REFORMA POLÍTICA

Peña Nieto opina sobre la minuta de reforma política del Senado en el El Universal de hoy (Trascendencia de la Reforma Política, 18 julio 2011). Le gusta casi todo excepto la reelección legislativa y extraña una “cláusula de gobernabilidad” para el Congreso. Según él, la reelección legislativa “estrecharía de manera desmedida la relación entre grupos de interés” y legisladores, además de que impediría la “renovación de cuadros políticos”.

• La trampa del argumento radica en referirse a dos posibles desventajas de la reelección sin considerar su peso relativo frente a una amplia lista de sus ventajas.
• Salvo Estados Unidos, se refiere vagamente a la experiencia de otros países sin decirnos cuáles ni cómo mide su desempeño legislativo. Si el argumento es comparativo, resulta que la mayoría de las democracias del mundo permiten la reelección: ¿acaso tenemos mejores legisladores en México que otros países?
• Sin reelección, los legisladores tienen un horizonte corto de planeación y no rinden cuentas ante el electorado que los llevó a la curul. Por ello, son más susceptibles a la influencia de los grupos de interés públicos o privados. ¿Acaso hoy no tenemos telebancadas o diputados que sólo responden al SNTE, a su líder de partido o a los gobernadores que los apadrinaron?
• El congreso no es una tómbola donde cada 3 años se deban renovar todos cargos. Ninguna organización, pública o privada, funciona así. Se trata de que se queden los mejores legisladores y de que éstos tengan los mejores incentivos para responder ante el electorado.
• A Peña le preocupan las altas tasas de reelección de Estados Unidos, pero no considera que en América Latina éstas son mucho más bajas: en Argentina, Brasil y Chile, la tasa de reelección fluctúa entre 50 y 63%. Pero de nuevo: si la reelección es un premio al buen desempeño, bienvenida sea (¿acaso no fue por eso que ganó Eruviel?).
• En cambio, la cláusula de gobernabilidad –fórmula que no tiene ninguna democracia consolidada del mundo– le parece una vía democrática porque, después de todo, ya la tenemos en la ALDF. ¿Por qué para este caso se omite la experiencia de “otras latitudes”?

Recordemos que, desde el 16 marzo de 2010, Peña Nieto explicaba que: “el principal reto de nuestro sistema político es formar mayorías para gobernar.” En aquel artículo, Peña sugería 3 vías: eliminar el tope de sobrerrepresentación del 8%, una cláusula de gobernabilidad del 35% (hoy sólo pide 40%), o bien disminuir plurinominales.

Para decirlo claro, Enrique Peña Nieto quiere un Congreso con mayor sobrerrepresentación pero sin una mayor rendición de cuentas ante el electorado (porque eso y no otra cosa es la reelección legislativa). Habrá que ver cuántos expertos consigue para secundar ese argumento.

Este es un extracto del artículo de Peña Nieto de hoy:

(…) no me parece evidente la conveniencia de la reelección legislativa. Muchos analistas argumentan que la reelección consecutiva mejoraría la vinculación entre la ciudadanía y sus representates. Sin embargo, en la práctica, como se ha observado en otras latitudes, más que estrecharse la vinculación con los ciudadanos, la reelección consecutiva podría estrechar de manera desmedida la relación entre grupos de interés económico y los representantes populares, lo que podría llevar a que el Congreso quedara capturado por un conjunto de intereses particulares que, además de desvirtuar la esencia de la representación popular, dificultarían aún más la construcción de acuerdos para reformas de gran trascendencia.

Por otro lado, también me preocupa que la reelección consecutiva perpetúe en posiciones clave a los mismos actores sin permitir la renovación de los cuadros políticos. En EU, por ejemplo, la tasa de reelección de los miembros del Congreso es de alrededor del 90%, mientras que la aprobación de su trabajo oscila en el 20% (Gallup, 2010). De igual forma, aceptar la reelección legislativa consecutiva podría abrir la puerta, como ha sucedido en muchos países de América Latina, a la reelección del Ejecutivo, la cual, como lo ha mostrado nuestra historia, tiene el potencial de convertirse en una fuente de conflictos políticos y tentaciones autoritarias.

