de dos años de experiencia en sus respectivos cargos. Continue reading →

En tres columnas anteriores he discutido algunos problemas de la figura de revocación de mandato presidencial, introducida en la Constitución apenas en diciembre de 2019, y cuya ley secundaria apenas está siendo discutida en las cámaras estos días.

La revocación de mandato es, en general, una mala idea. En particular, introducirla y activarla cuando un mandato sexenal ya está en marcha es peor idea aún. La razón principal de mi crítica es que cambiar las reglas del sistema político-electoral en medio de un sexenio en marcha puede ser una forma de beneficiar o perjudicar injustamente al Presidente en turno, y esto puede resultar antidemocrático.

En esta cuarta entrada me ocupo de la aritmética de una inminente revocación de mandato en México.

La aritmética de la revocación de mandato (20 de agosto de 2021)

En columnas anteriores he discutido algunos problemas de la figura de revocación de mandato presidencial, introducida en la Constitución apenas en diciembre de 2019, y cuya ley secundaria apenas está siendo discutida en las cámaras: ¿es sensato remover a un presidente con base en una ley promulgada apenas unos meses antes? Hoy me ocupo de otros problemas.

Como sabemos, la única vía para activar la revocación de mandato presidencial es mediante la solicitud de por lo menos un tres por ciento de la lista nominal de electores: poco más de 2.68 millones ciudadanos que, además, deben provenir de al menos 17 entidades y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de cada una de ellas. Es decir que activar un proceso revocatorio implica un importante esfuerzo de acción colectiva. A diferencia de otras figuras de democracia directa, como la consulta popular, la iniciativa ciudadana, incluso las candidaturas independientes, tiene cierto sentido que una revocación de mandato requiera umbrales mayores para ser activado. La revocación es una solución límite o de última instancia en un régimen presidencial, caracterizado por un periodo fijo de gobierno.

La aritmética de los votos y las opiniones de una revocación de mandato también puede ser bastante incómoda. Considere un escenario hipotético en el que los últimos tres presidentes constitucionales de México hubieran sido elegidos con la figura de revocación de mandato. En 2006, Felipe Calderón fue elegido presidente por poco más de 15 millones de votos con una lista nominal de 71.3 millones de electores: 21% de la lista nominal le dio la presidencia. Cuatro años más tarde, un 20%  de la lista nominal (es decir, la mitad más uno del umbral de 40% de participación requerido por la constitución) podrían haberlo removido. En 2012, Peña Nieto fue elegido con 19.158 millones de votos de una lista nominal de 79.4 millones de electores: 24.1 por ciento de la lista. Cuatro años más tarde, otro 20% de la lista nominal pudo haberlo removido.

En 2018, López Obrador fue elegido con 30.113 millones de votos de una lista nominal de 89.3 millones de electores: 33.7% del electorado. Pues bien, el año próximo, un 20% de la lista nominal podría removerlo. Estos tres ejemplos hipotéticos ilustran como sería posible que una quinta parte del electorado remueva a presidentes que fueron elegidos por una proporción mayor del electorado.

Ahora bien, supongamos que la revocación de mandato prospera al contar con la mayoría absoluta de al menos un cuarenta por ciento del electorado del país. Otro problema no menor es que, si la revocación prospera en un sexenio cualquiera, esto implicaría contar con cuatro presidentes en un periodo de poco más de dos años: el mandatario saliente, el provisional (es decir, quien ocupe la Secretaría de Gobernación), el presidente sustituto —designado por una mayoría absoluta del Congreso de la Unión para concluir el sexenio—, y el nuevo presidente constitucional elegido en las urnas. Frente a este escenario, surgen varias preguntas: ¿Qué tan malo debe ser un gobernante para que se justifique tal nivel de inestabilidad política en tan poco tiempo? ¿Cuánta legitimidad puede tener un presidente sustituto designado por el Congreso? En el contexto nacional actual, ¿de qué sirve remover a un presidente cuando su partido cuenta con la mayoría de ambas Cámaras?

Por último, supongamos que la revocación no prospera y el presidente en turno (el que tenemos ahora o cualquier otro del futuro) es ratificado en el poder. Sin duda él y su partido resultarían fortalecidos con miras a las elecciones presidenciales que ocurrirán dos años más tarde. Si un presidente tiene más entusiasmo por activar un proceso revocatorio que la oposición partidista o de la sociedad civil, ¿estamos frente a un mecanismo de control democrático o una estrategia de propaganda?

