¿A quién benefician los votos nulos? Al partido dominante en la contienda electoral. ¿Por qué? Simple: los votos nulos no cuentan en el porcentaje de votos válidos. De modo que si algún partido político está sobrerrepresentado, ésta aumentará conforme haya más votos nulos.

En 2009 el porcentaje de votos nulos, más el de candidatos no registrados, más los votos por el PSD  (5.4%, 0.18% y 1.03%, respectivamente) sumó 6.6%.  Al eliminarse estos votos, el porcentaje de votación válida de cada partido subió en esa proporción: así, el 36.7% de la votación total del PRI se convirtió en 39.3% del voto válido. Nadie sabe para quién tabaja.

Algunos anulistas aducen que el “valor simbólico” del voto en blanco bien vale un “poquito” de sobrerrepresentación. Otros de plano ignoran este efecto aritmético. Otros disfrutan haber ayudado a la desaparición del PSD (el voto nulo eleva el umbral de representación de un partido). Otros aducen que la reforma política no hubiera llegado hasta donde está (atorada en Toluca, según dicen) de no ser por el látigo del voto nulo. ¿Será?

¿De haber querido hacerlo, por qué partido hubieran votado los anulistas del 2009? ¿Eran abstencionistas o tenían alguna preferencia partidista latente? La respuesta no es nada sencilla. Una primera aproximación consiste en analizar la correlación entre votos nulos y resultados electorales. La siguiente gráfica ilustra la correlación entre el porcentaje de votos nulos observado en 2009 y los resultados electorales para el PRI, PAN y PRD en ese mismo año. Como se aprecia, la correlación más importante entre voto nulo y voto partidista se da con el PRI (-0.53). por otro lado, existe una correlación positiva entre el voto nulo y el voto del PRD (0.23).

La siguiente gráfica contrasta el el voto nulo 2009 con los votos obtenidos en 2006 en la elección de diputados de mayoría relativa. La correlación entre nulos 2009 y voto PRI 2006 ahora es de -0.60. En general, ambas gráficas son muy similares e indican que el voto nulo fue mayor en los distritos donde el PRD tenía mayor fuerza electoral, y donde el PRI era relativamente más débil. Por otro lado, la relación entre voto PAN y voto nulo es la más tenue de las tres. Así las cosas, ¿de dónde salieron los anulistas del 2009? (But remember: correlation is not causation!)

Estas son las matrices de correlación que sintetizan los resultados de los diagramas de dispersión anteriores:

Matriz de correlaciones entre %votos nulos 2009 y % votos MR 2009  
             | shnulos09  shpan09  shprd09  shpri09
-------------+------------------------------------
   shnulos09 |   1.0000
     shpan09 |  -0.1026   1.0000
     shprd09 |   0.2306  -0.6958   1.0000
     shpri09 |  -0.5360  -0.0868  -0.4591   1.000

Matriz de correlaciones entre %votos nulos 2009 y % votos MR 2006
             | shnulos09 shpan06  shprd06  shpri06
-------------+------------------------------------
   shnulos09 |   1.0000
     shpan06 |  -0.0063   1.0000
     shprd06 |   0.3261  -0.8227   1.0000
     shpri06 |  -0.6061  -0.1584  -0.4077   1.0000

Aquí encontrarán más entradas en este blog sobre el voto nulo. José Merino también analizó este tema con detalle, por cierto.

Lo que sigue es un rant. Creo que hay un argumento subyacente pero hoy no tengo tiempo de pulirlo. Bajo advertencia no hay reclamación.