Por último, el caso de la cláusula de gobernabilidad de la Asamblea Legislativa del DF me remite al gran tema faltante: la construcción de mayorías parlamentarias. En el Senado, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, Convergencia y el PVEM votaron mayoritariamente por elevar el porcentaje de votación necesaria para obtener mayoría absoluta en la ALDF. Al hacerlo, avalaron este mecanismo democrático para construir mayorías.

Como lo he dicho anteriormente, la cláusula de gobernabilidad, que permitiría alcanzar la mayoría absoluta al partido que obtuviera una mayoría relativa de alrededor del 40% de la votación, es un mecanismo democrático viable para alcanzar mayorías parlamentarias. Otra opción, la más necesaria, sería eliminar la cláusula que limita la sobrerrepresentación del 8% en la Cámara de Diputados. En un contexto plenamente democrático, resulta absurdo poner un freno a la formación de mayorías. Estas y otras fórmulas para construir mayorías, como la reducción de legisladores plurinominales, deberían de ser incorporadas al debate.

Lo más problable es que este sexenio termine sin una reforma política importante. Lo que sí hubo fue una reforma electoral controversial (por decir lo menos) y no una sino varias reformas judiciales (estas sí, de gran calado). El ministro José Ramón Cossío ha hecho un valioso esfuerzo por explicar las implicaciones de este proceso de reformas en recientes editoriales en El Universal:

• El nuevo juicio de amparo 8 febrero 2011
• El nuevo sistema de derechos humanos 22 marzo 2011
• Acciones colectivas y funciones del estado 19 abril 2011
• Una nueva y necesaria ley de amparo 31 mayo 2011
• La nueva oralidad mercantil 14 junio 2011
• ¿La tormenta judicial perfecta? 12 julio 2011

De un tiempo a esta parte está de moda confesar y/o buscar alianzas con Elba Esther Gordillo, o con su partido Nueva Alianza o con su sindicato. Ahora que la maestra misma dice estar buscando candidatos –y uno que otro suspirante anda buscando partido– vale a pena repasar los resultados electorales más recientes del PANAL.

¿En dónde le ha ido mejor al brazo electoral del SNTE? Esta gráfica ilustra el porcentaje de votos obtenidos por Nueva Alianza en 2009 en cada estado. El promedio nacional fue de 3.4% (tranquilamente por arriba del umbral de representación de 2%) y está señalado en rojo.

Los 5 estados que obtuvieron el mayor porcentaje de votos para Nueva Alianza en 2009 fueron Hidalgo, Aguascalientes, las Baja Californias y Chihuahua. Valdría la pena explorar lo que hay detrás de tales resultados.

La siguiente tabla muestra los 15 distritos con mayor votación para Nueva Alianza en 2009. A partir de los resultados por distrito, podemos ver que en Veracruz, Puebla y San Luis Potosí también hubo demarcaciones con una muy elevada votación para este partido. En el distrito XIII de Veracruz, con cabecera en Huatusco, el PANAL se quedó a 715 votos de conseguir la diputación por mayoría relativa.

No.   ESTADO  DISTRITO %PANAL 2009
1	VER	13	34.19
2	HGO	3	26.86
3	HGO	7	26.86
4	AGS	1	16.43
5	BC	4	14.52
6	BC	1	13.70
7	BCS	1	13.38
8	AGS	2	12.43
9	PUE	4	10.70
10	CHIH	5	9.17
11	SLP	4	8.92
12	SIN	2	8.78
13	PUE	12	8.77
14	PUE	15	8.28
15	NL	9	8.18

En 2006, el PANAL obtuvo 4.54% de la votación total para diputados por el principio de mayoría relativa. Esta gráfica ilustra los resultados por estado:

Y estos son los 15 distritos con mayor votación para Nueva Alianza en 2006 para diputados federales de mayoría relativa (el famoso 1 de 3).