Actualización 17oct19: ya son tres.

Este post resume trabajo en proceso en coautoría con Javier Marquez.

La relación entre votos y curules obtenidas en la Cámara de Diputados en México no es lineal. Las curules de mayoría relativa tienen sesgo de sobrerrepresentación, mientras que las curules de representación proporcional se reajustan cuando algún partido activa el límite establecido (ie, que la diferencia entre el porcentaje de votos y el de curules por partido no puede exceder a 8%). Esta gráfica de oraculus y Javier Márquez lo ilustra con claridad (fuente: https://oraculus.mx/diputados2021).

A pesar de tener representación proporcional, el sistema electoral mexicano induce sobrerrepresentación o desproporcionalidad en el Congreso. Existe la idea errónea de que, al contar con 200 curules plurinominales, el “sistema es proporcional pero las coaliciones lo estropean”. Esto no es correcto.

Las 200 curules asignadas por las listas de representación proporcional (RP) atenúan el sesgo mayoritario de las 300 curules uninominales o de mayoría relativa (MR), pero no lo eliminan. Y los límites a la sobrerrepresentación existentes –ie, que la diferencia entre el porcentaje de votos y el de curules por partido no puede exceder a 8%, y que ningún partido pueda tener más de 300 curules– son remedios imperfectos y contingentes.

En conjunto, el sistema electoral mixto mexicano (300 MR + 200 RP + límite 8%) mantiene un sesgo mayoritario, es decir, la sobrerrepresentación de unos partidos a costa de otros. Aunado a esto, algunos partidos políicos han usado las coaliciones electorales para burlar el tope de 8% y exacerbar la sobrerrepresentación. Así lo hizo el PRI-PVEM en la elección para diputaciones federales de 2015. Y así lo hizo la coalición Morena-PT-PES en las elecciones de 2018.

La siguiente gráfica compara el porcentaje de votos obtenido por los partidos en 2018, agrupados en 3 bloques, con 3 diferentes repartos de la Cámara:

• Distribución del voto total para diputaciones en 2018 (barras color verde): Morena+PT+PES 43.6%, PAN+PRD+MC 27.6%, PRI+PVEM+NA 23.8%.
• A. Una Cámara hipotética si no hubiera habido coaliciones (barras azul marino)
• B. La asignación inicial de curules para la Cámara de Diputados (23-ago-2018)
• C. Distribución de curules MR: una Cámara “sin plurinominales” (barras color gris).

La brecha entre los votos y la Cámara hipotética (A) denota el sesgo mayoritario del sistema si no hubiera habido coaliciones. La brecha entre la Cámara hipotética (A) y la asignación inicial de la Cámara (B) denota el sesgo adicional inducido por las coaliciones. La brecha entre los votos y la distribución de curules MR (C) denota la sobrerrepresentación si no hubiera plurinominales.

Por otro lado, suele pensarse que las coaliciones sirven para ganar votos en distritos reñidos y, con ello, maximizar triunfos de mayoría relativa entre los partidos coaligados. Pero no siempre es así: las coaliciones buscan aumentar el tamaño de la bancada conjunta de los partidos aliados, tanto en MR como en RP, burlando el tope de sobrerrepresentación de 8%.

La coalición de Morena-PT-PES en 2018 ilustra esta estrategia. Si no hubiera habido coalición pero los votos observados en 2018 se mantuvieran sin cambio, los resultados hubieran sido:

Votos Morena + PT + PES: 37.3 + 3.9 + 2.4% = 43.6%
Morena: 227 MR + 19 RP = 246 curules
PT: 0 MR + 14 RP
PES: 0 MR + 0 RP
Total: 227 MR + 14 RP = 260 curules (52%)

Sin embargo, con la coalición, el reparto fue el siguiente:

Morena 106 MR + 85 RP = 191 curules
PT 58 MR + 3 RP = 61
PES 56 MR + 0 RP = 56
Total: 220 MR + 88 RP = 308 (61.6%)

En el escenario hipotético “Sin coalición”, entre Morena + PT + PES hubieran ganado en 227 distritos MR, gracias al voto de Morena, pero sólo tendrían 33 diputaciones RP. Sin embargo, con la coalición, entre los 3 partidos ganaron en 220 distritos… pero pasaron de 33 a 88 plurinominales. La “coalición” implicó perder 7 distritos MR pero permitió ganar 55 plurinominales, para una ganancia neta de 48 diputaciones para la coalición.

