La sede Aguascalientes del CIDE ofrece tres plazas de profesor-investigador de tiempo completo. Estas son las convocatorias respectivas:
Más detalles en: http://www.cide.edu/concursos_publicos_PIT.htm
La División de Estudios Políticos del CIDE busca:
Profesor-Investigador en el CIDE Región Centro con sede en Aguascalientes.
Assistant Professor at CIDE – Center for Research and Teaching in Economics in Aguascalientes, Mexico (see english version below)
La División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) invita al concurso para una plaza de profesor-investigador con opción a definitividad en su campus Región Centro en Aguascalientes. La posición está abierta a cualquier tema y cualquier subdisciplina dentro de la política comparada, dando consideración especial a aquellos candidatos especializados en cuando menos uno de los siguientes tópicos: federalismo, política fiscal, partidos regionales o actores políticos locales. Un sólido entrenamiento en métodos cualitativos o cuantitativos y una especialización en América Latina serán particularmente atractivos.
Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (14 septiembre 2013), donde discuto la economía política de la deuda pública y el gasto deficitario.
De acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación presentada esta semana, en 2014 el gobierno federal esperaría tener ingresos presupuestales por 3.82 billones de pesos (22% del PIB estimado). Aproximadamente un tercio de ese monto provendría de ingresos petroleros y el resto se recaudaría mediante impuestos. Al mismo tiempo, el proyecto de Presupuesto de Egresos propone erogar 4.49 billones de pesos, es decir más de 40 mil pesos por habitante (25.3% del PIB).
Estas cifras parecen abrumadoras por su magnitud. Sin embargo, México es uno de los países con menor recaudación de impuestos. Entre los países miembros de la OCDE los ingresos fiscales representan, en promedio, más de 30% del PIB. En México, éstos apenas son 22% del PIB y, lo que es peor, los ingresos tributarios apenas alcanzan 10% del PIB.
La baja recaudación y su dependencia de una renta petrolera decreciente, volátil y no renovable, restringe de manera importante la capacidad del Estado mexicano para proveer bienes y servicios públicos socialmente deseables, así como de redistribuir el ingreso. Si bien es cierto que el crecimiento económico sostenido es la mejor forma de combatir la pobreza, la redistribución del ingreso requiere de una decisiva y eficaz intervención gubernamental. Continue reading
El CIDE invita:
“Políticas públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas públicos”
Fecha: 12/septiembre/2013
Lugar: Librería Rosario Castellanos, FCE, Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill
Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (7 septiembre 2013), donde discuto por qué rendir informes no equivale a rendir cuentas..
El domingo 1 de septiembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto entregó al Congreso su Primer Informe de Gobierno. Tras iniciar el segundo año de la legislatura, diputados de cada partido político con representación en el Congreso emitieron su opinión sobre los primeros nueve meses de gobierno del Presidente, pero sin conocer el contenido del documento que se les había entregado sólo minutos antes. El contenido del Primer Informe no se hizo público sino hasta el lunes 2 de septiembre por la mañana, día en que el Presidente decidió emitir un mensaje desde Los Pinos ante un grupo selecto de invitados. La ciudadanía interesada pudo escuchar un mensaje en radio y televisión sobre un documento de interés público que aún no se difundía. En consecuencia, expertos y analistas de diversos medios dedicaron buena parte de la semana a comentar el contenido de un mensaje retórico más que la sustancia del Informe. Continue reading
Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (31 agosto 2013), donde discuto los problemas de acción colectiva relacionados con el conflicto distributivo que acompaña una posible reforma educativa.
Detrás de toda política pública existe un conflicto distributivo. Esto es mucho más evidente cuando los maestros se movilizan para protestar contra una reforma que afecta sus intereses, pero este conflicto existe incluso cuando no hay protestas: los contribuyentes (sean padres de familia o no) pagan por la educación pública, los maestros cobran sueldos y reciben prestaciones por impartir clases (y a veces aún sin impartirlas) y, por otro lado, niños y jóvenes reciben una educación de diversa calidad.
Visto desde una perspectiva económica, cuando unos pagan lo que otros reciben, a veces no queda claro si los verdaderos beneficiarios del gasto público en educación son los maestros o los educandos. Visto desde un punto de vista legal, los derechos de los maestros pueden estar en conflicto con el derecho de los niños a una educación de calidad o bien con el derecho del Estado a modificar las condiciones contractuales de sus empleados. Continue reading
Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (24 agosto 2013), donde discuto algunos aspectos de la separación de poderes y la lógica del bicameralismo.
El acelerado ritmo reformista con que inició este sexenio parece haberse visto paralizado desde hace algunos meses. La velocidad con que se presentaron, discutieron y aprobaron por ambas Cámaras las reformas constitucionales en materia de educación y telecomunicaciones no se comparan con el sinuoso trecho que han recorrido las reformas legales en materia de transparencia, educación y regulación financiera. Y en caso de que la reforma energética que se discute estas semanas sea aprobada de manera expedita, es muy probable que la reforma secundaria sobre la misma materia lleve mucho más tiempo. Al parecer, la prisa presidencial por demostrar eficacia se está topando con la lenta y complicada realidad del proceso legislativo de un gobierno sin mayoría. ¿Es esto deseable? Continue reading
Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (17 agosto 2013), donde discuto algunos problemas de la planeación urbana en las ciudades del país.