Un argumento común en el debate en torno a la reforma política tiene la siguiente forma: “La reforma política X no es suficiente (¿qué lo es?) / no es varita mágica (¿en serio?) / no resuelve nada (¿así de plano?). Por lo tanto mejor A) quedémonos como estamos, o B) esperemos a que alguien diseñe la reforma- integral-que-resuelva-todo rápido y bien con el consenso-de-todos-y-sobretodoyo”

El diablo está en los detalles, sí, pero a veces da mucha flojera tener que discutir una y otra vez con argumentos que se pierden en los efectos de segundo orden (“qué difícil sería acomodar X en el COFIPE” / “los principales beneficiarios de X son malos”) antes que ver los de primer orden (“los actores políticos tendrían mejores incentivos con X que sin X y eso beneficia a los votantes”). Aún así, nunca falta el experto que te quiere apantallar con su conocimiento profundo… de los matorrales.

Ejemplo 1: La reelección no es buena idea porque algunos caciques se enquistarían en el poder. No es suficiente porque no hay rendición de cuentas. Además mira el COFIPE: ¿cómo asignar financiamiento público y acceso a medios cuando hay incumbents? ¿Quién vigilaría los “actos anticipados de campaña” en un mundo con reelección? ¿Cuándo empieza la precampaña de un incumbent? Esas cosas funcionan en otros países pero no estamos listos…

Ejemplo 2: Las candidaturas ciudadanas no son buena idea porque sólo los ricos, los narcos o los famosos se beneficiarían de ellas. No son suficientes porque pueden producir ingobernabilidad. Es más, son irrelevantes porque, a la hora de la hora, actuarían igualito que los políticos partidistas. Además el COFIPE dice que…

Pues sí. Es complicado. Implementar X toma tiempo. Quizá no funcione al principio (¡es lo más seguro!). Quizá X beneficie más a un partido que a otro en el corto plazo. Quizá haya que rehacer el COFIPE una-vez-más.

Por supuesto que estas y otras complicaciones importan (unas más que otras, debo decir). Sin embargo, hay un cúmulo de literatura teórica y empírica que sugiere que algunos mecanismos y reglas son mejores que otros. Un sistema con reelección induce un mejor comportamiento de los representantes políticos. Menores barreras a la entrada, como las candidaturas independientes, producen mayor competencia. Y mayor competencia política entre representantes con mejores incentivos es mejor para los votantes que menos competencia y peores incentivos.

Pero si sólo miramos a nuestros políticos tal y como hoy actúan (bajo las reglas vigentes), o nos perdemos en los vericuetos del COFIPE y sus parches, siempre será fácil encontrar una falacia que sirva de pretexto a los beneficiarios del statu quo.

El derecho a votar y poder reelegir a nuestros representantes es más importante que los matorrales. El derecho a ser votado con o sin partido y, en su caso, buscar la reelección, también.

[Addendum 12 mayo 2011: Por si no lo han notado, el truco de mi alegato es asumir que las desventajas de  X son de segundo orden, mientras que las ventajas  son de primer orden. Habría que explicarlo o demostrarlo en vez de asumirlo. Por eso advertí que esto era un rant. Si hay tiempo y ganas, intentaré hacerlo más adelante.]

Todo parece indicar que está por desatarse una renovada discusión sobre la llamada “cláusula de gobernabilidad”–o lo que en ciencia política se conoce como majority-assuring electoral systems. ¿Es democrática este tipo de regla? Según Shugart y Wattenberg (Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?, 2003, pág. 14), muy pocos países tienen cláusulas de gobernabilidad. México la tuvo entre 1988 y 1991, y Corea del Sur entre 1987 y 1996. En años más recientes, Camerún y Chad también la tuvieron. Según los mismos autores, estos sistemas son raros y a menudo se encuentran en países con dudosas credenciales democráticas.

El contrasentido de la cláusula de gobernabilidad es obvio: si se quiere garantizar o “facilitar” una mayoría, vayamos a un sistema electoral mayoritario y punto.  Pero tener un sistema electoral mixto –que precisamente busca dar una mayor proporcionalidad y pluralidad al Congreso– y parcharlo con este tipo de cláusulas es un despropósito.  No hace falta ser un “proporcionalista puro” para darse cuenta que la cláusula de gobernabilidad implica quitarle curules a un partido (ganadas con votos, por cierto) para dárselos a otro que no las ganó, violando un principio básico de un sistema electoral: que contar con mayores votos nunca implique menos asientos. Acaso eliminar el tope de sobrerrepresentación del 8% (otra rareza en un sistema mixto) aumentaría la probabilidad de que algún partido consiguiera una mayoría legislativa pero sin “quitarle” votos o curules a otros partidos, tal y como lo hace la cláusula de gobernabilidad.