Es así como las coaliciones han sido utilizadas para transferir triunfos de mayoría relativa del partido mayoritario a los partidos aliados de menor tamaño, para así conseguir un mayor número de diputados plurinominales y una bancada que, en conjunto, supera en más de 8% los votos obtenidos: con 45.7% de la votación nacional emitida, consiguió 61.6% de la Cámara inicial, una diferencia de 15.9%.

La revocación de mandato es una mala idea, en general. Introducirla a lo largo de un mandato que ya está en marcha, es peor aún. El común denominador de algunos países que han impulsado la revocación de mandato en América Latina en años recientes es claro: reformar la constitución para, eventualmente, beneficiarse a sí mismos.

En abril de 2018, durante las campañas, como en marzo de 2019, dediqué mi columna de Excélsior a analizar la figura de “revocación de mandato” que el presidente López Obrador ha propuesto introducir en nuestro sistema electoral buscando que entre en vigor durante su misma administración. Dado que en estas fechas se volverá a discutir el tema en el Senado, aquí encontrarán ambas columnas.

Actualización 17oct19: ya son tres. Continue reading →

En mi columna semanal para Excélsior (11-abr-2019) discuto la iniciativa de Ricardo Monreal para ampliar la SCJN.

¿Palomas mensajeras a la Corte?

El pasado miércoles 3 de abril, el presidente informó a través de sus redes sociales que se había reunido con el senador Ricardo Monreal a desayunar chilaquiles. Un día después, conversó con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y reiteró que existía “un ambiente excepcional caracterizado por la amistad, cooperación y respeto a la división y equilibrio de poderes”.

Con el senador Ricardo Monreal. El puntal: chilaquiles, frijol, jugo de toronja y queques.

Antes se acostumbraba comer bien desde temprano para aguantar todo el día; luego se adoptó el desayuno ligero. Los nutriólogos sostienen que el alimento más importante es el de la mañana. pic.twitter.com/3MR5Hcpk0T

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 3, 2019

Conversé con el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existe un ambiente excepcional caracterizado por la amistad, cooperación y respeto a la división y equilibrio de poderes. pic.twitter.com/4KbPyMccI4

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 4, 2019

Ese mismo día, el senador Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma constitucional para ampliar la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 16 ministros.

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Las candidaturas independientes han sido un tema recurrente en mi columna de Excélsior, “Voto razonado”, e incluso desde tiempo atrás. Aquí un breve recuento de algunas de ellas, desde 2010 hasta marzo 2018, en orden cronológico.

• Juanito quiere ser candidato  (22 enero 2010). El argumento a favor de las candidaturas independientes.
• Los independientes (3 mayo 2014). ¿Cómo regular las candidaturas independientes?
• Miedo a los independientes (10 octubre 2015). Un balance de la figura en las elecciones de 2015.
• Uno por ciento (14 octubre 2017). Candidaturas independientes en el arranque del proceso 2018.
• Marichuy (4 noviembre 2017). No todos los aspirantes son iguales.

Apoyos fake (17 marzo 2018)

En este espacio he discutido las ventajas y desventajas de la figura de candidaturas independientes, una reciente novedad de nuestro sistema electoral. Dije, por ejemplo, que si los umbrales de apoyos requeridos eran excesivos, sería relativamente más fácil que consiguieran el registro las y los aspirantes a candidaturas locales o diputaciones, antes que al Senado o la Presidencia.

Otra implicación de tener barreras excesivas para llegar a la boleta electoral era que tendrían mayores posibilidades de lograrlo quienes contaran con un historial partidista, o bien, acceso a una estructura cuasi partidista. Sea como fuere, también señalé que no era sencillo cuestionar los motivos de quienes intentaran ejercer sus derechos políticos sin someter  a un doble rasero a los aspirantes partidistas y no partidistas.