Está por comenzar el segundo año de sesiones de la LXII Legislatura. La de por sí cargada agenda legislativa incluirá tres temas complejos, sofisticados y poco populares entre la ciudadanía: por un lado están las iniciativas de reforma energética, reforma fiscal y el paquete presupuestal del Presidente y, por el otro, una posible reforma político-electoral que los partidos de oposición usarán como moneda de cambio frente al Ejecutivo.
Lo cierto es que la discusión sobre las llevadas y traídas “reformas que el país necesita” parece ser muy lejana para la mayoría de los ciudadanos. En esta ocasión quiero tratar una cuestión más básica: ¿Qué tan eficiente es el gobierno al diseñar e implementar las políticas públicas que afectan el día a día de la mayoría de la población? Vayamos por partes. Las funciones básicas del Estado contemporáneo van desde hacer cumplir el Estado de derecho y proveer bienes y servicios públicos, hasta la redistribución del ingreso. Todo lo anterior se financia mediante el cobro de impuestos y se implementa a través del gasto público y diversas acciones de gobierno. Continue reading
El próximo viernes 6 de septiembre de 2013 inicia el XXVII Diplomado en Análsis Político Estratégico del CIDE, coordinado por Claudio López-Guerra y Javier Aparicio.
El diplomado tiene dos objetivos centrales. Por un lado, familiarizar al alumno con algunos de los principales enfoques teóricos y metodológicos de la Ciencia Política contemporánea. Por otro lado, que los participantes puedan utilizar estas herramientas analíticas para comprender el proceso político en México, así como la evolución de sus actores e instituciones clave.
A lo largo del diplomado analizaremos diferentes aspectos del proceso político-electoral: desde la toma de decisiones de votantes y representantes políticos, la competencia electoral y la negociación entre poderes, hasta la negociación e implementación de reformas y políticas públicas concretas.
El cuerpo docente incluye a reconocidos académicos del CIDE así como expertos de otras instituciones. Para mayor información sobre inscripciones y temario detallado, pueden consultar este website, o enviar un correo electrónico a Laura González (laura.gonzalez@cide.edu), coordinadora aministrativa del Diplomado.
¡El cupo es limitado!
Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (3 agosto 2013), donde discuto los pros y contras de las empresas públicas y privadas, los monopolios y la inversión.
Alrededor de la discusión pública sobre la reforma energética en México existen una serie de mitos que merecen ser discutidos de manera más general. A menudo escuchamos al gobierno federal celebrar cifras de creciente inversión extranjera en diversos sectores industriales o manufactureros. Incluso algunos gobernadores provenientes de partidos de izquierda presumen cifras de inversión, la creación de nuevas empresas y/o empleos en el sector privado. Si lo dudan, basta revisar la prensa local de las entidades en que se anuncia la llegada de una nueva planta automotriz, por ejemplo. En cierto nivel, muchos aceptan el impacto positivo de la inversión privada. Esto no debe sorprendernos: la inversión privada es un factor clave para producir crecimiento económico y mejoras de diversa índole en la calidad de vida de la población. No es el único factor, por supuesto, pero sin duda es uno de los más importantes.
Al mismo tiempo, cada vez que se habla del tema energético, ya sea explotación del petróleo o generación de electricidad, algo parece cambiar en la percepción y el discurso de algunos, y nos alertan de los múltiples peligros de la inversión privada, sobre todo si es extranjera: si las nuevas empresas producen ganancias, éstas seguramente saldrán del país; si se crean empleos, quizá ni sean para trabajadores nacionales, o quizá no sean bien pagados, o quizá una nueva empresa produzca el cierre de otra menos eficiente o productiva. Continue reading
Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (27 julio 2013) sobre algunas preguntas clave para discutir una posible reforma energética.
La reforma energética es quizá la pieza clave de la agenda económica y legislativa del presidente Enrique Peña Nieto. Es parte importante del Pacto por México y el mismo Presidente ha resaltado su interés en el tema en diversos foros internacionales. Y no es para menos: el impacto económico de una reforma constitucional que permita la inversión privada en el sector energético podría ser sustancial. Pero como en toda reforma estructural, el diablo está en los detalles.
El primer paso para evaluar una reforma estructural es hacer un diagnóstico cuidadoso que identifique claramente, en pesos y centavos, los costos y beneficios más inmediatos del statu quo. Confundir la muy necesaria discusión sobre reforma energética con una disquisición sobre el papel del petróleo en la consolidación del orgullo nacional es tan inútil como pensar que el fantasma de Porfirio Díaz es quien impide la reelección legislativa. Continue reading
Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (20 julio 2013) sobre la rerótica en torno al pacto por México y “las reformas que el país necesita”.