Pongamos un ejemplo “con manzanitas”. La siguiente tabla presenta un caso hipotético de tres partidos bajo un sistema con y sin cláusula de gobernabilidad del 35%. En el panel superior la primera fuerza política consigue 34% de votos y 34% de curules (asumiendo una regla proporcional) y las fuerzas menores están empatadas con 33% de votos (¿sounds familiar?).  En el panel inferior, bajo cláusula de gobernabilidad, el partidote consigue 35% de votos y el partidito 32%: al aplicar la cláusula el primer partido recibiría 251 curules o 50.2% de la cámara. Por otro lado, la segunda y tercera fuerzas de este ejemplo, y que sólo recibieron 2 y 3% de votos menos que el partidote, reciben 25.2 y 24.6% de los asientos, respectivamente (asumiendo una regla proporcional entre las 249 curules restantes).

Dos preguntas para los defensores de esta regla: ¿Cómo justificar una penalización tan desproporcional ante un cambio de 1% en las preferencias entre un ejemplo y otro? ¿Bajo qué teoría democrática este sería un resultado deseable?

EL CASO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DF

Curiosamente, la implementación de las cláusulas de gobernabilidad puede generar complicaciones y, de hecho, no siempre acaba beneficiando a quien las propone inicialmente. El mejor ejemplo es la ALDF, donde aún existe una cláusula de gobernabilidad para el partido que gane más curules de mayoría y que reciba al menos el 30% de votos. Esta cláusula fue introducida por el PRI (es un decir) en 1990 como una manera de “controlar la Asamblea” aún en caso de perder fuerza electoral en el DF.

Pero a la larga el cálculo salió mal y de un tiempo a esta parte es el PRD quien se ha beneficiado por dicha cláusula (hoy este partido propone un congreso 100% proporcional, por cierto). En el año 2000 pasó algo no previsto por los ingenieros electorales del pasado: dos partidos consiguieron más de 30% de votos y un número similar de curules ganados en coalición (por un lado el PAN-PVEM con 21, y el PRD y compañía con 18, por el otro). Al final de un largo litigio, ni PAN ni PRD se pudieron beneficiar de la cláusula en ese año. En el año 2003 ocurrió otro galimatías: el PRD ganó 56% de la Asamblea antes del reparto de plurinominales, de modo que el aplicar la cláusula implicaba quitarle curules al mismo PRD. Esto es lo que pasa cuando se introducen reglas electorales con componentes no lineales.

La minuta de reforma política que hoy está en San Lázaro propone elevar la cláusula de gobernabilidad de la ALDF de 30% a 40%–lo cual afectaría principalmente al partido hoy dominante en el DF, el PRD. Dicen que el que las hace no las consiente.

El artículo de hoy de María Amparo Casar no tiene desperdicio y pone en evidencia el tipo de “eficacia legislativa” que tiene en mente Enrique Peña Nieto.

Mayorías inútiles
María Amparo Casar (3 Mayo 2011, Reforma)

Algo pasa que no nos deja avanzar. Y no es precisamente la ausencia de mayorías. El cierre del periodo de sesiones del Congreso nos hizo un favor. Nos mostró que el problema no es de mayorías sino del uso que se hace de ellas y, en su ausencia, de la posibilidad de armarlas, cuando hay voluntad y liderazgo. Las mayorías pueden servir para proponer, aprobar y avanzar pero también para vetar, rechazar y paralizar.

En el Senado no hay partido que tenga mayoría y sin embargo han dado mayores muestras del arte de la negociación para formarlas. Sin mayoría alguna aprobaron reformas constitucionales importantes como la de derechos humanos y la política y varias leyes secundarias.