Hoy que está por concluir la etapa de recabar apoyos para candidaturas independientes federales, varias de estas implicaciones se han materializado. A la fecha, contaremos con 39 candidaturas independientes a la Cámara y siete al Senado. Para la Presidencia, el INE anunció, este viernes 16 de marzo, que de manera preliminar sólo una aspirante cumplió con el requisito de recabar 866,593 apoyos válidos: Margarita Zavala. Tentativamente, tanto Jaime Rodríguez como Armando Ríos Piter, quienes hasta hace unos días parecían haber recabado más apoyos que Zavala, no lograron superar la meta requerida por la ley.

De acuerdo con los registros preliminares del INE, los tres principales aspirantes habrían recabado más de millón y medio de apoyos. Sin embargo, de los poco más de dos millones de apoyos recabados por Jaime Rodríguez, 59 por ciento resultó inválido. De los más de un millón 765 mil apoyos recabados por Ríos Piter, 86 por ciento fue inválido. Y del millón 578 mil  774 apoyos recabados por Zavala, 45 por ciento resultó inválido. ¿Con qué credibilidad puede buscar la Presidencia un aspirante que entregó más de un millón de apoyos espurios, como Rodríguezo Ríos? ¿Es aceptable lograr la meta con más de 700 mil apoyos inválidos, como Zavala?

Entre las inconsistencias principales, destacan la simulación de una credencial para votar mediante el uso de una plantilla o formato —apoyos estilo Photoshop—, o bien, usar fotocopias de credenciales para votar —u otro tipo de documentos—, cuando los lineamientos requerían explícitamente una fotografía de la credencial.

Tras descontar estas irregularidades, a Jaime Rodríguez le faltaron 31,082 apoyos para superar la meta, mientras que a Ríos Piter le faltaron más de 600 mil apoyos. El caso de Margarita Zavala también es endeble, puesto que bastaría invalidar 3,576 de sus apoyos para que no cumpliera con el requisito de ley.

Los aspirantes tienen cinco días para resolver dudas y hacer aclaraciones antes de que el Consejo General del INE resuelva si llegan a la boleta electoral. La última palabra, si acaso alguien duda que el asunto será impugnado, la tendrá el Tribunal Electoral. ¿Debe haber una tolerancia o margen de error en el número de apoyos recabados? El Bronco quizás argumentará que sí. ¿Se puede presumir dolo al presentar miles de apoyos irregulares? Ríos Piter quizás argumente que no. Ricardo Anaya podría tener un interés especial en revisar a fondo los apoyos de Margarita Zavala.

In claris non fit interpretatio es un principio jurídico que sugiere que cuando la ley es clara y explícita sobre un requisito u obligación, no cabe lugar a la interpretación por parte de un juez. Este principio suele obviarse, por ejemplo, para interpretar la intencionalidad de votos válidos o inválidos. ¿Ocurrirá lo mismo para los apoyos?

Addendum. (26 marzo 2018). El TEPJF ha declarado como inválidos los apoyos registrados con fotocopias de las credenciales para votar.

En una semana comienzan oficialmente las campañas electorales rumbo al 1o de julio de 2018. En los últimos meses he escrito varias columnas en Excélsior en torno al sistema de partidos, la selección de candidaturas presidenciales, las coaliciones electorales, las fracturas partidistas y el transfuguismo. Mis argumentos centrales son tres: los partidos políticos no son democráticos, el sistema de partidos es frágil y, probablemente, para finales de año tendremos un nuevo sistema de partidos. Aquí las ligas respectivas, en orden cronológico:

• Supervivencia partidista (12 agosto 2017). Sobre la Asamblea del PRI.
• El dedazo iluminado (26 agosto 2017). ¿Son defendibles las desginaciones por dedazo?
• Fracturas partidistas (7 octubre 2017). Sobre la salida de Margarita Zavala del PAN.
• ¿Sin candidatos? (25 noviembre 2017). Sobre la baja calidad de los candidatos presidenciales partidistas.
• El dilema del Frente (2 diciembre 2017). Sobre la coalición PAN-PRD-MC.
• Transfuguismo (27 enero 2018). A algunos partidos les sobran cuadros, a otros les faltan.
• Las otras coaliciones (3 febrero 2018). ¿A quién apoyarán los gobernadores?

¿Sin partidos? (24 marzo 2018)

Estamos a cien días de las elecciones más complicadas, en términos del número de cargos a ser votados, de nuestra historia reciente. Sobra decir que muchos votantes llegan a esta elección con cierto desánimo, tanto por el desgaste de los malos gobiernos recientes como por la mala calidad de la oferta de candidaturas y plataformas que presentarán los partidos políticos. ¿Acaso valdría la pena tener elecciones o gobiernos sin partidos?