Las reformas necesarias no existen
Una vez concluidos los procesos electorales de este año, una vez más escuchamos que el Pacto por México sería relanzado con bombo y platillo. Una vez más escuchamos que los partidos de oposición, PAN y PRD, condicionan su permanencia en el Pacto a que el gobierno federal cumpla una serie de compromisos y exigencias. Una vez más escuchamos a los aplaudidores del Pacto decir que la oposición pretende secuestrarlo y con ello paralizar “las reformas que el país necesita”. Y una vez más escuchamos a los detractores del Pacto afirmar que éste pretende suplantar las funciones que legítimamente pertenecen al Congreso.
En una entrega anterior (27/IV/2013) expliqué diversas razones por las cuales el Pacto tenía una importancia más simbólica que real: no es una patente de corso. El acuerdo inicial logrado por los líderes de los principales partidos políticos no necesariamente obliga a sus bancadas legislativas en ambas Cámaras a aprobarlo. Pero incluso si lo fuera, carece de una larga serie de detalles sobre la legislación específica que pretende lograr y/o la implementación de las políticas públicas que pretende impulsar: es una lista ambiciosa de objetivos sin una definición clara de los mecanismos y procedimientos específicos para lograrlos. Y quizá no podía ser de otro modo: como todos sabemos, las promesas de campaña no son vinculantes, y el Pacto tampoco lo es. En el mejor de los casos, el Pacto constituye la agenda legislativa que acordaron los tres principales partidos políticos y refleja las prioridades de unos y otros así como cierto calendario para su implementación. Pero la realidad de la negociación política entre Ejecutivo y Legislativo se cruza en el camino. Continue reading
La semana pasada, Excélsior organizó una mesa de debate sobre la propuesta de crear un Instituto Nacional Electoral. Aurora Zepeda, moderadora de la mesa, preparó un resumen de la discusión entre Carlos Elizondo y yo para la edición del 15 de julio de 2013. (Esta es mi postura inicial y esta es la opinión de la consejera María Marván). Este es el resumen del debate:
El Instituto Nacional de Elecciones, en el centro del debate
Al debatir sobre la pertinencia de crear el Instituto Nacional de Elecciones (INE), los analistas y académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Carlos Elizondo y Javier Aparicio argumentan respecto de los puntos a favor y en contra de esa propuesta incluida en el Pacto por México.
A favor del INE, Carlos Elizondo resalta las duplicidades y los costos que significan los institutos electorales locales, así como su vulnerabilidad ante Congresos influidos por gobernadores, en el sentido de que eligen consejeros sin autonomía.
En contraparte, Javier Aparicio sostuvo que no necesariamente la operación del INE bajaría los costos, ya que no podría hacer nada ante el uso de recursos públicos por parte de los gobernadores y sí podría incrementar las posibilidades de debilitar a la autoridad electoral. Continue reading
Aquí mi columna semanal para Excélsior, “Voto razonado” (13 julio 2013), donde hago una mínima defensa de las capacidades del electorado a la luz de las pasadas elecciones locales. (El título de la columna hace referencia a un libro clásico de Samuel Popkin: The reasoning voter. Aquí un resumen.)
El domingo 7 de julio hubo elecciones locales en 14 entidades del país. El saldo electoral para cada partido político ha sido comentado ampliamente a lo largo de la semana. Ahora quiero detenerme un poco en las implicaciones de dichos resultados sobre la confiabilidad de las elecciones locales y el papel del votante en el proceso electoral.
Vale la pena poner en perspectiva algunos datos de la jornada electoral del domingo pasado. La participación electoral promedio en las 14 entidades fue de 47.3%, una tasa muy similar a la observada seis años atrás (47.6%), pero menor a la de 2010 (52.8%). El voto promedio del PRI, partido gobernante en diez de 14 casos, en las elecciones de alcaldes y diputados locales de cada estado fue de 41 por ciento. Tres años atrás, cuando se eligió gobernador en la mayoría de estas entidades, fue de 45.4% y 42% en 2007. Continue reading
Hoy, Excélsior publica un análisis comparado de los resultados (preliminares) en elecciones locales del pasado domingo 7 de julio de 2013, con los de 2010. Este análisis da seguimiento al suplemento publicado el 30 de junio pasado. Estas son las gráficas originales (hechas con stata) y abajo está el texto explicativo.
Resultados en elecciones locales 2013 vs. 2010
(dar click para ver las gráficas en formato de barras para cada entidad)
El domingo 30 de junio se publicó en este diario un suplemento especial con los resultados electorales observados entre 2007 y 2012 en las 14 entidades que acudieron a las urnas el domingo pasado. Las tendencias allí presentadas no pretendían pronosticar los resultados de la jornada electoral del 7 de julio, sino proveer información contextual sobre resultados y tendencias recientes.
Aunque los resultados oficiales de cada entidad aún no se dan a conocer, los avances de los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de cada estado permiten comparar los resultados del domingo pasado con los de los procesos electorales locales de 2010.
Javier Aparicio dot net 