En la Cámara de Diputados sí hay mayoría: la conforman la alianza PRI-Verde con 258 legisladores y a la que se suma el PANAL para llegar a 267. Y qué hicieron con su mayoría: se negaron a discutir la reforma fiscal, se rehusaron a llevar al pleno la laboral y la de seguridad nacional, vetaron la reforma política e impidieron los acuerdos para nombrar a los tres consejeros del IFE.

Lo que ocurrió con las cuatro reformas demostró para qué sirven las mayorías. La reforma fiscal fue planteada por un senador de su propio partido, pero sus colegas en la Cámara de Diputados le dijeron clarito que no. Les incomodaba su denominación de origen -el senador Beltrones- y el impacto electoral sobre su más seguro candidato. La reforma laboral se negoció con el PAN, se llegó a un dictamen de consenso y al final los priistas la retiraron. Josefina Vázquez Mota acompañada de su bancada los exhibió: retiró la iniciativa del PAN y le firmaron la suya, sin modificación alguna, al PRI. No les importó. Pesó más la amenaza de parte del PRD y de AMLO de hacer movilizaciones que pudieran empañar las elecciones del Estado de México y el costo frente al sector obrero. La de seguridad nacional que recibieron del Senado tampoco les gustó a los diputados del PRI. Propusieron un dictamen alternativo liderado por el diputado mexiquense Navarrete Prida. Los votos les alcanzaban para aprobar una iniciativa con las modificaciones que ellos quisieran pero evaluaron los costos de hacerlo y se arrepintieron. Argumentaron que no se podía legislar al vapor en un tema tan importante. ¿Al vapor? ¡Pero si los senadores se las enviaron hace un año! La reforma política también fue frenada. Necesitaba una mayoría de dos tercios (330 diputados). A la bancada del PRI no le alcanzaban sus votos pero el PAN que tiene 142 diputados le ofreció los suyos. El PRI volvió a quedar exhibido en su negativa. Curiosamente esta iniciativa también llevaba la denominación de origen del presidente del Senado.

La democracia tiene entre sus ventajas la transparencia. Permite conocer la conducta de los políticos. Sabemos quién vota a favor y quién en contra de las iniciativas. Sabemos quién tiene la mayoría para aprobarlas o rechazarlas. Sabemos quién es responsable de que las cosas sucedan o dejen de suceder. Haga usted las cuentas.

La aritmética no miente: el PRI tiene la mayoría de diputados para pasar las reformas legales que hubiesen querido. Si no les parecían las del Presidente, los otros partidos o las de sus propios senadores, bien podían haber propuesto y aprobado las que fueran de su gusto o conveniencia. Pero no. Usaron su mayoría para paralizar, vetar y rechazar.

Lo que sorprende es que Peña Nieto -a quien por error político se ha presumido como el pastor de la bancada- ha planteado públicamente su posición respecto a las mayorías (“Mayorías en el Congreso para un Estado eficaz“, El Universal, 16/03/2010). Él afirma que “México ha vivido más de una década sin grandes reformas porque nuestro sistema dificulta la construcción de mayorías” y que “sin mayorías se pierde la capacidad de decidir y transformar …”. Propone como alternativa para generar esas mayorías eliminar el tope de sobrerrepresentación del 8% que admite la legislación electoral mexicana o introducir la cláusula de gobernabilidad para dar al partido que obtenga el 35% de la votación una mayoría absoluta en el Congreso.

El gobernador debería replantearse el tema. Primero porque ningún país con credenciales democráticas ha optado por la cláusula de gobernabilidad en atención a que implica quitarle votos/asientos a un partido que los ganó para dárselos a otro que no lo hizo. La han tenido Camerún, Chad y Corea del Sur. Segundo porque ha quedado demostrado que la mayoría de su partido en la Cámara de Diputados no ha servido para “decidir y transformar” mientras que la no mayoría en el Senado ha demostrado mayor capacidad para hacerlo.