Comencemos con un poco de teoría. Los partidos políticos son instituciones útiles para facilitar la acción colectiva: Organizar a ciudadanos con intereses o preocupaciones similares, o bien, facilitar la interacción entre votantes y candidatos. En ausencia de partidos, para muchas personas sería más difícil decidir su voto.

Por otro lado, los partidos también sirven para facilitar la toma de decisiones colectivas por parte de los representantes políticos. Por ejemplo, la negociación al interior de un Congreso, o bien, las relaciones entre éste y el Ejecutivo. En ausencia de partidos, el proceso legislativo podría ser más complicado.

Suele decirse que sin partidos no hay democracia. Puede ser. Sin embargo, esto no equivale a decir que los partidos existentes merezcan subsidios generosos o la protección de un sinnúmero de barreras legales que impidan la entrada de nuevos partidos o candidaturas independientes.

¿Cómo sería un mundo sin partidos? Hagamos un breve experimento mental. Imagine por un momento que en las próximas elecciones estuviera prohibido usar logotipos y etiquetas partidistas. Muchos celebrarían que millones de electores concurrieran a las urnas para votar por una serie de presuntos héroes apartidistas. Sin embargo, sin ayuda del atajo partidista, para muchas personas sería difícil decidir su voto. Y para los candidatos mismos sería difícil hacer campaña sin señales o lemas partidistas.

Ahora imagine un Congreso elegido al azar y sin etiquetas partidistas. Todo sería muy complicado al principio, pero tras ciertas negociaciones y votaciones, las y los legisladores irían decantándose en dos grupos más o menos bien definidos: Uno a favor del gobierno en turno y otro grupo opositor. He ahí los primeros dos partidos políticos. Y para organizarse mejor, es probable que cada grupo eligiera un líder… de partido.

De modo que los partidos son un instrumento útil tanto para políticos ambiciosos como para votantes desinformados. Y en el momento en que cierto partido deja de ser útil para tal o cual grupo político, éste podría intentar transformarlo o de plano abandonarlo. Al repetirse este proceso varias veces, un resultado natural sería un “sistema de partidos” de diversa índole: Los partidos emergen y evolucionan a lo largo del proceso político electoral.

Sea cual fuere el resultado electoral de julio, es muy probable que para el primero de diciembre próximo tengamos un nuevo sistema de partidos. Por un lado, están las extrañas coaliciones de las candidaturas presidenciales, amarradas todas con alfileres, por así decirlo. Por otro lado, el transfuguismo de unos partidos hacia otros va en ascenso. Por último, ante el desgaste de los partidos tradicionales —quienes más han abusado de sus electores—, es muy probable que este 2018 tengamos la votación partidista más fragmentada de nuestra historia.

Una vez que se conozcan los resultados electorales, habrá nuevos ajustes. Los políticos no tragan lumbre: Habrá quien decida apoyar al nuevo gobierno —independientemente de si lo hizo durante las campañas— y quien no. ¿Será mejor o peor este nuevo sistema de partidos? Depende, en parte, de cómo votemos.

Addendum. (26 marzo 2018)

Alguien, algún día, tendrá que escribir sobre las tendencias suicidas al interior de PAN y PRD, los supuestos partidos políticos detrás de la transición democrática. ¿O será un fenómeno natural en todo sistema de partidos? Van tres ejemplos.

1. ¿Qué hicieron con el PAN tanto Fox como Calderón? Hoy, los dos expresidentes panistas trabajan para otras causas. En el caso del PRD, ninguno de sus excandidatos presidenciales o más altos funcionarios siguen allí: desde Muñoz Ledo y Cárdenas hasta AMLO y Ebrard.

2. Mientras tanto, en MORENA, los más férreos (¿legítimos?) simpatizantes de su líder se extrañan ante la llegada de más y más expanistas y expriístas al movimiento. AMLO presume más a los primeros que los segundos, por cierto. Quizás por estrategia.

3. Mientras tanto, en el PRI, su candidato presidencial presume su “no militancia” y se perfilan a volver a perder la presidencia y quedar en tercer lugar. Muchos priístas militantes quizás migrarán a Morena.