No.	ESTADO	DIST.    CABECERA    %PANAL 2006
1	PUE	4	 Zacapoaxtla	15.20
2	SIN	5	 Culiacán	12.55
3	NL	1	 Santa Catarina	11.50
4	MOR	3	 Cuautla	 9.78
5	MEX	16	 Ecatepec	 9.60
6	CAMP	1	 Campeche	 9.40
7	NL	7	 Monterrey	 9.04
8	NL	2	 Apodaca	 8.58
9	BC	1	 Mexicali	 8.43
10	CHIS	7	 Tonalá	         8.32
11	MEX	35	 Tenancingo	 8.31
12	MEX	8	 Tultitlán	 8.19
13	MOR	5	 Yautepec	 8.16
14	SIN	4	 Guasave	 8.14
15	MEX	4	 Nicolás Romero	 8.01

¿Hay alguna relación entre los votos de Nueva Alianza para diputados con los de Felipe Calderón, tal y como se dice que Elba instruyó a sus diligentes cuadros? He aquí una posible respuesta.

El artículo 105 (fracción II) de la Constitución mexicana dice:

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

El proceso electoral inicia el 7 de octubre de 2011. De modo que esta semana vence el plazo para que cualquier reforma política o electoral entre en vigor en 2012. Así las cosas, todo parece indicar que la próximas elecciones federales se realizarán con el COFIPE vigente–y que en opinión de muchos actores y analistas requiere diversas revisiones.

La pregunta siguiente es si los actores políticos tendrán interés alguno en negociar ahora una reforma política que entrara en vigor a partir del proceso electoral de 2015.

Sobre este punto hay que recordar que el dictamen original del Senado contemplaba entrar en vigor en 2015, pero mediante un voto particular se adelantó la entrada en vigor de candidaturas independientes a 2012. (Otro voto particular abrió la posibilidad de reelección de alcaldes). En su momento, dije que estas modificaciones podrían ser la “píldora venenosa” (poison pill, en el argot legislativo) de la reforma política.

El tope de gasto de campaña para gobernador en el Estado de México en 2011 fue de  203,893,207.94 pesos. Como comparación, el tope de gasto para un diputado federal en 2009 fue de 812,681, y el de presidente en 2006 de 651.4 mdp (cifras en pesos corrientes).

El Artículo 299 (fracción IV, inciso B) del Código Estatal Electoral del Estado de México establece que “exceder los topes para gastos de campaña establecidos por el presente Código de manera determinante para el resultado de la elección” es causal de nulidad.

La palabra clave aquí es “determinante“. Es relativamente sencillo establecer si se los gastos de una campaña rebasaron cierto umbral (aunque implica costear bardas, espectaculares, actos de campaña, etc.). Pero ¿cómo saber si cierto nivel de gasto fue determinante en un resultado? ¿Cuántos votos se consiguen con 1mdp? ¿Cómo determinar si 10 espectaculares más en verdad persuadieron a 100 o 1000 votantes (o si enfadaron a otros 100)? ¿Cuántos votos se pierden si tu rival más cercano también rebasó los topes? ¿Y si el candidato acusado gana por amplio margen? ¿Qué margen es “suficiente” para gastar lo que sea?

Quizá por ello no debe sorprendernos que, en México, ninguna elección para gobernador ha sido anulada por excesos de gasto de campaña. La sanción típica es una multa económica, pagada con el financiamiento público a partidos. Esto equivale a decir que, en la práctica, los topes de gasto de campaña en México no son vinculantes. Y los partidos actúan en consecuencia.

El que la ambigüedad de los códigos electorales beneficie a los partidos en el poder tampoco es una sorpresa: basta recordar que son los partidos quienes redactan (y a menudo violan) las reglas de su propia competencia.

Nota: Los topes de gasto tienes pros y contras que van más allá del fin de esta nota. De hecho, en muchos países no existen topes de gasto de campaña (ver Tabla 1 de este trabajo). Lo que predomina son controles estrictos sobre el origen y aplicación de los fondos de campaña, financiamiento público y diversas modalidades de acceso a medios.

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